Sebastián Piñera posee una gran habilidad comunicacional para vender “pomadas” que la mayoría de las veces no se condicen con los datos duros de la realidad. Tal como sostiene el propio Piñera, parafraseando a un político norteamericano, todos tenemos derecho a nuestras propias interpretaciones, pero no el mismo para alterar los datos reales o falsificar la naturaleza de las cosas.
A estas alturas parece evidente que, más que un proyecto de “modernización tributaria”, lo que ha enviado el mandatario al parlamento es una contra reforma, que apunta a bajar los impuestos a los más ricos con el famoso expediente de la llamada “simplificación” o reintegración del sistema tributario, que rebaja los impuestos a los sectores de mayores ingresos, con un costo fiscal de U$ 800 millones al año, sin acreditar que ello se pueda compensar con la introducción de la boleta electrónica. Es cosa de preguntar a las autoridades del Servicio de Impuestos Internos que sucedió con la introducción de la factura electrónica en materia de recaudación fiscal y cuáles son sus proyecciones con la referida boleta, que bien puede ser neutra y muy alejada de las estimaciones de las autoridades de Hacienda (US$ 1.200 millones).
Pese a los cuestionamientos que califican la iniciativa como anti constitucional, Piñera emplaza a los parlamentarios de oposición para apoyarlo sin mayores trámites, so pena de amparar o ser cómplices de la violencia de “delincuentes disfrazados de estudiantes” como le gusta reiterar.
Continuando con sus mediáticos anuncios, el mandatario lanzó- con mucha pasión y escasa razón- su proyecto estrella, “Aula Segura”, que busca entregar facultades a los directores de los colegios para expulsar alumnos inculpados en hechos de violencia, sin un debido proceso previo.
Pese a los cuestionamientos que califican la iniciativa como anti constitucional, Piñera emplaza a los parlamentarios de oposición para apoyarlo sin mayores trámites, so pena de amparar o ser cómplices de la violencia de “delincuentes disfrazados de estudiantes” como le gusta reiterar.
El empecinado mandatario- alentado por algunas encuestas y una fuerte ofensiva mediática- elude que bastaría con facultar a las autoridades educacionales para suspender alumnos que aparezcan involucrados en hechos de violencia mientras se investigan circunstancias y acrediten responsabilidades. Y si ellas verdaderamente ameritan la expulsión y su necesaria reubicación en otro establecimiento educacional.
El gobierno también anuncia el envío del proyecto de reforma del sistema previsional, publicitado( según encuesta internacional) como el octavo mejor sistema del mundo, eludiendo otra medición, de evidente trascendencia para los ahorrantes, que certifica las bajas pensiones que entrega el sistema (tasa de reemplazo), con una ubicación de Chile muy poco favorable (el lugar 20, bajo la media).
Aquello no apunta a mejorar las pensiones de las personas actualmente acogidas a retiro, que perciben jubilaciones miserables. No modifica el cuestionado sistema de administradoras privadas, que perciben altas utilidades, sea cual sea el desempeño de los fondos. Ni introduce mayor competencia al sistema previsional.
Es más que evidente que se requiere elevar la tasa de ahorro, tal como lo plantea el proyecto a un 14 %, con aporte de un cuatro por ciento de cargo del empleador, así como incrementar el pilar solidario, con aporte fiscal. E incluso se puede pensar en incrementar los años de vida laboral, teniendo a la vista las actuales expectativas de vida.
Pero todo aquello no apunta a mejorar las pensiones de las personas actualmente acogidas a retiro, que perciben jubilaciones miserables. No modifica el cuestionado sistema de administradoras privadas, que perciben altas utilidades, sea cual sea el desempeño de los fondos. Ni introduce mayor competencia al sistema previsional.
La llamada “flexibilización” y modernización laboral que estudia el gobierno se acerca más a una contrarreforma de las cambios aprobados en la pasada administración, apuntando a un mayor debilitamiento de los sindicatos (el tema de la titularidad sindical y los grupos negociadores), la precarización del derecho a huelga (con la ampliación de las llamadas funciones críticas) y la flexibilización de las jornadas laborales, que se puede prestar a todo tipo de abusos si no están debidamente reglamentadas.
El llamado Plan Araucanía, que incluye el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, que la derecha porfiadamente se negó a aprobar en el pasado, así como propuestas de una nueva institucionalidad, incluyendo el Consejo y Ministerio de Asuntos Indígenas, se mezclan con propuestas que apuntan a favorecer la inversión privada en esa zona, sin los debidos resguardos a derechos ancestrales y mecanismos de consulta con las comunidades indígenas.
La llamada “flexibilización” y modernización laboral que estudia el gobierno se acerca más a una contrarreforma de las cambios aprobados en la pasada administración, apuntando a un mayor debilitamiento de los sindicatos (el tema de la titularidad sindical y los grupos negociadores), la precarización del derecho a huelga (con la ampliación de las llamadas funciones críticas) y la flexibilización de las jornadas laborales, que se puede prestar a todo tipo de abusos si no están debidamente reglamentadas.
Este es un gobierno de derecha, qué duda cabe. Una administración que se propuso “reformar las reformas impulsadas por el gobierno anterior para volver a poner al país en la senda del crecimiento”, como sostuvo Sebastián Piñera durante la pasada campaña presidencial. Tiene todo el derecho y la legitimidad para proponer e impulsar estas contrarreformas.
Pero, con esa misma legitimidad, la mayoría parlamentaria, en manos de la oposición, tiene el derecho a oponerse. Argumentando, como lo adelanta, que los cambios no benefician a las grandes mayorías y sectores más vulnerables sino a los de mayores ingresos, vulnerando derechos y conquistas sociales.
Un debate trascendente, más que sensible. Requiere de mucha atención y cuidado.
