Que entre Kast y Sichel reunieran una alta votación en las comunas de la llamada cota mil estaba dentro de lo “normal”, así como en algunas regiones, especialmente la Araucanía. Y que, en otros sectores de la capital y varias regiones, la mayor votación favorezca a la centroizquierda también tiende a ser normal.
Pero la reciente elección presidencial y parlamentaria, hasta cierto punto, ha trastocado esa “normalidad” lo que da un pronóstico incierto respecto de la segunda vuelta, con el agregado que el período de campaña será muy breve.
Solo a modo de hipótesis, se puede establecer que una parte del electorado está compuesto por jóvenes que hacen sus primeras armas en el sufragio y que no necesariamente tienen una preferencia definida de antemano y relativamente persistente.
Que otra parte, que se corresponde con capas medias y medias bajas, están atemorizados y cansados de manifestantes violentos y saqueadores que, además en los hechos sirven, aunque sea sin proponérselo, de pantalla a narcos y bandas de delincuentes comunes.
Todo ello agravado porque estas acciones perpetradas en algunas manifestaciones no han sido debidamente neutralizadas en virtud de la incompetencia del gobierno que ha apelado a una represión policial como método preferente.
A su vez, algunos ultraizquierdistas utilizan métodos violentos ajenos a las tradiciones de lucha del movimiento democrático y popular chileno y más próximos a tendencias de corte fascistoide, como lo demostraron en su momento las agresiones a Beatriz Sánchez y Gabriel Boric.
Desde estas situaciones de descontrol es comprensible que surja un electorado cuya preferencia favorezca a quienes “ofrezcan” mayor seguridad y mejores condiciones de existencia, apelando a ofertones populistas y demagógicos, como es la tónica del discurso de José Antonio Kast(JAK).
Por su parte, las candidaturas de centroizquierda y de izquierda plantearon al electorado, con alguna excepción, generalidades para un país más “inclusivo”, sin abundar en el cómo se concreta de manera convincente.
Así, se ha planteado la idea de renacionalizar el cobre. Sin embargo, se nacionalizaría lo que no pertenece a la “nación”, en este caso, según la constitución de la dictadura : “El Estado tiene el dominio absoluto, inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en éstas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales…”(artículo-19, # 24).
En consecuencia y rigor lo que correspondería sería la estatización de bienes que están en manos de privados, ya sean nacionales o extranjeros, previo pago de una indemnización que cabe establecer y, obviamente, si las proyecciones de ganancias de la vida útil del mineral son similares a la indemnización no sería conveniente estatizar ese mineral.
Hay quienes aseguran que el estado no tendría los capitales para nuevas exploraciones y explotaciones, pero esto es solo un ideologismo, pues se puede establecer que Codelco ahorre anualmente una determinada cantidad (así como el 10% para las FF.AA) en función de futuras inversiones.
De igual modo, considerando cada asunto en particular, correspondería plantear la constitución de una empresa estatal del Litio, con carácter monopólico; y ampliar una red de farmacias públicas, atendiendo a la colusión imperante y los abusivos precios.
En otro plano, desarrollar una política agresiva de promoción de las micro y pequeñas empresas de carácter productivo, otorgando créditos estatales blandos y en condiciones flexibles de servicio de ellos.
Y sumar el despliegue de una vasta iniciativa respecto de obras públicas a fin de elevar el nivel de la infraestructura en función de las actividades productivo-comerciales y de exportación; al mismo tiempo que incrementar la construcción de embalses, captadores de aguas lluvia y deshielos, a objeto de atenuar las situaciones de sequía que genera el cambio climático.
Garantizando asimismo la puesta en marcha de un plan precisado de construcción de viviendas que, en un plazo prudente, permita terminar con el déficit habitacional y con las condiciones infrahumanas en que viven miles de compatriotas.
Y, en concertación con los Municipios, impulsar la creación de parques populares en los sectores de menores ingresos hasta alcanzar la media de áreas verdes recomendada por la OMS.
En definitiva, precisar objetivos prioritarios y concretos que convoquen intereses evidentes de la población y desnuden la demagogia atemorizante de JAK. Un desafío para el último aire de la contienda presidencial que corre contra el tiempo.
