Volver a pensar en el desarrollo por Patricio Escobar

Barcelona

Chile enfrenta desde hace años un ciclo terminal de su manera de enfrentar los desafíos del desarrollo. Ello obliga a impulsar los debates necesarios para difundir las ideas que puedan acompañar el parto de una nueva época. La crisis actual es la más grave que hemos enfrentado, pero no es la causante del colapso, es apenas la partera de una nueva época.

Las condiciones de la crisis actual

La crisis actual no comenzó ahora ni es resultado de la pandemia. Incluso, ni siquiera del movimiento social iniciado el 18 O. Desde el punto de vista de ciclos más largos, encuentra su origen el año 2011, cuando la movilización estudiantil desnudó las inconsistencias y las iniquidades de la organización económica. De allí en más, al no evidenciarse una salida, la desafección social en los más diferentes ámbitos se volvió una constante.

Entre los años 2014 y 2019, según el BCCh, el PIB creció a un promedio de 2,0%, muy lejos de los valores de periodos anteriores. Este crecimiento fue sustentado por la expansión de la demanda interna, puesto que la inversión empresarial solo aumentó en 0,1% en promedio. Con una ocupación que creció, según el INE, a una tasa del 1,6%, la productividad total de la economía solo aumentó un 0,4%, valor absolutamente insuficiente para reproducir positivamente el sistema económico.

Desde una mirada más estructural, el crecimiento del PIB ha recibido una contribución significativa de la industria extractiva, principalmente del cobre. En el periodo analizado (2014 – 2019) este sector contribuyó con un 9,3% en promedio. Le ha acompañado, con una significación menor, la producción forestal, pesquera, la agroindustria y otros rubros mineros. En promedio se han exportado en el periodo 42 mil millones de US$ anuales, con una presencia minera en ese total del 87%. Sin embargo, ese componente extractivo que por momentos ha sido muy dinámico en escenarios internacionales propicios no ha manifestado vínculos intersectoriales de importancia, de modo de dinamizar el conjunto de una economía de sesgo exportador. Una Balanza de Pagos de saldo positivo, como resultado de un saldo comercial favorable, y la afluencia de capitales extranjeros a esos mismos sectores, fue alimentando en crecimiento de una economía de servicios, cuyo peso en el PIB asciende al 52% y en la ocupación a un 65%. Sin embargo, se trata de servicios de baja intensidad tecnológica y de condiciones laborales deficientes.

Sin embargo, se trata de servicios de baja intensidad tecnológica y de condiciones laborales deficientes.

Una economía de estas características está obligada a cautelar con particular atención los equilibrios monetarios. Así, la inflación se convierte en una variable central y en preocupación única de una autoridad monetaria autónoma en todas sus decisiones, obligando a un déficit fiscal contenido para no provocar presiones sobre el mercado doméstico del dinero. Estas características explican la necesidad de contar con un Estado jibarizado, que no compite con el sector privado por el ahorro nacional. Una situación de equilibrio precario funciona hasta el momento en que la sociedad demanda el acceso a los bienes públicos que, con 26 mil US$ per cápita, cree merecer.

Constatar que ello no es posible sin afectar lo esencial del modelo de desarrollo (MD), provoca una frustración colectiva que paulatinamente redunda en desafección, en particular de las herramientas que nominalmente están diseñadas para canalizar los anhelos y expectativas de los grupos sociales respecto al tipo de sociedad en que desean vivir. La política, sus instituciones y agentes caen en el descrédito, y su evidencia más palmaria es la participación electoral. Para elegir al último gobierno, participó el 46% de los potenciales electores, lo que indudablemente afecta la legitimidad del proceso y sus resultados.

El Chile de mañana

Ese es el entorno sociocultural en que la población “descubre” los abusos de que es víctima por parte de los poderosos de siempre. No es que comenzaran en ese momento, por el contrario, caracterizan una economía rentista en que los agentes actúan bajo la ley del mínimo esfuerzo y si encuentran una oportunidad de maximizar su utilidad, aunque signifique eludir el espíritu de la ley o directamente pasar sobre ella, eso se convierte en norma. ¿Qué facilita este comportamiento? Una brecha distributiva irreductible en el marco actual. No es solo el ingreso y el patrimonio. La distribución regresiva ha llegado a lo más profundo de la estructura de la sociedad, afectando el poder, la justicia y los fundamentos del sentido común. Ser pobre en Chile no solo es contar con un ingreso insuficiente. Es valer menos frente al Estado, frente a la justicia y frente a otros ciudadanos. Es el fundamento del estallido social y del despertar de Chile.

Imaginar el Chile de mañana implica necesariamente un nuevo pacto social que represente una amplia mayoría, por tanto, resultado de un acuerdo entre intereses que son opuestos. La particularidad de esta coyuntura es que alcanzar ese acuerdo es inevitable. Un MD rentista fundado en un consumo desenfrenado que se financia con deuda creciente de los hogares, no es sostenible. Un MD rentista que se dinamiza mediante una lógica extractivista, sea de minerales, madera, peces o agua, no posee viabilidad alguna.

Chile necesita más productividad para acabar con la lógica del “chorreo” presente en el discurso que promete bienestar para los desposeídos, mediante el aumento del crecimiento económico que, en teoría, algún día les proveerá el bienestar que desean. Esa productividad requiere una inversión muy superior a la actual, que en promedio del 2014 al 2019, según el BCCh solo alcanza al 22,0% del PIB. Esto supone pasar de los 44,5 mil millones de US$ actuales a no menos de 55 mil millones, para ubicar esa variable, al menos, entre el 28% y el 30% del PIB. Para ese efecto se necesita un Estado capaz de apoyar eficazmente ese aumento de la inversión privada.

El obligado confinamiento resultado de la pandemia ha desnudado los pies de barro de la sociedad y un conjunto de miserias ocultas. Entre ellas, está el limitado acceso a conexiones eficaces a Internet. Niños y niñas de escasos recursos no cuentan con el equipamiento ni la conexión que les podría permitir continuar su formación a distancia en tiempos de pandemia, en un país que se decía líder en conexión a banda ancha en la región.

Si esa es la realidad digital de la sociedad, es difícil esperar que haya una mayor inversión en digitalización de procesos productivos. Al Estado le cabe una tarea ineludible en la modernización de esa infraestructura que, junto con integrar el territorio y las comunidades, provea la base para el desarrollo de una economía intensiva en tecnología y capaz de absorber innovación. La infraestructura 5G requiere una inversión que no alcanza tasas de retorno suficientes contando solo con el consumo que de ella hagan los usuarios de Smart Phone. Necesita del consumo que puedan hacer las empresas y nuevos procesos digitales que se creen. Pero esto último solo se materializa en un plazo mayor a la decisión individual de renovar un equipo telefónico, lo que queda ajeno a las expectativas de retorno privadas.

Al Estado le cabe una tarea ineludible en la modernización de esa infraestructura

Una mayor productividad de la economía tiene como condición que la modernización física de los procesos productivos (digitalización) se acompañe de un incremento significativo del capital humano, y ello solo puede ser resultado de una profunda renovación del sistema educacional, para que este componente de la vida en sociedad deje de ser una variable de segregación para transformarse en vía de integración. Un primer momento de este proceso se relaciona con el acceso. Una educación pública, gratuita y de calidad debe ser una realidad que el Estado garantice. Un segundo momento es avanzar en los paradigmas formativos que guían el sistema. No se avanza suficientemente si solo más personas acceden a la misma educación de hace medio siglo.

No se avanza suficientemente si solo más personas acceden a la misma educación de hace medio siglo.

Una mayor productividad necesita reducir el ausentismo de los trabajadores en sus puestos de trabajo, minimizando los tiempos perdidos por enfermedad propia o de sus dependientes. Décadas de privatización y mercantilización de los servicios sanitarios han transformado nuestra sociedad en un paradigma de consumo desenfrenado de estos servicios y de medicamentos. Un sistema universal de salud, financiado con las cotizaciones de los trabajadores activos, que pueda ser objeto de acciones de planificación sanitaria para implementar campañas preventivas y de educación en salud, en que el acceso siga una senda menor a mayor complejidad y en que la formación del recurso humano del sistema no esté guiado por una lógica mercantil individual, sino por los requerimientos sanitarios de una población que envejece inexorablemente, es condición indispensable del bienestar.

La corrección que realiza el pilar solidario favorece en parte a las rentas más bajas, pero no actúa frente a los sectores medios. Esto hace que el sistema vigente sea paradigmáticamente deficiente en comparación a otras realidades similares.

Una mayor productividad exige un horizonte de actividad conocido y en que las personas cuenten con la expectativa cierta de que sus condiciones de vida no se verán afectadas significativamente al transitar al sector pasivo. Actualmente, la tasa de reemplazo del ingreso de las personas trabajadoras activas a pensionadas bordea el 31%. La corrección que realiza el pilar solidario favorece en parte a las rentas más bajas, pero no actúa frente a los sectores medios. Esto hace que el sistema vigente sea paradigmáticamente deficiente en comparación a otras realidades similares.

Un nuevo sistema debe contemplar un conjunto de elementos. No puede basarse en el ahorro individual, dado el nivel de ingresos de las personas y la densidad de sus cotizaciones. No puede sostenerse en una lógica simple de reparto, puesto que la relación activos-pasivos está irreversiblemente por debajo de lo requerido. Esto supone la intervención pública para financiar un fondo de pensiones suficiente. Las personas que trabajan tienen derecho a esperar un momento en sus vidas en que abandonarán la vida activa y que ello no suponga una catástrofe en su nivel de bienestar.

Las personas que trabajan tienen derecho a esperar un momento en sus vidas en que abandonarán la vida activa y que ello no suponga una catástrofe en su nivel de bienestar.

Todo lo anterior y otros aspectos de la vida en sociedad, que son condición para tener una economía más productiva, exigen la presencia de un Estado más robusto, que se financie mediante ingresos permanentes.

Pocos desconocen que la carga tributaria que tiene Chile es insuficiente. Un 20,5% no permite contener una pandemia. No solo por la presión sobre el gasto público que supone una catástrofe de esta magnitud, sino que, además, es consistente con una sociedad en que la confianza entre individuos, grupos y frente al Gobierno, es débil.

Un ejemplo atendible es Costa Rica. Con indicadores económico – sociales similares a los de Chile, tiene 0,86 fallecidos de Covid 19 por cada cien mil habitantes, mientras que en Chile hay 18. El 74% de la ciudadanía costarricense confía en las acciones de su Gobierno, mientras que en Chile bordea solo el 5%, según la encuesta CEP. La otra diferencia importante es que la carga tributaria en el país centroamericano es del 24,5%, según la CEPAL.

El país que necesitamos debe fundarse en un nuevo pacto social, que se constituya en torno a un Estado capaz de proteger la vida y la salud de la población, y apoyar la sostenibilidad de los empleos y la creación de riqueza. Una economía más productiva requiere de ese nuevo Estado. La meta es el promedio OCDE del 34% de carga tributaria respecto al PIB, en el contexto de un sistema de tributos más progresivo. Es una meta lejana, dada la situación actual, pero un norte para pensar un país distinto.