Con quejidos de parto y transacciones de pasillo, el Congreso le dio al presidente Joe Biden esta semana la aprobación de un ambicioso programa de infraestructura. Con el índice de aprobación a su desempeño por debajo de la línea de flotación, y a menos que haya un acontecimiento que altere el curso, es poco probable que Biden logre mucho más en los próximos tres años y medio.
Está programado así
Si bien las campañas presidenciales de Estados Unidos acaparan la atención en el genio y figura de los dos candidatos y, tras los comicios, en cada gesto del nuevo presidente, la realidad es que todo el sistema político del país está programado para limitar lo que un mandatario puede lograr, y que tenga impacto duradero, en política doméstica.
El último presidente que obtuvo múltiples logros perdurables fue Franklin D. Roosevelt (1933 y hasta su muerte en 1945), con los programas de reactivación económica del New Deal que le ganaron tres reelecciones. Y apenas a dos años de la muerte de Roosevelt, el Congreso ya había aprobado la Enmienda 22 de la Constitución, que limitó los mandatos presidenciales a sólo dos términos consecutivos.
Demasiado logro legislativo y presidencias repetidas no lucen como platos atractivos en el menú político de los estadounidenses.
Desde entonces, cada uno de la docena de presidentes habidos ha tenido, con suerte, al menos un éxito de legislación con efectos persistentes en la economía y la sociedad de Estados Unidos, y evidentes cuando ya el mandatario está fuera de la escena.
Entre los más recientes, Barack Obama, quien llegó a la Casa Blanca en enero de 2009 aupado por el entusiasmo de los votantes jóvenes, gastó casi todo su capital político para lograr, a penas duras y capitulaciones maduras, la aprobación por parte del Congreso en 2017 de su Ley de Cuidado Asequible de la Salud (conocida como Obamacare), la mayor reforma del sistema de salud en medio siglo.
Su sucesor, Donald Trump (2017-2021), tuvo su único éxito legislativo importante con la aprobación de una Ley de Empleos y Recortes de Impuestos considerada la mayor reforma fiscal en la historia del país. El resto fue ruido y un coqueteo con el autoritarismo, que continúa.
Las dificultades para obtener algo productivo del Congreso, que se han ido acentuando en las últimas tres décadas, han llevado al gobierno “por decreto”, por el cual cada nuevo presidente firma decenas de “órdenes ejecutivas” en las primeras semanas de su mandato, la mitad de las cuales anula los decretos del antecesor. Y esos decretos, obviamente, no sobreviven tras la llegada de un nuevo presidente.
Es en este contexto que ha de medirse la magnitud de la Ley de Infraestructura y Empleos que asigna 1,2 billones de dólares en programas de reparación, mantenimiento y construcción de autopistas, carreteras, puentes, ferrocarriles, aeropuertos, puertos, la red eléctrica, los sistemas de agua potable, la extensión de “banda ancha” de internet a todo el país, y toda una gama de programas que, supuestamente, proveerán empleos y compensarán el gasto.
Chirriando se salvó
Su carrera de treinta y seis años en el Senado, obviamente, le ha enseñado a Biden cómo se galopa en la pista del Congreso, cuántos favores se hacen a cuenta de favores recibidos, y en qué medida la escasa disciplina partidaria acomoda las ambiciones individuales de 435 diputados y 100 senadores.
En esta ocasión a Biden le tocó un Senado con 50 demócratas y 50 republicanos (voto de desempate en manos de la vice presidenta Kamala Harris), y una Cámara de Representantes con 222 demócratas y 213 republicanos, una mayoría de nueve.
Para complicarle la matemática, Biden tuvo que lidiar con dos senadores demócratas (Joe Manchin de West Virginia, y Krysten Sinema de Arizona), empecinados en su posición de votos clave y reclamando recortes de gastos casi al tono de los republicanos, y jalando para el otro lado con unos 92 diputados agrupados en el “bloque progresista”, que agitan por más gasto.
Tras meses de pulseadas, plazos fijos y postergados, abundancia de gestos y posturas y mucha discutidera en el universo mediático, el Senado aprobó la legislación con los 50 votos demócratas y la adición de 19 republicanos.
Más debate y finalmente esta semana en la Cámara de Representantes, seis progresistas votaron contra de la ley de Infraestructura, y 13 republicanos votaron a favor. Los progresistas más entusiastas hicieron su demostración de intransigencia una vez que quedó claro que una docena de republicanos no harían la suya pasándose al bando de los que aprobaron la ley.
Biden puede felicitarse mientras recorre el país exaltando las promesas que, si se cumplen, serán realidades por las próximas décadas.
El paquete incluye 110.000 millones de dólares para la reparación de autopistas, puentes y carreteras. Según la Casa Blanca , 279.000 kilómetros de autopistas y rutas principales y 45.000 puentes están en mala condición.
Unos 39.000 millones de dólares irán para la ampliación de los sistemas de transporte público, deficientes en el país del automóvil y para perjuicio de millones de trabajadores que han de usar ómnibus y trenes. El Departamento de Transporte calcula que necesitan reparación más de 24.000 ómnibus, 5.000 vagones ferroviarios, 200 estaciones y miles de kilómetros de pistas y sistemas de energía.
La legislación incluye 7.500 millones de dólares para la instalación de estaciones de carga para vehículos eléctricos y 5.000 millones de dólares para la compra de ómnibus escolares eléctricos e híbridos.
Más de 65.000 millones de dólares se han asignado para llevar el acceso a internet por banda ancha a las zonas rurales, las familias de bajos ingresos y las comunidades tribales. Añádanse 65.000 millones de dólares para mejorar la confiabilidad y resiliencial del tendido de redes eléctricas, Y 25.000 millones de dólares para el mejoramiento de las pistas, puntos de embarque e instalaciones adicionales de los aeropuertos.
Asimismo, esta ley canaliza 55.000 millones de dólares para el mejoramiento y extensión de los sistemas de distribución de agua potable y recolección y manejo de aguas servidas. Dentro de este paquete hay 15.000 millones de dólares para reemplazar, donde las haya, las tuberías de plomo, y 10.000 millones de dólares para resolver la contaminación del agua con per y fluoroalquilos, sustancias que se usaron en la producción de Teflón y se han usado en espumas anti inflamantes, ropas que repelen el agua y otros muchos productos.
En una o dos décadas sólo los aficionados a la historia política minúscula leerán acerca de los desafíos que tuvo Biden para esta promulgación, y para entonces lo que se recordará será visible en infraestructura, tal como todavía se recuerda de la presidencia de Dwight Eisenhower (1953-1961) la aprobación en el Congreso de una ley que asignó 25.000 millones de dólares (de los de entonces) para la construcción de una red de 66.000 kilómetros de autopistas.
