Que actos de violencia y vandalismo marginal ensuciaron la masiva conmemoración del segundo aniversario del estallido social es parte de la verdad en que se han concentrado los grandes medios de comunicación y la muy parcial reacción de un gobierno a la deriva. Así, sin querer queriendo, se ignora la masividad de las manifestaciones y se apuesta a un desesperado intervencionismo electoral, responsabilizando a las candidaturas presidenciales de Boric y Provoste.
La conmemoración de la discordia coincidió con el inicio de los debates de contenidos para una nueva carta magna en la Convención Constituyente, tras aprobarse su reglamento en tiempo récord, pese a la resistencia y distorsión mediática propiciada por la poderosa minoría oficialista. Así todo apuntaría a que tendremos una propuesta de nueva Constitución, redactada en democracia, que deberá ser ratificada en un plebiscito de salida. Un hecho esencial que incomoda al oficialismo e intentan ignorar los postulantes presidenciales de la disminuida derecha.
Ciertamente una nueva Constitución no será una solución mágica para los inmensos desafíos que desnudó la revuelta social de hace 2 años y que desafían a la democracia chilena con un desarrollo inclusivo, sustentable y sostenible, reduciendo la brecha de las desigualdades, reconociendo derechos sociales garantizados, la igualdad de género y terminando con exclusiones y discriminaciones aún irritantes, en tránsito a una convivencia más justa y solidaria.
Ello requiere de un nuevo pacto social, político y económico, en donde los llamados poderes fácticos asuman que deben ceder buena parte de sus privilegios(aquellos a que aludió la angustiada primera dama con la aparición de “alienígenas” en el estallido social), restableciendo equilibrios sociales pisoteados y alterados durante 17 años de dictadura, que tres décadas de retorno a la democracia no terminan de reponer. Es el desafío mayor para construir un nuevo orden, sin violencia institucional ni contestaria, ciertamente tampoco la que proviene del crimen organizado.
Es de una torpeza y estupidez política sublime la reacción oficial en voz del inepto subsecretario Galli, responsabilizando de la violencia a los candidatos presidenciales de la oposición. La mantención del orden público le corresponde al gobierno y sobran evidencias – en medio de una catástrofe institucional de los mandos policiales – del fracaso en este deber esencial.
Aprovechando las circunstancias mediáticas, la derecha insiste en su resistencia al proyecto de indulto o amnistía que hoy se debate en el parlamento y que, ciertamente, no beneficia a delincuentes mayores sino a manifestantes detenidos durante largos meses sin enfrentar un debido proceso y que merecen una nueva oportunidad para reintegrarse a la sociedad.
Más que relevante es una iniciativa de reparación para las víctimas de gravísimas violaciones a los derechos humanos(con centenares de cegueras incluidas) cometidas por las fuerzas policiales durante el estallido social y una profunda reforma de esas instituciones. Desafío real para una convivencia democrática, que está lejos de enfrentar el actual mando policial, con parches cosméticos como la nueva figura de los agentes de diálogo que debutaran este nuevo 18 de octubre.
El falso dilema entre el orden y el cambio
Por todo lo experimentado en el país, resulta grosero sostener que José Antonio Kast (J.A. K) – que desplaza al candidato de Piñera en las encuestas – representa algún orden, en contrapunto con Gabriel Boric y Yasna Provoste. J.A.K representa una propuesta de orden autoritario, tributario y orgulloso heredero del régimen militar, además de admirador de Donal Trump y Jair Bolsonaro. Y básicamente ofrece la restauración del viejo orden neoliberal, a todas luces agotado. Con J.A.K, la vieja derecha, refractaria a los cambios, no muere sino intenta renacer de sus cenizas. Y bien podría arrastrar a sus viudos a la inmolación.
J.A. K no puede garantizar un orden democrático, en la muy remota posibilidad que pudiera ganar la próxima elección presidencial. Sobran evidencias de sus débiles convicciones democráticas, su pasado vinculado al régimen militar, su condición de minoría extrema y sus extemporáneas propuestas de mano dura frente a las movilizaciones sociales, los pueblos originarios, la inmigración (la zanja) y las relaciones internacionales (salirse de la ONU), entre otras joyitas neofascistas.
En este contexto se entiende la burda reacción oficial, con vocería del muy torpe subsecretario Galli. Yasna Provoste como Gabriel Boric, no tan solo representan propuestas de cambios, mas o menos profundos, sino esencialmente la posibilidad de construir un nuevo orden democrático, apegado a las leyes y a una nueva Constitución, hoy en proceso de elaboración.
No es evidente que una nueva carta constitucional deba acortar el próximo mandato presidencial, que soberanamente el pueblo le deba entregar al próximo gobierno. Pero sí que éste deberá jurar la nueva Constitución y respetarla integralmente. Y ello incluye hacer respetar el nuevo orden.
Ambos postulantes presidenciales han rechazado toda forma de violencia, legitimando las movilizaciones sociales en pro de las justas demandas ciudadanas. Y nada permite dudar de sus credenciales democráticas y progresistas.
Los riesgos de la polarización y la opción por el cambio
El dilema que enfrenta el país de cara a las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, es entre la restauración del viejo orden neoliberal con una buena dosis de autoritarismo, y la alternativa de un nuevo orden, que tan solo es posible de construir con una sólida mayoría social y política, en donde necesariamente deben concurrir los sectores que se reconocen en una perspectiva de cambios. Y en ello se incluye al centro, no tan solo representado hoy por la DC, y el conjunto de la izquierda.
El país enfrenta un gran riesgo de cara a la próxima elección. Sobre todo, si Kast se instala en la segunda vuelta, condicionando a la derecha dura y la llamada derecha social, además del empresariado y sus poderes fácticos, a cerrar filas en torno al candidato de la ultraderecha. A un muy alto costo y un futuro predecible de mayor polarización.
Con toda seguridad, en estos últimos treinta días que restan de la campaña y durante la segunda ronda presidencial ( sobre todo si J.A. K logra pasar la barrera) asistiremos a una nueva edición de la campaña del terror, en donde la derecha tiene una gran experiencia. Se reeditará el fantasma del Chilezuela, la violencia, el temor al comunismo, la foto de Boric con una polera con la imagen de Jaime Guzmán, etc. Un terror que la mayoría de las veces se vuelca en contra de sus impulsores, llevándolos a cometer errores históricos.
El riesgo de generar una brecha (una grieta, dirían los argentinos) entre estos dos sectores, es muy alto y difícil de cerrar. La próxima elección no debiera transformarse en una opción de suma cero, en donde quien gane se lleva todo, obligando al otro sector a atrincherarse en defensa de sus intereses, para protagonizar una eterna confrontación en donde tan solo puede perder el país.
La denominada democracia de los acuerdos o política de los consensos esta desacreditada, ¿qué duda cabe? Básicamente porque obedeció a una necesidad antes que a una convicción y la mayoría de las veces se materializó bajo chantaje, al alero de los enclaves autoritarios de la Constitución de 1980.
Lo anterior, en un nuevo contexto político y social, no niega que Chile necesita de diálogo y búsqueda de consensos, que privilegien el interés superior del país. Con una nueva Constitución redactada en democracia, que asuma la diversidad como un valor y no como una anomalía, en donde todos los sectores se sientan representados. De un nuevo orden político, económico y social, que asuma y entregue vías de respuestas a las demandas ciudadanas. De paz y cohesión social.
Los países avanzan gracias a grandes acuerdos y se estancan en sus conflictos internos, tal como ha sucedido en el actual mandato presidencial, en donde el gobierno de Piñera, sin contar con una mayoría parlamentaria, ha demostrado gran impericia para ordenar a su propia coalición y buscar acuerdos con la oposición.
Ni Gabriel Boric ni Yasna Provoste pueden aspirar a contar con una mayoría propia en el futuro parlamento y estarán obligados a buscar acuerdos. No tan solo en el seno de la actual oposición, sino con el conjunto de la sociedad. Acuerdos lo mas amplios posibles, sin olvidar que los acuerdos requieren de fuerza propia y que las diferencias se dirimen bajo las normas de una democracia. Una nueva democracia consensuada por todos.
Es la única garantía de tránsito a un cambio seguro.
