Avances desde el 18 O y desafíos del proceso constituyente

por La Nueva Mirada

Por Eugenio Rivera
Fundación Chile 21

Avanzar en política requiere un diagnóstico que determine con claridad el punto en que nos encontramos para formular los nuevos objetivos y la estrategia para alcanzarlos. Mientras que la derecha todavía no se repone de la derrota que la ciudadanía movilizada le infringió en los últimos tres meses, desde la sociedad civil se señala con cierta frecuencia que no se ha ganado nada; que la Convención Constituyente poco y nada tiene que ver con la Asamblea Constituyente; que no tiene sentido ganar el plebiscito de entrada pues al realizarse la elección de constituyentes bajo el mismo sistema de partidos, la ciudadanía como tal no se aproximará a sus objetivos.

Estas afirmaciones no solo representan un elixir para quienes defienden la actual Constitución y el modelo económico asociado a ella, sino que además pueden contribuir a que el país – como en otras ocasiones – pierda una oportunidad para avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo, una sociedad más inclusiva, un medioambiente protegido y relaciones igualitarias.

una oportunidad para avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo, una sociedad más inclusiva, un medioambiente protegido y relaciones igualitarias.

Dos preguntas son pertinentes: 1) ¿Como sociedad hemos avanzado en esto tres meses?  2) ¿Hay una alternativa al plebiscito y a la convención constituyente?

¿SE HA AVANZADO ALGO RESPECTO DE LAS DEMANDAS CIUDADANAS?

En las movilizaciones surge entre muchos manifestantes y con frecuencia la afirmación que pese a todo el esfuerzo ciudadano el país no ha avanzado nada. En los cabildos se escuchan afirmaciones similares e incluso se sostiene que el proceso constituyente es una trampa para que todo siga igual y por tanto la ciudadanía debe abstenerse de participar en el proceso “oficial” y optar por elaborar una constitución en cabildos comunales autoconvocados. En la presente sección analizamos la primera afirmación dejando la última para la segunda parte del presente artículo.

En el cuadro de más abajo se ha buscado evaluar los avances alcanzados desde el 18 O. Teniendo como punto de referencia la situación en que se encontraba el país antes de la irrupción de la rebelión popular.

En lo referido a la agenda política, ni los más optimistas en sus mejores sueños apostaron que – en el contexto de un gobierno de derecha, que se había propuesto relanzar el modelo económico y revertir los avances realizados en la Administración anterior – se aprobara una reforma constitucional que convocara a un plebiscito para que la ciudadanía decida si quiere una nueva Constitución.

En lo referido a la agenda política, ni los más optimistas en sus mejores sueños apostaron que – en el contexto de un gobierno de derecha, que se había propuesto relanzar el modelo económico y revertir los avances realizados en la Administración anterior – se aprobara una reforma constitucional que convocara a un plebiscito para que la ciudadanía decida si quiere una nueva Constitución.

 Más bien el Gobierno avanzaba en la aprobación de las contrarreformas con el apoyo de algunos parlamentarios de la antigua Nueva Mayoría. Luego del 18.0 esas reformas han sido retiradas del Congreso. En la actualidad la derecha aparece dividida entre grupos ultra que pretenden que la Constitución de Pinochet siga vigente y otros que entienden que la paz social depende de que el país concuerde una nueva carta fundamental como primer paso hacia una sociedad más igualitaria. Más importante quizás para definir la nueva situación es que antes del 18.O la ciudadanía aparecía frustrada, irritada, sin esperanzas de que el país evolucionara hacia una mejor sociedad. Hoy, por el contrario, la gente ha recuperado las esperanzas, se moviliza y cree que juntos se pueden alcanzar cosas importantes.

En lo referido a la agenda económico social, aunque ciertamente está pendiente un real sistema de seguridad social en un nuevo modelo de desarrollo, los avances han sido relevantes. Desde el punto de vista del mejoramiento de las condiciones de vida de la población se ha logrado revertir el aumento de los precios del transporte público (en estas fechas correspondía introducir un nuevo aumento que también está siendo dejado de lado), se ha aprobado una ley que permitirá después de 40 años de abusos reducir sustantivamente el costo de los medicamentos y mientras que el gobierno condicionaba un aumento del 10% de las pensiones solidarias, luego del 18.0, se logró que en dos años las pensiones básicas solidarias crezcan en un 60% alcanzando la actual línea de pobreza.

En lo referido a la agenda económico social, aunque ciertamente está pendiente un real sistema de seguridad social en un nuevo modelo de desarrollo, los avances han sido relevantes.

Tan importante como lo anterior ha sido que el gobierno se vio obligado a retirar su proyecto a la reforma tributaria que rebajaba los impuestos a los más ricos mediante la reintegración tributaria

Tan importante como lo anterior ha sido que el gobierno se vio obligado a retirar su proyecto a la reforma tributaria que rebajaba los impuestos a los más ricos mediante la reintegración tributaria y debilitaba en el largo plazo las capacidades del Servicio de Impuestos Internos de controlar la evasión y elusión. Después de mucho tiempo, se ha aprobado una ley que obliga a las grandes empresas a pagar a sus proveedores en 30 días en lugar de los hasta 120 que se tomaban en el pasado. Quizás lo más importante es la creación de un aporte patronal de 6% al sistema de pensiones, de los cuales 3 puntos irían a un Fondo Solidario que permitiría financiar un aumento de las pensiones de los actuales y futuros pensionados más pobres y de los grupos medios. Tan importante como eso es la creación de una institución pública que administrará esos recursos pues constituye un primer paso para la creación de un nuevo sistema de reparto solidario.

Quizás lo más importante es la creación de un aporte patronal de 6% al sistema de pensiones, de los cuales 3 puntos irían a un Fondo Solidario que permitiría financiar un aumento de las pensiones de los actuales y futuros pensionados más pobres y de los grupos medios.

¿POR QUÉ EL PROCESO CONSTITUYENTE ES UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA ÚNICA PARA EL PAÍS Y SU DEMOCRACIA?

En diversas instancias ciudadanas mucha gente se pregunta si tiene sentido involucrarse y jugarse por el “Apruebo una Nueva Constitución” y la Convención Constituyente.  Varios son los argumentos que se dan en contra de ello.

  1. El acuerdo del 15 de noviembre que dio origen al proceso constituyente se dio entre 4 paredes; no hubo participación ciudadana y resultó de un acuerdo con la derecha.

El movimiento social obligó a la derecha a aceptar un plebiscito para que la ciudadanía decidiera si mantiene la actual constitución o quiere una nueva.

Más allá del proceso que llevó al acuerdo del 15 de noviembre (sobre lo cual volveremos) lo primero que cabe evaluar son los resultados. El movimiento social obligó a la derecha a aceptar un plebiscito para que la ciudadanía decidiera si mantiene la actual constitución o quiere una nueva. Al país se le impuso una constitución hace ya 40 años que incluía un complejo entramado que hacía imposible modificarla en sus aspectos fundamentales (lo que se denomina “la sala de máquinas” de la Constitución que establece los mecanismos de toma de decisiones en particular las Leyes Orgánicas constitucionales, los altos quórums exigidos para decisiones que van mucho más allá de los derechos fundamentales y el control preventivo del Tribunal Constitucional) con el fin de neutralizar la acción política popular, y proyectar hacia la eternidad el modelo impuesto por la dictadura. En las palabras de Fernando Atria:

Esas normas (constitucionales)no le dan forma política al pueblo con la finalidad propiamente constitucional de habilitarlo para actuar, sino con la finalidad precisa de neutralizar su agencia, de impedir que actúe. (Es la llamada) democracia protegida. ¿Pero protegida de qué? La respuesta es: protegida del pueblo. La “protección” consistía en un cúmulo de cerrojos que inmunizaban lo que para el proyecto político de la dictadura era importante: hacer imposible que dicho proyecto fuera afectado por decisiones políticas democráticas” (La constitución tramposa, 2013, p. 45)

El acuerdo del 15 de noviembre le dio forma institucional a lo que la movilización social había logrado.  Se hacía realidad lo que hasta pocos días antes aparecía como imposible. Más allá de que todo se puede hacer (teóricamente) mejor, el acuerdo del 15 de noviembre no fue entre 4 paredes; por el contrario, los parlamentario y dirigentes políticos fueron digitados desde la calle y desde las movilizaciones. O ¿considera alguien que la UDI y los Allamands habrían aceptado el acuerdo sin el 18.0?

Más allá de que todo se puede hacer (teóricamente) mejor, el acuerdo del 15 de noviembre no fue entre 4 paredes; por el contrario, los parlamentario y dirigentes políticos fueron digitados desde la calle y desde las movilizaciones. O ¿considera alguien que la UDI y los Allamands habrían aceptado el acuerdo sin el 18.0?

  • El acuerdo no contempló la participación equitativa de los independientes, ni la paridad ni cupos reservados para los pueblos originarios ni tampoco hizo que el plebiscito de entrada fuera con voto obligatorio. Más aún, la Convención Constituyente no es una real Asamblea Constituyente.

Algunos opositores de la actual constitución señalan que sin que se aprueben esas medidas no tiene sentido participar. ¿Se podía esperar que, con la constitución vigente, los herederos de Pinochet no pusieran todo tipo de obstáculos para dificultar que democráticamente elaboremos una nueva Constitución?

Efectivamente el acuerdo no incluyó los aspectos indicados. No obstante, al día siguiente de que se votara la reforma constitucional que traducía institucionalmente el acuerdo del 15 de noviembre se presentó un proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados que facilitaba la participación de los independientes; aseguraba paridad y aprobaba una iniciativa para reservar cupos a los pueblos originarios. Está por verse cuál será la decisión final. Algunos opositores de la actual constitución señalan que sin que se aprueben esas medidas no tiene sentido participar. ¿Se podía esperar que, con la constitución vigente, los herederos de Pinochet no pusieran todo tipo de obstáculos para dificultar que democráticamente elaboremos una nueva Constitución? Parecía algo ilusorio en ese contexto y con la correlación de fuerzas institucionales conseguir lo máximo deseable y, tras ese fundamento, restarse de un proceso que culmine (aunque no es seguro) con una nueva Constitución. La afirmación de que la Convención Constituyente totalmente elegida no es una Asamblea Constituyente se sostiene sobre la base de dos argumentos principales: que estaría sujeto a reglas fijadas en el marco de la vieja constitución y que obligaría a respetar los acuerdos contenidos en los Tratados Internacionales. Respecto de lo primero ello ha ocurrido en todos los procesos constitucionales que no han estado precedidos por una revolución. Dos cosas cabe tener en cuenta, el primero es que las normas fijadas no amarran en los principal a la deliberación de la Convención Constituyente y la forma como han terminado las revoluciones sugiere que ese camino no resulta en absoluto deseable. Respecto de lo segundo, es claro que los Tratados deben respetarse; pero ello no significa que no se puedan renegociar y si así se estima retirarse de ellos asumiendo eso sí los costos que ello implica. El BREXIT deja en evidencia que ello es posible.

  • El quorum de 2/3 requerido reproduce la situación tramposa de la actual situación por lo que no será posible introducir los cambios que se necesitan.

Este argumento exige abordar dos tipos de problemas. El primero tiene que ver con la idea de “hoja en Blanco” que modifica radicalmente el significado del quorum indicado. En efecto, en la actual constitución están recogidas las normas que impuso el dictador de manera unilateral y es su modificación la que resulta imposible por el entramado de normas que hacen inmodificable sus elementos esenciales. Al existir una hoja en blanco cada parte deberá obtener 2/3 de los constituyentes para aprobar sus propuestas. En tales circunstancias, a modo de ejemplo, no serán aprobadas normas como las actuales que absolutizan el derecho de propiedad y no lo sujetan a ninguna función social ni la que permite que el agua sea de propiedad privada. En tal sentido, muchas normas que hoy tienen carácter constitucional serán objeto de la deliberación política democrática y resueltas con quórums razonables.

En efecto, en la actual constitución están recogidas las normas que impuso el dictador de manera unilateral y es su modificación la que resulta imposible por el entramado de normas que hacen inmodificable sus elementos esenciales. Al existir una hoja en blanco cada parte deberá obtener 2/3 de los constituyentes para aprobar sus propuestas. En tales circunstancias, a modo de ejemplo, no serán aprobadas normas como las actuales que absolutizan el derecho de propiedad y no lo sujetan a ninguna función social ni la que permite que el agua sea de propiedad privada.

La otra dimensión del debate tiene que ver con que es tarea de la Constitución garantizar los derechos fundamentales y como tales no pueden estar sujetos a mayorías contingentes. Ello hace necesario que dichos derechos sean aprobados por mayorías sustanciales y se requieran mayorías también sustanciales para modificarlas. Esta dimensión del debate se instaló en las constituciones modernas a partir del reconocimiento del valor fundamental de los derechos humanos y las experiencias nazista y fascista del siglo pasado, en que fuerzas políticas destruyeron la democracia basados en mayorías transitorias.

Esta dimensión del debate se instaló en las constituciones modernas a partir del reconocimiento del valor fundamental de los derechos humanos y las experiencias nazista y fascista del siglo pasado, en que fuerzas políticas destruyeron la democracia basados en mayorías transitorias.

  • El proceso constituyente será manejado por los partidos.

El rechazo que los ciudadanos han expresado respecto de los actuales partidos se traduce a veces en un rechazo per se a estas organizaciones políticas fundamentales (y hasta ahora) insustituibles en un régimen democrático. La alta desafección ciudadana que afecta a los partidos tiene que ver con el divorcio entre los aparatos partidarios y la ciudadanía, la creciente separación entre las demandas ciudadanas y las decisiones políticas institucionales, la reelección sin límites de los actores elegidos y la connivencia entre la política y el dinero.

la movilización social de estos últimos 3 meses ha abierto posibilidades inéditas de que la ciudadanía cree nuevos partidos e impulse procesos de refundación en los existentes.

 También ha afectado el prestigio de los partidos y de la política la actual constitución, que sanciona un régimen hiperpresidencialista y un Congreso débil que tiene poca incidencia en decisiones políticas fundamentales y un sistema de instituciones autónomas que tiene bajo su control políticas fundamentales frente a las cuáles la decisión democrática no tiene prácticamente nada que decir. Ante esta situación la ciudadanía ha llegado a la conclusión que da lo mismo quien gobierne. No obstante, la movilización social de estos últimos 3 meses ha abierto posibilidades inéditas de que la ciudadanía cree nuevos partidos e impulse procesos de refundación en los existentes. Todo ello junto a la posibilidad de elaborar una Nueva Constitución que habilite la política democrática y que haga posible realmente el autogobierno representativo y participativo de los ciudadanos. Una Asamblea autoconvocada representa por el contrario dejar la cancha libre a quienes quieren mantener la actual Constitución, y en la medida que es muy difícil movilizar a mayorías ciudadanas reales, no se logrará sino reunirse entre los convencidos. Es importante impulsar los cabildos para alimentar el trabajo de los constituyentes que quieren una nueva Constitución.

En manos de los ciudadanos está la decisión de aprovechar esta oportunidad única o dejarla pasar como ocurrió en otros momentos cruciales de nuestra historia.

En manos de los ciudadanos está la decisión de aprovechar esta oportunidad única o dejarla pasar como ocurrió en otros momentos cruciales de nuestra historia.

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