El hecho que los votantes se abstuvieran en un alto número, con una participación inferior al 20%, es un dato más que relevante pensando en la demanda por cambios profundos en el plano económico, político y social.
En los económico, la inequidad en la distribución del ingreso, certificada por organismos internacionales adquiere una dimensión de suma gravedad en medio de la pandemia. Los más ricos, según la revista FORBES, aumentaron su fortuna en 73%, pese a la crisis sanitaria que le ha costado la vida a más de 35 mil personas entre confirmados y sospechos de COVID. Contrario sensu aumentó la miseria en forma sustantiva con decenas de miles de familias comiendo en ollas comunes, y sectores medios con alto endeudamiento en servicios básicos y consumo. El nivel de cesantía oficial supera el 10%, pero esa cifra desconoce el trabajo informal que practican miles de jóvenes buscando apoyar económicamente a sus familias. Según estudio de la Universidad Católica, la recuperación del empleo se estancó. La oferta de trabajo para las mujeres está nuevamente a la baja. Ni que hablar del acceso al sistema de salud y la posibilidad de ahorrar para una futura jubilación.
En lo social la desintegración familiar con coflictos crecientes por las carencias de todo tipo, es evidente. La falta de viviendas es manifiesta. Seiscientas mil están faltando y aumenta la necesidad. Y no se visualiza un plan potente que resuelva el problema. A esto hay que sumarle la procesión que va por dentro: el deterioro de la salud mental en todos los segmentos etarios.
En lo político el repudio al gobierno de Sebastián Piñera venía aumentando hasta el “estallido social” del 18 de octubre de 2019. Las políticas públicas de la derecha en el campo laboral, asistencial, de seguridad pública, educacacional y ambiental no cuadraban con la aspiración ciudadana. El reflejo de esta afirmación está en las redes sociales y en las encuestas que la administración veneró en Piñera Uno. Los resultados adversos obligaron al mundo político a buscar fórmulas para salir del atolladero en que se encontraba la sociedad chilena. Y en una madrugada de noviembre de 2019 se plasmó un acuerdo entre el oficialismo y la oposición que consideró un plebiscito para consultar a la ciudadanía si quería una nueva Carta Fundamental para Chile y al mismo tiempo si aspiraba a que los constituyentes fueran solo ciudadanos o la mitad parlamentarios en ejercicio y la otra mitad porveniera desde la sociedad.
El resultado lo sabemos.
7 millones 569.082 fueron a votar. En la cuádruple elección de alcaldes, concejales, constituyentes y gobernadores en dos días, participó un poco menos del 50% de electores.
Esos comicios marcaron una derrota aplastante para el oficialismo. Especialmente entre los constituyentes, cuando aspiraba, al menos, al tercio para vetar ideas demasiado vanguardistas de la centro -izquierda.
Y en esta segunda vuelta de gobernadores obtuvo un sólo elegido en la región de la Araucanía, de un total de 13 cargos en disputa a través del país.
Pero votó poca, muy poca gente. Algo más del 19% de los habilitados para sufragar.
¿Qué hizo el gobierno? Lanzó a la cancha una cuarentena total para la Región Metropolitana, donde está la mayor concentración de electores y con ello irradió el temor al contagio al resto del territorio nacional. Por supuesto que la locomoción de superficie no tuvo la gratuidad del metro en Santiago y Concepción. Para las personas de menos recursos pasajes de micro a $700 ida y vuelta, les priva de un kilo de pan a lo menos.
El actual gobierno nunca estuvo interesado en promover orgánicamente la participación ciudadana en las elecciones. No basta con los llamados del mandatario y sus ministros, que además gozan de muy baja popularidad.
La elección comunal es conocida por los ciudadanos y en la de constituyentes fue evidente la preferencia por los partidarios del cambio constitucional convocados por un avasallador Apruebo.
Diferente fue la situación en la reciente elección de gobernadores, donde la desinformación ha sido mayúscula. Hasta connotados dirigentes políticos aún no conocen bien lo que define “el cargo”.
La administración de Piñera no impulsó ninguna campaña de información ciudadana. Seguramente para evitar una derrota más contundente.
Eludir una campaña masiva en los medios tradicionales y en las redes sociales, impidiendo una votación debidamente informada, como es la exigencia democrática, se tradujo en un boicot que nos deja con muchas dudas acerca de cómo seguiremos de aquí en más. Y se aproximan las primarias de julio y por supuesto la elección múltiple de noviembre para elegir presidente de la República, la mitad del senado, cámara de diputados y consejeros regional, los que deberán operar bajo la tutela del gobernador o gobernadora.
La gobernalidad del país en manos del Presidente, que en muchos ámbitos es hegemónico en relación al parlamento, se ha visto seriamente cuestionada por la ciudadanía. Quienes eligieron a Piñera, le han dado la espalda en tres elecciones consecutivas y se han unido en temas de política pública a los criterios de la oposición, que por lo demás tiene mayoría en el parlamento.
Esta situación tiende a ser más complicada cuando empiece a operar la institución de los gobernadores en manos de la oposición. De las 16 regiones, 15 tendrán gobierno de distinto signo del oficialismo.
Esa tensión se dará con los delegados regionales que representarán a la actual administración, lo que se traduciría en un conflicto adicional.
El analisis de la gobernanza complementa el grado de conflictividad. El gobierno no ha sido capaz de instalar mecanismos de participación legítimos: basta ver el manejo de la pandemia con la creación de mesas de trabajo que no son consideradas a pesar de la expertise de científicos y profesionales de la ciencia y la salud. La normativa de funcionamiento es desconocida acompañada de una constante improvisación. El ordenamiento territorial ha sido criticado, primero por la ayuda en cajas de alimentos y después en la distribución de las vacunas, cuya compra masiva es lo único rescatable.
Otro pilar de la gobernanza cuestionable ha sido la ayuda económica para las personas y las Pymes. Este ha sido un gobierno “cicatero”, expresó el economista Sebastián Edwards y recién ahora, con la puesta en escena de los “mínimos comunes” originados en el Senado, se están llegando a un nivel racional para rescatar a los más castigados económicamente.
La gestión de la pandemia ha sido errática a juicio no solo de la oposición. Sectores de derecha lo han hecho presente a los cuatro vientos. Parlamentarios de Chile Vamos estuvieron disponibles para los retiros de Fondos de Pensiones, con un evidente desangramiento de los recursos para jubilación de hombres y mujeres.
El reclamo que más se ha escuchado en estos 15 meses de crisis, en la falta oportuna de información y a la descordinación en el ámbito gubernamental.
En forma sucinta ése es el acumulado que muestra falta de gobernabilidad y gobernanza.
Lo que viene seguirá en la cancha de la incerdumbre. ¿El 80% de los ciudadanos que no votaron, seguirán en la misma actitud para los comicios de noviembre?
¿Podría darse el caso que la oposición tenga dos candidatos (as) para la segunda vuelta presidencial y la derecha sin postulante a La Moneda?
En Chile la derecha fue derrotada, pero hay un electorado que necesita ser representado. ¿Cómo se resuelve esa ecuación?
En todo caso las encuestas nos dirán poco: Hasta ahora han sido erráticas, equívocas y sin valor alguno al confrontarlas con los resultados.
Que la pandemia nos pille confesados y que se iluminen las mentes que le den sentido al país que está avanzando para elaborar una nueva Carta Fundamental. Al menos en eso estamos claros. Y es mucho más de lo que imaginamos en 2018.
Por Sergio Campos U
Premio Nacional de Periodismo
