Jaime Gazmuri
Académico Universidad de Talca
El informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) que recoge el trabajo de sus equipos realizado en Chile entre el 30 de octubre y el 22 de noviembre, reafirma y amplía las conclusiones de dos informes dados a conocer anteriormente sobre la situación de las violaciones a los DDHH después del estallido social, los de Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Confirma y al mismo tiempo utiliza la información que ha venido produciendo el Instituto Nacional de los Derechos Humanos. Sin embargo, al tratarse del informe de un organismo del sistema de las Naciones Unidas, del que Chile forma parte y con el que está vinculado a través de múltiples tratados suscritos por el país en materia de derecho humanitario, le dan un peso mucho mayor que al de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos a nivel mundial.
El Estado de Chile está comprometido a considerar sus conclusiones y, sobre todo, a recoger e implementar sus recomendaciones.
El informe es demoledor. Impresiona la magnitud y la naturaleza de la larga serie de violaciones a los derechos humanos que enumera: privación arbitraria de la vida; centenares de daños oculares, muchos de ellos con pérdida parcial o total de la vista; torturas y malos tratos; violaciones y abusos sexuales, arrestos y detenciones ilegales. Existe un capítulo destinado a la violación de los derechos de los grupos más vulnerables: niños, niñas y adolescentes, minorías sexuales y discapacitados.
El informe es demoledor. Impresiona la magnitud y la naturaleza de la larga serie de violaciones a los derechos humanos que enumera: privación arbitraria de la vida; centenares de daños oculares, muchos de ellos con pérdida parcial o total de la vista; torturas y malos tratos; violaciones y abusos sexuales, arrestos y detenciones ilegales.
La inmensa mayoría de este conjunto de atropellos a los derechos básicos ha sido perpetrada por Carabineros de Chile, un número significativamente menor por miembros de la FFAA durante los días que rigió el estado de Emergencia y por la Policía de Investigaciones.
La inmensa mayoría de este conjunto de atropellos a los derechos básicos ha sido perpetrada por Carabineros de Chile
La conclusión es que se ha producido un número muy elevado de graves violaciones a los derechos humanos por parte de Carabineros; que estas han sido reiteradas en el tiempo y en el espacio; que ya desde el 22 de octubre se conocía el alcance de las lesiones producidas a los manifestantes, y que más de un mes después, cuando concluyó el trabajo de terreno, no se habían detenido. Se señala el incumplimiento de los propios protocolos de la policía uniformada sobre el uso de la fuerza y su incapacidad para distinguir el tratamiento a manifestantes pacíficos de aquellos violentos y vandálicos.
El informe incluye un conjunto de recomendaciones y fija un plazo de tres meses para evaluar su implementación. Destacamos solo tres: la necesidad de la supervisión civil sobre Carabineros, de un monitoreo independiente de su accionar y de una “capacitación de vanguardia sobre el uso de medios no violentos para la gestión de asambleas y tácticas de reducción de las hostilidades”.
No se trata, como pretenden los altos mandos de Carabineros, de hechos aislados, de conductas individuales explicables por la tensión, el cansancio o la violencia ejercida contra la policía por grupos violentistas minoritarios.
El informe de la ACNUDH ha venido a corroborar lo que el conjunto del país ha presenciado, y miles de chilenas y chilenos sufrido en carne propia, durante ya dos meses: un accionar policial que no respeta ni la dignidad ni los derechos de las personas. No se trata, como pretenden los altos mandos de Carabineros, de hechos aislados, de conductas individuales explicables por la tensión, el cansancio o la violencia ejercida contra la policía por grupos violentistas minoritarios. Se trata de la expresión de una cultura institucional que hace del abuso y la violencia innecesaria, e incluso del menosprecio del derecho y los propios protocolos internos, una práctica habitual, finalmente tolerada o justificada por las máximas autoridades. El conjunto de declaraciones del Director General minimizando, justificando e incluso amparando los abusos denunciados simplemente no son aceptables en un Estado de Derecho. El daño cívico y moral que le hacen a un país, que aún tiene memoria viva de la violación sistemática y planificada de los más elementales derechos humanos durante los 17 años de la dictadura cívico militar de Pinochet es muy profundo.
El conjunto de declaraciones del Director General minimizando, justificando e incluso amparando los abusos denunciados simplemente no son aceptables en un Estado de Derecho.
El Gobierno, a su vez, ha tenido una actitud débil. Si bien condena las violaciones a los derechos humanos y respalda los procesos judiciales, es incapaz frenar los excesos policiales y el Presidente reitera una y otra vez su respaldo a Carabineros, sin imponer su autoridad para condenar y detener los abusos.
el Presidente reitera una y otra vez su respaldo a Carabineros, sin imponer su autoridad para condenar y detener los abusos.
Se ensaña con los manifestantes pacíficos, que han sumado millones, y ha sido totalmente ineficaz en la prevención y la represión de la violencia que han desatado otros grupos
Pero no solo el país cuenta con una policía que abusa de los ciudadanos, sino que ha demostrado una particular incompetencia en su capacidad para resguardar el orden público. Se ensaña con los manifestantes pacíficos, que han sumado millones, y ha sido totalmente ineficaz en la prevención y la represión de la violencia que han desatado otros grupos -anarquistas, narcotraficantes, barras bravas, jóvenes marginalizados- que han vandalizado centros urbanos y barrios a lo largo del país, provocando un grave daño a la mayoría de la población trabajadora.
Urge una profunda reforma de Carabineros y una restructuración de las policías, así como del sistema de Inteligencia del Estado que también en esta crisis ha mostrado su extrema precariedad.
Urge una profunda reforma de Carabineros y una restructuración de las policías, así como del sistema de Inteligencia del Estado que también en esta crisis ha mostrado su extrema precariedad. Será una tarea ímproba. Lo urgente es garantizar que su comportamiento diario se ajuste a las normas de un Estado Democrático de Derecho y erradicar y sancionar las conductas abusivas y brutales. Ello es indispensable para recuperar una mínima confianza ciudadana. Pero simultáneamente será necesaria una profunda revisión de su subordinación efectiva a la autoridad civil, a su estructura, doctrina, formación y la redefinición de las competencias entre ambas policías (con la PDI). Un desafío similar, por su envergadura, al que el país enfrentó en 1927 cuando la fusión de la Policía Fiscal con el antiguo cuerpo militarizado de Carabineros dio origen a Carabineros de Chile.
Un desafío similar, por su envergadura, al que el país enfrentó en 1927 cuando la fusión de la Policía Fiscal con el antiguo cuerpo militarizado de Carabineros dio origen a Carabineros de Chile.
