Cincuenta años. Recuerdos del Comité Pro-Paz

540

Por Jaime Esponda^¥.

En el salón de actos transformado en dos oficinas de atención al público separadas por una mampara, las asistentes sociales reciben a los familiares de personas detenidas o desaparecidas, y tras el biombo, nosotros, los procuradores, repiqueteamos en las máquinas de escribir. A una oficina de la casa aledaña concurren trabajadores despedidos de la administración pública o de empresas intervenidas por el gobierno derrocado. En la calle, los agentes de la DINA disfrazados de barrenderos observaban a quienes entran y salen. Tal era el escenario de Santa Mónica 2338, en el centro poniente de la capital, la casa del Comité de Cooperación para la Paz en Chile[1].

Los “comparecientes”, así les llamábamos, eran en su mayoría madres, esposas o hermanas de detenidos cuyo paradero se desconocía o que, para alivio de todos, habían aparecido en un campamento de prisioneros, en cuyo caso nos contaban de las torturas a que habían sido sometidos. Además de las asistentes sociales y los abogados, había religiosos que ofrecían reuniones de acogida u oración[2]. Lo propio acontecería en la mayoría de las provincias, donde los obispos católicos habían creado oficinas de socorro.

Este oasis asombroso en un contexto de intimidación colectiva no habría sido posible sin la resolución del cardenal Raúl Silva Henríquez. Mientras algunos brindaban por el golpe y otros callaban, él se sintió interpelado por los cuerpos flotantes en los ríos Mapocho y Maipo; también, por las noticias que recibía sobre violentos allanamientos de poblaciones populares, personas asiladas en embajadas o que los curas y monjas debían refugiar, miles de encarcelados en improvisados campos de prisioneros y “consejos de guerra” constituidos por militares, que juzgaban a los “enemigos”, en muchos casos para sentenciar su muerte.

La Junta militar gobernaba mediante “bandos” que se imponían a la población bajo amenaza de “atenerse a las consecuencias”. Se había declarado un inusitado “estado de Guerra” en que solo existía una fuerza armada calificable de “beligerante”, infringiendo el Derecho de la Guerra[3]. Eran los días siguientes al tenso Te Deum que don Raúl debió celebrar ese 18 de septiembre, en presencia de los golpistas. Entonces, recordó su lema episcopal, La Caridad de Cristo nos Urge, y se puso en acción.

Aconsejado por sus vicarios, quiso que la respuesta fuese ecuménica, para lo cual convocó a los líderes de todas las iglesias cristianas y de la comunidad judía, con quienes se acordó crear dos instituciones: “una para ayudar a los extranjeros”, que sería el Comité Nacional de Ayuda a los Refugiados, “y otra a los chilenos”[4], que fue el Comité Pro-Paz, con fecha de creación 6 de octubre de 1973. Sus copresidentes fueron el obispo católico Fernando Ariztía y el luterano Helmut Frenz[5].

En esa época no había abogados de derechos humanos, lo cual explica que el grupo inicial del Comité proviniese del Poder Judicial, como el ex ministro de la Corte de Apelaciones Antonio Raveau; de entidades públicas, como Marcos Duffau y Hernán Montealegre, ambos exonerados de la Cancillería, y Jorge Molina Valdivieso, del Banco Central; de las iglesias, como Nibaldo Galleguillos y José Antonio Cancino, o bien del ejercicio particular, como Roberto Garretón y Fernando Guzmán[6].

Bajo la batuta de José Zalaquett, que había apoyado en una tarea similar al obispo de Puerto Montt, Jorge Hourton, ese primer equipo distribuyó el trabajo: un grupo a cargo de las defensas en los consejos de guerra y otro, principalmente Marcos Duffau y Roberto Garretón, en los alegatos de recursos de amparo[7]. Como había que atender a los comparecientes y redactar recursos de amparo y presentaciones administrativas, se contrató un grupo de egresados de derecho[8] y también un equipo de trabajadoras sociales. Ambos formaron una comunidad de trabajo cohesionada, en un esquema de escucha y acogida humana a las víctimas que fue señero en América Latina. Se encargó la formación del segundo equipo a la profesional de la Universidad Católica Daniela Sánchez a quien se adhirió pronto María Luisa Sepúlveda, de la PUCV[9]. A la par, se constituyó el equipo encargado de prestar apoyo jurídico de los trabajadores exonerados de la Administración Pública y de empresas privadas, encabezado por el abogado Benito Mauri[10]. Por cierto, destacaron secretarias de confianza que hacían honor al significado originario del término (“quien guarda el secreto)[11] y algunos choferes, que cumplían delicadas funciones de traslado de personas[12].

En la trama política del primer año del Comité destaca la asunción de Pinochet, sucesivamente, como “Jefe Supremo de la Nación” y “Presidente de la República”, ungido con la banda presidencial por el presidente de la Corte Suprema, Enrique Urrutia Manzano[13]. En el contexto jurídico sobresalen el decreto ley en virtud del cual “los decretos que puedan ser contrarios a alguna norma de la Constitución Política del Estado tendrán el efecto de modificarla”[14], con lo cual desapareció todo vestigio del Estado de Derecho, y el decreto ley N° 521 que contenía tres artículos secretos y “legalizaba” la DINA, que actuaba desde 1973.

Por cada detenido se presentaba recurso de amparo. Desde un comienzo fue claro que los tribunales habían abdicado de su facultad de hacer efectivo el habeas corpus: bastaba que el gobierno dijese que la persona estaba detenida en virtud del estado de sitio, o bien, que negase la detención, para que sin mayor investigación el recurso fuese denegado. Con ello, los tribunales de la época se hicieron cómplices del crimen de desaparición forzada que comenzábamos a entrever. Había quienes hablaban de “esos locos del Comité” que litigaban sabiéndose de antemano derrotados, “habitualmente con veinticinco o treinta recursos de amparo en tabla” y “alegatos simultáneos en las siete salas”[15]. Pero el equipo jurídico sabía que, junto con servir en algunos casos para salvar vidas, el recurso de amparo importaba mucho al compareciente como constancia de una denuncia oficial y, principalmente, que servía para ir formando un archivo histórico de información fidedigna, como quedaría demostrado en los informes de las comisiones Rettig y Valech.

Cuando el detenido cuyo paradero se desconocía era trasladado a un campo de prisioneros -v.g. Tres Alamos tras su etapa de incomunicación y “recuperación” en Cuatro Alamos– sus familiares sentían gran alivio. Sabían que su ser querido se había salvado de morir. Los testimonios de estos detenidos iban formando un mosaico de los recintos secretos de tortura de la DINA. De uno de ellos tuvimos conocimiento en enero de 1975, cuando el niño de doce años Alexis, hijo del conocido cineasta Alvaro Covacevic, concurrió al Comité a prestar declaración con su abuela, mientras su madre se encontraba prisionera en lugar desconocido, junto a la joven socialista Michelle Bachelet y su madre. Sentado frente a nuestra máquina de escribir, el niño declaró haber permanecido en ese lugar cinco días y que, aunque sus ojos estuvieron vendados casi todo el tiempo, en los pocos momentos en que pudo descubrirlos reconoció el recinto como aquella casa de Peñalolén en cuya remodelación había colaborado su padre y donde él lo había acompañado varias veces. “Era la misma casa, los mismos árboles, el mismo patio”[16], nos dijo. Era el cuartel Terranova de la Dina, que sería conocido como Villa Grimaldi.

Ante la denegación judicial del habeas corpus, se presentaron recursos de amparo colectivos[17] y, debido al incremento de los “detenidos desaparecidos”, con la aprobación del cardenal se realizaron presentaciones del Comité a la Corte Suprema, solicitando instrucciones generales para proteger los derechos humanos[18]. En octubre de 1974, de 2.500 recursos presentados, solo tres habían sido acogidos[19]. La respuesta del máximo tribunal fue lapidaria, declarando “improcedente acordar las instrucciones de carácter general que se solicitan en la presentación”[20]. También, fueron rechazadas de plano las primeras solicitudes de designación de un ministro en Visita para investigar la desaparición de 163 personas detenidas[21].

En los consejos de guerra, a los que se habían sumado nuevos abogados[22], incluso algunos de derecha, las dificultades no eran menores, pues solo se les permitía actuar en la etapa final de unos “juicios” en que se aplicaba sistemáticamente la tortura, para “ablandar” a los procesados. Con todo, los alegatos de esos profesionales, que combinaban la invocación de principios jurídicos con la sagacidad hermenéutica, dieron en algunos casos buenos resultados, salvando a los defendidos de la pena de muerte.

Un día de finales de junio de 1975, el equipo de calle Santa Mónica se enfrentó a la prueba más dura en su relación con los familiares de las víctimas. El grito desgarrador de Yolanda Pinto, cuando leímos el nombre de su hijo Martín Elgueta, estremeció los muros de Santa Mónica y fue seguido por un silencio angustioso. Martín era uno de los 119 militantes del MIR detenidos y desaparecidos que los diarios de la cadena El Mercurio y La Tercera incluyeron en la reproducción de la falsa noticia que los mostraba “matándose entre ellos”[23]. Cada nuevo nombre era como un disparo al corazón de esas madres y esposas. Nos miraban con ojos acusadores, pero transcurrida la indeseada ceremonia se unieron con nosotros, en un recogimiento fraterno[24].

Desde su constitución, el Comité Pro-Paz fue objeto de una enconada campaña de desprestigio orquestada por el gobierno, con participación de la prensa. En mayo de 1974, a raíz de la filtración y publicación, en el diario mexicano Excelsior, de un informe reservado del Comité a la Conferencia Episcopal, se desataron ataques de prensa, acusando de “traición a la Patria” a los responsables del Comité, en particular, al obispo Ariztía y el sacerdote Fernando Salas, quien posteriormente fue reemplazado por el presbítero Cristián Precht.

Ese mismo mes, el prisionero Jaime Zamora, conducido hasta calle Santa Mónica por agentes de la DINA para que reconociese a determinadas personas, protagonizó una cinematográfica evasión, siendo acogido en la casa colindante, donde operaba un programa del Comité. La DINA rodeó el lugar, amenazando con un allanamiento. Cuando el coronel Contreras Sepúlveda exigió al cardenal la entrega de Zamora, el pastor respondió que lo haría gustoso una vez que se realizase al evadido un examen médico. El dibujo de la figura humana proporcionado por el doctor Alberto Lucchini mostró numerosos puntos en que Zamora había sido quemado con cigarrillos. El cardenal exclamó: “Cuando vi ese dibujo me dieron ganas de llorar: ¡cómo era posible que en nuestra patria de siempre se cometiera tanta maldad contra él hombre!”[25]. Mediando gestiones de la Iglesia, Jaime Zamora fue exiliado.

A fines de 1975 comenzaron a practicarse detenciones de trabajadores del Comité. La primera fue Betty Walker, asistente social que permaneció cuatro días desaparecida, a la que se acusó de “portar formularios confeccionados por el Comité Pro-Paz” (sic.)[26], por lo que permaneció dieciséis días incomunicada. También fueron detenidos los funcionarios Francisco Ruiz y Jessica Ulloa, y la secretaria Georgina Ocaranza.

Luego, en vísperas del día de la Inmaculada Concepción, se divulgó la denuncia del gobierno de que ese 8 de diciembre se produciría un “estallido (..) con la participación de elementos” del Comité[27], lo que obligó a la Iglesia a suspender las ceremonias. Se inició también una campaña violenta con el objeto de dividir a las iglesias, en particular contra el obispo luterano Helmut Frenz, y aprovechando una ausencia temporal del país de éste, se prohibió su entrada al territorio nacional. Esta operación pareció lograr mayor éxito cuando la iglesia ortodoxa, anunció su retiro del Comité[28].  

En los mismos días, hubo detenciones que afectaron directamente a sacerdotes católicos, como ocurrió con Rafael Maroto y Gerardo Whelan Csc. junto a la doctora Sheila Cassidy, a raíz de su protección a perseguidos por la DINA, a quienes asilaron en la Nunciatura y la embajada de Costa Rica.  También fueron apresados los sacerdotes colaboradores del Comité Patricio Gajardo y Daniel Panchot csc., y expulsada del país la religiosa María de los Ángeles Marimón.

Finalmente, el 11 de noviembre de 1975, Pinochet pide directamente al Cardenal cerrar el Comité, argumentando que “es un medio del cual se valen los marxistas-leninistas para crear problemas que alteran la tranquilidad ciudadana y la necesaria quietud”[29]. Es inolvidable la reunión en que se nos informó del cierre del Comité, cargada de una inquietante emoción, con la presencia de José Zalaquet y Marcos Duffau, quienes, lo sabíamos, serían arrestados e incomunicados en el campamento de Cuatro Alamos.

El Comité, antecesor de la Vicaría de la Solidaridad, fue cerrado, pero nunca sería olvidado por los seis mil prisioneros políticos a los que socorrió y los más de siete mil trabajadores despedidos que apoyó, ni por los treinta mil niños que almorzaban en los comedores populares que promovió, ni por las sesenta y cinco mil personas que fueron atendidas por sus médicos[30]. Por lo mismo, los Obispos de Chile, reunidos en Punta de Tralca, el 22 de diciembre de 1975, escribieron a los trabajadores del Comité: “Su obra ha sido para el país entero un testimonio de solidaridad humana y ha contribuido a la reconciliación del pueblo chileno y al restablecimiento de la paz fundada en el respeto”[31].

---

[1] En lo que sigue, “el Comité Pro-Paz” o “el Comité”.

[2] Se integraron para prestar apoyo espiritual pero, principalmente, a las tareas de socorro a los perseguidos, entre otras, las hermanas Marie Denisse, María de los Ángeles Marimón, Blanca Rengifo, y los sacerdotes Michel Bourguignat, Patricio Cariola, Daniel Panchot, Juan Zerón, etc.

[3] Convenios de Ginebra, de 1949, y sus Protocolos adicionales.

[4] Fernando Salas sj, en Hau, Boris, La defensa de los Derechos Humanos del Departamento Jurídico del Comité Pro-Paz y de la Vicaría de la Solidaridad, Universidad Alberto Hurtado, 2006,209 pp. http://repositorio.uahurtado.cl/handle/11242/5603, p.24.

[5] También tuvo un papel destacado el pastor de la Iglesia Metodista de Chile, Prb. Tomás Stevens.

[6] Intervención de Álvaro Varela en funeral de Marcos Duffau, 30.12.2017

[7] Duffau y Garretón son los abogados que más recursos de amparo han alegado en la historia Chile.

[8] Salvo Alvaro Varela, el equipo inicial estuvo formado por mujeres, entre ellas: Verónica Matus, Susana Gaete, Patricia Pinto y Gloria Torres. También Gustavo Villalobos, a cargo de la coordinación con provincias. Luego se incorporaron Sergio Concha, sacerdote y abogado, Sergio Corvalán, Jaime Esponda, Rolando Ramírez, Claudio Torres y Héctor Contreras.

[9] Otras de las primeras asistentes sociales fueron Victoria Baeza, Gloria Cruz, Ángela Jofré, Gloria Lepé, Ana María Medioli, Carmen Montecinos, Ninfa Pérez, Norma Muñoz, Hilda Sotomayor, Ximena Taibo, etc.

[10] Integraron el equipo Diego Corvera, Jorge Donoso, Fernando Echeverria, Eduardo Loyola, Rafael Carvallo  y otros.

[11] De las primeras secretarias del Comité, recordamos a Ilona del Canto, Patricia Conejeros, Juanita Guerra, Cristina Manterola, María Teresa Muñoz, Luisa Toledo, Sandra Ulloa, Pilar Videla.

[12] Destacaron como choferes, en esa primera hora, José Manuel Parada Maluenda y Ricardo Tirado.

[13] 27 de junio y 16 de diciembre de 1974, respectivamente.

[14] Decreto Ley N°788, de 04.12.1974.

[15] Declaraciones de Alvaro Varela, en Hau, Boris, op.cit. p.35

[16] Recurso de Amparo en favor de Virginia Adriana Del Río Lagarrigue.

[17] 29.03.1974, primer recurso colectivo, por 131 personas arrestadas y desaparecidas

[18] Presentación Comité Pro-Paz ante la Corte Suprema, 31.07.1974

[19] Hau, Boris, op.cit.

[20] Respuesta de la C. Suprema a presentación del Comité a su presidente, José María Eyzaguirre (19.05.1975)

[21] Solicitudes de 28.05.1975 y 04.07.1975

[22] V.g. Andrés Aylwin, Lautaro Campusano, Sergio Fernández Farías, Rolando Gaete, Gastón Harrison, Carlos Künsemüller, Jaime Lazo, Fabiola Letelier, Eduardo Melo, Jorge Mera, Héctor Paúl, Graciela Rafart, Jorge Sellán, Héctor Valenzuela, etc.

[23] La fuente de esta información falsa, montada por la DINA y conocida después como Operación Colombo, eran dos medios inexistentes de Argentina y Brasil. “Se matan como ratas”, tituló La Segunda.

[24] En este caso, la C. Suprema también denegó designar un ministro en Visita. Presentación de 01.08.1975.

[25] Cavallo, A. ed. Memorias del Cardenal Raúl Silva Henríquez. Santiago. Ed. Copygraph, 1991. Tomo III, p. 60.

[26] El Mercurio, 11 de noviembre de 1975.

[27] Dirección de Informaciones del Gobierno 04-12.1975.

[28] Alvaro Varela, exposición en la Universidad Miguel de Cervantes. (421) La Vicaria de la Solidaridad, la defensa de la libertad y los DDHH. Alvaro Varela – YouTube Visto el 31.07.2023.

[29]  Cavallo, Ascanio ed., Tomo III, p.74.

[30] Comité Pro-Paz, 2 años de labor, p. 21.

[31] Conferencia Episcopal de Chile, 22.12.1975.

---

^¥ Jaime Esponda – Fue procurador del Comité de Cooperación para la Paz en Chile y abogado interno de la Vicaría de la Solidaridad.