Iván Duque, al igual que su mentor, el ex Presidente Uribe, fue un crítico de las negociaciones de Paz con las FARC. Durante la pasada campaña presidencial prometió revisar los términos del acuerdo, especialmente en lo referido a la llamada “justicia transicional”, que concede una relativa impunidad a los llamados “crímenes de guerra”, tanto para los guerrilleros como para los paramilitares y el propio Ejército, que combatieron a la guerrilla.
Lo mismo aplica para las inacabadas negociaciones de paz entre el anterior gobierno de Juan Manuel Santos y el Ejercito de Liberación Nacional, de origen cristiano e inspiración “guevarista”, que siendo bastante más pequeña que las FARC (se calcula que hoy no superan los mil quinientos efectivos), han sido más que renuentes a aceptar los términos y condiciones en que se firmara la paz con las FARC, negándose a deponer la violencia, no obstante la tregua que ofrecieran durante las festividades de fin de año.
La tregua terminó y el ELN se adjudicó el violento atentado el pasado 25 de diciembre en la Academia de Policía de Bogotá que costó la vida a una veintena de personas. Aquello bastó para que el gobierno colombiano diera por abortada las conversaciones de paz que se desarrollaban en Cuba, como país garante, exigiéndole al gobierno de la isla la entrega de la delegación de representantes del ELN que participaba en las negociaciones, sindicándolos como responsables de actos terroristas.
El nuevo gobierno de Duque se ha negado sistemáticamente a retomar las negociaciones de paz mientras el ELN no depusiera todo acto de violencia, desconociendo los protocolos suscritos al respecto por el gobierno anterior.
La tregua terminó y el ELN se adjudicó el violento atentado el pasado 25 de diciembre en la Academia de Policía de Bogotá que costó la vida a una veintena de personas. Aquello bastó para que el gobierno colombiano diera por abortada las conversaciones de paz que se desarrollaban en Cuba, como país garante, exigiéndole al gobierno de la isla la entrega de la delegación de representantes del ELN que participaba en las negociaciones, sindicándolos como responsables de actos terroristas. A la vez, demandó al gobierno venezolano, con el que mantiene tensas relaciones, que entregara a los líderes guerrilleros que encontraban asilo en ese país y desde donde digitarían sus incursiones a Colombia.
Adicionalmente el gobierno de Duque ha convocado a autoridades civiles y militares para coordinar un plan de represalias a los efectivos del ELN, no descartándose bombardeos aéreos e incursiones militares a las zonas controladas por la guerrilla, que no tan sólo puede generar un nuevo espiral de violencia en el país, con enfrentamientos, atentados y secuestros que se creían superados por el proceso de paz, sino una reactivación de grupos guerrilleros disidentes o desencantados del mismo proceso.
Es necesario recordar que hasta el momento las FARC, devenidas en partido político tras deponer las armas, han cumplido escrupulosamente los acuerdos de paz, pese a los muy malos resultados en su debut electoral, el retorno del uribismo al poder, la elección de Iván Duque como Presidente y Álvaro Uribe como senador con la primera mayoría nacional.
Es necesario recordar que hasta el momento las FARC, devenidas en partido político tras deponer las armas, han cumplido escrupulosamente los acuerdos de paz, pese a los muy malos resultados en su debut electoral, el retorno del uribismo al poder, la elección de Iván Duque como Presidente y Álvaro Uribe como senador con la primera mayoría nacional.
Pero como todo proceso de paz, este ha sido lento y dificultoso. Con grupos disidentes, que se han negado a deponer las armas y aceptar los términos de los acuerdos, Con extremas dificultades de reinserción social, como laboral para los ex combatientes (sin referirnos a su compleja reinserción política) y dudas acerca de la llamada justicia transicional, que podría implicar que los líderes de las FARC sean enjuiciados por la justicia ordinaria, sin sujeción a la transicional.
Las tensiones con Venezuela y la propuesta de Iván Duque de reemplazar a UNASUR por PROSUR
El proceso de paz tiene un carácter irreversible, solía afirmar con convicción el ex Presidente Santos. Sin embargo, el reciente atentado de carácter terrorista, como lo ha definido Naciones Unidas, no tan sólo pudiera implicar un resurgimiento de la violencia y la verdadera guerra civil que Colombia ha padecido durante los últimos cincuenta años, sino un incremento de las tensiones con el gobierno de Nicolás Maduro, del cual Duque ha sido uno de sus principales críticos.
En buena medida porque ha sido el país más afectado por la masiva emigración venezolana (se calcula que más de un millón de venezolanos viven hoy en Colombia) y más específicamente porque Maduro reiteradamente ha denunciado al gobierno colombiano de participar en una conjura, en complicidad con el Departamento de Estado norteamericano y más recientemente con el nuevo gobierno brasileño, para agredir a su país y desestabilizar su gobierno.
El gobierno de Iván Duque resolvió integrarse al grupo de países en la región que ha impulsado medidas diplomáticas para aislar y presionar a Nicolás Maduro para dejar el poder y entregarlo a la Asamblea Constituyente.
Incluso está proponiendo sustituir a UNASUR, prácticamente desahuciada por los países que integran el llamado Grupo de Lima, por una nueva organización subregional: PROSUR, que debiera aglutinar a los trece países que componen dicho grupo en la defensa de los derechos humanos, la democracia y el libre mercado.
Una agrupación de claro contenido ideológico, parecida a la que en algún momento imaginara Alan García al proponer la Alianza del Pacífico, que intentó agrupar a países del área Pacífico, que compartieran similares modelos de desarrollo, para buscar la cooperación e integración subregional, aunque sin las proyecciones políticas que propone Iván Duque con su iniciativa.
En buena medida porque ha sido el país más afectado por la masiva emigración venezolana (se calcula que más de un millón de venezolanos viven hoy en Colombia) y más específicamente porque Maduro reiteradamente ha denunciado al gobierno colombiano de participar en una conjura, en complicidad con el Departamento de Estado norteamericano y más recientemente con el nuevo gobierno brasileño, para agredir a su país y desestabilizar su gobierno.
Trascendidos de prensa insinúan que esta iniciativa habría sido conversada con distintos gobiernos de la región y contaría con el apoyo del canciller Roberto Ampuero, aún cuando el gobierno chileno no ha entregado señal alguna al respecto.
La verdad es que los países que integran el llamado grupo de Lima, con la clara excepción de México, han resuelto desconocer la legitimidad del nuevo mandato de Nicolás Maduro, reconociendo como única autoridad legítima a la Asamblea Nacional, presidida por Guadió, sin descartar su reconocimiento como Presidente provisional, en caso de que tome la decisión de asumir dicha cargo, tal como lo establece la actual Constitución (¿aún en el exilio?).
El Presidente Sebastián Piñera ha hecho un gesto en tal sentido al no invitar al actual embajador venezolano en nuestro país a una ceremonia oficial con el cuerpo diplomático. El paso siguiente sería desconocer a los embajadores del gobierno de Nicolás Maduro a la espera que asuma un gobierno provisional que nombre sus propios representantes diplomáticos.
Ello podría no trascender del ámbito meramente simbólico pero traería obvias consecuencias en el terreno político y diplomático, marcando una clara injerencia de algunos países en los asuntos internos de Venezuela y un brusco retorno a los alineamientos ideológicos en la región.
Una decisión más que compleja para una política de Estado que debe representar al conjunto del país. Y muy riesgosa para la región. Hoy se trata de Venezuela. ¿Mañana podría ser Cuba, Nicaragua o Bolivia?
