Fue un buen discurso. En forma y fondo. Como todo mensaje de inicio de mandato, estuvo mas centrado en desplegar una agenda, organizada en torno a cinco ejes (Derechos sociales, mejor democracia, justicia y seguridad, crecimiento inclusivo y medio ambiente), que a dar cuenta de lo obrado en los casi tres meses de mandato, aunque destacando el histórico reajuste del salario mínimo y las medidas adoptadas para paliar la inflación, con un nuevo subsidio a los combustibles, el congelamiento de las tarifas del transporte público y la baja de la parafina.
El presidente no eludió ningún tema de la contingencia, aunque el mensaje no se centrara necesariamente en ella. Aludió a la pandemia y el nuevo rebrote de contagios, la situación en la Araucanía, la crisis migratoria, la violencia, el crimen organizado y la proliferación de armas en poder de civiles, recalcando su compromiso de mantener el orden y la seguridad pública, sin renunciar a ningún mecanismo que le entrega la constitución y las leyes.
El mensaje contiene buenas noticias para los trabajadores, las mujeres, la diversidad sexual, la infancia, los adultos mayores, los discapacitados, las víctimas de violaciones a los derechos humanos, los estudiantes y profesores, los trabajadores de la cultura, los deudores del CAE, las regiones y zonas extremas, el medio ambiente y más en general, para el conjunto del país, que tiene la oportunidad de dar un salto hacia al desarrollo. Cabe destacar el optimismo mostrado por el presidente sobre el futuro. Si lo hacemos bien, como se preocupó de remarcar. Un punto importante en un escenario marcado por el pesimismo reinante.
En su mensaje anunció importantes iniciativas legislativas. En especial la reforma tributaria, de la cual depende buena parte del cumplimiento de su programa. La reforma del sistema previsional, la reforma a la salud, reducción de la jornada laboral a 40 horas, la creación del ministerio de seguridad pública, aún pendiente de la aprobación del parlamento y el ministerio de asuntos indígenas, además de otras iniciativas legislativas en materia de descentralización, probidad y otras.
Sin lugar a dudas fue un mensaje contundente, que se hace cargo de las principales preocupaciones de la ciudadanía y reafirma su compromiso de avanzar en el cumplimiento del programa de gobierno ofrecido al país.
Reiterando su llamado al diálogo y la cooperación, el presidente llamó a cuidar la democracia, destacando el proceso constituyente en curso para tener más y mejor democracia.
En verdad, escuchando el discurso presidencial, parece más que evidente que el país, al igual que el resto del mundo, enfrenta grandes problemas y desafíos, que tan sólo será posible enfrentar con mayor unidad, dialogo y construcción de consensos. La lista de tareas detalladas por el presidente para los próximos cuatro años es muy nutrida y los recursos necesarios para enfrentarlas son cuantiosos. No tan sólo se requiere de un nuevo pacto tributario, sino también un nuevo pacto social en torno a los cinco ejes en este primer mensaje. Es de esperar que su llamado encuentre acogida no tan sólo en el mundo político, de gobierno y oposición, sino en la sociedad.
¿Rechazar para reformar? una propuesta indecente
El senador Javier Macaya, a nombre de la UDI, formuló una “propuesta indecente”, de manera pública y privada. Públicamente reconoció que su sector se opuso a los cambios de actual constitución, apoyando de manera tan sólo parcial las propuestas formuladas por el expresidente Lagos y oponiéndose tenazmente a la de nueva constitución elaborada durante el segundo mandato de Michelle Bachelet, Y que ello había constituido un error, que hoy estaban disponibles para rectificar.
Desde luego no para respaldar la propuesta de nueva constitución elaborada por la convención constituyente que, en su visión es una propuesta partisana, un programa de gobierno a la medida de la izquierda, que divide al país. Es “abortista”. No reúne los mínimos estándares democráticos. Atenta en contra la unida e integridad de la nación. ¿Para qué más?
Están disponibles para apoyar un nuevo texto constitucional a partir del rechazo de la propuesta de nueva constitución redactada por la convención constituyente. La base puede ser la propuesta del gobierno de Bachelet. Una comisión de “expertos” que redacte una nueva propuesta, que sería sometida a plebiscito. O el parlamento. Casi cualquier fórmula, en donde la derecha tenga real incidencia.
Es la versión agiornada de la tercera vía que, desgraciadamente para sus intereses, no figura como opción válida en el plebiscito. Necesariamente debe pasar por el rechazo a la propuesta de nueva constitución que entregue la convención el próximo mes de julio.
La propuesta no deja de ser atractiva para todos aquellos que tienen dudas o reparos a la propuesta que emana de la convención. “Rechazar para reformar” es la consigna, en abierta oposición a los partidarios de aprobar para reformar. Sobre todo, si se aprueba la idea de que la nueva constitución no pueda reformarse hasta el año 2026 sin un quórum de dos tercios, como proponen algunos de los colectivos representados en la convención.
En especial para los autodenominados “amarillos” que se han sumado militantemente al rechazo. Y para un sector importante de la Democracia Cristiana, incluidos aquellos parlamentarios, como Matías Walker, que no dudan en afirmar que lo que está saliendo de la convención “atenta contra los principios democráticos más básicos”.
Todo apunta a que el rechazo a la propuesta de nueva constitución logrará aglutinar a un amplio espectro político. Desde los republicanos liderados por José Antonio Kast, hasta sectores de la ex Concertación, incluidos sectores de la DC, el PRSD e incluso ex socialistas y PPD. Y, por cierto, al conjunto de Chile Vamos, que no aspira a liderar el movimiento por el rechazo sino delegar esa tarea en los sectores “independientes”, bajo la contradictoria consigna del “rechazar para reformar”.
Tal como lo reconociera el propio Macaya, no hay buenas razones para confiar en la real voluntad de cambios y reformas que hoy promete la derecha. La misma que defendió con dientes y muelas la constitución de 1980, incluidos el sistema binominal, los senadores designados y los enclaves autoritarios. Que apoyó tan sólo parcialmente las reformas constitucionales impulsadas por el gobierno de Ricardo Lagos y que se opuso a la propuesta de nueva constitución elaborada en el gobierno de Michelle Bachelet.
Imposibilitados de propiciar públicamente mantener la actual constitución, que ellos mismos (no Sebastián Piñera), contribuyeron a sepultar con el acuerdo del 15 de noviembre y que fuera refrendada con un plebiscito en donde la aprobación del proceso constituyente bordeó el 80 %. se conforman con una nueva constitución en donde puedan ejercer su derecho a veto. Una constitución más moderada, repiten. Con mayores contrapesos, clara separación e independencia de los poderes públicos, menos “indigenismo”, con mayor protección a la propiedad privada, el libre mercado y el emprendimiento. No al aborto “libre”. Todo lo posible, con tal de rechazar. Aún, aceptando la definición del Estado de Chile como un estado social y democrático de derechos.
Aprobar para avanzar
No son pocos los sectores que piensan que el rechazo se impondrá en el plebiscito del 4 de septiembre. Lo dicen casi todas las siempre cuestionables encuestas. Lo repiten majaderamente los analistas y medios de comunicación. Lo afirman los dirigentes del rechazo y lo analizan con algún temor los partidarios del apruebo.
La última encuesta dada a conocer por CADEM indica que tan sólo un 11 % de los encuestados votaría a favor de la propuesta emanada de la convención, cualquiera sea su tenor, en tanto que un porcentaje mayor afirma que votaría por aprobar para reformar, mientras que el rechazo concentra las opiniones mayoritarias, con la idea de rechazar para reformar.
Pero aceptando el lugar común de que las encuestas son fotografías de un momento, se agregan sus grandes equivocaciones históricas. Sobran pruebas al canto. El plebiscito de salida aún no está jugado. La campaña por el apruebo aún no se ha iniciado y todo apunta a que no se decidirá en base a las opiniones de los partidos sino de los ciudadanos, que mayoritariamente aprobaron el proceso constituyente y que aspiran a que el país tenga una nueva constitución, redactada en democracia, una nueva distribución del poder, con mayor poder de las regiones, igualdad de género, mayores derechos garantizados y reconocimiento de las etnias originarias y sus derechos ancestrales.
Son muchas y buenas razones para aprobar la propuesta de nueva constitución, aún cuando se pudiera discrepar de algunas normas, que siempre se pueden perfeccionar, sin intentar poner cerrojos. Y muy débiles y poco sólidas las razones para el rechazo, como no sea la defensa de intereses particulares y dudas más que razonables acerca de una voluntad reformadora. Sin medir las consecuencias políticas y sociales que ello tendría para el país.
Es difícil imaginar que se pueda constituir un comando único del apruebo, que integre no tan sólo a los partidos progresistas (no tan sólo a las coaliciones oficialistas), sino también a las organizaciones sociales, como la CUT, colegios profesionales, organizaciones culturales, el movimiento feminista, las regiones, la diversidad sexual, organizaciones vecinales, Pymes y otros.
Pero todo apunta a la necesidad de unificar un discurso que no tan sólo enfrente la campaña del terror desatada por la derecha y los infundios respecto de la propuesta de nueva constitución sino, muy principalmente, a destacar los méritos y avances de la propuesta de nueva constitución, la gradualidad en su implementación y la idea de que la nueva constitución no es punto de llegada sino de partida para un nuevo ciclo político como el que se inaugura con la elección de Gabriel Boric como presidente.
Hagamos historia
Es el nombre de la campaña de difusión iniciada por el gobierno para esclarecer lo que realmente se dirime en el plebiscito del próximo 4 de septiembre, incluyendo la propuesta de nueva constitución, sus reales alcances, las verdaderas opciones en torno a su aprobación y rechazo, la obligatoriedad del voto, los nuevos lugares de votación y las facilidades para participar en este proceso.
Lejos de constituir una intervención indebida, como ha denunciado la derecha, la campaña apunta a una participación informada de la ciudadanía acerca de los verdaderos alcances de la propuesta de nueva constitución, las reales opciones entre las cuales los ciudadanos y ciudadanas deben decidir y la forma de participación.
Pero, en verdad, el nombre de la campaña apela a una invitación o convocatoria que va mucho más allá. A la idea que podemos escribir un nuevo capitulo de nuestra historia, con una constitución redactada en democracia, con 154 representantes elegidos democráticamente, de manera paritaria, con representación de nuestras etnias originarias y propuestas aprobadas por mas de dos tercios de los convencionales.
