Por Eugenio Rivera
Fundación Chile 21
Casi tres meses después de que apareciera el primer caso de Coronavirus, el lunes 18 de mayo se detectaron en Chile en un día más de 3500 casos de contagio, cifra mayor al total de casos acumulados al 14 de abril. Al mismo tiempo, por primera vez en meses tuvieron lugar protestas en varias comunas del país. La política gubernamental que está priorizando la contención del gasto público por encima de la protección de las personas y pequeñas y microempresas, genera un inmenso deterioro de las condiciones de vida lo que se suma a los problemas que había generado el estallido social. En este contexto, aparece la idea de establecer un pacto social como vía a la superación de la crisis. La obcecada política gubernamental hace difícil cualquier iniciativa de esta naturaleza.
La obcecada política gubernamental hace difícil cualquier iniciativa de esta naturaleza.
La propuesta de un pacto social.
El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, propuso la idea de un Acuerdo Nacional en momentos en que – pese a los anuncios gubernamentales de que la curva de contagio y fallecidos se aplanaba, debiendo iniciarse “un retorno seguro” y que personeros de derecha sostenían que el paro económico era más peligroso que la pandemia – el número de contagios y de fallecidos se aceleraba de manera inusitada. En ese contexto, Mario Desbordes y José Miguel Insulza dieron a conocer un documento bajo el título “Los contenidos de un Acuerdo Nacional” que releva la existencia de divisiones que afectan el presente y futuro de la convivencia nacional y la necesidad de superarlas para abordar la crisis sanitaria y social para luego reconstruir la economía. Para ello se requiere un acuerdo nacional en el que participen no sólo los actores políticos, sino que también gremios, sindicatos, empresas y organizaciones sociales. Se requiere además “salir de nuestras trincheras” para alcanzar acuerdos concretos.
El concepto de pacto social tiene una larga trayectoria en el pensamiento filosófico y político. En su gestación aparecen los nombres de Hobbes, Locke, Kant y Rousseau, entre otros. En general se concibe como un acto de deliberación que tiene como objeto establecer la paz entre las personas. En Chile el tema planteó un amplio debate en la década de los 80 en el contexto de la búsqueda de una salida a la dictadura. En el 2011, en el contexto de las movilizaciones estudiantiles, medioambientales y regionalistas volvió aparecer la idea de impulsar un pacto social que diera respuesta al amplio descontento con el modelo económico y social. El estallido social del 18.O volvió a poner en la agenda política la idea de la construcción de un pacto social para superar la crisis. Tema central era la irritación generalizada frente a la grave y multifacética desigualdad que afectaba al país. Los temas puestos sobre la mesa tenían que ver con la demanda por terminar con el sistema de AFPs; avanzar hacia una educación igualitaria y de calidad, cambiar la legislación laboral y terminar con las inequidades y deficiencias del sistema de Salud. En suma, una demanda por transitar desde una política social estructurada sobre la mercantilización de los servicios sociales hacia un sistema basado en derechos universales. Las masivas movilizaciones y la situación de ingobernabilidad se tradujeron en el acuerdo del 15 de noviembre, que permitió iniciar un proceso para elaborar, por primera vez, una Constitución de origen plenamente democrático. También en la aceptación por parte del Gobierno y del mundo empresarial de que se hacía necesario impulsar políticas que contribuyeran a mejorar las pensiones (introduciendo un aporte empresarial de 6% y diversas medidas tendientes a generar mecanismos de solidaridad) aumentar la inversión en salud, aliviar la carga del endeudamiento estudiantil e incrementar la carga tributaria de los más ricos, para financiar la mayor demanda de bienes públicos.
El concepto de pacto social tiene una larga trayectoria en el pensamiento filosófico y político.
En suma, una demanda por transitar desde una política social estructurada sobre la mercantilización de los servicios sociales hacia un sistema basado en derechos universales.
La irrupción de la pandemia ha sido utilizada por el Gobierno y sectores de la derecha para cuestionar el proceso constituyente y revertir las medidas abordadas inicialmente. Es así como han surgido una serie de propuestas para postergar el plebiscito constitucional por razones no solo sanitarias sino que también económicas ( propuestas que los propios personeros de derecha que apoyan la idea de elaborar una nueva Constitución, interpretan como mecanismos tendientes a impedir el proceso constituyente) y declaraciones que ponen en duda la oportunidad de introducir la contribución empresarial al sistema de pensiones y sostienen que hay que olvidarse de la reforma tributaria por muchos años.
La irrupción de la pandemia ha sido utilizada por el Gobierno y sectores de la derecha para cuestionar el proceso constituyente y revertir las medidas abordadas inicialmente.
¿Es posible un pacto social en el Chile de hoy?
Del mismo modo que el Acuerdo del 15 de noviembre fue impulsado, en la derecha, por Mario Desbordes y otros personeros (de Renovación Nacional y Evopolis) en contra de la opinión del Gobierno, de Andrés Allamand y de la UDI, la iniciativa actual surge a contrapelo de amplios sectores de la derecha. Resulta de la convicción en que la política gubernamental es el camino más seguro para provocar un nuevo estallido social.
la iniciativa actual surge a contrapelo de amplios sectores de la derecha.
En efecto, el primer obstáculo a un eventual pacto social o acuerdo nacional es la política que ha venido impulsando el gobierno. La más grave crisis que ha afectado al país desde 1982 está siendo enfrentada por el Gobierno con recursos menores que lo que se emplearon en la crisis financiera de 2008 – 2009. Más aún, se enfrenta la crisis con una política que hace recaer sus costos en los trabajadores informales e independientes más vulnerables y en las pequeñas y microempresas, al obligarlos a una situación de hambre. Obliga además a los trabajadores formales utilizar sus fondos del seguro de desempleo para enfrentar una crisis para la cual esos recursos no estaban pensados. Se trata de una política que prioriza la contención del déficit fiscal y el endeudamiento público por sobre la protección de la vida de las personas y del objetivo de garantizar que las pequeñas empresas sobrevivan hasta el final de la crisis sanitaria. Es así como destina a la sustitución de ingresos US$ 2000 millones (de los cuales sólo ha gastado US$ 170 millones para el bono Covid 19 de $ 50 mil) que equivalen a 0,7% del PIB los cuales son en buena medida financiados con recortes al presupuesto público en especial con recortes a la inversión pública y a la entrega de subsidios habitacionales que, además, dificultarán la recuperación económica. La aprobación de una renta de emergencia ha sido tardía, va reduciéndose en el segundo y tercer mes y no representaría sino recursos por US$ 830 millones. Esta política no solo genera hambre en la población, sino que prolonga la crisis sanitaria (pues las personas no pueden vivir sin ingreso y se ven obligados a hacer caso omiso de la cuarentena) y crea las condiciones para un nuevo estallido social.
En efecto, el primer obstáculo a un eventual pacto social o acuerdo nacional es la política que ha venido impulsando el gobierno.
hace recaer sus costos en los trabajadores informales e independientes más vulnerables y en las pequeñas y microempresas, al obligarlos a una situación de hambre.
Se trata de una política que prioriza la contención del déficit fiscal y el endeudamiento público por sobre la protección de la vida de las personas y del objetivo de garantizar que las pequeñas empresas sobrevivan hasta el final de la crisis sanitaria.
que equivalen a 0,7% del PIB los cuales son en buena medida financiados con recortes al presupuesto público en especial con recortes a la inversión pública y a la entrega de subsidios habitacionales que, además, dificultarán la recuperación económica.
Esta política no solo genera hambre en la población, sino que prolonga la crisis sanitaria (pues las personas no pueden vivir sin ingreso y se ven obligados a hacer caso omiso de la cuarentena) y crea las condiciones para un nuevo estallido social.
Un segundo obstáculo es la falta de comprensión por parte de sectores mayoritarios del gobierno del origen y causa de las protestas que empiezan a tener lugar en varias comunas del país. Para la senadora Van Rysselberghe detrás de las protestas hay “manipulación política” mientras que el presidente de Evópoli (cuyos militantes hoy ocupan ministerios claves del gobierno) aunque reconoce que es una señal de que vienen tiempos complejos, enfatiza que se genera un espacio para que “algunos se aprovechen políticamente de la pandemia”. No hay ni una sola mención respecto de que la política gubernamental es absolutamente insuficiente, en circunstancias que Chile se encuentra entre los países que tienen mejores condiciones fiscales para hacer posible que los costos de la crisis no caigan sobre los sectores vulnerables.
la falta de comprensión por parte de sectores mayoritarios del gobierno del origen y causa de las protestas que empiezan a tener lugar en varias comunas del país.
Chile se encuentra entre los países que tienen mejores condiciones fiscales para hacer posible que los costos de la crisis no caigan sobre los sectores vulnerables.
Un tercer obstáculo es político. El texto de la declaración de Desbordes e Insulza parte poniendo como eventos negativos el estallido social y la pandemia sin ni siquiera mencionar la importancia del estallido para abrir el sendero que permitirá luego de 40 años una constitución democráticamente elaborada. Se desdibuja la importancia del estallido como un llamado de alerta, de que tal como estaban las cosas, íbamos por un mal camino. Se trata de un diagnóstico que no pueden compartir ni el Frente Amplio, ni la Unidad Social para el Cambio, tampoco importantes sectores del PS y en consecuencia dificultan cualquier acuerdo. La declaración no recoge las críticas generalizadas de la oposición política y social respecto de la política gubernamental. El problema principal es que el documento no establece las condiciones mínimas para lograr un acuerdo, sino que se queda en menciones genéricas como compromiso con la democracia, que el origen de la crisis está en la desigualdad, compromiso con el crecimiento, los DDHH, el orden público, el medio ambiente la igualdad de género etc. Nada respecto de las características que debería tener el esfuerzo por asegurar que los costos de la crisis no caigan sobre los más vulnerables, ni sobre el esfuerzo fiscal necesario para impulsar la reactivación económica luego de la crisis. Más allá de señalar, al pasar, que el acuerdo no debería incluir solo actores políticos, no hay una reflexión de cómo se puede impulsar un acuerdo nacional en momentos en que la política tradicional está profundamente cuestionada y se carece de figuras de peso que puedan convocar a una iniciativa de este tipo.
Contenidos para un acuerdo nacional.
Para viabilizar un acuerdo de esta naturaleza, éste debería reafirmar el proceso constituyente, rechazando todos los intentos de ponerlo en cuestión. En lo sanitario, lo fundamental es instalar un comité nacional de crisis que incluya a los gobiernos regionales, las municipalidades, los expertos y la atención primaria de salud y las organizaciones de la sociedad civil. Indispensable es aprobar un ingreso de emergencia de $ 460 mil por familia de 4 personas consistente con la línea de pobreza por los meses que sea necesario. Es indispensable priorizar la rapidez en la entrega de estos recursos reduciendo los requisitos y trámites al mínimo. Para ello se deben utilizar todas las instituciones públicas con experiencia en la materia (Ministerio de Desarrollo Social, Subsecretaría de Seguridad Social, INDAP Municipalidades, Banco del Estado, etc). Un mecanismo posible de utilizar es que se anuncie el programa por todos los medios de comunicación y que las propias personas hagan llegar su solicitud y se entregue sin mayor trámite ni dilaciones. Crucial es terminar con la improvisación, los anuncios reiterados de las mismas medidas y la falta de preparación al ser anunciadas. También es fundamental terminar con ideas efectistas que ni siquiera son evaluadas en su pertinencia y eficacia. Este fue el caso del anunciado reparto de paquetes de alimentos. Es un mal sustituto de un ingreso de emergencia que sustituye los ingresos perdidos de las familias pues tiene menos problemas operativos. Presenta el problema adicional que excluye de su puesta en operación a los pequeños negocios que están sufriendo serios problemas de demanda (la distribución de los alimentos movilizará solo a los grandes supermercados).
aprobar un ingreso de emergencia de $ 460 mil por familia de 4 personas consistente con la línea de pobreza por los meses que sea necesario.
Es un mal sustituto de un ingreso de emergencia que sustituye los ingresos perdidos de las familias pues tiene menos problemas operativos. Presenta el problema adicional que excluye de su puesta en operación a los pequeños negocios que están sufriendo serios problemas de demanda (la distribución de los alimentos movilizará solo a los grandes supermercados).
Existe un claro consenso entre las personas y organizaciones vinculadas a las PYME que los recursos destinados a las empresas no están llegando con la celeridad y cobertura necesaria. Los bancos están haciendo llegar los recursos garantizados por el FOGAPE principalmente a sus clientes en problemas. Más aún, la gran mayoría de las pequeñas y microempresas están excluidas de los créditos garantizados por el FOGAPE pues están ya altamente endeudados y un gran número de ellos ha caído en morosidad. La única forma de solucionar su problema (además de activar su demanda por medio de la renta universal de emergencia a la que ya se aludía) son subsidios a su actividad. Para ello el gobierno debe destinar recursos significativos y distribuirlos a través de las instituciones públicas especializadas (Banco del Estado, Corfo, Sercotec, municipalidades etc).
Existe un claro consenso entre las personas y organizaciones vinculadas a las PYME que los recursos destinados a las empresas no están llegando con la celeridad y cobertura necesaria.
la gran mayoría de las pequeñas y microempresas están excluidas de los créditos garantizados por el FOGAPE pues están ya altamente endeudados y un gran número de ellos ha caído en morosidad.
Estas medidas son perfectamente financiables. Por cierto, nadie en sus cabales sostiene que “el espacio para la política fiscal sea ilimitado”; lo efectivo es que la capacidad fiscal es mucho mayor que la que reconoce el Gobierno. A fines del 2019, según datos del FMI, la deuda pública bruta de Chile (como % del PIB) estaba entre las 20 menores a nivel mundial. Y gracias a los fondos soberanos, la deuda pública neta del país estaba entre las cinco menores del mundo.
nadie en sus cabales sostiene que “el espacio para la política fiscal sea ilimitado”; lo efectivo es que la capacidad fiscal es mucho mayor que la que reconoce el Gobierno.
Y gracias a los fondos soberanos, la deuda pública neta del país estaba entre las cinco menores del mundo.
Un acuerdo nacional no puede hacer caso omiso de lo que representó el estallido social. La crisis ha dejado en evidencia la grave desigualdad y las severas carencias del sistema público de salud y del Estado en general. Por lo mismo es necesario avanzar en resolver los problemas estructurales del país. En particular, estableciendo un nuevo sistema de pensiones, un sistema integral de salud, la equidad y calidad en la educación y una reforma laboral que incluya la negociación por ramas de manera de asegurar una adecuada distribución primaria del ingreso. Luego de la crisis sanitaria el país debe concordar una reforma tributaria que haga progresivo el sistema y que en 10 años eleve la carga en 10 puntos del PIB para asegurar un adecuado financiamiento de los bienes públicos.
La crisis ha dejado en evidencia la grave desigualdad y las severas carencias del sistema público de salud y del Estado en general.
Luego de la crisis sanitaria el país debe concordar una reforma tributaria que haga progresivo el sistema y que en 10 años eleve la carga en 10 puntos del PIB para asegurar un adecuado financiamiento de los bienes públicos.
