Consecuencias económicas de la crisis y nuevo gabinete

Por Eugenio Rivera Urrutia
Fundación Chile 21

Luego de vacilaciones y con serias dificultades de personal para cambiar el gabinete, el Presidente de la República modificó totalmente su equipo económico. Si bien las nuevas caras aparecen como menos ideologizados y más pragmáticas, el primer mandatario perdió una nueva oportunidad de anunciar un giro radical en sus prioridades políticas y económicas y con ello la posibilidad de abrir un camino de solución a la crisis. En este contexto, los impactos de mediano y largo plazo de la crisis dependerán crucialmente del escenario que termine consolidándose, lo cual depende en buena medida de las decisiones que tome la Administración.

Los impactos de corto plazo.

No obstante, la explosión popular desatada el 18 de octubre hizo colapsar las expectativas más optimistas respecto del IMACEC.

Luego que el IMACEC promedio del primer semestre había alcanzado apenas un 1,8% promedio de crecimiento comparado con el mismo período del año anterior las esperanzas del gobierno estaban puestas en un mejor desempeño en el segundo semestre. Las cifras de julio y agosto ( 3,2 y 3,7% respectivamente) aunque no espectaculares resultaban auspiciosas y hacían posible pensar que el crecimiento del PIB en el presente año alcanzaría una cifra cercana al 2,5% anual. Las primeras evaluaciones respecto del desempeño en el tercer trimestre confirmaban las expectativas de un mejor IMACEC  asociada a una tasa de inversión que mantenía cierto dinamismo aunque la masa salarial no presentaba cambios mayores, se observaba un deterioro de la confianza de los consumidores y un descenso de las importaciones. No obstante, la explosión popular desatada el 18 de octubre hizo colapsar las expectativas más optimistas respecto del IMACEC.

Aunque es difícil adelantar estimaciones precisas, para el primer mes indicado las expectativas varían entre -1% y como máximo un 1%.

Esto implica que, en el mejor de los casos, el PIB alcanzará en el 2019 un 2%.

Desde la fecha indicada la actividad económica en Santiago y en varias ciudades del país se vio fuertemente afectada. Aunque no se dispone de un balance definitivo, se ha indicado que sólo en Santiago fueron asaltados y saqueados más de 300 supermercados, se añade también que 25 mil pequeños negocios se vieron afectados en este período. Estos hechos van afectar fuertemente el IMACEC de octubre y noviembre. Aunque es difícil adelantar estimaciones precisas, para el primer mes indicado las expectativas varían entre -1% y como máximo un 1%. Los destrozos producidos durante los desmanes, en particular los que han afectado al Metro y a establecimientos comerciales hacen prever que el IMACEC de noviembre alcance cifras similares a los de octubre. Esto implica que, en el mejor de los casos, el PIB alcanzará en el 2019 un 2%. En términos generales la inversión puede tener un ligero aumento como efecto de la reconstrucción de la infraestructura afectada, lo cual difícilmente compensará la probable caída de la tasa de inversión producto de que el país ha dejado de ser un “oasis” para la inversión en la región tanto por el profundo malestar que transluce la violenta protesta como porque Chile no podrá seguir siendo fuente de utilidades extraordinarias permanentes para los inversionistas internos y extranjeros.

Chile no podrá seguir siendo fuente de utilidades extraordinarias permanentes para los inversionistas internos y extranjeros.

Los efectos de mediano y largo plazo de la crisis.

Una consideración previa.

El gobierno insistió en rebajar los impuestos a los más ricos para así estimular la inversión. Este ha sido su discurso permanente: se bajan los impuestos, se hace más rentable la inversión y por tanto aumenta ella y los niveles de actividad.

La consecuencia de un sistema con baja carga tributaria comparada con los otros países de la OCDE es que el Estado carece de los recursos suficientes para invertir en paz y cohesión social.

Con ello queda en evidencia que el peor enemigo del crecimiento es la falta de cohesión social.

La consecuencia de un sistema con baja carga tributaria comparada con los otros países de la OCDE es que el Estado carece de los recursos suficientes para invertir en paz y cohesión social. Esta situación que se venía manifestando en la alta desafección política, con un malestar traducido en protestas y demandas con creciente capacidad de movilización derivó finalmente, por la falta de respuesta del sistema político, en la explosión social que simplemente impide al aparato productivo operar. Con ello queda en evidencia que el peor enemigo del crecimiento es la falta de cohesión social.

En el mediano plazo Chile ha visto incrementado el riesgo país para los inversionistas.

Luego de 12 días de explosión social, la imagen internacional del país ha quedado gravemente dañada. En el mediano plazo Chile ha visto incrementado el riesgo país para los inversionistas. En los próximos 3 años las perspectivas de la inversión dependerán de las lecciones que el país saque de la crisis y de las decisiones políticas que se tomen y del desenlace del conflicto comercial y tecnológico entre EEUU y China, de los problema geopolíticos internacionales, de la creciente crisis política en EEUU, Gran Bretaña y Europa. En este contexto, para evaluar el posible impacto económico de la crisis es conveniente recurrir a la metodología de escenarios. En tal sentido los efectos económicos de la crisis dependerán de los distintos escenarios que se pueden identificar como salida de la crisis.

El primer escenario se caracteriza por un gobierno que se restringe a buscar la aprobación de las medidas anunciadas el martes 22

El primer escenario se caracteriza por un gobierno que se restringe a buscar la aprobación de las medidas anunciadas el martes 22 por el Presidente de la República, y que insiste en continuar adelante con la reintegración tributaria y la reducción de la tasa corporativa de 27 a 25%, con el rechazo a cambios profundos del sistema de pensiones y la mantención del proyecto de flexibilización laboral. Con ello se hace imposible un acuerdo sustantivo con la oposición. En ese contexto, aún cuando con menor intensidad, la movilización popular continúa, se sigue afectando el nivel de actividad y con ello se solidifican las visiones negativas sobre la imagen país. Ello infringe un golpe de largo aliento sobre la decisión de invertir con lo que la economía crece entre un 1 y 2% anual en los próximos dos años.

El segundo escenario estaría condicionado porque el gobierno acepte que es ineludible dar un giro en sus prioridades políticas, económicas y sociales

El segundo escenario estaría condicionado porque el gobierno acepte que es ineludible dar un giro en sus prioridades políticas, económicas y sociales y acepta retirar la propuesta de reintegración tributaria, introduce un cambio significativo en el sistema de pensiones, no lleve al Tribunal Constitucional la reducción de jornada laboral de 40 horas y acepta impulsar un proceso constituyente. En este contexto, se podría abrir un proceso deliberativo amplio, donde la población se reencuentre con la esperanza, creando las bases para un acuerdo constitucional que incide en la cohesión social del país. Con ello se apostaría a recuperar la confianza, mejorar la cohesión social y que los inversionistas a los cuales se tiene que sumar con fuerza el Estado eleven significativamente la inversión con todo lo que ello trae, innovación, digitalización etc. Naturalmente, un tercer escenario es una combinación de los dos primeros.

¿Cuáles son las primeras señales?

Ello lo único que muestra es que persiste la incomprensión en la Administración respecto de la gravedad de la crisis.

Sin duda el Gobierno cometió un serio error al no anunciar junto con el nuevo gabinete un giro radical en la política. Ello se explica por querer negociar (apostando a un debilitamiento de la movilización popular) y salvar algo de su programa inicial. Ello lo único que muestra es que persiste la incomprensión en la Administración respecto de la gravedad de la crisis.

Decisivo para la suerte de la economía en el próximo año serán los cambios que el Gobierno introduzca en el Presupuesto presentado.

Decisivo para la suerte de la economía en el próximo año serán los cambios que el Gobierno introduzca en el Presupuesto presentado. Hasta ahora los anuncios del antiguo ministro de Hacienda habían señalado que la agenda social demandaría un 0,4% del PIB de lo cual la mitad más o menos sería gasto adicional. Ello implica renunciar a los objetivos de reducción del déficit estructural y efectivo pero resulta claramente insuficiente. En lo que se refiere a una agenda social que realmente contribuya a aliviar el malestar social y aborde los déficits en salud, educación y pensiones, entre otros, requiere una elevación adicional del gasto pública de en torno a un 2%. Al mismo tiempo, las decisiones respecto del Presupuesto serán claves para las expectativas empresariales. En tal sentido, el nuevo Presupuesto debería dar una señal potente de que el Gobierno tomará iniciativas sustantivas en infraestructura para contribuir a una elevación de la competitividad internacional del país y ayudar a combatir la desaceleración que sufrirá la economía.

Persistir en estas ideas hace pensar que el Gobierno está empujando el primer escenario descrito lo que resultaría grave para la economía en los próximos años.

El nuevo ministro de Hacienda no ha terminado de desechar la reintegración tributaria (a El Mercurio le señaló “no es partidario de dejar de lado permanentemente la integración del sistema tributario” 30 de octubre, p. B2) e incluso ha retomado su propuesta antes de la crisis de reducir el impuesto corporativo de 27 a 25%. Persistir en estas ideas hace pensar que el Gobierno está empujando el primer escenario descrito lo que resultaría grave para la economía en los próximos años.

Crucial es aprobar una ley que eleve el salario mínimo

Los empresarios se han hecho múltiples autocríticas y prometen “meterse la mano al bolsillo”. El problema es que dicha buena voluntad se tiene que traducir en señales concretas. Crucial es aprobar una ley que eleve el salario mínimo (limitando el aporte fiscal para el llamado Ingreso Mínimo Garantizado solo para las PYMES) a un monto líquido de 500 mil pesos. Ello sería una señal potente de que existe una decisión de modificar la redistribución del ingreso. Esta medida contribuiría decisivamente a una recuperación de la economía y a mejorar la imagen país pues sin duda ayudaría a recuperar la cohesión social perdida. En esta misma dirección apuntaría un cambio sustantivo en el sistema de pensiones.

En esta misma dirección apuntaría un cambio sustantivo en el sistema de pensiones.