Los millones de compatriotas que salieron pacíficamente a las calles el 25 de octubre de 2019 expresaron una clara demanda por reformas profundas que reduzcan la desigualdad y que instauren la dignidad como práctica y costumbre. En democracia, reformas profundas exigen mayorías sólidas que las sustenten. El proceso constitucional en marcha y la perspectiva de un gobierno progresista abren una oportunidad histórica única que no podemos desperdiciar.
Chile necesita la convergencia de las fuerzas progresistas
Llamamos a las candidaturas del progresismo a privilegiar la construcción de puentes programáticos, facilitando la convergencia en la segunda vuelta presidencial y evitando una profundización artificial de las diferencias. Las convergencias programáticas entre las candidaturas de la centroizquierda son sustantivas. Por ello, proponemos un acuerdo de gobernabilidad preciso y realista, una suerte de contrato, que incluya las primeras medidas para iniciar el camino hacia las transformaciones anheladas en reforma tributaria, pensiones, laboral, salud, educación, medio ambiente, descentralización, apoyo a pymes y rol del estado, entre otras. Para ser exitosas, estas ambiciosas propuestas de transformaciones requieren contar con el apoyo de una amplia mayoría social y política. El acuerdo de gobierno puede asumir diferentes modalidades, por ejemplo, un compromiso de colaboración Ejecutivo-Congreso o la construcción de una coalición amplia de gobierno. Lo importante es que la estrategia de cambios esté fundamentada en la construcción de mayorías que permita ponerla en práctica. Diversas experiencias progresistas, en Chile y en el mundo, muestran que una articulación defectuosa entre la política de corto plazo y los objetivos de largo plazo, más allá de las buenas intenciones, puede conducir a lamentables retrocesos políticos y sociales.
Compromiso nítido con transformaciones profundas.
El próximo gobierno deberá abordar con decisión la resolución de los problemas
más acuciantes: una red de protección social (pensiones, salud, vivienda y
educación), recuperación del crecimiento con un sello verde, innovación y
transformación productiva, mejorar empleo y salarios, fortalecer derechos colectivos,
lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, fortalecimiento de la
descentralización, el conflicto de la Araucanía y la crisis migratoria. A estas
urgencias hay que sumar un aumento de la inversión pública como medida clave
para retomar el crecimiento de largo plazo, estimulando la inversión
privada.
Ajustar las expectativas.
El compromiso con las transformaciones debe asumir que hoy existe una brecha enorme entre expectativas y posibilidades efectivas. Es necesario hablar siempre con la verdad, con transparencia, ajustando las expectativas. Lamentablemente el desprestigio de la profesión de economista, gracias a un uso abusivo del neoliberalismo, ha eliminado del debate la noción fundamental de la existencia de restricciones objetivas. No todo es posible de realizar en plazos cortos. La billetera fiscal no es infinita; los impuestos no pueden subir drásticamente en un par de años. La capacidad del estado es limitada por lo que es indispensable mejorar sus niveles de eficiencia. En tal sentido, el próximo gobierno debe ser visto como una decisiva primera etapa en la construcción de un nuevo Chile: más justo, sostenible, feminista, seguro, descentralizado y plurinacional.
Responsabilidad fiscal.
El progresismo debe mostrar su compromiso con el crecimiento sostenible, en un marco de responsabilidad fiscal, contención de la inflación y control del desequilibrio externo. Ello significa definir los parámetros de la regla fiscal y un firme compromiso con metas de déficit efectivo y estructural proyectados y la estrategia de financiamiento. El financiamiento sostenible de un Estado de mayor tamaño sólo puede provenir del crecimiento económico y de un aumento permanente y significativo de la recaudación tributaria para llevar los ingresos fiscales a niveles más cercanos al promedio de la OCDE, en un plazo no superior a una década.
La herencia de un mal gobierno.
El próximo gobierno enfrentará una situación política compleja y demandas sociales urgentes con recursos fiscales muy limitados, con importantes caídas de la demanda agregada y una creciente restricción monetaria que, en conjunto y mal manejadas, podrían resultar en una recesión. El año 2022 se iniciará con una economía “sobrecalentada”, con expansiones a dos dígitos en consumo, inversión e importaciones y con la inflación en torno al 6% anual. Pese al histórico precio del cobre, el déficit en cuenta corriente de balanza de pagos bordeará 3% del PIB, por lo tanto, habrá poco espacio para mantener el exceso de gasto de este año. El dato de actividad económica del segundo trimestre 2022, esto es, el primer trimestre del nuevo gobierno será negativo pues se comparará con una variación del Imacec de 18% para similar trimestre de 2021. Este dato reflejó sólo la recuperación de la brusca caída en 2020, pero igual será utilizado por la derecha política como argumento contra la nueva autoridad, buscando empeorar las expectativas económicas.
Evitar la recesión en 2022.
Necesitamos una consolidación fiscal seria, ello quiere decir técnicamente rigurosa, socialmente justa y políticamente viable. Hay que evitar que el nuevo gobierno asuma con nuevos estallidos y una presión social difícil de contener. Una reducción demasiado brusca en el gasto fiscal y en el consumo podría inducir una recesión evitable y absurda. La reducción en el nivel de gasto público es necesaria, pero hay que hacerlo definiendo una trayectoria de consolidación fiscal viable y creíble. La reducción en las ayudas a las familias debe dejar margen para que persistan apoyos a las familias más vulnerables y a programas de empleo y capacitación, con énfasis en mujeres y jóvenes. Persiste un elevado número de compatriotas en desempleo o en marcada precariedad laboral que no pueden quedar desatendidos.
Resta aún un margen razonable para elevar la deuda pública. Las políticas fiscal y monetaria no podrán ser expansivas en 2022. Con todo, la deuda pública bruta, a fines de este año estará en torno al 35% del PIB, con lo cual queda unmargen de endeudamiento disponible que se puede utilizar en 2022 para financiar aquellos gastos que se estimen fundamentales, mientras se aprueba una reforma tributaria y de pensiones que permitan consolidar una trayectoria convergente de las cuentas fiscales.
Una deuda pública sostenible.
Para que el incremento de la deuda pública sea sostenible, a tasas de interés razonables, la nueva deuda ha de concebirse como un “financiamiento puente”, en tanto se activan medidas que aseguren el financiamiento sostenible de los programas públicos. Ello supone definir un tope de deuda para el período presidencial, en una suerte de “ancla” de la política fiscal. Por ejemplo, que no aumente en más de 10 -12 puntos del PIB desde el nivel que cierre este año, con lo cual el techo de la deuda pública seguiría ubicándose entre los más bajos de la OECD. La estrategia de usar deuda pública como financiamiento puente y ancla fiscal, depende crucialmente de la credibilidad de las políticas fiscales, tanto en cuanto a los ingresos tributarios como al gasto público. Aquí no hay espacio para la creatividad: las medidas tienen que ser tales que la experiencia internacional avale su efectividad.
Que los que más tienen, paguen más
En esa dirección, desde el inicio, se deben tomar medidas para fortalecer Aduanas y el SII, junto a la plena utilización de todo el instrumental disponible en relación con paraísos fiscales e intercambio de información. Otras medidas fundamentales que habría que presentar al Congreso al inicio del Gobierno son el levantamiento del secreto bancario para efectos tributarios; el listado de beneficiarios finales en la propiedad de las empresas; la iniciativa de la Fiscalía sin previa querella del SII en casos calificados; la desintegración plena del sistema tributario, manteniendo el trato especial a las pymes; eliminar/reducir las exenciones tributarias; un impuesto al patrimonio y la introducción de un verdadero royalty por el uso y la extracción de recursos naturales.
Cambios al presupuesto 2022.
El nuevo gobierno deberá presentar al Congreso la modificación del presupuesto fiscal para el año 2022. El recorte de más de US$20.000 millones debe ser corregido; hay que dejar espacio para enfrentar posibles rebrotes de la pandemia y hay que ampliar los US$700 millones de “libre disponibilidad” para financiar los nuevos programas. Además, puede haber reasignaciones que parezca conveniente transparentar, rebajando, por ejemplo, el gasto en defensa.
Imprescindible modernización del estado.
La reforma del gobierno central debiera marcar el presupuesto para 2023. Mejorar la capacidad y eficiencia del Estado y asegurar el trato digno a las personas que atiende, debiera estar en el corazón del acuerdo progresista para un nuevo Chile.
Aprendamos de la historia.
Para el avance de los cambios que anhelamos, es fundamental la convergencia de las fuerzas progresistas; de cara a la segunda vuelta y, por cierto, para asegurar el éxito de un gobierno transformador. Las divisiones al interior de las fuerzas progresistas, la confrontación entre el centro y la izquierda sólo anticipan derrotas para el movimiento popular. Pese a la similitud de sus propuestas, los desencuentros entre el centro y la izquierda entre 1964 y 1973 abrieron paso al desplome de la democracia y a 17 años de dictadura. Aprendamos de la historia.
Firman:
- Carlos Álvarez
- Marisol Aravena
- María José Becerra
- Sergio Bitar
- Pía Castelli
- Eduardo Castillo
- Ramón Castillo
- Ana María Correa
- Eugenio Correa
- Álvaro Díaz
- Álvaro Erazo
- Luis Eduardo Escobar
- Nicolás Eyzaguirre
- Hernán Frigolett
- Álvaro Gallegos
- Álvaro García
- Ximena Gattas
- Julián Goñi
- Stephany Grifith Jones
- Mario Gutiérrez
- Lysette Henríquez
- Gonzalo Herrera
- Rubén F. Inostroza
- Mauricio Jélvez
- Ma. Ignacia Jiménez
- Patricio Herrera
- Daniel Hojman
- Luis F Jiménez
- Christian Larraín
- Guillermo Larraín
- Jorge Leiva
- Francisco Meneses
- Carlos Mladinic
- Carlos Ominami
- Andrés Palma
- Marcela Palominos
- Andrés Peñaloza
- Diego Portales
- Augusto Quintana
- Claudio Reyes
- Gustavo Rivera
- Horacio Rivera
- Osvaldo Rosales
- Mónica Ruiz
- Paulina Saball
- Jacqueline Saintard
- Andrés Sanfuentes
- Patricia Silva
- Carolina Tohá
- José M Torres
- Andras Uthoff
- Juan G. Valdés
- Mario Waisbluth
- Andrés Zahler
- Roberto Zahler
