La escalada de acusaciones cruzadas entre Emiliano Arias, suspendido fiscal regional de O´Higgins, y Sergio Moya, fiscal jefe de Alta Complejidad de Rancagua, cuestionado por vínculos delictivos con procesados de la Operación Huracán, acentúa las interrogantes sobre el desempeño del nuevo sistema procesal penal.
El Fiscal Nacional Jorge Abbott ha recibido cuestionamientos no sólo por su rol en el mencionado conflicto institucional. También por la firma de un convenio con la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, en el contexto de las investigaciones por casos de abuso sexual que, bajo severas críticas (incluida una de la Asociación de Fiscales), debió dejar sin efecto.
La escalada de acusaciones cruzadas entre Emiliano Arias, suspendido fiscal regional de O´Higgins, y Sergio Moya, fiscal jefe de Alta Complejidad de Rancagua, cuestionado por vínculos delictivos con procesados de la Operación Huracán, acentúa las interrogantes sobre el desempeño del nuevo sistema procesal penal.
El ya denominado nuevo desastre de Rancagua, viene escalando con episodios que también han derivado en cuestionamientos a la transparencia de una diversidad de autoridades, entre otras, el ministro del Interior, Andrés Chadwick y el senador Juan Pablo Letelier
Aunque parezca redundante tiene sentido enfatizar el rol que juegan el Ministerio Público y los fiscales en el nuevo sistema procesal penal, en operaciones en todo el país desde el año 2005. Se trata de un organismo estatal autónomo, que no forma parte de ninguno de los poderes del Estado, trabajando en coordinación con los diferentes organismos policiales y auxiliares de ellos. El fiscal es el encargado de investigar los delitos e indagar en lo que involucre a los imputados, actuando como defensor de los intereses del Estado.
Así se marcan las distancias y diferencias de roles con las cortes del Poder Judicial, cuyos integrantes pueden ser investigados por los fiscales ante eventuales denuncias y presunción de delitos cometidos por los magistrados. Así fue como Emiliano Arias y Sergio Moya- antes de desatarse el actual escándalo – ordenaron la investigación de tres integrantes de la Corte de Apelaciones de Rancagua – Emilio Elgueta, Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz – cinco funcionarios del Poder Judicial y once abogados litigantes por delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.
Así se marcan las distancias y diferencias de roles con las cortes del Poder Judicial, cuyos integrantes pueden ser investigados por los fiscales ante eventuales denuncias y presunción de delitos cometidos por los magistrados. Así fue como Emiliano Arias y Sergio Moya- antes de desatarse el actual escándalo – ordenaron la investigación de tres integrantes de la Corte de Apelaciones de Rancagua – Emilio Elgueta, Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz – cinco funcionarios del Poder Judicial y once abogados litigantes por delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.
En el contexto señalado la Corte Suprema resolvió la suspensión de los tres ministros de corte ya mencionados, designando a la magistrada Rosa María Maggi para indagar el caso.
Con posterioridad a las escandalosas imputaciones de Sergio Moya y las respuestas de Emiliano Arias, entre otras consecuencias, la Policía de Investigaciones allanó el domicilio de Moya, encontrando una suma de evidencias del caso de los ministros de corte imputados (celulares, discos duros y carpetas de investigación), las que ciertamente debían estar en la fiscalía y no en el domicilio del indagador. Al encontrarse fuera de la cadena de custodia correspondiente es probable que los contenidos de aquellos dispositivos tecnológicos no puedan ser empleados como pruebas válidas en el futuro proceso contra los magistrados imputados.
Mientras escala la confrontación entre fiscales y Arias contraataca con imputaciones que involucran a Moya con altos uniformados policiales bajo proceso por el montaje de la Operación Huracán, el desafío para el Fiscal Nacional parece más que severo en circunstancias que cobra mayor relevancia la revisión del Sistema Procesal Penal en el contexto de un debate jurídico institucional que trasciende lo coyuntural, involucrando a todos los poderes del Estado. Los mismos que no quedan excluidos de un severo escrutinio público, precisamente por su desprestigio en razón de la persistencia creciente de una corrupción que traspasa fronteras sistémicas, aún bajo un alero de “legalidad” que la oculta superficialmente.
Mientras escala la confrontación entre fiscales y Arias contraataca con imputaciones que involucran a Moya con altos uniformados policiales bajo proceso por el montaje de la Operación Huracán, el desafío para el Fiscal Nacional parece más que severo en circunstancias que cobra mayor relevancia la revisión del Sistema Procesal Penal en el contexto de un debate jurídico institucional que trasciende lo coyuntural, involucrando a todos los poderes del Estado. Los mismos que no quedan excluidos de un severo escrutinio público, precisamente por su desprestigio en razón de la persistencia creciente de una corrupción que traspasa fronteras sistémicas, aún bajo un alero de “legalidad” que la oculta superficialmente.
¿Quién persigue la corrupción?
La percepción ciudadana es crecientemente clara ante la percepción del fenómeno de la corrupción en nuestro país. Los estudios de opinión lo vienen reflejando desde hace años. Un alto porcentaje define como “corruptos o muy corruptos” los organismos públicos. Últimamente se aproxima al 80% de los consultados.
Un alto porcentaje define como “corruptos o muy corruptos” los organismos públicos. Últimamente se aproxima al 80% de los consultados.
Una cifra que llama a la reflexión respecto de la capacidad de respuesta del poder político, precisamente cuando su valoración ciudadana aparece fuertemente castigada.
Algunos analistas de esa percepción ciudadana, interpretan el alto índice como reflejo de una mayor transparencia, en particular por el proceso de “modernización de la justicia”. Precisamente el ámbito abordado en las líneas anteriores, con los severos tropiezos y cuestionamentos mencionados.
Algunos analistas de esa percepción ciudadana, interpretan el alto índice como reflejo de una mayor transparencia, en particular por el proceso de “modernización de la justicia”. Precisamente el ámbito abordado en las líneas anteriores, con los severos tropiezos y cuestionamentos mencionados.
Que la mayoría de la población identifique fenómenos de corrupción desde el poder económico, político, militar o religioso, más que evidentes en los últimos años, indica que esa percepción acompaña la desconfianza en las instituciones que, entre otros resultados, se refleja en la falta de participación electoral, acentuada en su impacto por la existencia del voto voluntario.
Que la mayoría de la población identifique fenómenos de corrupción desde el poder económico, político, militar o religioso, más que evidentes en los últimos años, indica que esa percepción acompaña la desconfianza en las instituciones que, entre otros resultados, se refleja en la falta de participación electoral, acentuada en su impacto por la existencia del voto voluntario.
Desde el poder, cuestionado por actos de corrupción, la respuesta resulta cómoda. Se alude que la justicia juega su rol, que se trata de fenómenos aislados, que los casos se conocen porque hay mayor transparencia y que es un fenómeno controlable porque, a diferencia de otras realidades cercanas, no existe una captura por parte del crimen organizado.
Instalado el debate en esos términos, aunque se mencione más directamente la palabra corrupción, son precisamente los fenómenos de impunidad a lo largo de décadas los que resienten la confianza ciudadana en las instituciones, por más que ellas se hayan modernizado.
Instalado el debate en esos términos, aunque se mencione más directamente la palabra corrupción, son precisamente los fenómenos de impunidad a lo largo de décadas los que resienten la confianza ciudadana en las instituciones, por más que ellas se hayan modernizado.
Valga aquel aserto para transitar desde los pinocheques; los millones de dólares que el dictador robó de arcas fiscales para su ahorros en el Banco Riggs; el traspaso fraudulento de empresas fiscales a funcionarios civiles y militares de ese régimen, blindado de investigación legal en el retorno a la democracia; hasta las millonarias colusiones de grandes industrias oligopólicas y escándalos de mandos uniformados, fuera de control, en aún incalculables fraudes durante los años recientes. El listado pormenorizado sería más que elocuente.
Valga aquel aserto para transitar desde los pinocheques; los millones de dólares que el dictador robó de arcas fiscales para su ahorros en el Banco Riggs; el traspaso fraudulento de empresas fiscales a funcionarios civiles y militares de ese régimen, blindado de investigación legal en el retorno a la democracia; hasta las millonarias colusiones de grandes industrias oligopólicas y escándalos de mandos uniformados, fuera de control, en aún incalculables fraudes durante los años recientes. El listado pormenorizado sería más que elocuente.
Claro, los eufemismos pasaron de moda. No así los mecanismos institucionales para que los grandes usurpadores gocen de la libertad que importantes medios de comunicación resienten en el caso de delincuentes callejeros.
Para muestra algunos botones
El Servicio de Impuesto Internos (SII) resolvió no continuar con nuevas querellas en los millonarios casos de PENTA y SQM. En consecuencia la Corte Suprema concluyó que no se presumía delito, por ejemplo, en la entrega de boletas y facturas falsas. Y aunque parezca evidente que, además, las empresas se beneficiaron pagando menos impuestos, no se consideró suficiente para comprobar un dolo. Aunque hubo juicios abreviados en casos anteriores, con pequeñas condenas para quienes reconocieron los aportes, se puede vislumbrar una lista de relevantes favorecidos por la falta de interés del SII.
Ya se habían favorecido por la prescripción más de 50 indagados, a los que se agregan, entre otros, los ex senadores Carlos Bombal y Fulvio Rossi, el ex ministro Pablo Longueira (aunque continúa procesado por “cohecho”); el ex tesorero del PPD, Luis Matte; el ex administrador de la campaña de Sebastián Piñera, Santiago Valdés y los actuales senadores Jorge Pizarro e Iván Moreira.
El Servicio de Impuesto Internos (SII) resolvió no continuar con nuevas querellas en los millonarios casos de PENTA y SQM. En consecuencia la Corte Suprema concluyó que no se presumía delito, por ejemplo, en la entrega de boletas y facturas falsas. Y aunque parezca evidente que, además, las empresas se beneficiaron pagando menos impuestos, no se consideró suficiente para comprobar un dolo. Aunque hubo juicios abreviados en casos anteriores, con pequeñas condenas para quienes reconocieron los aportes, se puede vislumbrar una lista de relevantes favorecidos por la falta de interés del SII.
Así se cristaliza, como precedente, que sin querella del SII desapareció – para esos emblemáticos casos – como delito para la justicia chilena la facilitación de facturas falsas financiando campañas electorales.
Sin complejos, el entorno de los favorecidos por la manga ancha local, enfatiza que hay un Odebrecht de distancia con nuestra corrupción local. Podrán haber insuficiencias legislativas, algún financiamiento ilegal (¿por bolitas de dulce?) pero hablar de corrupción sistémica es otra cosa…
Algo considerado menor para nuestra feble institucionalidad cuando se trata de quienes delinquen de cuello y corbata al alero del gran poder económico. Menudencias, señalan algunos, al hacer comparaciones con las grandes sumas de la corrupción en Brasil y Argentina.
Sin complejos, el entorno de los favorecidos por la manga ancha local, enfatiza que hay un Odebrecht de distancia con nuestra corrupción local. Podrán haber insuficiencias legislativas, algún financiamiento ilegal (¿por bolitas de dulce?) pero hablar de corrupción sistémica es otra cosa…
No es lo que siente el ciudadano de a pié, la inmensa población sometida al peso del endeudamiento creciente, el profesional que vive de su trabajo, el empresario transparente. Tampoco el jubilado, bajo el enriquecido sistema de AFP, ni los pensionados, salvo que pertenezcan a la gran familia militar, aunque residan temporalmente en Punta Peuco…
En el país de los eufemismos, pese a todo, la gran mayoría se reconoce en un país marcado por la corrupción……….¿Cuándo fuimos la copia feliz del Edén?
En el país de los eufemismos, pese a todo, la gran mayoría se reconoce en un país marcado por la corrupción……….¿Cuándo fuimos la copia feliz del Edén?
