La derecha insiste en que, como primer objetivo, las políticas económicas deben orientarse a impulsar el crecimiento (las sociales y medioambientales deben evitar afectarlo). Plantea, además, que las medidas que significan cambios redistributivos son contrarias a ese objetivo y que el bajo crecimiento económico deterioraría la distribución del ingreso, por impacto negativo en el empleo y los salarios.
La contradicción entre redistribución y crecimiento ha sido discutida profusamente por los economistas en las últimas décadas, pudiendo concluirse que existe un amplio espacio, en países como el nuestro, para redistribuir creciendo. Incluso los argumentos basados en la curva de Kuznets, que daban precedencia al crecimiento sobre la redistribución han sido invalidados por los estudios empíricos. En cuanto al efecto negativo del bajo crecimiento en salarios y empleo, es un planteamiento reduccionista que ignora diversos factores adicionales que afectan el funcionamiento de los mercados laborales, sin desconocer su influencia positiva de los aumentos de producción en la demanda por trabajo.
Sin embargo, los gobiernos de la Concertación y de la Nueva Mayoría pusieron más el acento y obtuvieron mejores resultados en el crecimiento que en la redistribución, a pesar de sus promesas emblemáticas que ponían ambos objetivos al mismo nivel: “Crecimiento con Equidad” y “Crecimiento con Igualdad”. Sin duda, eran más viables políticamente las iniciativas que impulsaban el crecimiento, apoyadas por la derecha, que las redistributivas que tenían su oposición. Si esta razón puede explicar en parte este desequilibrio, es preciso reconocer que los líderes políticos e intelectuales de la centro izquierda (y muy especialmente los economistas, salvo excepciones) también dejaron en un lugar muy secundario las políticas económicas redistributivas, incluso después que el tema de las desigualdades empezó a cobrar mayor visibilidad tras protestas masivas.
Cuando consideramos a las desigualdades económicas como resultados de un funcionamiento sistémico, los trabajos de Thomas Piketty (especialmente “El Capital en el siglo XXI” publicado en 2013) son una referencia obligada. Este no es un estudio teórico sino un análisis de una monumental recopilación estadística. Sus datos muestran que el sistema capitalista, no sólo ahora sino desde el siglo XIX, concentra progresivamente el ingreso y la riqueza en pocas manos. Esta tendencia se ha visto interrumpida, especialmente en Europa, por las grandes guerras, pero ha vuelto a manifestarse en la medida que el Estado se retira de la vida económica. Esto es lo que se observa a partir de los años 80 con el auge del neoliberalismo y el avance posterior de la globalización.
Durante las tres décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, la distribución primaria del ingreso que favorecía al capital era corregida significativamente, en los países capitalistas avanzados, por sistemas de impuestos directos altamente progresivos, a los cuales se agregaba un gasto público que favorecía a los sectores de ingresos bajos y medios. Este mecanismo ha estado siendo desmontado desde los 80, pero sigue siendo importante, particularmente, en los países nórdicos.
En Chile, los impuestos directos no corrigen la distribución primaria que determina los ingresos de los dueños del capital y de los trabajadores que participan en los procesos productivos de bienes y servicios. El gasto público es más progresivo, pero favorece principalmente a los sectores de menores ingresos. Los gobiernos de la Concertación y de la Nueva Mayoría intentaron avanzar incluyendo impuestos directos más progresivos en las reformas tributarias realizadas, debiendo enfrentar una cerrada oposición de la derecha. También desarrollaron programas sociales para hacer más progresivo el gasto público, los que resultaron acotados en su alcance por restricciones presupuestarias.
Sin abandonar esos esfuerzos y los necesarios para evitar que la derecha revierta los avances alcanzados, resulta imperioso apuntar en una dirección hasta ahora ignorada para cambiar la distribución del ingreso. Se trata de establecer un tratamiento adecuado de las rentas económicas (ricardianas) que generan los recursos naturales del país y las estructuras oligopólicas de la mayoría de los mercados nacionales
