Crisis Social y violencia. La frustrada anticipación de la Inteligencia

Por Luis Marcó
Licenciado en Filosofía y Magister en Relaciones Internacionales

La enorme crisis social que se ha revelado en el país y los focos de violencia que se produjeron después de días de evasiones estudiantiles en la red del Metro, ha puesto en evidencia la escasa proactividad de buena parte del Sistema de Inteligencia del Estado (SIE). El gobierno, a través del Ministro del Interior, Gonzalo Blumel, declaró que es necesaria una reforma, poniendo el énfasis en una supuesta “obsolescencia” de la ley de Inteligencia (Ley No. 19.974) y no en las posibles fallas en los organismos que integran el SIE. Llama la atención que entidades especializadas no detectaran un malestar social de alcance histórico y que tiene en cuestión al sistema político y al menos a dos poderes del Estado en una situación crítica.

Ha puesto en evidencia la escasa proactividad de buena parte del Sistema de Inteligencia del Estado (SIE)

Llama la atención que entidades especializadas no detectaran un malestar social de alcance histórico y que tiene en cuestión al sistema político y al menos a dos poderes del Estado en una situación crítica.

Sin embargo, lo anterior es coherente con el patrón de reacción a los conflictos durante el primer gobierno del Presidente Piñera. A poco andar de su administración se sucedieron conflictos como el generado por el alza de combustibles en Punta Arenas, las demandas en Aysen, Chiloé y Freirina, por citar algunas. Todas ellas, al igual que las demandas estudiantiles, fueron una completa sorpresa para La Moneda; se apostó por el desgaste y la represión policial; cuando todo falló se tomaron medidas muy parciales y ninguna se hizo cargo de soluciones estructurales. El caso de Freirina es especialmente dramático, el reclamo por la situación ambiental generada por una planta de crianza de cerdos (proyectada para dos millones quinientos mil animales, en una comuna de menos de siete mil personas con escasa disponibilidad de agua), terminó con el cierre de la planta pero sin soluciones laborales. Un mal precedente para los tiempos que corren.

Sin embargo, lo anterior es coherente con el patrón de reacción a los conflictos durante el primer gobierno del Presidente Piñera.

Para situar las cosas en lo que se refiere al SIE es necesario indicar que está compuesto por las inteligencias de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas, preferentemente coordinadas por la Dirección de Inteligencia de Defensa (DID), dependiente del Estado Mayor Conjunto; las direcciones de inteligencias de las policías y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), ligada esta última al Ministro y Subsecretario del Interior. La ANI y las inteligencias policiales son las encargadas de la inteligencia interna, a excepción de la contrainteligencia militar que es propia de las Fuerzas Armadas.

La ANI y las inteligencias policiales son las encargadas de la inteligencia interna, a excepción de la contrainteligencia militar que es propia de las Fuerzas Armadas.

El seguimiento de la conflictividad social es una parte importante de las preocupaciones tanto de las policías como de la ANI, pero con objetivos que presentan diferencias. Para las policías lo principal es evitar la comisión de delitos, en cambio la ANI no sólo debe preocuparse de la violencia, sino también advertir y orientar a la autoridad sobre el tenor y alcance de la conflictividad. La ANI tiene un rol asesor que le permite sugerir cursos de acción en un alto nivel del Estado, la idea es precisamente descomprimir tensiones sociales.

La ANI tiene un rol asesor que le permite sugerir cursos de acción en un alto nivel del Estado, la idea es precisamente descomprimir tensiones sociales.

La pregunta es ¿Por qué fue tan “sorpresivo” para el gobierno el estallido social y, en sus primeras horas cómo no se pudo prever el alto grado de violencia que sobrepasó la capacidad de contención policial? La explicación es múltiple, pero no responde precisamente a la “obsolescencia” de la ley de Inteligencia. Hay que recordar que la Inteligencia de Carabineros (DIPOLCAR), debido al montaje realizado en la “Operación Huracán” que buscó inculpar a líderes Mapuche de diversos actos violentos en la denominada “macrozona”, terminó con el procesamiento de varios funcionarios, incluido su director, el ex general Gonzálo Blu. Posteriormente, al asumir el gobierno del Presidente Piñera se pidió la renuncia del General Director, Bruno Villalobos, proceso que arrastró a otros 16 generales y un sinnúmero de coroneles de Carabineros. El mando de la institución policial recayó interinamente en el entonces subdirector, general Julio Pineda quien, finalmente hizo el traspaso al general Hermes Soto.

Hay que recordar que la Inteligencia de Carabineros (DIPOLCAR), debido al montaje realizado en la “Operación Huracán” que buscó inculpar a líderes Mapuche de diversos actos violentos en la denominada “macrozona”, terminó con el procesamiento de varios funcionarios, incluido su director, el ex general Gonzálo Blu.

La administración del general Hermes Soto fue breve debido a la muerte del comunero Camilo Catrillanca, pero en este período se desmanteló, aparentemente por insistencia del gobierno, todo el aparataje de inteligencia de Carabineros. De hecho, el actual Director General, Mario Rozas reconoció hace pocos días que la institución estaba “sentando” los fundamentos de su nueva inteligencia. Si bien es cierto que el conocido fraude del “Pacogate” ha tenido un alto impacto dentro y fuera de la institución policial, no deja de ser sorprendente que el gobierno no avanzara en una reforma de Carabineros ni apoyado suficientemente el proceso de recomposición del área de inteligencia.

De hecho, el actual Director General, Mario Rozas reconoció hace pocos días que la institución estaba “sentando” los fundamentos de su nueva inteligencia.

En lo referente a la ANI se advierte, en primer lugar, que al momento de ser electo Sebastián Piñera ya venía con un juicio negativo. El discurso durante los meses del traspaso del mando apuntó insistentemente en que la Agencia debería “anticiparse” a los procesos, informar “en tiempo real” y ser intensiva en tecnología; incluso se acusó que estaba plagada de “operadores políticos”. Curiosamente el gobierno presentó un proyecto de ley cuyo contenido contrasta con las declaraciones previas. El proyecto, al menos en su inicio de trámite parlamentario, es un pobre intento por profundizar el rol coordinador de la Agencia en el Sistema de Inteligencia, crea el cargo de Subdirector nombrado por el Presidente de la República, no modifica en nada el presupuesto e insiste, erradamente, en incluir en el Sistema de Inteligencia a Gendarmería, Aduanas y la Unidad de Análisis Financiero. Para complicar aún más el escenario, durante la administración actual se procedió a desmantelar al interior de la Agencia las unidades de análisis de violencia política y otras de alta sensibilidad, despidos que han sido cubiertos por algunos medios de prensa y que dieron lugar a reclamos tanto en la justicia como en la Contraloría General de la República. En su reemplazo se habría optado por contratar a ex carabineros y ex militares.

Para complicar aún más el escenario, durante la administración actual se procedió a desmantelar al interior de la Agencia las unidades de análisis de violencia política y otras de alta sensibilidad, despidos que han sido cubiertos por algunos medios de prensa y que dieron lugar a reclamos tanto en la justicia como en la Contraloría General de la República. En su reemplazo se habría optado por contratar a ex carabineros y ex militares.

¿Qué impacto puede haber tenido prescindir de analistas experimentados en temas de violencia?, eso es parte de lo que debiera establecer la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Diputados. La inusitada violencia que terminó con la red de Metro destruida, muy probablemente relacionada con grupos anarquistas, viene a culminar una serie de episodios y “señales” contra la infraestructura que conecta la ciudad. La bomba que no detonó al Presidente del Metro Louis De Grange, enviada en mayo de este año, fue reivindicada por los Individualistas Tendiendo a lo Salvaje (ITS) en un comunicado que decía “…esta vez fue el máximo representante del METRO, mañana quien sabe, quizás uno de sus vagones detonamos o prendemos fuego. El tiempo y nuestras voluntades lo dirán…”. Previo a ello ya habían sido atacados paraderos de Transantiago con heridos de cierta consideración y, en 2014, estaba el precedente del atentado al Metro Escuela Militar también con heridos graves.

un comunicado que decía “…esta vez fue el máximo representante del METRO, mañana quien sabe, quizás uno de sus vagones detonamos o prendemos fuego. El tiempo y nuestras voluntades lo dirán…”. Previo a ello ya habían sido atacados paraderos de Transantiago con heridos de cierta consideración y, en 2014, estaba el precedente del atentado al Metro Escuela Militar también con heridos graves.

El reclamo del Ministro Blumel sobre la “obsolescencia” de la ley de inteligencia es muy cuestionable

Es indudable que era muy difícil proteger la cantidad de instalaciones afectadas por la violencia, pero los antecedentes públicos indicaban que la red de Metro era un blanco posible. Si se hizo algo o se desestimó es de esperar que las investigaciones tanto judiciales como posiblemente de la Cámara de Diputados puedan aclarar. Al margen de ello, es manifiesto que existen debilidades institucionales que se profundizaron en la actual administración. El camino de solución es complejo porque el debate sobre la función de inteligencia no puede tener prioridad sobre demandas sociales que han sido largamente ignoradas. El reclamo del Ministro Blumel sobre la “obsolescencia” de la ley de inteligencia es muy cuestionable; pone el acento en un supuesto déficit estructural y no se hace cargo que hoy, al menos por los resultados, no se estaría cumpliendo con el mínimo que exige la ley vigente. En eso hay una fuerte responsabilidad del gobierno. A estas alturas no se puede cuantificar el impacto de las pérdidas de vidas, las violaciones a los DD.HH. de diverso tipo y los daños a la propiedad pública y privada; no es un problema de  números o costos, sino de un trauma profundo que, esta vez sí, la ciudadanía espera y exige que las respuestas políticas sean en serio.

En eso hay una fuerte responsabilidad del gobierno.