Por Eugenio Rivera Urrutia
Fundación Chile 21
La inédita crisis que remece al país tiene múltiples causas. La institucionalidad ha perdido toda legitimidad producto de los diversos escándalos que afecta a varias de sus instituciones. La relación espúrea entre dinero y política, el “apernamiento” de sus parlamentarios y dirigentes ha puesto en cuestión los partidos políticos; el hiperpresidencialismo y las atribuciones restringidas del Congreso generaron una cada vez más débil capacidad de respuesta a las demandas ciudadanas.
El modelo económico juega sin duda también un papel central. El fuerte poder de las grandes empresas produce una relación abusiva con sus trabajadores, las PYMES proveedoras y los consumidores. El Estado contribuye al malestar que ello genera con una legislación que favorece a las grandes empresas a través del sistema tributario, el sistema privado de pensiones, una institucionalidad de competencia débil y un sistema regulatorio que no fiscaliza en rigor a las empresas, sino que considera que su rol es protegerlas para asegurar la continuidad de la inversión.
En estas condiciones Chile sufre una alta desigualdad que se traduce en altas rentabilidades para las grandes empresas mientras que la mitad de los trabajadores ganan 400 mil pesos o menos y 7 de cada 10 trabajadores reciben remuneraciones de menos de 550 mil pesos líquidos (Fundación Sol (2019) Los verdaderos sueldos de Chile). Al mismo tiempo, la educación es tremendamente desigual (se recibe la educación que se puede pagar) la salud pública está sujeta a largas listas de espera y escasez de recursos y la privada es muy cara.
Este conjunto de elementos explica el surgimiento de una crisis sistémica que puede ser abordada sólo en la medida que se modifique sustantivamente el modelo económico, se concuerde una nueva Constitución en cuya elaboración la ciudadanía se involucre activamente y se construya una salida política acorde con las circunstancias.
Este conjunto de elementos explica el surgimiento de una crisis sistémica que puede ser abordada sólo en la medida que se modifique sustantivamente el modelo económico, se concuerde una nueva Constitución en cuya elaboración la ciudadanía se involucre activamente y se construya una salida política acorde con las circunstancias.
En este artículo queremos referirnos a la dimensión económica social de la crisis.
El 22 de octubre el presidente de la República anunció una agenda social que incluía principalmente un aumento de la Pensión básica Solidaria (PBS) y del Aporte Previsional Solidario (APS) de 20%, un subsidio estatal para llevar el salario mínimo de 301 mil pesos a un Ingreso Mínimo Garantizado de 350 mil pesos y la eliminación de las recientes alzas de precio en el Metro y la energía eléctrica.
Las medidas no solo no detuvieron las movilizaciones sociales, sino que por el contrario fueron seguidas 3 días despúes en Santiago por la mayor movilización de la historia, acompañada de múltiples manifestaciones a lo largo del país. Ello no es casual, pues como se señalaba más arriba el descontento con el modelo económico es mucho más amplio y quizás lo que no entiende el actual Gobierno es que no afecta sólo a los grupos más pobres, sino que también a los sectores medios que reciben beneficos acotados desde el gasto social y están obligados a pagar altos precios si desean acceder a la educación y salud privada.
Los resultados son dramáticos. La mitad de las personas que cotizaron entre 20 y 25 años recibirán una pensión de 92 mil pesos o menos; la misma proporción de los que cotizaron entre 25 y 30 años, 140 mil pesos; la mitad de los que cotizaron entre 30 y 35 años recibirán 201 mil pesos o menos y la mitad de los que cotizaron entre 35 y 40 años recibirán 376 mil pesos o menos.
A ello se agrega que estos grupos saben que las pensiones que recibirán son extraordinariamente bajas. En efecto, la Fundación Sol hizo un análisis de las pensiones autofinanciadas que recibirán las 10.145 personas que jubilaron en septiembre del presente año. Los resultados son dramáticos. La mitad de las personas que cotizaron entre 20 y 25 años recibirán una pensión de 92 mil pesos o menos; la misma proporción de los que cotizaron entre 25 y 30 años, 140 mil pesos; la mitad de los que cotizaron entre 30 y 35 años recibirán 201 mil pesos o menos y la mitad de los que cotizaron entre 35 y 40 años recibirán 376 mil pesos o menos.
La salida económica de la crisis (que sin duda como indicamos más arriba no constituye toda la solución) requiere en consecuencia abordar no solo los problemas de la población más pobre que es la idea que subyace a la política de focalización del gasto público. Esto implica abordar también los temas respecto de los cuales la ciudadanía se ha venido manifestando en al menos los últimos 15 años.
El paquete social que presento el presidente de la República el 22 de octubre tiene un costo que se ha estimado en un 0,4% del PIB de los cuales la mitad se destinaría a financiar el Ingreso Mínimo Garantizado. Cabe señalar que no resulta razonable que el subsidio estatal vaya en beneficio de quienes ganan el salario mínimo en las grandes empresas. Esa tarea debería ser asumida por esas mismas empresas lo que liberaría recursos para que el beneficio se focalizara en las PYMES lo que abriría la posibilidad de ampliar el beneficio a 400 mil pesos (Espacio Público, Análisis de la Agenda Social presentada por el Gobierno de Chile). En todo caso, el gobierno estimó que los US$ 1200 millones de dólares requeridos para financiar las medidas requierían reasignaciones por US$ 600 millones y un financiamiento adicional al previsto en el Presupuesto por una cifra similar.
Cabe señalar que no resulta razonable que el subsidio estatal vaya en beneficio de quienes ganan el salario mínimo en las grandes empresas. Esa tarea debería ser asumida por esas mismas empresas lo que liberaría recursos para que el beneficio se focalizara en las PYMES lo que abriría la posibilidad de ampliar el beneficio a 400 mil pesos (Espacio Público, Análisis de la Agenda Social presentada por el Gobierno de Chile).
Es claro que la agenda social del Gobierno es insuficiente. Analizar los requerimientos adicionales para una agenda social que efectivamente impacte en las condiciones de vida del 80% de la población es una tarea compleja. Por ello a modo de ilustración se realiza un pequeño ejercicio de los requerimiento adicionales en el campo de la salud.
Sin duda abordar la calidad de la salud pública requiere ingentes recursos. Cabe señalar que sin mejoras sustanciales del servicio, la gestión del sistema público de salud exige recursos muy por encima de los que le asigna el presupuesto de la República. Para el año 2017, el Instituto Libertad y Desarrollo estimó que la salud pública gastó 21% más que lo presupuestado (En subtítulo 21 gastos en personal y 22 gastos en bienes y servicios de consumo) lo que equivalía a US$ 1240 millones de dólares). Estas cifras fueron confirmadas por la DIPRES en su informe sobre presiones de gasto en abril del 2018 (https://www.dipres.gob.cl/598/articles-173543_doc_pdf.pdf). ¿Cuánto sería necesario destinar al gasto en salud para lograr un mejoramiento sustantivo de la calidad de las prestaciones?
El problema es que el sistema público que atiende al 75% de los usuarios gastaba por beneficiario en el 2014 una suma 411 mil pesos; en el sistema de ISAPRES gastaba 1 millón 140 mil pesos, esto es casi 3 veces lo que gasta el sector público.
Un buen indicador es el gasto en salud en la OCDE. Si se mira el conjunto del gasto (cotizaciones + gasto público + gasto de bolsillo) Chile destina un 8,9% del PIB que se compara desfavorablemente con países como Australia, Canadá y Finlandia que destinan 9,3; 10,7 y 9,2% del PIB respectivamente). Chile sale mejor parado compara a República Checa, Grecia e Irlanda que destinan 7,5;7,8 y 7,2 puntos del PIB respectivamente). El problema es que el sistema público que atiende al 75% de los usuarios gastaba por beneficiario en el 2014 una suma 411 mil pesos; en el sistema de ISAPRES gastaba 1 millón 140 mil pesos, esto es casi 3 veces lo que gasta el sector público. ¿Cuánto debería subir el presupuesto público para entregar una calidad de servicio razonable? El gasto público en salud alcanzó en 2018 un 4,9% del PIB. Probablemente con mejoras sustantivas en gestión un servicio de calidad requeriría un aporte adicional de al menos 2% del PIB esto es US$ 5.600 millones de dólares. En suma, el sector podría requerir en torno a 3 puntos del PIB para lograr servicios de relativa calidad. Conclusiones similares se obtendrían al incorporar al análisis la educación, las pensiones, el apoyo a la PYME etc.
El principio de acuerdo tributario alcanzado por el Gobierno y la oposición se estima generará una recaudación adicional de US$ 1100 millones de dólares, esto es un 0,39% del PIB aproximadamente. Se trata de cifras que representan un 13% de la cifra que estimamos para obtener una mejora sustancial de la salud.
El principio de acuerdo tributario alcanzado por el Gobierno y la oposición se estima generará una recaudación adicional de US$ 1100 millones de dólares, esto es un 0,39% del PIB aproximadamente. Se trata de cifras que representan un 13% de la cifra que estimamos para obtener una mejora sustancial de la salud.
Ello requiere una recaudación tributaria muy superior al actual 20% del PIB. Es necesario avanzar hacia recaudaciones tributarias de al menos 30%, cifra que como se observa en el cuadro siguiente sigue estando por debajo del promedio de la OCDE.
¿Que sugiere toda esta discusión? Básicamente, que se necesita un aumento muy sustancial de los recursos del Estado para financiar los bienes públicos que requiere la ciudadanía. Ello requiere una recaudación tributaria muy superior al actual 20% del PIB. Es necesario avanzar hacia recaudaciones tributarias de al menos 30%, cifra que como se observa en el cuadro siguiente sigue estando por debajo del promedio de la OCDE.
Según los senadores socialistas, el gobierno aún no desestima salvar algo de la reintegración tributaria y no parece muy dispuesto a debatir acerca de cómo elevar la recaudación fiscal a través de diversos mecanismos (subir los impuestos al patrimonio, terminar con algunas de las exenciones tributarias, subir el royalty minero, etc.).
También ha desestimado la propuesta presentada por la llamada convergencia socialista (PS-PPD-PRSD), por estimarla infinanciable (el nuevo ministro de Hacienda). Sobre todo, en un escenario en donde el gobierno ha debido ajustar nuevamente a la baja las proyecciones de crecimiento para este año.
Los empresarios, con toda razón asustados, parecen más disponibles a «meterse la mano al bolsillo hasta que duela» como sostuviera Swett, afirmando que existen los espacios paa incrementar impuestos
Sin embargo, parece más que evidente que, a menos que se instale una reforzada nueva agenda social (al menos 1,5 % del presupuesto), no hay esperanzas que el movimiento ceda.
Sin embargo, parece más que evidente que, a menos que se instale una reforzada nueva agenda social (al menos 1,5 % del presupuesto), no hay esperanzas que el movimiento ceda y aún así se requieren de urgentes propuestas políticas e institucionales para enfrentar la crisis, al menos una nueva Constitución y un nuevo pacto político, económico, social que enfrente el complejo tema de las profundas desigualdades que marcan nuestro proceso de desarrollo.
