La pandemia el coronavirus que se inició en China y que se extendiera con singular rapidez a los cinco continentes, dejando cientos de miles infectados y miles de fallecidos, inevitablemente llegó al fin del mundo. Como era previsible la trazabilidad del contagio resultó imposible, obligando a las autoridades a demoradas decisiones, con la pretensión de aplanar su curva de crecimiento, que amenaza hoy con colapsar los servicios de salud, tal cual ha ocurrido en varios países, entre ellos Italia, el mayormente afectado por la pandemia.
existe una duda más que razonable acerca de la capacidad del sistema público de salud para enfrentar el punto más alto de la tasa de contagios.
Y pese a que el gobierno, que acaba de decretar el estado de excepción constitucional de catástrofe por 90 días, asegura que se han tomado todas las medidas para enfrentar la emergencia sanitaria, existe una duda más que razonable acerca de la capacidad del sistema público de salud para enfrentar el punto más alto de la tasa de contagios.
En verdad, la epidemia recién está llegando a América latina luego de su rápida expansión en China-cuya curva parece empezar a decrecer- extendiéndose por Asia- que parece haber enfrentado de mejor manera la emergencia-, y Europa, en algunos de cuyos países se registra a mayor cantidad de infectados y muertos.
Es más que evidente que América Latina, con enormes precariedades en sus servicios sanitarios, en medio de fuertes tensiones sociales, conflictos políticos y crisis económicas, se encuentra menos preparada que otros países para enfrentar una pandemia cuyos efectos amenazan con extenderse y prolongarse en el tiempo.
Y no todos los gobiernos parecen haber apreciado con la misma responsabilidad la gravedad de la situación sanitaria que hoy enfrenta al planeta y que recién llega a la región. Tal ha sido el caso del propio Estados Unidos- con descrédito inicial y burlesco de Trump –México o Venezuela, que tras minimizar su gravedad han debido rectificar.
Enfrentar la emergencia sanitaria
Chile no es una excepción. No existen camas hospitalarias ni respiradores mecánicos suficientes para enfrentar una demanda predecible. De allí los esfuerzos, vacilantes y tardíos con medidas de aislamiento social y cuarentena adoptadas por el Presidente, cuestionadas, por lo mismo, desde municipios, el Colegio Médico y grupos de parlamentarios.
Ciertamente se produjo un drástico cambio de escenario, alterando las prioridades en la ya compleja agenda política y mediática, dominada hasta hace muy poco por los efectos del estallido social, obligando a reconsiderar el cronograma político que partía con el plebiscito programado para el próximo 26 de abril, así como el proceso de primarias para la designación de candidatos a alcaldes, concejales y gobernadores regionales, los propios miembros de la convención constituyente y las elecciones municipales.
Ciertamente se produjo un drástico cambio de escenario, alterando las prioridades en la ya compleja agenda política y mediática, dominada hasta hace muy poco por los efectos del estallido social
No parecía tener otra opción el gobierno, que hasta ahora ha mostrado una buena dosis de improvisación a la hora de adoptar medidas, que convocar a expertos y ex ministros de salud, de diverso signo, así como a los representantes del Colegio médico, a colaborar en la emergencia, sin que ello signifique la certidumbre de acuerdos. Precisamente por la ausencia de convicciones efectivas desde el Ejecutivo.
Ciertamente parece complejo determinar el mejor momento para decretar una paralización severa de las actividades en un país, incluyendo el asilamiento social, el cierre de las fronteras y la paralización de la actividad económica, que afecta la vida cotidiana de los ciudadanos, sus actividades laborales y la marcha de la economía del país ya bastante afectada por el impacto de la pandemia, los efectos del estallido social, incluido los actos de violencia, y una larga sequía. Sin embargo, los precedentes internacionales son lo suficientemente severos para vacilar cuando los costos en vidas humanas son los conocidos.
Porque es más que evidente, como lo sostienen las autoridades en todo el mundo que lo peor está por venir. El ministerio de salud ha afirmado que le epidemia podría afectar a cerca de un 10 % de la población y su punto más alto podría situarse en las próximas ocho semanas (principios de mayo). Y ello obliga a una adecuada planificación y reforzamiento de los servicios de salud. Algo ciertamente no garantizado como lo demuestran evidentes precariedades del sistema público de nuestro país.
El ministerio de salud ha afirmado que le epidemia podría afectar a cerca de un 10 % de la población y su punto más alto podría situarse en las próximas ocho semanas (principios de mayo). Y ello obliga a una adecuada planificación y reforzamiento de los servicios de salud. Algo ciertamente no garantizado como lo demuestran evidentes precariedades del sistema público de nuestro país.
No deja de ser relevante que haya sido un liberal como Emmanuel Macron, Presidente de Francia, el que haya sostenido “lo que ha revelado esta pandemia es que la salud gratuita (pública), nuestro Estado de bienestar, no son costos o cargas, sino bienes preciosos, y que este tipo de bienes y servicios tiene que estar fuera de las leyes del mercado”.
Un gran desafío reside en fortalecer la salud pública, acentuándose la urgencia y relevancia la reforma que hoy se debate en el parlamento.
Esta es una tarea de país, que requiere de la activa participación y responsabilidad de la ciudadanía con el compromiso de los diversos sectores sociales y políticos, más allá de las palabras oportunas y de buena crianza, para colaborar y fortalecer el sistema público de salud, prevenir los contagios y tomar las medidas adecuadas para enfrentar la epidemia.
Un nuevo cronograma político e institucional
Asumiendo que la pandemia que hoy impacta a nuestro país representa un drástico cambio de escenario, que obliga a redefinir las prioridades, poniendo en primer lugar el tema de la salud pública. Ello no significa ignorar la profunda crisis económica, social y política que vive el país.
El proceso constituyente aprobado por el parlamento sigue plenamente vigente y necesariamente debe ser recalendarizado para hacerlo compatible con el cronograma electoral, asegurando una adecuada y masiva participación de la ciudadanía.
Los partidos suscriptores del acuerdo por la paz y una nueva Constitución exploran diversas alternativas para esta recalendarización. Incluso la dirigencia de la UDI especuló con no realizar el plebiscito de entrada para abocarse directamente a la elección de representantes a una convención mixta, integrada en un 50 % por parlamentarios y el resto por representantes elegidos. Fórmula rápidamente desestimada por la mayoría de los partidos suscriptores del acuerdo estimando la inexistencia de piso político y ciudadano para tal aventura.
De igual manera, sectores de la derecha se resisten a la posibilidad de hacer coincidir las próximas elecciones municipales y de gobernadores regionales con el plebiscito de entrada al proceso constituyente, sosteniendo que se trata de dos procesos distintos y, básicamente, por el temor que la opción por el apruebo (muy mayoritaria según las encuestas) termine contaminando el resultado de las elecciones. Un temor razonable, aunque escasamente evitable.
sectores de la derecha se resisten a la posibilidad de hacer coincidir las próximas elecciones municipales y de gobernadores regionales con el plebiscito de entrada al proceso constituyente, sosteniendo que se trata de dos procesos distintos y, básicamente, por el temor que la opción por el apruebo (muy mayoritaria según las encuestas) termine contaminando el resultado de las elecciones. Un temor razonable, aunque escasamente evitable.
Lo más relevante, sin embargo, es asegurarle al país y sobre todo a algunos sectores que temen que la pandemia pudiera servir de pretexto para escamotear o postergar indefinidamente el proceso, es que se fijen los nuevos plazos a la brevedad.
Avanzar en la agenda social
La propia necesidad de fijar un nuevo cronograma institucional (que no implica dilatar excesivamente el proceso constituyente) fija nuevas prioridades en la agenda social. El gobierno ha sido hasta ahora refractario a avanzar en un nuevo pacto social propuesto por diversos sectores de la oposición, insistiendo en una agenda de orden y seguridad y acuerdos de mínimos en materia social, que no asumen las principales demandas ciudadanas por avanzar hacia un país más justo y solidario, enfrentando las desigualdades y los abusos más que evidentes en el contexto actual.
El gobierno ha sido hasta ahora refractario a avanzar en un nuevo pacto social propuesto por diversos sectores de la oposición, insistiendo en una agenda de orden y seguridad y acuerdos de mínimos en materia social, que no asumen las principales demandas ciudadanas por avanzar hacia un país más justo y solidario, enfrentando las desigualdades y los abusos más que evidentes en el contexto actual.
Con toda razón y múltiples antecedentes, el ex ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre ha sostenido que “posiblemente, los temas de fondo de la crisis social, como pensiones, educación, ciencia y tecnología, van a tener que esperar un poco”.
Es más que evidente que con la pandemia que hoy enfrenta el mundo se acentúan los riesgos de una recesión. Diversos analistas (ver artículo de Osvaldo Rosales en esta edición de La Mirada) comparan la actual crisis con la gran depresión de 1929 y sus efectos se han dejado sentir duramente en nuestro país, que ya venía arrastrando el impacto económico de la guerra comercial entre EE.UU. y China, a los que se suman los costos sociales y económicos que ha generado el estallido social, además de una prolongada sequía, obligando a proyectar a la baja las proyecciones de crecimiento, que bien puede acercarse a cero el presente año. O incluso a un crecimiento negativo.
Es más que evidente que con la pandemia que hoy enfrenta el mundo se acentúan los riesgos de una recesión.
Chile requiere retomar la senda del crecimiento para abordar una ambiciosa agenda social que enfrente el sensible tema de las desigualdades. No es imposible caminar y mascar chicle al mismo tiempo, avanzando así en un nuevo pacto social que fije una hoja de ruta reformista y gradualista en dicha dirección.
No es imposible caminar y mascar chicle al mismo tiempo, avanzando así en un nuevo pacto social que fije una hoja de ruta reformista y gradualista en dicha dirección.
Lo urgente no puede hacer olvidar lo verdaderamente importante. Muy probablemente, los efectos de la pandemia que hoy enfrenta el mundo se prolonguen por muchos meses (incluso académicos proyectan de 12 a 18 meses), antes que se descubra una vacuna que permita su erradicación (una carrera en contra del tiempo en donde China anuncia importantes avances). Y con toda seguridad sus efectos pueden ser muy nocivos en el terreno económico y social, tanto en Chile como en el mundo.
Lo verdaderamente relevante a la hora de fijar las nuevas prioridades es asumirlas en su integridad. Lo más urgente, sin duda, es enfrentar la agenda sanitaria, asumiendo que la salud de la población está primero. Pero ello no puede eludir la necesidad de asegurar el proceso constituyente en condiciones que aseguren una amplia participación ciudadana, retomar la senda del crecimiento y avanzar en un nuevo pacto social que asuma las principales demandas ciudadanas.
Como pocas veces en nuestra historia, el país, sus sectores políticos, agentes económicos y actores sociales enfrentan grandes desafíos para los que se requiere de unidad, fuerza y movilización, así como de sólidos liderazgos para señalar caminos y movilizar voluntades y capacidades tras una agenda de futuro.
Tal como sostiene una reciente columna publicada en The Economist Chile tiene una gran oportunidad para preservar sus notables avances alcanzados en los últimos treinta años, asumir sus evidentes déficits y rectificar todo aquello que es necesario y evidente.
Lo importante, que algunas eluden en medio de la pandemia en curso, es escuchar la voz de los ciudadanos.
Lo importante, que algunas eluden en medio de la pandemia en curso, es escuchar la voz de los ciudadanos.
