En Uruguay existe desde hace diez años un organismo estatal autónomo que se llama Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Hay quienes lo tienen en la mira porque hasta ahora ha sido una piedra en el zapato de la impunidad.
El organismo fue creado por ley, y está encabezado por un Consejo Directivo de cinco miembros que deben ser idóneos, y que son elegidos por el Parlamento en sesión especial de la Asamblea General (30 senadores y 99 diputados), con mayorías especiales y a propuesta de determinadas organizaciones de la sociedad civil.
Hasta ahora dicho consejo ha estado integrado por personas expertas, con largas y destacadas trayectorias jurídicas tanto en el país como en organizaciones internacionales, y que gozan de notoria autoridad moral ante la ciudadanía, ante el propio Parlamento y ante los sucesivos gobiernos.
Ocurre que ahora debe elegirse un nuevo Consejo Directivo, y lo que en un principio debía ser un proceso ordenado y al margen de las querellas políticas se ha convertido en un verdadero campo de batalla dialéctica, de interpretaciones jurídicas y de reclamaciones sociales. La comisión especial (de parlamentarios) encargada de elevar la lista al pleno de la Asamblea General, esta vez optó por hacer la de Pilatos y enviar la lista de todos los que habían sido propuestos, entre quienes figuran algunas personas con escasa o nula experiencia en ese campo.
El Parlamento debería elegir de esa lista a los cinco miembros, pero ocurre que las organizaciones más representativas de ese trabajo social (el de la defensa de los Derechos Humanos) no consideran que hayan sido rectos ni ajustados a derecho los procedimientos empleados.
Decenas de organizaciones sociales vinculadas a la temática en cuestión acaban de presentar un recurso jurídico para que se anule lo actuado hasta ahora, por entender que se incurrió en «manifiestas irregularidades» por parte del Parlamento. El abogado Juan Ceretta, un docente universitario que los representa legalmente dijo que «la comisión especial ha incumplido con distintos artículos de la ley de la INDDHH, entre ellos el que solo permite que los candidatos sean propuestos por las organizaciones sociales y no por el sistema político. Entendemos que violentan el espíritu de la institución, los principios de París y una serie de recomendaciones internacionales que rigen para los ombudsman”.
En los hechos, muchos de los candidatos fueron propuestos por senadores de la coalición de gobierno, quienes actuaron como intermediarios de pequeñas instituciones de poca relevancia y nulo historial en materia de derechos humanos y, lo que es peor, con conceptos manifiestos en materia de defensoría del pueblo que se da de cabeza con las más elementales definiciones sobre el tema.
El abogado Ceretta agregó que «la comisión no ha cumplido con el debido control del artículo 45 y 46 de la ley, y ha incluido en la lista a candidatos que no reúnen las características o condiciones que requiere la ley, que pueden ser personas muy honorables, pero no cumplen con los requisitos. Por lo tanto, es un acto administrativo que está viciado de nulidad, por lo que nos queda simplemente intentar la acción de nulidad ante el tribunal de lo Contencioso Administrativo”.
Especialmente severa con el asunto fue Elena Zaffaroni, en representación de la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Durante una conferencia de prensa ella leyó una declaración en la que se cuestionan métodos y prácticas: «La repartija de cargos como botín político es una agresión enorme. Lesionar la autonomía de la institución es desnaturalizarla, quitarle una parte esencial. Tan grave como quitarle la función de controlar al Estado. Cuando hablamos de la Institución referimos al organismo de defensa, protección y promoción de todos los derechos humanos de todas las personas en todo el territorio. Y hablamos del control que esta institución hace para que el Estado no vulnere esos derechos. Hablamos de diez años de contribución al fortalecimiento del sistema democrático. Hablamos de una ley de creación que se votó por unanimidad”.
La elección de los integrantes del Consejo Directivo tiene varios elementos delicados, entre ellos uno muy sensible: hay informaciones y denuncias que refieren a violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura (torturas, abusos sexuales, robos, desapariciones, enterramientos clandestinos) que están en poder de la institución, que se maneja con absoluta reserva en torno a esos casos, dando cuenta cuando corresponde a la justicia y a nadie más. Su independencia absoluta del poder político le permite hacerlo, como forma de salvaguardar las investigaciones y también cuidar a las personas involucradas. El temor es que esas informaciones ultrasensibles (en las que figuran, entre otros elementos, los nombres de víctimas, denunciantes, denunciados y testigos protegidos) puedan ser ventiladas por manejos interesados o poco idóneos.
También puede ocurrir que una integración vidriosa del nuevo Consejo Directivo inhiba a muchos ciudadanos a efectuar denuncias o a iniciar procedimientos, por temor a filtraciones y posibles represalias. Ello acabaría por desnaturalizar a un organismo cuyo cometido básico es, justamente, aumentar la protección de las personas en todos los ámbitos de su ciudadanía. Si no se cambia el rumbo, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo quedará muy descaecida. Aunque quizá ese sea el objetivo último de quienes la tienen en la mira porque hasta ahora ha sido una piedra en el zapato de la impunidad.
