El pasado 18 de octubre se cumplieron siete años del estallido social en nuestro país y aún está pendiente la discusión acerca de sus causas y responsables. La derecha no duda en culpar a la izquierda radical, el octubrismo, por los hechos de violencia que lo rodearon, pero no consigue reconocer las causas que lo generaron. Quizás los recientes estallidos sociales que recorren Europa, conmoviendo a Francia, España, Portugal, Italia, Bélgica, Serbia y Albania, pudieran contribuir a explicar un fenómeno que amenaza con extenderse a nivel global. Es la indignación de los ciudadanos frente a un orden mundial que no les ofrece un buen vivir. No les garantiza una salud y una educación de calidad. Una vivienda propia. Un empleo decente y bien remunerado. Llegar a fin de mes sin sobresaltos. Vivir seguros y acceder a una jubilación digna.
Son razones contundentes para explicar la indignación ciudadana a nivel global. No para justificar los desmanes, la violencia y las incivilidades, que la inmensa mayoría del país repudia y condena. La enorme paradoja es que, en este cuadro, una marea de ultraderecha recorre el mundo con un discurso del terror, la xenofobia, el ultranacionalismo y el iliberalismo. Sus prioridades están concentradas en el crecimiento económico y la seguridad. Menos estado y más mercado, parece ser la consigna. Ninguna de esas prioridades ofrece respuestas a las demandas ciudadanas.
Ninguna de las principales demandas ciudadanas expresadas durante el estallido social ha sido satisfecha, excepto parcialmente por la última reforma al sistema de pensiones, y nada garantiza que no se generen nuevos estallidos frente a la restauración conservadora que impulsa el actual gobierno. Sobre todo, si insiste en implementar su programa, con los acentos impuestos desde la cartera de Hacienda.
La libertad avanza carajo, repiten sus incondicionales, pero también avanza el poder del narcotráfico y el crimen organizado. Se debilitan las democracias. Recrudecen las guerras y se desmorona un orden mundial, reemplazado por el poder de los imperios y sus intereses económicos.
La gran interrogante es cómo ofrecer una salida a la inquietud creciente de la humanidad respecto del futuro. ¿Tiene la democracia las respuestas? Es una interrogante abierta. Todo indica que los regímenes autoritarios, tan disímiles como el de China o el Salvador, son más eficientes a la hora de garantizar la seguridad, pero no la libertad. La democracia está desafiada a responder, con solvencia estas interrogantes. ¿Puede asegurar orden, seguridad, crecimiento inclusivo y derechos sociales?
La respuesta no es simple ni fácil. Plantea múltiples desafíos. Entre otros, compatibilizar la libertad con la justicia, el crecimiento con la justicia social, el orden con el irrestricto respeto de los derechos humanos. El bien común por sobre el interés particular.
El gobierno de Kast aún no consigue desatar su agenda
La Moneda aún no despliega su verdadera agenda. Ya envió un proyecto que impide que el INDH se querelle por delitos sobre la materia, mientras restringe su presupuesto. Apuesta al cierre de PRODEMUS y también se reducen presupuestos en los ministerios sociales. Bernardo Fontaine busca abrir CODELCO a la inversión privada y Patricio Dussaillant espera el informe de la comisión que analiza la privatización de TVN.
Pese a la afinidad ideológica entre los gobiernos de Javier Milei y José Antonio Kast, las relaciones entre ambos países enfrentan fuertes tensiones. El gobierno argentino ha expresado su preocupación por la iniciativa de empresarios privados para establecer lazos comerciales entre nuestro país y las islas Malvinas. El ministro Poduje tuvo que disculparse por sus afirmaciones acerca de que el mandatario argentino estaba cada vez más loco.
El tema de los indultos, no tan sólo a condenados por el abuso de fuerza represiva durante el estallido, sino también a violadores a los derechos humanos durante el régimen militar es una papa caliente para el gobierno, pese a sus promesas de campaña. Tanto republicanos como libertarios presionan a La Moneda para que ellas se cumplan a la brevedad, pero en el gobierno están más que conscientes que ello puede ser un punto de quiebre no tan sólo con la oposición sino también con sectores del oficialismo. Sin embargo, tanto por convicción como por coherencia, José Antonio Kast no tiene más alternativa que asumir ese riesgo.
Aún resta explicitar su propuesta laboral, que apunta a una mayor precarización del empleo, disminución de la indemnización por despidos y mayor jibarización del aparato estatal. En las próximas semanas, el ministro del Trabajo deberá anunciar la agenda laboral, generando crecientes tensiones con las organizaciones laborales.
La economía no da visos de recuperación. Proyecciones recientes marcan un crecimiento de 0.6 % para el presente año y las tasas de desempleo se empinan por sobre el 9,5 %., mientras suben precios de combustibles y alimentos.
La pérdida de casi 11.000 millones de dólares de las AFP con sus apuestas excesivamente riesgosas, afectando principalmente a los fondos E y D, supuestamente los más seguros, ha repuesto el debate acerca del marco regulatorio de esa industria, así como de la responsabilidad que les cabe a las administradoras por esa pérdida que afecta a los sectores más vulnerables y la urgencia de una compensación.
En suma, el gobierno enfrenta una compleja agenda en materia económica, social y seguridad, además de las relaciones internacionales, en donde no tiene garantizado el respaldo político de una virtual alianza oficialista, con crecientes críticas a la conducción política del ejecutivo y serias dificultades con la oposición, mientras las encuestas evidencian un preocupante descenso en sus niveles de apoyo.
Sin duda, un envejecimiento prematuro a tan solo siete meses de gestión que obliga a un rediseño que no tan solo pasa por la designación un nuevo vocero, el ex parlamentario de la UDI, Gonzalo Arenas, sino exige un riguroso análisis del equipo ministerial y un tan indispensable como complejo ajuste antes de fin de año.
El fantasma de Bachelet
El gobierno tomó una muy mala decisión al no apoyar la postulación de Michelle Bachelet a la secretaría general de Naciones Unidas. Fue la propia exmandataria la que aclaró que no se iría a su casa para preparar cazuelas, como proponían sectores del oficialismo. Muy por el contrario, en conjunto con Gabriel Boric, ha asumido un rol muy activo para unir a la oposición, sin descartar la alternativa de postularse nuevamente a la presidencia.
Pero esa no es la prioridad hoy en día. Lo más urgente es enfrentar la ofensiva del oficialismo para jibarizar el estado y recortar el gasto público que, inevitablemente afectará derechos sociales. Volver a conectar la política con la sociedad civil, enfrentar la batalla cultural de la ultraderecha y defender las conquistas sociales.
En conjunto, ambos mandatarios ejercen un sólido y reconocido liderazgo en la oposición, desde la DC hasta el PC. Tienen la experiencia de haber gobernado al país y cuentan con equipos de alta calificación técnica para elaborar propuestas que le haga sentido a la mayoría del país. Y ambos tienen capacidad de diálogo, como lo demostraran durante sus respectivos mandatos.
La gran interrogante es si existe la voluntad de diálogo por parte del oficialismo y quienes serían los interlocutores. Ese no fue el ánimo que se impuso en el debate de la mega reforma, aprobada por una estrecha mayoría oficialista. Y tampoco parece ser el ánimo para el debate en materia de seguridad.
