El proyecto de continuidad de Minera El Abra, propiedad de Freeport MacMoran (51%) y Codelco (49%), solicitó la suspensión de plazo de su proceso de evaluación ambiental hasta mayo de 2027, luego de que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por la empresa recibiera alrededor de 1900 observaciones. Sin embargo, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Antofagasta fijó la fecha para la entrega de respuestas a dichas observaciones para el 17 de diciembre de 2026. Entonces cabe preguntarse ¿Por qué la autoridad estableció un plazo menor al solicitado por la empresa?
La iniciativa sometida a calificación ambiental no es una obra menor, sino todo lo contrario, contempla una inversión de USD 7.500 millones y consiste en la continuidad operacional de la faena minera por 40 años, la ampliación del rajo de la mina, el desarrollo de una planta concentradora para procesar 300.000 tons. de mineral por día, la construcción de una planta desaladora que se emplazaría en Tocopilla y un acueducto de 146 km, a lo que se suma un deposito de relaves espesados. En definitiva, esta iniciativa contempla instalaciones en cinco comunas de la región de Antofagasta: Calama, Maria Elena, Mejillones, Ollagüe y Tocopilla.
Por ello no es de extrañar que haya recibido del orden de 1900 observaciones a su EIA y que la mayoría de estas provengan de instituciones públicas, mientras que unas 700 fueron formuladas por la ciudadanía. Los requerimientos de información por parte de los servicios públicos se entregaron al titular en el ICSARA (Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y Ampliación de Información), mientras que las observaciones de la ciudadanía se consolidaron en un documento anexo. El titular deberá dar respuesta entregando la información y/o antecedentes solicitados formalmente en un documento denominado Adenda, luego de esto, la autoridad debe decidir si lo entregado contiene la información solicitada, de no ser así la autoridad ambiental puede proceder a elaborar un segundo ICSARA. Pero lo evidente es que el titular no presentó la información requerida para poder ser evaluado por la autoridad ambiental en el plazo que establece la ley.
¿Por qué es importante este proceso? Básicamente porque estamos frente a la evaluación ambiental de un proyecto que se inició durante la administración Kast, quien prometió destrabar la inversión y señaló que el sistema se ha vuelto lento y burocrático. Por ello cabe preguntarse si las más de 1100 observaciones de los servicios públicos son un exceso de burocracia o una falta de rigurosidad del titular a la hora de entregar la información.
En lo que se refiere a la lentitud del sistema, el proyecto El Abra será emblemático, pues es un gran proyecto de inversión minera iniciado durante esta administración. Lo que pasa con El Abra no es distinto a lo que ocurre o ha ocurrido con otros proyectos de gran envergadura, la falta de información con que se presentan algunas iniciativas al proceso de calificación ambiental no es un hecho aislado, es una práctica recurrente de los titulares y delatan algunos de los problemas que presenta el SEIA, los que van más allá de la administración de turno. Si bien la ley contempla un mecanismo para solicitar que un determinado proyecto salga del sistema por falta de información relevante y esencial para ser evaluado, es algo muy poco utilizado en el SEIA y mas bien se acepta que el titular vaya entregando información parcializada a través del proceso de suspensión de plazos mediante el mecanismo de ICSARA- Adenda. Pero esto tiene otras consecuencias, los plazos totales (no los efectivos que contempla la ley) para evaluar ambientalmente un proyecto se extienden y por ende permiten generar opinión y discusiones sobre las trabas a la inversión, la cantidad de burocracia o la permisología. Por ello es necesario conocer cómo funciona el sistema antes de opinar, pues generalmente la evaluación ambiental se extiende debido a que el titular no entrega en tiempo y forma la información que se requiere para este proceso, sin embargo, resulta más fácil hablar de exceso de regulación o de trabas a la inversión que de falta de rigurosidad de los titulares de proyectos.
Lo cierto es que un proyecto que recibe mas de 1.100 observaciones solo de los servicios públicos, sin duda adolece de información relevante y esencial para ser calificado ambientalmente. Sin embargo, la autoridad puede decidir si le solicita al titular el retiro del proyecto o continua su tramitación generando un ICSARA, que fue lo que hizo con minera El Abra.
Dado el contexto político en el cual estamos inmersos, con un gobierno que promueve la inversión y considera las regulaciones ambientales una traba, lo más probable es que la rigurosidad no sea lo que prime en la evaluación ambiental de este proyecto minero, más aún cuando el 49% de la propiedad de esta minera es de la estatal Codelco.
Probablemente tendremos que esperar para saber si El Abra será un caballito de batalla utilizado por los grandes sectores empresariales y la propia autoridad para poner nuevamente en discusión la permisología y /o avanzar en la flexibilización de las regulaciones ambientales. Pero también puede ocurrir que la autoridad, mas allá de toda discusión, decida ser rigurosa y por tanto exigente con la información que entrega el titular en sus respuestas, esto sin duda puede poner nerviosos a quienes confían en las palabras del ejecutivo sobre facilitar y promover la inversión.
