Un muy amplio arco de fuerzas políticas, desde Chile Vamos hasta relevantes sectores del Frente Amplio, alcanzaron un inédito acuerdo político para una nueva Constitución y plebiscitar el mecanismo-una convención mixta, integrada por parlamentarios y representantes elegidos, o una convención constituyente, elegida totalmente por la ciudadanía- con la exigencia de un cuórum de dos tercios para aprobar sus contenidos, estableciendo explícitamente que en aquellas materias en donde no se logre, ellas quedarán fuera del texto constitucional y deberán ser resueltas por la legislación ordinaria.
Importantes sectores del oficialismo, incluida la UDI, sectores de RN y Evopoli, insistían en que el debate constitucional no podía partir de cero, como insistía la oposición.
Obviamente el acuerdo no fue fácil. Importantes sectores del oficialismo, incluida la UDI, sectores de RN y Evopoli, insistían en que el debate constitucional no podía partir de cero, como insistía la oposición. Para ellos debería haber regido como referencia la actual Constitución y en todas aquellas materias donde no se llegue a un acuerdo deberían mantenerse las disposiciones actualmente vigentes. Al final primó la idea de partir de cero, en una hoja en blanco, asumiendo el quórum de dos tercios, incorporados en la mayoría de los procesos constituyentes en el mundo, como un poderoso incentivo para llegar a acuerdos.
Al final primó la idea de partir de cero, en una hoja en blanco, asumiendo el quórum de dos tercios, incorporados en la mayoría de los procesos constituyentes en el mundo, como un poderoso incentivo para llegar a acuerdos.
El mecanismo fue el otro gran tema que dividió las opiniones de parlamentarios y jefes de partido que participaron en la negociación. El oficialismo, luego que fracasara la idea de un congreso con facultades constituyentes, postulaba un sistema mixto, integrado por parlamentarios y miembros elegidos, en proporciones que variaban desde un 20 a un 50 % de parlamentarios y un 80 a 50 % de elegidos.
Y cuando algunos sectores de la oposición aparecían resignados a aceptar una fórmula mixta, más cercana al 80-20, sorpresivamente el oficialismo lanzó una propuesta que implicaba un claro retroceso en las negociaciones. La idea de un 40 % de parlamentarios, 40 % elegidos y un 20 % de designados entre ambos.
Allí el acuerdo estuvo a punto de fracasar. Diversos conciliábulos entre el oficialismo y la oposición, y ambos por separado, con la activa participación de jefes de partido, terminaron por convencer al presidente de Renovación Nacional, buena parte de su bancada parlamentaria y no pocos dirigentes de Chile Vamos, que la única vía para llegar a un acuerdo que ofreciera una salida realista, era aceptar el plebiscito de entrada para preguntarle a los ciudadanos si querían una nueva constitución y optar por el mecanismo de convención mixta o constituyente (que no tiene diferencias con la Asamblea Constituyente.
la única vía para llegar a un acuerdo que ofreciera una salida realista, era aceptar el plebiscito de entrada para preguntarle a los ciudadanos si querían una nueva constitución y optar por el mecanismo de convención mixta o constituyente (que no tiene diferencias con la Asamblea Constituyente.
Para los sectores de la oposición que participaron en las deliberaciones, el acuerdo alcanzado superaba todas sus expectativas y celebraban alborozados. Para la UDI y los sectores de RN y Evopolis más refractarios al acuerdo, lo asumieron como un riesgo y una clara derrota. Para el Presidente de Renovación Nacional y quiénes lo respaldaron, representaba un acuerdo trascendente, que abría un cauce institucional para descomprimir la crisis social y nuevos espacios para los acuerdos.
El gobierno no fue un actor relevante en este acuerdo, aunque sí monitoreó muy de cerca las deliberaciones, sin descartar que pueda haber entregado sus opiniones a las bancadas oficialistas. Con todo, el Ejecutivo terminó por celebrar el acuerdo, asumiéndolo como parte de la propuesta presidencial de alcanzar un acuerdo por la paz, la justicia social y una nueva Constitución, que terminó por asumir como inevitable.
Con todo lo relevante y significativo del acuerdo alcanzado, está lejos de satisfacer las expectativas del conjunto de los actores sociales y políticos. Desde luego los sectores más conservadores de la derecha- no tan sólo José Antonio Kast y su nueva agrupación política- lo han interpretado como “una rendición incondicional” del gobierno a las demandas de la izquierda y el movimiento social, denunciando que se ha debido negociar bajo una presión extrema y que los términos del acuerdo son del todo inaceptables, abriendo el camino al populismo.
Con todo lo relevante y significativo del acuerdo alcanzado, está lejos de satisfacer las expectativas del conjunto de los actores sociales y políticos.
Tampoco al interior de Chile Vamos existe demasiado consenso sobre los términos del acuerdo alcanzado. Y pese a que el texto suscrito es claro y categórico tanto respecto del mecanismo y cómo funcionan los quórums establecidos, ya han empezado a circular “interpretaciones” que buscan distorsionarlo, sosteniendo que si existen vetos cruzados en materias esenciales, se corre el riesgo que, finalmente, no se alcance un nuevo texto constitucional y que debiera haber una votación final sobre la globalidad de la propuesta, antes del plebiscito ratificatorio.
Por su parte, actores relevantes del movimiento social, como el Colegio de profesores, agrupaciones estudiantiles y la propia mesa de unidad social (MUS), han descrito el acuerdo como una “cocina” del mundo político, a espaldas del movimiento social que lo ha posibilitado, más allá de que el debate fuera transmitido prácticamente en directo por los medios de comunicación y refrendado por un amplio arco de fuerzas políticas.
actores relevantes del movimiento social, como el Colegio de profesores, agrupaciones estudiantiles y la propia mesa de unidad social (MUS), han descrito el acuerdo como una “cocina” del mundo político, a espaldas del movimiento social que lo ha posibilitado.
El Partido Comunista, que optara por no sumarse a las deliberaciones, sosteniendo que habría sido invitado tardíamente “cuando todo estaba ya cocinado”, ha sostenido que igualmente participará en este proceso constituyente. No así importantes sectores del Frente Amplio, que optaron por no participar y asumen el acuerdo como una respuesta política del todo insuficiente, careciendo de legitimidad social.
Convergencia Social, el partido en que milita el diputado Gabriel Boric, que inicialmente participara de las negociaciones, optó por restarse a suscribir los acuerdos por decisión de su Comité Central. La decisión del diputado Boric, que se constituyó en un actor fundamental del acuerdo, al suscribirlo de manera personal, le costó no tan sólo su citación al Tribunal Supremo de su partido sino también la renuncia de su muy cercano alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, en compañía de más de 70 militantes a la colectividad. Y Beatriz Sánchez, que respaldó el acuerdo, debió sufrir una funa de exaltados manifestantes en plena Plaza Italia o de la Dignidad como ahora se denomina.
La decisión del diputado Boric, que se constituyó en un actor fundamental del acuerdo, al suscribirlo de manera personal, le costó no tan sólo su citación al Tribunal Supremo de su partido sino también la renuncia de su muy cercano alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, en compañía de más de 70 militantes a la colectividad.
Como se puede apreciar, el histórico acuerdo político por una nueva Constitución, valorado ampliamente por la ciudadanía, como muestran las encuestas, así como por los mercados, según señalaron los indicadores inmediatos, tiene fuertes detractores y claros enemigos. En buena medida porque representa una derrota para los sectores más conservadores de la derecha. En menor medida por ciertos mitos y confusiones que aún oscurecen el acuerdo. Y también por desconfianzas inocultables del movimiento social hacia el mundo político.
Son poderosos los obstáculos que este histórico acuerdo deberá vencer para llegar a buen puerto,
Son poderosos los obstáculos que este histórico acuerdo deberá vencer para llegar a buen puerto, teniendo siempre presenta las afirmaciones no tan sólo del diputado Boric sino de la inmensa mayoría de la oposición “el quórum de dos tercios establecido en el acuerdo es incentivo para llegar a consensos. Pero en lo que no sea posible, queda fuera de la Constitución y pasa a la legislación ordinaria. Si desconocen esto se cae todo”. Y nadie puede desconocer las lamentables consecuencias que esto tendría,
“el quórum de dos tercios establecido en el acuerdo es incentivo para llegar a consensos. Pero en lo que no sea posible, queda fuera de la Constitución y pasa a la legislación ordinaria. Si desconocen esto se cae todo”. Y nadie puede desconocer las lamentables consecuencias que esto tendría,
El acuerdo constitucional no basta para resolver la crisis social que enfrenta el país
El acuerdo constitucional no basta para resolver la crisis social que enfrenta el país
El pacto por la justicia social
Pese a su relevancia y trascendencia, el acuerdo alcanzado no basta para resolver la profunda crisis social y política que enfrenta el país ni asegura detener el espiral de violencia que ha acompañado las masivas movilizaciones sociales.
Pese a su relevancia y trascendencia, el acuerdo alcanzado no basta para resolver la profunda crisis social y política que enfrenta el país ni asegura detener el espiral de violencia que ha acompañado las masivas movilizaciones sociales.
El gobierno está desafiado a reformular drásticamente no tan sólo su fracasado programa, que hoy carece de toda viabilidad, sino también para ajustar sus prioridades y urgencias, asumiendo la profundidad de la crisis que enfrenta el país.
El gobierno está desafiado a reformular drásticamente no tan sólo su fracasado programa, que hoy carece de toda viabilidad, sino también para ajustar sus prioridades y urgencias, asumiendo la profundidad de la crisis que enfrenta el país.
Mario Desbordes, el Presidente de Renovación Nacional, que reconoce la validez de las movilizaciones sociales, ha fijado un plazo de dos semanas para lograr consensos en torno a una fortalecida agenda social acorde con las demandas ciudadanas, que considere el tema previsional, la salud, el trabajo, ingreso mínimo garantizado, requiriendo un mayor esfuerzo fiscal que el anunciado inicialmente por el Presidente en la llamada nueva agenda social, a todas luces insuficiente.
Más en el fondo, se trata de ponerle carne y contenidos al enunciado pacto por la justicia social del que se ha pronunciado vaga y tardíamente el mandatario. Una agenda de corto plazo, como la que propone el economista Osvaldo Rosales (ver artículo en esta edición) que, al menos, multiplique por tres el gasto fiscal comprometido en materia social y una agenda de mediano plazo, que derechamente enfrente el tema de las profundas desigualdades que están en el origen del descontento social, que pueda ser financiada con recursos disponibles (fondo soberano, endeudamiento, resignaciones, fin de exenciones tributarias.et) y un pacto tributario gradual, que acerque la carga tributaria al nivel de los países de desarrollo medio y desarrollados (OCDE).
Más en el fondo, se trata de ponerle carne y contenidos al enunciado pacto por la justicia social del que se ha pronunciado vaga y tardíamente el mandatario.
El pacto por la paz
El pacto por la paz de que habla Piñera no puede reducirse, sin el grave riesgo de fracasar, al mero ámbito del orden y seguridad pública. Las masivas y generalizadas (para no hablar de sistemáticas) violaciones a los derechos humanos, denunciadas por el INDH y diversos organismos internacionales, que han implicado más de 25 personas fallecidas, miles de heridos, 220 lesiones oculares y miles de detenidos, representan un severo llamado de atención acerca del uso de la fuerza legitima en democracia, que no pueden ser atribuidos simplemente a “excesos” o incumplimiento de protocolos establecidos sino a un patrón que proyecta más de una duda acerca del profesionalismo y formación de las instituciones policiales.
El pacto por la paz de que habla Piñera no puede reducirse, sin el grave riesgo de fracasar, al mero ámbito del orden y seguridad pública.
Es más que evidente que estos hechos deben ser investigados por la justicia, sancionando a sus responsables. Pero el alto mando de Carabineros, incluyendo a su Director General, no pueden eludir su responsabilidad por estos hechos. Tampoco las autoridades de gobierno. La renuncia del Director General de Carabineros puede contribuir a la pacificación nacional pero tanto o más importante que ello se requiere de urgentes y profundas reformas institucionales que permitan compatibilizar la acción de las fuerzas de orden y seguridad con las normas de la democracia.
La renuncia del Director General de Carabineros puede contribuir a la pacificación nacional pero tanto o más importante que ello se requiere de urgentes y profundas reformas institucionales que permitan compatibilizar la acción de las fuerzas de orden y seguridad con las normas de la democracia.
Todo lo anterior, sin embargo, no puede obviar la violencia contestaría que ha acompañado a estas convulsiones sociales. Se puede comprender la rabia acumulada por tantas décadas de abusos e inequidades que han acompañado a nuestra historia como Nación, pero no se pueden justificar los saqueos, los incendios, la destrucción de la propiedad pública o privada, que afecta también a sectores populares, sin un grave riesgo para nuestra convivencia actual y futura.
Toda forma de violencia debiera parar. La institucional, la sistémica, la anti sistémica y la delincuencial. Pero el anhelo de pacificación no se logrará en base a buenas intenciones. Ello supone un nuevo pacto político, económico y social para enfrentar las desigualdades, terminar con los abusos, entregar mayor protagonismo a los actores sociales, establecer una nueva relación entre los cuestionados representantes políticos y los movimientos sociales, asumiéndolos como actores y protagonistas del cambio y las transformaciones.
Pero el anhelo de pacificación no se logrará en base a buenas intenciones.
La ciudadanía no tan sólo demanda soluciones urgentes para sus problemas más acuciantes. También y muy principalmente dignidad, participación y un nuevo trato. Tanto de las autoridades como de los actores políticos y agentes económicos. Y aquello debe hacer parte sustancial de un nuevo pacto por la paz del país.
La ciudadanía no tan sólo demanda soluciones urgentes para sus problemas más acuciantes. También y muy principalmente dignidad, participación y un nuevo trato.
