Nunca es un buen momento para que partidos aliados ventilen sus diferencias por la prensa. El senador Juan Carlos Latorre escogió el peor de todos para arremeter en contra de sus aliados del socialismo democrático, acusándolos, entre otras cosas, de intentar dar lecciones de cómo gestionar las coaliciones y querer volver a las políticas concertacionistas.
Justo en los momentos de mayor debilidad del gobierno, cuando las encuestas reflejan un incremento de la desaprobación de su gestión y el propio presidente, enfrenta una dura arremetida de los sectores de la derecha y sus medios de comunicación afines.
Se arremete contra el Ejecutivo para que admita que el triunfo del rechazo en el plebiscito constituyó una derrota política que lo obliga a morigerar o desechar su programa para concentrarse en la agenda de seguridad pública, el control de la inflación y la reactivación económica. Una vuelta en U, como sugiere el ex ministro de Piñera, Gerardo Varela, sosteniendo que el gobierno no tiene el apoyo de la calle, de los mercados ni de la élite política.
Hay pocas dudas en que la oposición desconocerá el acuerdo de administración suscrito al inicio del actual período legislativo, impidiendo así que Karol Cariola asuma le presidencia de la Cámara de diputados, como estaba establecido. Eric Aedo, jefe de la bancada DC, anunció que no contará con sus votos. Mientras el partido de la gente se deja seducir por la derecha para elegir a uno de los suyos en su reemplazo, contando con la adhesión de disidentes habituales como Pamela Jiles y René Alinco. Y se preparan para asumir el control de las comisiones más relevantes de la cámara baja, apuntando a complicar la agenda legislativa del gobierno.
Es sabido que el gobierno no cuenta con una mayoría parlamentaria para viabilizar su programa y debe intentar un laborioso proceso de diálogo y construcción de consensos en un legislativo marcado por la disgregación y dispersión política, cuando los sectores más duros de la derecha buscan pescar a rio revuelto, en alianzas con los disidentes de la centroizquierda – amarillos y demócratas- mientras el partido de la gente saca cuentas alegres.
Nada está siendo fácil para el oficialismo. No sólo darle continuidad al proceso constituyente, también viabilizar algunas de sus reformas emblemáticas, como la tributaria y la previsional que se anuncia para los próximos días.
Sería injusto concentrar responsabilidades en el senador Juan Carlos Latorre por desaguisados oficialistas, Daniel Jadue aporta lo suyo, como el senador socialista Fidel Espinoza, con sus críticas sistemáticas al gobierno. Y es más que evidente que existen diferencias respecto del tema de la seguridad ciudadana, como quedara en evidencia en la discusión de una nueva prórroga del estado de emergencia.
Las diferencias entre Apruebo Dignidad y el socialismo democrático han subido algún tono a partir de la derrota en el plebiscito y el debate respecto del rumbo futuro del gobierno. El fantasma del “realismo sin renuncia dos puntos cero”, que agitara el senador Latorre en su entrevista, plantea una compleja disyuntiva para el ejecutivo.
Es del todo evidente que el triunfo del rechazo a la propuesta de nueva constitución significó una derrota política para el gobierno y el conjunto del oficialismo, condicionando un rediseño a sus prioridades futuras. Y, más allá de naturales reservas, las encuestas aconsejan una revisión autocrítica para el tránsito en los años decisivos que tiene por delante la administración de Gabriel Boric
Ningún sector del oficialismo ha planteado renunciar a las reformas emblemáticas. De hecho, la tributaria se encuentra en plena tramitación y el ministro de Hacienda ha expresado su esperanza que pueda aprobarse antes de fin de año, en tanto que se anuncia el pronto envío de la reforma del sistema previsional y se trabaja aceleradamente en la del sistema de salud.
Lo afirmó el propio senador Latorre en su controvertida entrevista al diario El Mercurio “el horizonte de transformaciones tiene que ser con responsabilidad fiscal, con diálogo democrático, con gradualidad, con pragmatismo (no solamente por no contar con mayoría parlamentaria), con un claro horizonte de superación del neoliberalismo”. Esa formulación podría ser ampliamente compartida por ambas coaliciones. Lo desafiante es un diseño en donde queden claros los objetivos, con sus prioridades y límites.
El senador Latorre se equivoca en acusar a los sectores de socialismo democrático de no tratar muy bien a los ex presidentes Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, que contaron con un decidido respaldo de la izquierda de su coalición a lo largo de sus mandatos. La deuda histórica es, más bien, con el expresidente Salvador Allende, que no siempre contó con el apoyo nítido de los partidos de su coalición, incluido el propio socialismo. De esa mala experiencia hubo suficiente autocrítica y también lecciones para no olvidar.
Lo relevante es acompasar el trámite de estas reformas con las urgencias aludidas por la ministra vocera Camila Vallejo en el ámbito de la seguridad ciudadana y la crisis económica, con una agenda social sensible a las principales demandas de la ciudadanía. Todo aquello en el marco de fuertes convulsiones sociales, restricciones presupuestarias y evidentes problemas de gestión.
El cónclave oficialista
El cónclave programado para el próximo 6 de noviembre es la oportunidad para que el oficialismo resuelva las controversias ya mencionadas, buscando un diseño compartido para darle continuidad al proceso constituyente y avanzar en el programa de reformas, asumiendo las urgencias ciudadanas.
“Retomar el sentido del triunfo del presidente Gabriel Boric” parece ser la consigna del gobierno de cara a este cónclave. Retomando el sentido de la campaña presidencial de segunda vuelta, con la capacidad demostrada por el presidente para impulsar un proceso de convergencia programática y convocar a una amplia mayoría ciudadana que le dio la victoria.
Ciertamente nunca será fácil gobernar sin mayoría parlamentaria, apoyado por dos coaliciones que compitieron en el pasado reciente y aún mantienen diferencias, que han tendido a ventilarse por la prensa. Pero la unidad y cohesión de las fuerzas oficialistas es un requisito de subsistencia para el actual gobierno, que requiere de un avance cualitativo.
Es más que evidente que ningún sector puede pretender ejercer hegemonía sobre el otro, sin un grave riesgo de división y fractura de sus fuerzas de apoyo, como insinuaba el senador Daniel Núñez. No tan sólo se requiere de templanza sino también de realismo político. La única manera de avanzar en un proceso de convergencia es a través de un adecuado mecanismo que permita procesar esas diferencias, bajo el indispensable liderazgo presidencial que naturalmente debe liderar a sus dos coaliciones.
El presidente no lo ha hecho ni está en condiciones de optar por algunas de las almas que se anidan en sus fuerzas de apoyo, como sugería algún analista. Su tarea es buscar una síntesis que permita una progresiva convergencia política y programática que tenga como horizonte la superación del neoliberalismo y la construcción de un verdadero estado social y democrático de derechos. Con una nueva constitución, redactada en democracia. Y ello sólo es posible con mayorías sociales y políticas que respalden el proceso de cambios de su gobierno. Algo que no pueden eludir las coaliciones y partidos que lo apoyan.
