Por Eugenio Rivera
Fundación Chile 21
Un gobierno sin prioridades.
El lunes 1 de abril el presidente anunció en cadena nacional un programa antidrogas con un presupuesto de US$ 660 mil dólares anuales durante el próximo trienio. El mismo día se había tomado fotos con Usain Bolt bailando en la Moneda.
Cualquier iniciativa en materia de drogas es importante y está bien recibir a un deportista tan destacado a nivel mundial. No obstante, se tratan de actividades menores (en particular por el bajo monto de recursos destinado al programa antidrogas) que no se condicen con la gravedad de los problemas que se conocieron en el mismo día.
Cualquier iniciativa en materia de drogas es importante y está bien recibir a un deportista tan destacado a nivel mundial. No obstante, se tratan de actividades menores (en particular por el bajo monto de recursos destinado al programa antidrogas) que no se condicen con la gravedad de los problemas que se conocieron en el mismo día.
En efecto, el Banco Central dio a conocer su Informe de Política Monetaria que reduce el crecimiento esperado para el presente año a un rango entre 3 y 4%. La Tercera en un editorial expresaba la creciente convicción del mundo de economistas que lo más probable es que la tasa de crecimiento estará más cerca del piso del rango definido por el Banco Central (muy por debajo del 3,8% que estimó el Presupuesto Público para el 2019). Poco a poco se ha ido reconociendo que el Gobierno no logra contribuir a mejorar la capacidad productiva del país, estimada en torno al 3%.
En efecto, el Banco Central dio a conocer su Informe de Política Monetaria que reduce el crecimiento esperado para el presente año a un rango entre 3 y 4%.
En medio de la farándula de iniciativas menores, afloran a la superficie los problemas de fondo que no terminan de enfrentarse. Es el caso de la salud cuando se da a conocer que cuatro ISAPRES aumentarán los precios de los planes en un promedio de 5,1%, el más alto desde 2011. El superintendente de Salud señaló que, en parte, ello se justificaba por la judicialización del sector, esto es que los costos que genera a las ISAPRES el reclamo de los afiliados por el aumento de precios de los planes frente a los tribunales se revierte – aunque no lo crea- en mayores alzas para todos los usuarios.
Ello ocurría en el mismo momento en que se conoció que el Servicio de Impuestos Internos cobrará a los trabajadores independientes las cotizaciones de AFP, ISAPRE y FONASA por adelantado, reduciendo el reembolso de impuestos. Ello pese a que muchos habían pagado el 2018 sus cotizaciones. Frente a estas sorpresas, el presidente de la República anuncia que enviará en el curso del mes de abril una reforma al sistema de ISAPRES.
En medio de la farándula de iniciativas menores, afloran a la superficie los problemas de fondo que no terminan de enfrentarse. Es el caso de la salud cuando se da a conocer que cuatro ISAPRES aumentarán los precios de los planes en un promedio de 5,1%, el más alto desde 2011.
En otros ámbitos, ocurrencias derivadas de la práctica de gobernar con las encuestas en la mano, como son las llamadas “admisión justa” y “ampliación del control de identidad a menores” entre otras, impiden concentrarse en lo que deberían ser las prioridades, como son el avance en la equidad y calidad de la educación y una política integral contra la delincuencia.
Al mismo tiempo, reformas importantes se estancan en el Congreso por el sello conservador que las orienta, asociado a una obcecación ideológica y las presiones del mundo empresarial. Todos estos hechos apuntan a un claro déficit de gestión política del Gobierno que se arrastra desde el inicio de la administración, pero que se hace insostenible al inicio del segundo año de la actual gestión de Sebastián Piñera.
Débil capacidad de gestión política y estrategia confusa.
El gobierno nunca se decidió por una estrategia: por una parte, levantó una gran campaña comunicacional tendiente a convencer a la ciudadanía que le daba prioridad al diálogo; por la otra, apostó a una política que buscaba obligar a la oposición a apoyar las llamadas reformas estructurales con la esperanza que una presión ciudadana obligaría aceptarlas.
Asociado a lo anterior, un segundo error fue no haber reconocido que si bien en la elección presidencial la derecha obtuvo un triunfo contundente, en la contienda parlamentaria la ciudadanía prefirió otorgó mayoría a la oposición. Ello obligaba a que para viabilizar las grandes reformas era requisito construir consensos sustantivos. En lugar de buscar construir tales acuerdos, el Gobierno ha optado por la guerrilla comunicacional, que no ha dado los frutos buscados, como evidencian las diversas encuestas que muestran un deterioro de la popularidad presidencial y de su gabinete.
Ello ocurría en el mismo momento en que se conoció que el Servicio de Impuestos Internos cobrará a los trabajadores independientes las cotizaciones de AFP, ISAPRE y FONASA por adelantado, reduciendo el reembolso de impuestos. Ello pese a que muchos habían pagado el 2018 sus cotizaciones. Frente a estas sorpresas, el presidente de la República anuncia que enviará en el curso del mes de abril una reforma al sistema de ISAPRES.
Un tercer error fue hacer caso omiso de la convicción transversal de que las grandes reformas se deben hacer en el primer año. Aunque no se conocen exactamente las razones, el gobierno dejó pasar casi medio año para enviar al Congreso la reforma tributaria y 9 meses para enviar el proyecto de pensiones. No era necesario ser especialista en políticas públicas para saber que esa decisión implicaba que no iban a ser discutidas sino hasta después de las vacaciones de verano del año 2019.
Un programa gubernamental de reformas que favorece a unos pocos.
Junto a los problemas de gestión política, el gobierno sufre las dificultades de un programa cuyas principales reformas favorecen a los más ricos aunque en discurso diga que apunta a favorecer a las clases medias. Esta es la característica general de la política aplicada por el segundo Gobierno de Piñera, que apostó al contrario de su primera administración (por muchos considerado como el quinto gobierno de la Concertación) a un gobierno con aspiraciones refundacionales sobre la base de las convicciones de la derecha, expresada claramente en la bandera de las contra reformas.
Al mismo tiempo, reformas importantes se estancan en el Congreso por el sello conservador que las orienta, asociado a una obcecación ideológica y las presiones del mundo empresarial. Todos estos hechos apuntan a un claro déficit de gestión política del Gobierno que se arrastra desde el inicio de la administración, pero que se hace insostenible al inicio del segundo año de la actual gestión de Sebastián Piñera.
La estrategia de la derecha ha sido señalar que se trata de reformas indispensables y que la oposición al oponerse hace caso omiso de aquello.
En el caso de la reforma tributaria, la derecha habla de que el objetivo es simplificar el sistema, promover la inversión y proteger a la PYME. La realidad es sin embargo diferente.
En lugar de buscar construir tales acuerdos, el Gobierno ha optado por la guerrilla comunicacional, que no ha dado los frutos buscados, como evidencian las diversas encuestas que muestran un deterioro de la popularidad presidencial y de su gabinete.
La simplificación del sistema tiene como principal problema la compleja estructura organizacional de las grandes empresas orientada a facilitar la “planificación tributaria”. Las PYMES pueden optar por el sistema simplificado conocido como 14 ter. En este contexto, la reforma de Piñera busca facilitar la “planificación tributaria” reduciendo sustantivamente la cláusula general anti elusión aprobada en la reforma del 2014.
Del mismo modo, la principal medida de la reforma es la reintegración del sistema tributario que no solo reduce la carga tributaria de las 1000 empresas más grandes (en una cifra en torno a los US$ 600 millones de dólares) sino que además desestimula la inversión pues si bien, teóricamente, una rebaja a los impuestos de las rentas del capital puede tener un impacto positivo en la inversión ello puede verse anulado porque, simultáneamente, se está rebajando el diferencial de impuestos entre las rentas del capital que se retiran de la empresa para el consumo de sus dueños y las que se reinvierten.
Del mismo modo, la principal medida de la reforma es la reintegración del sistema tributario que no solo reduce la carga tributaria de las 1000 empresas más grandes (en una cifra en torno a los US$ 600 millones de dólares) sino que además desestimula la inversión pues si bien, teóricamente, una rebaja a los impuestos de las rentas del capital puede tener un impacto positivo en la inversión ello puede verse anulado porque, simultáneamente, se está rebajando el diferencial de impuestos entre las rentas del capital que se retiran de la empresa para el consumo de sus dueños y las que se reinvierten.
En tal sentido, el rechazo de la oposición basado en principios muy razonables (que no caiga la recaudación de impuestos y que no se retroceda en progresividad) es absolutamente consistente con los intereses del país. La oposición anunció que, frente a la falta de respuesta del Gobierno a sus peticiones para modificar las ideas matrices del proyecto, rechazaría la idea de legislar en materia tributaria.
En este contexto, parece razonable estudiar la propuesta de la Fundación Democracia y Desarrollo de un diálogo nacional para convenir una ley corta y una reforma estructural. La primera podría incluir un impuesto a servicios digitales, boletas electrónicas, carpeta electrónica que gozan de amplio consenso y podrían ser de rápido despacho. Para lo segundo, se propone instalar una comisión convocada por los poderes Legislativo y Ejecutivo que inserte la discusión tributaria en el contexto de los grandes desafíos que enfrenta el país.
No obstante, el problema es que el proyecto no resuelve el principal que es la falta de legitimidad del sistema previsional basado en las AFPs que generan grandes ganancias a las Administradoras (por ejemplo la AFP Modelo que tiene la comisión más baja ha obtenido rentabilidades promedio de 100% sobre patrimonio en los últimos 5 años), recursos de bajo costo para las grandes empresas, malas pensiones y bajas tasas de reemplazo para los afiliados.
Entre aquellos, un aumento del crecimiento tendencial en el contexto de la protección del medioambiente, una mayor inclusión social (en un contexto de expansión de las clase media; que haga frente a las nuevas exigencias de financiamiento de los servicios públicos como la salud, la educación, la seguridad social y la vida en los barrios) y los cambios en el trabajo, como efecto, en buena medida de los cambios tecnológicos. De esta forma el país pasa de discutir un cambio tributario mirando al pasado a enfrentar los desafíos del futuro.
En el caso de la reforma previsional, el gobierno argumenta que el proyecto eleva las pensiones solidarias, trae ciertos beneficios a las clases medias y eleva la cotización (con cargo al aporte patronal) cuestión indispensable para mejorar las pensiones.
No obstante, el problema es que el proyecto no resuelve el principal que es la falta de legitimidad del sistema previsional basado en las AFPs que generan grandes ganancias a las Administradoras (por ejemplo la AFP Modelo que tiene la comisión más baja ha obtenido rentabilidades promedio de 100% sobre patrimonio en los últimos 5 años), recursos de bajo costo para las grandes empresas, malas pensiones y bajas tasas de reemplazo para los afiliados.
Por ello es que todos los jefes de bancada de la oposición en la Cámara de Diputados han acordado que la reforma debe asegurar la ampliación del pilar solidario, el reforzamiento del rol del Estado, no entregar ni un peso más a las AFP y abrir paso al desarrollo de un auténtico sistema de seguridad social.
Se trata de un sistema anticuado pues obliga a que cada individuo enfrente por si sólo los diversos riesgos en lugar de que sean enfrentados conjuntamente minimizando el costo de los riesgos individuales. Por ello es que todos los jefes de bancada de la oposición en la Cámara de Diputados han acordado que la reforma debe asegurar la ampliación del pilar solidario, el reforzamiento del rol del Estado, no entregar ni un peso más a las AFP y abrir paso al desarrollo de un auténtico sistema de seguridad social.
