A escasos días de que el Tribunal Internacional de La Haya entregue su fallo por la demanda marítima boliviana, parece cundir el nerviosismo en ambos gobiernos (pese a sus reiteradas afirmaciones de confianza y tranquilidad), como a nivel de medios de opinión y actores políticos, que no terminan de especular sobre sus eventuales consecuencias en uno y otro país.
En rigor, el fallo no debiera ofrecer demasiadas sorpresas. Aunque nunca sea muy previsible, tratándose de jueces que, históricamente, se han esforzado por resolver no tan sólo en derecho, sino también en razón de cierta ecuanimidad, sin agraviar a las partes, acogiendo partes de sus respectivos argumentos.
La resolución de la cuestión previa, planteada por nuestro país, sosteniendo que el tribunal carecía de competencia para conocer un asunto zanjado por tratados internacionales plenamente vigentes, es una prueba de lo anterior. Si bien el Tribunal Internacional rechazó el mencionado recurso, asumiendo competencia, declaró que no tendría un resultado predeterminado, como pretendía el gobierno de Evo Morales, al insistir que este proceso aproxima a su país a una salida soberana al mar.
Evo Morales ha generado expectativas desmesuradas en su país respecto de este largo y costoso proceso judicial, que muy poco o nada puede aportar a la solución del conflicto. No son pocos, incluso en su propio país, los que asumen que lo hace con evidentes objetivos de política interna, apostando a su cuestionada cuarta reelección consecutiva. Sin desconocer que la causa marítima es un sentimiento nacional, que une a los más amplios sectores y está incorporada a su historia, cultura y tradiciones.
Lo evidente es que la demanda ha exacerbado los sentimientos nacionalistas en ambos países, reduciendo y restando espacio a las propuestas más sensatas para buscar una solución negociada. Tal como muestran las encuestas de opinión, hoy son muy reducidos los sectores de nuestro país que están por hacer alguna concesión a Bolivia, para no mencionar cesiones de territorios.
Lo evidente es que la demanda ha exacerbado los sentimientos nacionalistas en ambos países, reduciendo y restando espacio a las propuestas más sensatas para buscar una solución negociada.
Lo más probable es que los jueces de La Haya, junto con dictaminar que Chile no tiene la obligación de ceder parte de territorio que amenace su integridad para satisfacer la demanda marítima boliviana (que ha declarado su aspiración como irrenunciable), inviten a retomar el diálogo bilateral para buscar una solución a un problema no resuelto en el tratado vigente.
Aunque ambos países, como es natural, busquen la interpretación más favorable a sus propias posturas, es más que evidente que cualquiera sea el fallo, no resolverá un conflicto que sucesivas tratativas bilaterales-en las que Bolivia ha fundado sus supuestos “derechos expectaticios”- barajando diversas fórmulas y propuestas, no han logrado resolver.
La idea de desahuciar el pacto de Bogotá, que no pocos sectores – tanto de derecha como algunos de centro izquierda en Chile – proponen con creciente entusiasmo, no contribuye en nada a resolver este tema.
Esa es otra discusión. Un debate acerca de la manera de resolver diferencias entre los estados, renunciando al uso de la fuerza (salvo aquella legítima para defenderse de agresiones foráneas) para someter posibles diferendos al imperio del derecho. La única civilizada para dirimir conflictos.
La idea de desahuciar el pacto de Bogotá, que no pocos sectores – tanto de derecha como algunos de centro izquierda en Chile – proponen con creciente entusiasmo, no contribuye en nada a resolver este tema.
En lo inmediato, a Chile (también a Bolivia) sólo le cabe acatar el fallo (a menos que contenga resoluciones insalvablemente nulas) y prepararse para retomar un diálogo imprescindible, cualquiera sea su sentido, asumiendo que los tratados son intangibles, a menos que ambas partes decidan en contrario y que la buena vecindad exige extremar los recursos de la política y la diplomacia para buscar soluciones no ideales, sino posibles.
En lo inmediato, a Chile (también a Bolivia) sólo le cabe acatar el fallo (a menos que contenga resoluciones insalvablemente nulas) y prepararse para retomar un diálogo imprescindible, cualquiera sea su sentido, asumiendo que los tratados son intangibles, a menos que ambas partes decidan en contrario y que la buena vecindad exige extremar los recursos de la política y la diplomacia para buscar soluciones no ideales, sino posibles.
Naturalmente la política exterior de un país debe ser de Estado, concitar consensos muy amplios, correspondiéndole su conducción al Presidente de la República en su calidad de Jefe del Estado. Por estas mismas razones debe reflejar la amplia diversidad social y política, velando por el interés superior del país, que se plasma en la paz y buena vecindad.
