Chile cambió luego del estallido social que ha convulsionado al país. Lo reconoce el gobierno, la derecha, el centro y la izquierda. Así lo asumen los empresarios, los trabajadores y estudiantes. Al igual que la comunidad internacional, los inversionistas extranjeros y los analistas internacionales.
Algunos pocos, como el periodista trasandino Andrés Oppenheimer, que reside en EE.UU, ha sostenido que las protestas en Chile son más propias del primer mundo “producto de una creciente clase media que exige beneficiarse del éxito económico de su país”, más parecida a la protesta de los indignados en España o a la de los “chalecos amarillos” en Francia. Reflejarían una crisis de expectativas incumplidas en los países desarrollados, afirma el comentarista.
Otros postulan que se trata de una crisis cuasi generacional, detonada por el alza de 30 pesos del pasaje del metro, que habría sido la gota que colmó el vaso. “No son los 30 pesos del metro. Son treinta años de injusticia”, afirman sectores de izquierda, críticos del proceso de transición y sus limitaciones, así como del legado de los gobiernos concertacionistas, olvidando la pesada herencia de 17 años de dictadura y los notables avances del país en las últimos tres décadas.
En aquella perspectiva, la culpa de todo la tendría el modelo económico neoliberal diseñado por los Chicago boys, impuesto a sangre y fuego por el régimen militar, que los gobiernos de centro izquierda se habrían limitado a administrar sin demasiados cambios sustantivos, aplicando soluciones de mercado a los problemas sociales. Y la Constitución de 1980, sancionada en un espurio plebiscito que numerosas y sucesivas reformas no habrían logrado sanar de su impronta conservadora y autoritaria.
Lo único cierto es que la imagen de Chile como un Oasis se desplomó para dar paso a un país marcado por profundas desigualdades e inequidades, sacudido por graves conflictos sociales. Con una clase política que enfrenta una profunda crisis de legitimidad y pérdida de credibilidad, un amplio y transversal movimiento de ciudadanos indignados que mayoritariamente manifiestan su descontento de manera pacífica, como quedara evidenciado en la multitudinaria concentración que reuniera a más de un millón doscientas mil personas en la capital y varios cientos de miles en regiones.
Lo único cierto es que la imagen de Chile como un Oasis se desplomó para dar paso a un país marcado por profundas desigualdades e inequidades, sacudido por graves conflictos sociales.
Pero, como es propio de las convulsiones sociales, aparece la violencia, en la forma de saqueos, robos y destrucción de la propiedad pública y privada, afectando la vida de las personas. Y la violencia institucional, con una represión desmedida que no respeta los protocolos, dispara en contra de personas inocentes y viola derechos humanos, como consta en centenares de denuncias verificadas.
¿Cuáles son las principales demandas del movimiento social?
No resulta sencillo identificar las principales demandas de este extendido y vario pinto movimiento social, que no tiene liderazgos visibles, algunas parecen difusas y contradictorias.
No resulta sencillo identificar las principales demandas de este extendido y vario pinto movimiento social, que no tiene liderazgos visibles, algunas parecen difusas y contradictorias. No pocos apuntan a que Sebastián Piñera renuncie, pese a que las posibilidades de que prospera una acusación constitucional en su contra son prácticamente nulas. Que se llama a elecciones adelantadas de gobierno y parlamento sugieren otros. Una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución, proponen muchos. Que se discuta el proyecto de presupuesto del año próximo desde cero, que permita reorientar las prioridades. Que el gobierno retire los proyectos de reforma tributaria y previsional para reformular la agenda. Un nuevo pacto político, económico y social que reemplace el de la transición, a todas luces largamente agotado.
Una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución, proponen muchos.
Un nuevo pacto político, económico y social que reemplace el de la transición, a todas luces largamente agotado.
El gobierno de Sebastián Piñera sostiene que ha escuchado, de manera fuerte y clara, el mensaje de la ciudadanía. Junto con proponer una nueva agenda social, que supone un modesto incremento del 0,4 % del presupuesto, para elevar el sueldo mínimo, incrementar el reajuste de las pensiones mínimas y solidarias, así como la demandada rebaja de las dietas parlamentarias y los altos sueldos en la administración pública, el incremento del impuesto a los contribuyentes de mayores ingresos, el mandatario procedió a un importante ajuste ministerial, que incluye el Comité político y al equipo económico, con el que pretendería marcar una nueva etapa de su gobierno, más abierta al diálogo, tanto con los actores políticos como sociales y un mejor trato a la oposición. Todo ello en la perspectiva de alcanzar acuerdos que permitan reponer el orden y avanzar.
El gobierno de Sebastián Piñera sostiene que ha escuchado, de manera fuerte y clara, el mensaje de la ciudadanía.
Ciertamente no son cambios que satisfagan la extendida protesta ciudadana, aunque hayan salido de su elenco ministros tan desacreditados como Chadwick, Monckeberg, Larraín y Fontaine, manteniendo a otros tan cuestionados como la titular de Educación Marcela Cubillos y premiando, con un menor protagonismo, a su anterior vocera. El pretendido efecto mediático de un equipo más joven no escondió las vacilaciones presidenciales que culminaron con un bochorno de último minuto, asumiendo el ministerio del Interior Gonzalo Blumel en lugar del escogido Felipe Ward. Y ciertamente el mandatario erró de partida con designaciones que provocaron inmediato repudio como el del más joven del nuevo elenco, Julio Isamit a quién sus detractores le imputan un prontuario en lugar de un curriculum. Nadie podía pretender, en las circunstancias del país, una muy favorable acogida, incluso para la nueva y esmerada vocera que convoca simpatías mayores que el resto del elenco. Ciertamente lo relevante es la expectativa de un cambio que, asumiendo el perfil de su liderazgo, definitivamente descansa en la tan controvertida y unipersonal decisión y voluntad de Piñera.
Nadie podía pretender, en las circunstancias del país, una muy favorable acogida, incluso para la nueva y esmerada vocera que convoca simpatías mayores que el resto del elenco. Ciertamente lo relevante es la expectativa de un cambio que, asumiendo el perfil de su liderazgo, definitivamente descansa en la tan controvertida y unipersonal decisión y voluntad de Piñera.
Claramente la nueva agenda social anunciada por el gobierno es del todo insuficiente. Y lo más inquietante es que el gobierno aún no termina por asumir que, a estas alturas, su famoso programa de gobierno es papel mojado, mientras sus propuestas de reforma tributaria y previsional carecen de toda viabilidad.
Claramente la nueva agenda social anunciada por el gobierno es del todo insuficiente. Y lo más inquietante es que el gobierno aún no termina por asumir que, a estas alturas, su famoso programa de gobierno es papel mojado
El Ejecutivo está desafiado a consensuar una nueva agenda con la oposición, intentando una respuesta integral para la crisis social que hoy enfrenta el país que pasa por medidas de corto, mediano y largo plazo, que considere la rediscusión del presupuesto del año próxima, un debate efectivo para garantizar mayor justicia tributaria y un incremento sustantivo de las actuales y futuras pensiones. Una nueva agenda social mucho más ambiciosa que la propuesta y lo más trascendente, asumir que el país no tan solo requiere de una nueva Constitución, a la que se han abierto sectores del oficialismo, sino también de un nuevo pacto político, económico y social, que garantice un desarrollo más inclusivo.
Quien paga la cuenta
La gran interrogante es cómo se puede financiar todo este esfuerzo. Es más que evidente que la estabilidad política, cohesión y paz social, tienen un precio y alguien debe pagarlo. Efectivamente ha llegado la hora de “meterse la mano al bolsillo hasta que duela”, como ha afirmado el Presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Alfonso Swett. “Nosotros sabemos que tenemos la obligación de ser parte de la solución, sabemos que tuvimos oídos chicos y hoy tenemos que tener oídos grandes” sostuvo el líder empresarial, con gran sentido autocrítico.
Cuál es la capacidad de los empresarios para resistir el dolor y cuál es su límite es algo que se pondrá a prueba en las próximas semanas y meses, cuando se deba discutir un nuevo sistema tributario, la reforma del sistema de pensiones, una nueva jornada laboral y una reforzada agenda social, que no tan sólo se puede financiar con nuevos impuestos pese a que, tal como lo han reconocido agentes del mercado, existen espacios para incrementarlos de manera proporcional. También con el término o reorientación de las actuales exenciones tributarias, muchas de las cuales han perdido su sentido original. Con un incremento del royalty minero, rebaja de las dietas parlamentarias y de los altos sueldos como parte de la modernización del Estado, etc.
Cuál es la capacidad de los empresarios para resistir el dolor y cuál es su límite es algo que se pondrá a prueba en las próximas semanas y meses
La crisis como oportunidad
El país no tan sólo requiere crecimiento económico sino un verdadero desarrollo inclusivo, que enfrente las profundas desigualdades que están en el corazón de la actual crisis.
Como toda crisis, el actual estallido social ofrece una gran oportunidad al país para rectificar rumbos. Tanto al gobierno como a la oposición. Preservando los avances y renunciando a demandas maximalistas, corto placistas o populistas, para asumir, con responsabilidad, que el país no tan sólo requiere crecimiento económico sino un verdadero desarrollo inclusivo, que enfrente las profundas desigualdades que están en el corazón de la actual crisis. Con derechos sociales garantizados, igualdad de oportunidades y de resultados, renunciando a injustos privilegios, dignificando la política e incentivando la participación social.
Como se detiene la violencia
Otra cosa es cómo enfrentar la violencia que incide en la cotidianeidad nacional y más allá de sus explicaciones requiere ser aislada cualquiera sea su origen.
Otra cosa es cómo enfrentar la violencia que incide en la cotidianeidad nacional y más allá de sus explicaciones requiere ser aislada cualquiera sea su origen. Tanto la que proviene el crimen organizado, como la que se origina por fragmentados grupos anarquistas o híper ideologizados, así como del lumpen, siempre disponible para el pillaje y saqueo. Sin olvidar la provocación que, como consta en múltiples evidencias, proviene de las propias fuerzas represivas que terminan haciendo el juego a los que actúan asumiendo que tienen poco que perder ante una ineficaz inteligencia policial. Todas estas son expresiones de patologías sociales que es necesario enfrentar con una mirada de largo plazo, asumiéndolas como efectos no deseados de un cuestionado proceso de desarrollo.
Sin olvidar la provocación que, como consta en múltiples evidencias, proviene de las propias fuerzas represivas que terminan haciendo el juego a los que actúan asumiendo que tienen poco que perder ante una ineficaz inteligencia policial.
Esa es una tarea de largo plazo, que compromete no tan sólo al gobierno y los servicios de orden y seguridad, sino también al conjunto del país, incluyendo a partidos políticos, organizaciones sociales, centros académicos y la comunidad nacional en su compleja diversidad.
Una nueva Constitución
No basta la represión o la persecución de responsabilidades judiciales para los autores de la violencia y actos delictuales. Es imprescindible avanzar, con los tropiezos esperables en el actual contexto en la construcción de una sociedad más justa, integrada y cohesionada, con una democracia capaz de procesar nuevas demandas y resolverlas en base a normas coherentes con el objetivo mayor. Con respeto integral a los derechos humanos, la Constitución y las leyes.
Por esas mismas razones parece tan necesario avanzar hacia una nueva Constitución legítima en sus orígenes e integralmente democrática en sus contenidos.
Por esas mismas razones parece tan necesario avanzar hacia una nueva Constitución legítima en sus orígenes e integralmente democrática en sus contenidos.
El Congreso, tardíamente, impulsa un proceso constituyente, que se puede transitar a través de una Asamblea o una Convención que requiere de una abierta participación ciudadana que lo legitime. Es una buena señal que desafía la proclamada nueva voluntad oficial. La profundidad de la crisis lo amerita.
