El reventón social gatillado por el alza de las tarifas del Metro en nuestra ciudad capital sorprendió al gobierno, partidos políticos, empresarios y observadores nacionales e internacionales que, sin suficientes reparos, parecían compartir el lugar común de que Chile constituía un “oasis” en la región, como sostuviera, con entusiasmo el presidente Piñera unos días antes del colapso.
El único (¿) problema es que Chile sigue siendo un país extremadamente desigual en donde el 1 % de la población concentra más del 35 % de la riqueza.
Un país excepcional, tras una transición singular de la dictadura a la democracia, que había saltado de un PIB de US$ 7.000 dólares en 1989 a US$ 24.000 dólares en los últimos años, para liderar la región, reduciendo los niveles de pobreza a menos de un dígito en ese mismo lapso, mejorando todos y cada uno de sus indicadores sociales, con gran estabilidad política y razonable paz social.
Los pobres son menos pobres pero cada vez se torna más difícil sacarlos de esa condición.
El único (¿) problema es que Chile sigue siendo un país extremadamente desigual en donde el 1 % de la población concentra más del 35 % de la riqueza. La llamada clase media incluye una muy amplia diversidad, desde las llamadas clases medias emergentes y vulnerables, a las que tan sólo una delgada línea las separa de la pobreza, hasta las más acomodadas y aspiracionales. Los pobres son menos pobres pero cada vez se torna más difícil sacarlos de esa condición.
Ciertamente se puede afirmar que nadie vio venir este reventón social que ha puesto en jaque al gobierno, asombrado a los observadores internacionales y desconcertado a los actores políticos, pero es preciso reconocer que lo mandamos traer.
Ciertamente se puede afirmar que nadie vio venir este reventón social que ha puesto en jaque al gobierno, asombrado a los observadores internacionales y desconcertado a los actores políticos, pero es preciso reconocer que lo mandamos traer.
Son muchas las causas que pueden explicar este fenómeno. Sin lugar a dudas, en el origen está el tema de las enormes desigualdades que marcan nuestro acelerado proceso de desarrollo. Se manifiestan en la distribución del ingreso, el acceso a servicios públicos de calidad (salud, vivienda, educación), con ciudades extremadamente segregadas, salarios insuficientes y pensiones miserables, que configuran un verdadero país dual, con un modelo económico que privilegia soluciones de mercado para temas públicos.
Se manifiestan en la distribución del ingreso, el acceso a servicios públicos de calidad (salud, vivienda, educación), con ciudades extremadamente segregadas, salarios insuficientes y pensiones miserables, que configuran un verdadero país dual, con un modelo económico que privilegia soluciones de mercado para temas públicos.
Se suman los abusos y malas prácticas empresariales, como los cobros abusivos en servicios básicos, prácticas de colusión para elevar los precios abusivos en alimentos, productos básicos, remedios y un sinfín de etcéteras, incluyendo prácticas de financiamiento ilegal de la actividad política, para capturar cuotas de poder en el Estado. Sueldos y dietas excesivas y vergonzantes para parlamentarios y altos funcionarios públicos. Y como no, prácticas de corrupción en el Estado.
El gobierno aparece largamente sobrepasado y con enormes dificultades para asumir la gravedad de la crisis que hoy enfrenta el país.
El gobierno aparece largamente sobrepasado y con enormes dificultades para asumir la gravedad de la crisis que hoy enfrenta el país. Tanto por su incapacidad e insensibilidad para asumir el malestar social – tal como finalmente se vio obligado a reconocer el porfiado mandatario, que pidió perdón por esta falta de visión – como su porfiada prioridad para bajar los impuestos de los sectores de mayores ingresos, oponerse a la reducción de la jornada laboral, apostando a flexibilizar el empleo o impulsar un proyecto de reforma previsional que no asegura una mejoría de las actuales pensiones sino de manera muy gradual e insuficiente. Justo en los momentos en que se resolvía subir las tarifas eléctricas y del metro. Las provocadoras e insensibles declaraciones de algunos de sus ministros, propias de los que no ven más allá de su estrecha burbuja social, no hicieron más que atizar la hoguera.
Las provocadoras e insensibles declaraciones de algunos de sus ministros, propias de los que no ven más allá de su estrecha burbuja social, no hicieron más que atizar la hoguera.
Ciertamente muchos de estos problemas se arrastran por décadas. Algunos dicen relación con la pesada herencia de la larga dictadura y no pocos con las propias insuficiencias del proceso de transición que, por cierto, dista de ser modélico. Es indispensable asumir que el pacto social y político que posibilitó el proceso de transición de la dictadura a la democracia está largamente agotado y hoy se requiere de un nuevo pacto político, económico, social e institucional que comprometa a todos los actores.
Ciertamente muchos de estos problemas se arrastran por décadas. Algunos dicen relación con la pesada herencia de la larga dictadura y no pocos con las propias insuficiencias del proceso de transición que, por cierto, dista de ser modélico.
Lo evidente es que la paciencia, y por momentos pasividad, de los ciudadanos ante un orden injusto y excluyente llegó a su límite, explotando en multitudinarias y extensas jornadas de movilización y protesta, en su inmensa mayoría pacíficas, no tan sólo de sectores populares sino también de clase media y grupos acomodados del país.
Era indispensable la distinción, cada vez más extendida, de las multitudinarias movilizaciones pacíficas de los ciudadanos con el aprovechamiento de minorías sobre ideologizadas, sectores del lumpen, organizaciones criminales, sin excluir provocaciones de infiltrados interesados en desprestigiar la protesta social, que aprovechan este clima de agitación para destruir la propiedad pública (como el Metro), y privada, saqueando tiendas y supermercados.
No ha faltado la difusión, en redes sociales de extrema derecha, de la imputación de actos violentos propiciados por el gobierno de Nicolás Maduro, carente de pruebas y propias de un minoritario sector militante nostálgico de la dictadura chilena. El pillaje y la violencia extrema no requieren de otras motivaciones que las ideológicas o simplemente delictuales para ejercerlas.
La inmensa mayoría del país condena y rechaza los actos vandálicos que no contribuyen en nada a buscar urgentes respuestas a las legítimas demandas ciudadanas y por el contrario, entregan argumentos a quienes demandan mano dura y militarización para enfrentarlos.
El efervescente clima de agitación social que hoy vive el país no se resolverá con medidas de fuerza o excepción constitucional, recurriendo a las FF.AA., como ha hecho el gobierno. Ni menos asumiendo que el país se encuentra en guerra en contra de sectores violentistas, como sostuviera reiteradamente el presidente. El desafío mayor tiene que ver con medidas políticas de fondo, que verdaderamente respondan a las demandas de la ciudadanía y den cuenta de la profundidad de la crisis.
El efervescente clima de agitación social que hoy vive el país no se resolverá con medidas de fuerza o excepción constitucional, recurriendo a las FF.AA., como ha hecho el gobierno.
Aún sin conocer las cifras oficiales de muertos, heridos o detenidos en las jornadas de movilización de las últimas horas, no deja de sorprender la ausencia de policías uniformados o personal de las FF.AA. en numerosos saqueos a tiendas y supermercados, así como el uso de fuerza desmedida y brutal, criminal en varios casos verificados, para reprimir manifestaciones de carácter pacífico.
Aún sin conocer las cifras oficiales de muertos, heridos o detenidos en las jornadas de movilización de las últimas horas, no deja de sorprender la ausencia de policías uniformados o personal de las FF.AA. en numerosos saqueos a tiendas y supermercados, así como el uso de fuerza desmedida y brutal, criminal en varios casos verificados, para reprimir manifestaciones de carácter pacífico.
Los 17 muertos registrados hasta ahora, al menos cinco a manos de servicios policiales o de las FF.AA., así como graves violaciones a los derechos humanos en contra de algunos (as) detenidas, que incluso han sido objeto de torturas, abusos sexuales y graves golpizas, hablan muy mal de la formación de los cuerpos uniformados, con inevitables reminiscencias al pasado autoritario, y la inconveniencia de mantener los estados de excepción y el despliegue de las FF.AA., que no están verdaderamente capacitadas para mantener el orden público.
Chile cambió tras la crisis y los actores políticos están desafiados a dar cuenta de este nuevo escenario
La crisis social que enfrenta el país no tan sólo cambió la agenda del gobierno y de la oposición. También la de todo el país y su imagen. Y por más que algunos analistas internacionales sostengan que si esto sucedió en Chile puede ocurrir en cualquier parte, es evidente que nuestro país ya no es el mismo para el resto del planeta, incluidos los inversionistas extranjeros, como ha quedado reflejado en la actividad bursátil.
Y por más que algunos analistas internacionales sostengan que si esto sucedió en Chile puede ocurrir en cualquier parte, es evidente que nuestro país ya no es el mismo para el resto del planeta, incluidos los inversionistas extranjeros, como ha quedado reflejado en la actividad bursátil.
Tampoco es el mismo para los propios chilenos. La imagen de un oasis se vino bruscamente al suelo para mostrar la imagen de un país sacudido por fuertes conflictos sociales, no exentos de violencia. Como cualquier otro país en la región, aunque se continúen exhibiendo algunas de las fortalezas que le han dado identidad en el concierto internacional.
Un diálogo al que ningún sector político debería restarse, pese a las conductas contradictorias y erráticas del mismo gobierno. Pero es preciso asumir que ese diálogo debe incluir a los actores sociales y sus organizaciones, a las universidades, académicos, profesionales, sindicatos y agrupaciones vecinales.
El oficialismo como la oposición, grupos empresariales, organizaciones sociales y ciudadanas, están desafiados a dar cuenta de este nuevo escenario. El gobierno hizo bien al llamar a un diálogo nacional para enfrentar la crisis. Un diálogo al que ningún sector político debería restarse, pese a las conductas contradictorias y erráticas del mismo gobierno. Pero es preciso asumir que ese diálogo debe incluir a los actores sociales y sus organizaciones, a las universidades, académicos, profesionales, sindicatos y agrupaciones vecinales.
La propuesta del senador Felipe Kast de organizar cabildos locales para debatir la situación del país pudiera contribuir, pero hoy se requiere institucionalizar un espacio de diálogo que busque generar consensos acerca de las bases del nuevo pacto social y político que hoy el país requiere para enfrentar la profundidad de la crisis.
un espacio de diálogo que busque generar consensos acerca de las bases del nuevo pacto social y político que hoy el país requiere para enfrentar la profundidad de la crisis.
La propuesta gubernamental
La propuesta de una nueva agenda social propuesta por el Presidente, aunque claramente insuficiente, se orienta en una buena dirección, especialmente en temas como el reajuste de las pensiones, el incremento del salario mínimo, rebaja de las dietas parlamentarias y los altos sueldos en el Estado o la redistribución del fondo común municipal, así como el incremento de los impuestos de sectores de mayores ingresos, pero apenas se constituye en un punto de partida, que se necesario profundizar.
El propio debate presupuestario para el próximo año, debe ser analizado a la luz de este nuevo escenario, así como el proyecto de reforma previsional, la reducción de la jornada laboral y muchos otros proyectos que actualmente se tramitan en el Congreso.
El gobierno está desafiado a redefinir sus prioridades y revisar el programa de gobierno ofrecido al país. Claramente la propuesta de reintegración o simplificación tributaria, carece de toda viabilidad en el nuevo escenario que se ha generado en el país tras esta crisis. El propio debate presupuestario para el próximo año, debe ser analizado a la luz de este nuevo escenario, así como el proyecto de reforma previsional, la reducción de la jornada laboral y muchos otros proyectos que actualmente se tramitan en el Congreso.
Una cosa muy distinta es la propuesta de reducir el número de diputados a 120, introducida de contrabando por el gobierno en su llamada agenda social. La propuesta puede ser muy popular para aquellos sectores que abominan de la política y de la propia democracia representativa, pero eso tan sólo conduce al populismo.
El incremento de parlamentarios permitió terminar con el sistema binominal y posibilitar la representación de nuevos sectores que hacen parte de la diversidad política del país, que se debe cautelar y preservar.
El incremento de parlamentarios permitió terminar con el sistema binominal y posibilitar la representación de nuevos sectores que hacen parte de la diversidad política del país, que se debe cautelar y preservar.
La responsabilidad social empresarial
Los sectores empresariales, que tan sólo centraban sus prioridades en temas vinculados al crecimiento económico, la inversión y el emprendimiento, con tímidas preocupaciones por su responsabilidad social y el cuidado del medio ambiente, deberán incorporar de manera mucho más decidida la preocupación por la inclusión y cohesión social que posibilita un desarrollo inclusivo.
Es importante que un grupo empresarial decida elevar el salario mínimo de sus empleados. Y que muchos sigan su ejemplo. Pero es mucho más importante que mejoren las relaciones laborales, que estrechen las relaciones con sus sindicatos, que se decidan pagar impuestos acordes a sus ganancias, renunciando a injustificadas exenciones tributarias o prácticas de colusión y elusión impositiva. Que inviertan en ciencia, innovación y tecnología. Contribuir a la defensa del medio ambiente y al desarrollo inclusivo que el país necesita, debe transitar de la retórica fácil a una práctica urgente.
Los desafíos para la oposición
Como toda crisis, la actual representa no tan sólo una oportunidad sino también un desafío mayor para el conjunto de la oposición, para reconectarse con las organizaciones sociales, ajustar sus propias prioridades, asumir con responsabilidad las principales demandas ciudadanas, distinguiendo las principales de las accesorias, para traducirlas en propuestas y proyectos que apunten a enfrentar las profundas desigualdades que aún marcan nuestro desarrollo.
Es preciso asumir que no tan sólo los partidos políticos sino también las instituciones democráticas y la actividad pública, experimentan una profunda crisis de legitimidad y credibilidad, que es urgente enfrentar. Es más que lamentable que sólo hoy, luego del estallido de la crisis, el parlamento esté dispuesto a debatir una rebaja de sus dietas y los altos sueldos de la administración pública.
Es preciso asumir que no tan sólo los partidos políticos sino también las instituciones democráticas y la actividad pública, experimentan una profunda crisis de legitimidad y credibilidad, que es urgente enfrentar. Es más que lamentable que sólo hoy, luego del estallido de la crisis, el parlamento esté dispuesto a debatir una rebaja de sus dietas y los altos sueldos de la administración pública.
Pero, al igual como lo deberá hacer el gobierno, los partidos deben redefinir no tan sólo sus propias prioridades sino también la manera como cumplen su labor para escuchar a los ciudadanos y representar sus principales y justas demandas.
Es la hora de una política a la altura de los desafíos del país.
Es la hora de una política a la altura de los desafíos del país.
