En el nombre del padre

Javier Macaya cayó víctima de sus propios errores. Por su evidente incapacidad de resolver la tensión entre su condición familiar y sus responsabilidades políticas. Con una muy mal entendida lealtad con su padre, condenado a seis años de prisión por los graves delitos de abusos de menores, dos de los cuales fueron acreditados con pruebas más que fehacientes y otros dos desechados por falta de pruebas suficientes. Lo traicionaron sus palabras. “Yo estoy al lado de mi padre” (sin importar si es culpable de los delitos que se le imputan) afirmó, llegando a cuestionar una de las más contundentes piezas probatorias de estos delitos de pedofilia, Un video grabado por una menor, en donde se constatan los abusos. Errores sobre errores, que no tan sólo generaron duras condenas de diversos sectores, incluidas Evelyn Matthei, Marcela Cubillos, la propia directiva de Renovación Nacional, así como las de personeros de gobierno y el propio presidente de la república, que tornaran insostenible su mantención como presidente de la UDI.

Todo aquello en los precisos momentos en que la Corte de Apelaciones revocaba la medida de prisión preventiva dictada por el tribunal y la rebajara a arresto total en el domicilio del condenado, tras haber pasado tan sólo tres días en un hospital de la penitenciaría, en una sala reservada a mujeres, sin haber estado ni un sólo día en una celda. Hoy se insinúa la posibilidad de anular este juicio, tras recibir una pena que para la mayoría de los expertos es muy baja (la mitad de lo solicitado por la fiscalía).  Alguna vez Eduardo Macaya insinuó que la notoriedad alcanzada por el caso se debía a que su hijo fuese senador y presidente de la UDI, pero, a la luz de los evidentes e impropios privilegios de los que gozara el inculpado y que llevaran a ordenar un sumario interno en gendarmería, la situación podría ser exactamente al revés, tal como lo evidenciara el propio senador Macaya al salir en defensa de su padre, intentado desacreditar las piezas probatorias de la culpabilidad de su progenitor.

Sin lugar a duda, estos bochornosos incidentes. que culminaran con la forzada renuncia de Macaya a la presidencia de la UDI, constituyen un duro golpe para su partido, en los precisos momentos en que afanosa, y por momentos infructuosamente, busca un acuerdo con sus aliados republicanos y otros sectores de la llamada centro derecha, para enfrentar unidos la próxima elección municipal y de gobernadores regionales. La UDI queda acéfala, la comisión política se apresuró en nominar al   diputado Guillermo Ramírez como nuevo timonel, de manera interina hasta las elecciones de fin de año. Los desafíos del vapuleado gremialismo son mayores de cara a los próximos comicios. Entre ellos, intentar revertir la severa derrota sufrida en las pasadas elecciones de consejeros constituyentes frente a los amenazantes republicanos de J. A. Kast.

Javier Macaya llegó a la presidencia de la UDI con las banderas de un recambio generacional, tras derrotar a Víctor Pérez, el candidato de la vieja guardia, conocido como “los coroneles”. Inicialmente, la directiva de Macaya, secundado por María José Hofmann como secretaria general (cargo al que renunciara para postularse como candidata a gobernadora por la quinta región) buscó posicionarse como más dialogante y abierta a los acuerdos. Una postura que prontamente debió abandonar para intentar   frenar el drenaje de militantes hacia el partido republicano y las propias críticas de la vieja guardia a su gestión, buscando competir por quién ofrecía una postura más dura en contra del actual gobierno.

En verdad, resulta muy difícil distinguir a la UDI de los republicanos. Son mortalmente parecidos. En estricto rigor, la mayoría de los militantes republicanos, incluido José Antonio Kast, provienen de la UDI y no son pocos los militantes y ex militantes de la UDI (como Marcela Cubillos) que aspiran a la convergencia en un futuro no muy lejano. Mal que mal, provienen de una misma matriz (el gremialismo), los une el legado del régimen militar, mantienen fronteras difusas y porosas. Y no por nada, ya apoyaron a Kast en la pasada elección presidencial.

La cruenta disputa por el poder

A escasos días del plazo de inscripción de candidatos (29 de julio), la derecha no logra plasmar un acuerdo para enfrentar unida la próxima elección municipal y de gobernadores regionales. Persisten importantes diferencias con el partido republicano, a nivel de las alcaldías y gobernaciones regionales, asumiendo una dura competencia en concejales, en donde competirán en listas alternativas. Tampoco ha logrado un acuerdo que integre a Socialcristianos, Amarillos, Demócratas, Partido de la gente y todo apunta a que enfrentaran la próxima elección divididos, lo cual conspira con el objetivo de arrebatarle al oficialismo la mayoría de los municipios y gobernaciones regionales que hoy detenta.

Tampoco en el oficialismo se puede cantar victoria en materia de unidad, pese a haber alcanzado importantes acuerdos en la mayoría de los municipios y la decisión de enfrentar la elección de concejales en listas separadas. A estas alturas, la principal piedra de tope para alcanzar un acuerdo se centra en las candidaturas a gobernadores regionales, en donde diversos partidos aspiran a competir con algunos de los candidatos “incumbentes” (que aspiran a la reelección). Pesa el hecho que, en la pasada elección de gobernadores, el oficialismo más la DC eligieron quince de las 16 gobernaciones en disputa, con una distribución que no se correspondería con la actual correlación de fuerzas, como lo sostienes sectores del Frente Amplio y el Partido Comunista (que no eligiera a ningún gobernador en la pasada elección y aspira competir ahora, al menos, en la cuarta región). 

La DC, que defiende las pocas gobernaciones actualmente en su poder, ha propuesta la fórmula de respetar el principio del que tiene mantiene en ocho regiones y competir en primera vuelta por las otras ocho. Una propuesta que no es vista con buenos ojos desde el gobierno, que teme que ello debilite el potencial electoral del oficialismo y no permita aprovechar la fragmentación que hoy se aprecia en la derecha.

Las negociaciones y presiones, tanto al interior del oficialismo como en la oposición, para alcanzar un acuerdo que permita potenciar su desempeño electoral, se suceden en estos pocos días que restan para inscribir las candidaturas, pero, muy probablemente, ambos sectores deberán resignarse a lo posible (nadie está obligado a lo imposible), bajo la premisa que más valen acuerdos parciales que la división total, esperando minimizar los costos de una competencia. Y bien pudiera suceder, como es ya tradicional, que las incógnitas se despejen minutos antes del cierre del plazo de inscripción de las candidaturas (al filo de la medianoche del lunes 29 de julio).

La compleja agenda legislativa de los próximos meses

Es perfectamente imaginable que este mismo principio, de lo posible, deba ser aplicado a la compleja agenda legislativa en los próximos meses. Partiendo por la trajinada reforma del sistema previsional, en donde la oposición mantiene las llamadas “líneas rojas”, pese a los perseverantes intentos del gobierno por alcanzar un acuerdo que, al menos, permita aprobar la idea de legislar. La derecha condicionó la votación de la iniciativa a que se conociera el informe del grupo de expertos que designara el parlamento para intentar acuerdos de mínimos que permitieran avanzar. Efectivamente los expertos, con participación de sectores de gobierno y oposición, avanzaron en acuerdos relativamente significativos, pero mantuvieron disensos en aquellas materias que han trabado la tramitación de esta crucial reforma. Entre ellos, el principio de solidaridad, que implica una distribución de la cotización del 6 % entre capitalización individual y solidaridad. El gobierno ha insistido en una distribución de 3 % a capitalización individual y el otro tres al pilar solidaria, en tanto que la oposición persevera en destinar esta cotización adicional (de cargo patronal) íntegramente a capitalización individual. No es el único tema que aún dividen las opiniones entre gobierno y oposición. Está el tema de la separación de funciones de administración y la inversión de los fondos previsionales, abrir mayor competencia, con la incorporación de un ente estatal (AFP estatal), una nueva regulación de los costos de administración (según Salvador Valdés, las AFPs obtienen ganancias cercanas al 30 %, en contraste con las utilidades obtenidas por la banca, que bordean el 12 %). El otro tema dice relación con las licitaciones de afiliados cada dos años, propuesta por el ejecutivo.

Así, el gobierno enfrenta el dilema de avanzar dentro de lo posible (asumiendo que no cuenta con mayorías parlamentarias), aceptando reformas de mínimos posibles, o simplemente aceptar que la reforma del sistema de pensiones no cuenta con piso y se deberá debatir a futuro. Pero no resulta presentable dilatar todavía más tiempo una reforma que lleva más de una década en discusión y casi 20 meses de trámite parlamentario. Entre otras cosas, porque no sería aprobada la cotización adicional del 6 % de cargo patronal, cuya distribución aún se mantiene incierta.

Sin embargo, este acuerdo de mínimos no asegura reajustar las pensiones de los actuales jubilados. Un tema en que la derecha ha evitado pronunciarse (menos por su fuente de financiamiento) y que, sin embargo, es un compromiso ineludible para el gobierno. Es muy duro para el ejecutivo y para el propio oficialismo, aceptar que no se incorpore un elemento de solidaridad intra generacional en el sistema previsional y no está para nada claro como el estado puede financiar un reajuste de pensiones, sin un alza de impuestos.

Por otra parte, es muy difícil para la oposición no aceptar una mayor competencia, con la incorporación de un ente estatal, o rechazar un ajuste de las comisiones que actualmente cobran las AFP a sus afiliados.

En suma, tanto el gobierno como la oposición están desafiados a buscar este acuerdo de mínimos sobre la reforma previsional asumiendo que, lejos de agotar el debate, este se mantendrá vigente en los próximos años y será heredado por el gobierno futuro.

Algo parecido sucede con la propuesta de un nuevo pacto fiscal. De manera un tanto imprudente, pero con bastante realismo político, el nuevo director suplente del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, afirmó que prefería reducir la evasión y elusión tributaria, antes que un alza de tributos. En esta materia, tanto empresarios como la derecha han marcado una nueva línea roja en materia de alzas impositivas que graven a sectores de mayores ingresos. En un acuerdo de mínimos, que tampoco agota el debate acerca de una mayor justicia tributaria, valdría la pena concentrarse en aprobar una moderna legislación sobre la evasión y elusión tributaria, a las que siguen recurriendo algunas grandes empresas, tal como lo sostuviera el director del SII en su polémica entrevista

 En relación con la agenda pendiente en materia de seguridad pública, el gobierno ha dado suficientes pruebas de su compromiso para asumirla como prioridad, aprobando la mayor cantidad de leyes y ha obtenido logros importantes en el combate al crimen organizado. La oposición insiste en decretar estados de excepción constitucional (¿permanentes?) que permitan el despliegue de las FF. AA, para combatir al crimen organizado. Una función que no les está asignada por la constitución y para las que carecen de una adecuada formación y preparación. En verdad, existe un amplio consenso para avanzar en la actual agenda pendiente en materia de seguridad ciudadana. Entre otras, la protección de la infraestructura crítica, la reforma del sistema de inteligencia nacional y la regulación del uso de la fuerza.

Sin embargo, esta agenda de seguridad pública no da una cabal cuenta de la necesidad de enfrentar la amenaza del crimen organizado de una manera integral, no tan sólo para reforzar y modernizar los servicios policiales y de inteligencias, o desplegar una policía de fronteras, sino también la inteligencia económica para perseguir el lavado de dinero del crimen organizado (que incluye el levantamiento del secreto bancario, con los debidos resguardos), reforzar los puertos, el servicio de aduanas o el SII, buscar nuevas formas de cooperación a nivel regional, entre los gobiernos y los servicios policiales, así como una nueva agenda sobre probidad y transparencia, que impida la penetración del crimen organizado en el aparato estatal. No sería inoficioso la formación de una comisión presidencial, avocada a la tarea de avanzar en una integral agenda en materia de seguridad ciudadana. Estas son las materias en donde la ciudadanía espera la responsabilidad y compromiso de los actores políticos para asumir este como un asunto de estado, al margen de las diferencias políticas.

Ciertamente no es una tarea fácil gobernar sin mayoría parlamentaria. Y menos intentar implementar reformas estructurales que afectan intereses de los llamados poderes fácticos. Pero parece imperioso avanzar, forzando los límites, en la medida de lo posible (por más que pueda disgustar a algunos sectores del oficialismo). Los gobiernos se miden por sus resultados. Sin renunciar a los principios, asumiendo que se requiere construir mayorías sociales y políticas para viabilizar reformas más profundas. Y esa sigue siendo una asignatura pendiente del progresismo. Con una mirada que trascienda el corto plazo.