Por Eugenio Rivera
La oposición converge en posturas compartidas.
La (contra) reforma tributaria presentada hace casi dos meses por el Gobierno ha sido, probablemente, el incentivo más importante que ha recibido la oposición para generar cierta coordinación. En efecto, varios parlamentarios, con una participación importante del presidente del Senado, impulsaron la discusión sobre el proyecto, convocando a especialistas, centros de estudio y dirigentes sociales. En las actividades confluyeron, entre otros, militantes demócratas cristianos, del PS, PPD y Revolución Democrática.
Así se ha ido generando en la oposición un consenso acerca de las debilidades que presenta el proyecto. Se coincide en que la propuesta de reforma tributaria no es neutral desde el punto de vista de la recaudación. El Gobierno no ha mostrado cifras convincentes para demostrar que los US$ 1000 millones, que con certeza el Estado dejará de percibir, puedan ser sustituidos con los ingresos provenientes de otras medidas.
El Gobierno no ha mostrado cifras convincentes para demostrar que los US$ 1000 millones, que con certeza el Estado dejará de percibir, puedan ser sustituidos con los ingresos provenientes de otras medidas.
El proyecto hace más regresivo el sistema al reducir la carga tributaria del 5% más rico – en particular del 1% – intentando compensarla vía fortalecimiento de la recaudación proveniente del IVA. La propuesta oficial también reduce la capacidad del Servicio de Impuestos Internos (SII) para combatir la evasión y la elusión al debilitar la cláusula general anti elusión.
Con ello se acentúa el carácter regresivo del sistema tributario, pues son los grandes evasores los que se verán favorecidos con la medida. Con la habilidad comunicacional que caracteriza al Gobierno, el proyecto se ha vendido como Pro Pyme, en circunstancias que no mejora, en nada, las opciones legales que hoy tienen esos empresarios, cuyo problema esencial es la falta de información para hacer uso de los beneficios que el sistema actual les otorga.
En este contexto, empieza a perfilarse la posibilidad de que la oposición no apruebe la idea de legislar, mientras no se eliminen los aspectos más negativos del proyecto, como son la baja en la recaudación fiscal, el regalo de US$ 800 millones a los más ricos del país y las medidas que debilitan al SII, en particular el desfiguramiento de la cláusula general anti elusión.
Existe también creciente escepticismo respecto a la posibilidad de que se cumplan los supuestos macroeconómicos que subyacen al proyecto de Presupuesto para el 2019.
Son muchos los que dudan que la economía crezca un 4,1% en el presente año. Mayores son las interrogantes para el próximo. El Ejecutivo pronostica 3,8%, mientras el Banco Mundial estima 3,5% y la CEPAL en 3,3%. Ello implicaría que no se podrían cumplir los objetivos de reducción del déficit y el crecimiento del gasto de 3,2% sería muy difícil de financiar, pues al crecer menos la economía los ingresos fiscales serían también menores. En este contexto, la paradoja es que el eventual rechazo de la reforma tributaria por parte del Congreso, permitiría atenuar dicha caída de ingresos.
Un regalo a los más ricos.
Aunque el informe financiero que acompaña al proyecto de ley que según el Gobierno, “moderniza el sistema tributario” es muy deficiente, es claro que al menos un 80% de los menores ingresos (US$ 800 millones) que recibiría el Estado, como efecto de la reintegración del sistema tributario, iría en beneficio del 1% más rico, propietarios de las grandes empresas del país.
El proyecto hace más regresivo el sistema al reducir la carga tributaria del 5% más rico – en particular del 1% – intentando compensarla vía fortalecimiento de la recaudación proveniente del IVA. La propuesta oficial también reduce la capacidad del Servicio de Impuestos Internos (SII) para combatir la evasión y la elusión al debilitar la cláusula general anti elusión.
Como contrapartida, el mecanismos utilizado para sustituir esos ingresos es la boleta electrónica, que si todo funcionara bien, ayudaría a reducir la evasión del IVA por parte de los micro y pequeñas empresas, en particular los pequeños comercios.
Disminuirá la recaudación tributaria.
El principal instrumento para compensar las pérdidas de ingreso derivados de la medida del proyecto para reintegrar el sistema tributario – cuyos costo en términos de recaudación se estiman en una cifra cercana a los US$ 800 millones de dólares – estaría en la aplicación general de la boleta electrónica.
Aquello es improbable, atendiendo al hecho que la boleta electrónica ya se aplica en la mayoría de los negocios. En lo fundamental, quienes no la han incorporado son micro negocios, que encuentran serios problemas para hacerlo, por dificultades para la adquisición o arriendo de los equipos necesarios y acceso adecuado a Internet. Se trata, además, de sectores que no tienen mucho que ganar con la formalización y por tanto es probable que no pongan mayor interés en hacerlo. Se agrega la interrogante de si evaden sin boleta electrónica por qué lo dejarán de hacer con ella. En este contexto, es posible esperar un mejoramiento en la recaudación, pero con resultados muy por debajo de los 1200 millones que espera el Gobierno.
De hecho el Coordinador de Asesores del Ministerio de Hacienda ha reconocido que la reforma implicará una caída de los ingresos fiscales al señalar que “no creo que la importancia de un proyecto tributario se mida necesariamente por la cantidad de recursos que recauda, sino más bien por las implicancias y por los efectos que genera sobre la economía”.
La reforma no favorece la inversión ni el crecimiento.
Mientras las reformas tributarias de 1991 y 2014 buscaron aumentar la recaudación entre 2 y 3 puntos del producto, la actual implicaría en el mejor de los casos un 0,3% del PIB. Se trata por tanto de un elemento menor que poco incidirá en el crecimiento y la inversión.
Más aún, existe consenso entre los economistas no vinculados al Gobierno que la reforma tributaria no es particularmente pro – inversión. Según el mensaje del proyecto, el efecto en recaudación es neutro. En esa medida lo que el Estado deja de recibir por un lado, lo recibiría por otro. Como se ha señalado, es poco probable que ello ocurra y lo más posible es que el fisco traslade recursos por US$ 800 millones a un puñado de grandes empresas.
Mientras las reformas tributarias de 1991 y 2014 buscaron aumentar la recaudación entre 2 y 3 puntos del producto, la actual implicaría en el mejor de los casos un 0,3% del PIB. Se trata por tanto de un elemento menor que poco incidirá en el crecimiento y la inversión.
En principio estos recursos aumentan la rentabilidad de la inversión, pero los incentivos favorecen su retiro, al subir del 65 al 100% lo que se reconoce como crédito al Global Complementario, anulando el efecto anterior. Por otra parte, el beneficio que representa la depreciación instantánea, si bien puede acelerar decisiones de inversión en los dos años de vigencia, no implica un efecto permanente. Tiene razón José de Gregorio al señalar que el único sentido de la depreciación instantánea es mejorar las cifras del desempeño macroeconómico en el corto plazo y con ello disimular los pobres resultados que está empezando a mostrar la economía. Fundamentalmente si se compararan con las expectativas que alimentó Sebastián Piñera al ganar la elección y asumir la Presidencia de la República.
