Gabriel Salazar y el estallido social. Por Fernando Ávila I.

por La Nueva Mirada

Primera Parte (#1)

El historiador Gabriel Salazar ha publicado dos artículos en que pretende explicar las manifestaciones del llamado “estadillo social” con una peculiar e inexacta interpretación de los hechos y un arbitrario manejo de los tiempos y situaciones políticas y sociales.

Así, nos dice que (desde 1990 a 2000) “los gobiernos neoliberales de fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI (de Patricio Aylwin, Eduardo Frei Ruiz Tagle, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera), …no hicieron más que completar y perfeccionar el modelo neoliberal original dándole una apariencia modernista, democrática y futurista… De este modo, privatizaron la educación, la salud, el agua natural y potable, la previsión, el transporte, las comunicaciones, las carreteras, la pesca, los bosques y las salmoneras y permitieron gigantescos entendimientos ilegales entre las grandes empresas y multimillonarios desfalcos y evasiones tributarias.”

Salazar, haciéndole un favor a los verdaderos responsables del “neoliberalismo”, una suerte de “blanqueamiento”, pasa por alto que la instauración de este neoliberalismo se inicia, desarrolla y concretiza durante el período de la dictadura, siendo las “privatizaciones” una cuestión central de esa política.

José Piñera, en entrevista a Qué Pasa, (27-12-1979), señalaba que todas las modernizaciones “robustecen la libertad de decisión de las personas. El Plan laboral con la libertad sindical; la futura reforma previsional con un sistema de pensiones basada en la capitalización individual; la Directiva educacional y la reforma de la salud a través de la descentralización operativa y la mayor flexibilidad de opciones individuales; la modernización judicial al hacer más efectivo y expedito el acceso de toda persona a la justicia; el reordenamiento agrícola al fortalecer la propiedad privada en el campo; y por último, la reforma administrativa al agilizar el sector estatal y permitir reducir su tamaño que abruma con su pesada carga a todos los chilenos”.

Continuando con su “blanqueamiento”, nos dice que “para salvar ese modelo, se retiró al general Augusto Pinochet del comando superior del proceso (era disfuncional), y la vieja clase política civil chilena aceptó administrar la herencia recibida, como premio por traicionar sus viejas lealtades socialistas o estatistas”.

Es decir, según Salazar Pinochet fue “retirado” y no derrotado el 5 de octubre de 1988, no cuenta para él que la mayoría (mestizos y no mestizos) votó NO, luego de una vasta movilización a lo largo del país y de desplegar una intensa lucha política, ideológica y de masas, convocados por un Comando dirigido por “la vieja clase política civil” que de paso no “aceptó administrar la herencia recibida” como lo prueba el Programa de la Concertación.

A este respecto las cifras no le dan la razón a Salazar, por el contrario, lo desmienten palmariamente. En efecto, el crecimiento del PIB en el período 1973-1989 es de un 2,9% anual. Bajo los gobiernos de la Concertación se alcanza un 5,1% promedio anual.

La posibilidad de una economía para crecer depende especialmente de los niveles de inversión. Entre 1974-89, la formación bruta de capital fijo fue de 18,0% promedio. En los gobiernos de la Concertación esa cifra se eleva sobre el 27%.

Si las cifras de inversión bajo el régimen dictatorial son malas, las de ahorro son peores. En el total del período apenas alcanzan, en promedio, a un 11,1% del PIB. En los gobiernos de la Concertación el promedio llega al 25,1% del PIB.

Respecto del empleo el resultado de la dictadura es aún peor. En sus 17 años el promedio de desocupación es de 17,1%, Durante la Concertación, la cifra se sitúa en 8,1%, es decir, el desempleo disminuye a la mitad.

El único “mérito” de la dictadura terrorista del gran capital es el despojo de las mayorías en beneficio de la minoría. Así, el índice de pobreza al término de la dictadura alcanza a un 38,8% y se reduce durante los gobiernos de la Concertación a un 13,7%.

Así, el índice de pobreza al término de la dictadura alcanza a un 38,8% y se reduce durante los gobiernos de la Concertación a un 13,7%.

La dictadura redujo drásticamente el gasto fiscal desmantelando los servicios públicos, por el contrario, la inversión estatal en educación, salud, vivienda y previsión se incrementa en 350 veces, en los 20 años de Concertación. Así, en salud la dictadura invirtió 7 millones de dólares, durante la Concertación se invirtieron 307 millones de dólares.

El ingreso per cápita alcanza a US$ 4.542 al fin de la dictadura y se eleva a US$ 14.299 durante la Concertación.

En el plano del desarrollo de la infraestructura la obra de la dictadura es igual a cero, en la red de líneas de metro no aportó nada. Esta red de 27,3 kilómetros (iniciada y concretada por los gobiernos de Frei Montalva y Salvador Allende) se incrementa a 94,5 kilómetros, durante la Concertación.

Con Frei Montalva se iniciaron obras de gran envergadura como la doble pista en la ruta 5-Sur continuada por el gobierno de Allende. Es sintomático que en la dictadura esas obras fueran canceladas. No se construyó ni un solo kilómetro.

La dictadura dejó una herencia de deuda pública de 16.364 millones de dólares, los gobiernos de la Concertación dejaron un superávit del orden de 12.000 millones de dólares.

Sin duda que estos guarismos no reflejan necesariamente las condiciones de vida de las mayorías, pero en la comparación se podrá apreciar que en todos los factores hay un progreso evidente. Se podría reflexionar en cuál hubiera sido la situación si el desempleo se hubiese mantenido en dos dígitos, qué dificultades tendría la gente común sin metro ni carreteras, sin un mejoramiento parcial de los servicios públicos, medidos respecto de la dictadura. Sin duda que considerando nada más que ese indicador, estaríamos con un índice de pobreza similar al que heredamos.

Ciertamente que diversas reformas no se hicieron, se hicieron mal o no se quisieron emprender, pero afirmar sin más que la Concertación asumió el “modelo económico” de la dictadura, en estricto rigor el sistema económico de los grandes capitalistas, no se condice con las cifras.

Ciertamente que diversas reformas no se hicieron, se hicieron mal o no se quisieron emprender

Cómo se explica – si la Concertación hubiese aplicado el mismo “modelo” – que los datos estadísticos de los 17 años de dictadura del gran capital (y no cívico-militar), son todos alrededor de un 50% menores que los de 20 años concertacionistas. Y que en otras áreas (como infraestructura) la diferencia alcance al 100%, como se constata en las cifras ya consignadas. Ciertamente, si el desnivel en los montos fuera mínimo o reducido a un porcentaje estrecho se podría sostener que no hay diferencias esenciales entre un tipo de gobierno y otro. No es el caso…

(#1) Continúa en próxima edición…

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