La extradición de Adriana Rivas, ex agente de la DINA sería un empujón de esperanza para los familiares de las víctimas que entraron al infierno y no volvieron.
En casa le decían Carmencita. Le gustaba tocar la guitarra y encumbrar volantines. Tenía el pelo castaño, ojos verdes. Era bonita. “Desde niña estuvo preocupada por los más humildes. Si ella podía regalaba su ropa, sus zapatos. De jovencita demostró mucho carácter dando soluciones a problemas serios. La recuerdo dando a tomar leche y provocar nauseas a un niño intoxicado por beber agua con cloro, mientras se conseguía trasladarlo a la posta. No tenía más de quince años”.
María (“Maggie”) Oyanedel, sobrina de Reinalda del Carmen Pereira, se emociona con el recuerdo.” La pérdida de Carmencita para nuestra familia ha sido y sigue siendo tan desgarradora (…) nunca habrá consuelo. Ni reparación que valga.”
Fue secuestrada el 15 de diciembre de 1976 en una calle de Santiago. Tenía 29 años, tecnóloga médica, llevaba seis meses de embarazo. Según el expediente de su causa, por declaraciones de algunos agentes de la DINA, su vientre en gestación aún se movía después de las torturas y la parrilla eléctrica.
Ese mismo día fueron secuestrados Fernando Ortiz, Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Héctor Véliz. El entonces subsecretario general del Partido Comunista Víctor Díaz había sido sacado de una casa de Las Condes, el 12 de mayo de ese año. El 13 de diciembre pasaría lo mismo con Fernando Navarro. Todos altos dirigentes del PC. Los autores, agentes de la DINA, agrupados en la llamada Brigada Lautaro, que los condujeron al cuartel Simón Bolívar (calle Simón Bolívar 8800 de la comuna de La Reina).
Nadie salió vivo de ahí. Entraron al infierno y nunca regresaron. El tiempo promedio de los detenidos allí era una semana, máximo dos. Se cree que Díaz permaneció en el cuartel siete meses.
Señal al mundo
Han pasado 45 años.
El 23 de junio, las familias, las organizaciones de derechos humanos recibieron un empujón de esperanza, algo parecido a la promesa cumplida de justicia y verdad. Cuando ya muchos habían dejado de creer en los milagros, una corte federal de Australia concedía la extradición a la ex agente de la DINA, Adriana Rivas González (“la Chani”) por su participación en el secuestro agravado de estos siete chilenos.
Rivas (68), con prisión preventiva en Sídney desde febrero de 2019, escuchó por teleconferencia el dictamen de la jueza Wendy Abraham. Su defensa tiene un plazo de 15 días (desde la emisión del fallo) para apelar, pero se estima improbable que lo haga. La justicia australiana había hecho lo suyo. En Chile, los familiares de las víctimas señalaron, con emoción, que “Australia ha enviado una señal al mundo: los derechos humanos deben ser respetados y los criminales deben enfrentar la justica y dar cuenta por sus actos.”
Han perseguido la justicia y la verdad con una tenacidad a toda prueba. No dejaron recurso sin agotar: huelgas de hambre, protestas en las calles, entrevistas de prensa, denuncias en los foros internacionales, gestiones ante los tribunales chilenos, con sus jueces sordos y mudos. Conocido como Calle Conferencia II, el caso encierra una de las historias más siniestras entre las múltiples violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura.
Adriana Navarro, abogado de las familias de las víctimas desde 2014, en Australia, dice que “definitivamente lo conseguido hasta ahora es un triunfo legal (…) El material reunido es escalofriante, retrata la conducta inhumana de los agentes. Estremecedor, pero el fallo también es un reconocimiento de que ninguna sociedad puede existir sin enfrentar su pasado.”
Molinos de viento
Se cayó en la barbarie profunda. Con el alma podrida, con todo el poder en sus manos, los agentes de la DINA se empeñaron en cumplir con su misión. Usaron técnicas para la preparación del gas sarín. Un equipo de médicos verificaba el estado de salud de los presos para decidir si aún podían soportar la tortura. Los cadáveres fueron quemados en sus huellas dactilares y la cara con un soplete de soldadura dentro de la piscina vacía. Luego, depositaron los cuerpos dentro de sacos, con cables amarrados a la altura del estómago.
Concluidos los interrogatorios, y ya tomada la decisión de matar a los detenidos, Gloria Calderón, la enfermera del cuartel, les ponía una inyección de lo que se cree podría ver sido cianuro. Una de las tareas de Rivas consistía en sacarle al detenido una confesión final y para ello debía acercar la grabadora lo más posible a sus cuerpos. Posteriormente, las víctimas eran asfixiadas con bolsas plásticas y hechas desaparecer. Algunos fueron lanzados al océano, otros a sitios eriazos, minas abandonadas.
¿Cómo se arman las piezas para los que acá se quedaron y envejecieron con la carta a medio escribir, la llamada por hacer, el abrazo por cerrar, el hijo por nacer? Tantos otros ya murieron sin respuesta. El desamparo lo sufre cada cual a su manera. Cada uno o una pelea contra los molinos de viento, internos y externos. No se puede medir el dolor como quien toma la temperatura o el pulso de un enfermo grave.
Rivas tenía poco más de 20 años cuando ingresó a la DINA. Fue secretaria personal del general Manuel Contreras, sentenciado a 289 años de prisión por secuestro, tortura y asesinato. Luego de realizar un curso de adiestramiento en Rocas de Santo Domingo, se integró a la Brigada Lautaro desde su fundación en 1974, cuya misión era, inicialmente, brindar seguridad personal a Contreras y su familia. Posteriormente, la tarea consistiría en lograr el exterminio del Partido Comunista. En 1976 cerca de 80 militantes del PC fueron desaparecidos. Se cree que la mayoría pasó por Simón Bolívar.
La exagente ha negado en forma insistente haber sido miembro de la Brigada Lautaro, y aseguró que sólo desempeñó “funciones de secretaría y administración”.
Se fugó a Australia en 1978 y allá vivió por largos años. Escalofriante saber que trabajó como niñera (nanny) en casas particulares en Bondi, un suburbio costero de Sydney. También hacía la limpieza en casas. No tardó en integrarse a un equipo de fútbol y era cliente asidua de una panadería administrada por chilenos. La vida era buena.
Entró y salió de Chile muchas veces. En una de sus visitas, en 2006 fue arrestada para ser interrogada en relación a su trabajo en la DINA. Procesada en febrero de 2007 por su participación en la muerte de Víctor Díaz, estuvo casi tres meses en prisión preventiva. Posteriormente se le otorgaría la libertad condicional, con orden de arraigo.
Mientras Rivas estaba en Chile, Jorgelino Vergara fue arrestado e inculpado por el asesinato de Díaz. Se le conocía como “el mocito” dentro del cuartel de Simón Bolívar. Servía café, bebidas a los agentes, pero también llevaba la comida a los prisioneros, hacía ronda en la sala de guardia, y el aseo del recinto. En el 2010, aceptó colaborar y contar todo lo que allí había visto. Y habló y habló. El testimonio de Vergara ha llevado, finalmente, a la condena de más de 60 agentes de la DINA.
En su larga declaración mencionó a Rivas y dijo que dentro de la Brigada Lautaro “Adriana era agente y realizaba acciones operativas (…) “También me gustaría dejar constancia de que las mujeres en la sede estaban disfrazadas de secretarias, pero todas eran agentes operativas”. Según su testimonio, “la Chani” participaba en la tortura de los prisioneros. “Les pegaba con palos, los pateaba, los golpeaba y les aplicaba corriente eléctrica”, dijo para un documental de televisión.
El mismo año, Rivas se fugaría y, vía Argentina, regresaría a Australia. En una entrevista concedida el 2013 a la radio SBS de ese país, Rivas recordó con nostalgia su experiencia en la DINA. “Esos años fueron los mejores de mi juventud. No me arrepiento porque para mí era un trabajo, una oportunidad para sobrevivir. “
-¿Quisiera reunirse con Adriana Rivas?-le pregunto a Maggie Oyanedel.
-Sí, para ver si rompe el silencio que ha mantenido hasta ahora-responde.
