Las imágenes y símbolos, claves en la tradición eclesiástica, fueron más que expresivas en la ceremonia del Tedeum por fiestas patrias, oficiada en la Catedral de Santiago. Hablaron por sí solas.
A diferencia del año pasado, no la pudo presidir monseñor Ricardo Ezzati, actualmente imputado por encubrimiento de abusos sexuales. Tampoco se pudo escuchar la tradicional voz de su cercano ex canciller del arzobispado, Oscar Muñoz, procesado por delitos de abusos y estupro, formalizado y detenido desde julio pasado, ahora beneficiado por prisión nocturna. La ceremonia estuvo encabezada por Juan de la Cruz Suárez, deán de la Catedral.
Los hechos hablan y dejan al desnudo una crisis estructural, de impredecibles consecuencias y desenlace fuera del control de una descabezada autoridad eclesiástica. La asertiva visita al país del arzobispo de Malta, Charles Scicluna y el sacerdote catalán, Jorde Bertomeu, reparó, en algún grado, el descrédito en las autoridades eclesiásticas. Paradojalmente fueron enviados por el Papa Francisco, quién, en su cuestionada visita a Chile, no hizo más que sumar confusiones y descrédito con su manifiesto apoyo al obispo de Osorno, Juan Barros, hoy destituido y sometido a indagación judicial por el empoderado fiscal Emiliano Arias.
Los hechos hablan y dejan al desnudo una crisis estructural, de impredecibles consecuencias y desenlace fuera del control de una descabezada autoridad eclesiástica.
Los acontecimientos se desencadenan con la agilidad que negó durante casi dos décadas la justicia eclesiástica a víctimas de abusos sexuales por parte de religiosos, sólo excepcionalmente sancionados, con mano blanda y protección del derecho canónico. Conocido es el caso del otrora poderoso sacerdote Karadima, muy cercano al ya mencionado Juan Barros. Valga recordar al entonces protegido obispo Francisco José Cox, enviado a un monasterio alemán, a Marco Antonio Órdenes, que debió renunciar al obispado en 2012, tras sus abusos sexuales durante una década.
Se han conocido estadísticas, publicadas desde la irrupción de la Fiscalía Nacional. Se pueden abrir carpetas archivadas, sin investigación. Se habla de “una caja de pandora”. Allí se identifican pocos procesados, violadores de menores sancionados con traslados a localidades donde repitieron sus abusos. Pasan los años y varios han fallecido en la impunidad. La lista crece. Se clasifica por regiones, como suele ocurrir la Metropolitana acumula mayores casos. La Unidad Especializada de Delitos Sexuales ha reportado al fiscal Arias antecedentes de 221 sacerdotes y 8 obispos vinculados a causas penales y encubrimientos. Esto en los últimos 18 años.
Se suman nombres a los ya mencionados obispos Ezzati y Barros; Carlos Pellegrin, Luis Infanti, Cristián Contreras, Alejandro Goic. Indagaciones sobre presuntas responsabilidades penales que acentúan la imagen de una jerarquía golpeada y descabezada de liderazgos para el más complejo proceso de cuestionamiento a la institución eclesiástica.
Los acontecimientos se desencadenan con la agilidad que negó durante casi dos décadas la justicia eclesiástica a víctimas de abusos sexuales por parte de religiosos, sólo excepcionalmente sancionados, con mano blanda y protección del derecho canónico.
Las aristas son múltiples como sus potenciales derivadas. Se puede decir que cada caso involucra ámbitos sociales o culturales muy diversos. Así como hay quienes ponen atención en el que involucra al capellán de la Escuela de Suboficiales de Maipú, sacerdote Celestino Gutiérrez, se ha abierto una polémica de mayor relevancia en torno a lo ocurrido con el ex Vicario de la Solidaridad, Cristián Precht, designado en el cargo por el Cardenal Raúl Silva Henríquez, en los años más duros de represión criminal de la dictadura militar.
La sanción aplicada por la justicia canónica al ex vicario ha sido la máxima. Expulsión inmediata del sacerdocio, abriendo una polémica más que compleja al interior de la comunidad católica, en razón de la historia personal de Precht y la presentación de un recurso judicial por parte de su abogado, Luciano Fouilloux, ante la Corte de Apelaciones de Santiago, donde acusa “una vendetta vaticana”, inspirada en parcialidad de la institución eclesiástica y sus acusadores, con un evidente sesgo ante hechos insuficientemente investigados.
¿Cabe hacer alguna distinción en presencia de abusos detestables en contra de menores? Ni para las víctimas, tampoco para el resto. Ello no implica eludir la interrogante acerca de la transparencia de una debida sanción, en comparación a la aplicada en casos, al menos, tan aberrantes como el que involucra a Precht. Valga aplicar la comparación al caso del sacerdote Karadima y la evidencia de un trato muy diferente por la justicia canónica.
La polémica pública es evitada, por la complejidad de los valores en juego, incluidas víctimas y familiares de quienes sufrieron la represión de la dictadura en los complejos años en que Precht destacó por su defensa de los perseguidos.
¿Cabe hacer alguna distinción en presencia de abusos detestables en contra de menores? Ni para las víctimas, tampoco para el resto. Ello no implica eludir la interrogante acerca de la transparencia de una debida sanción, en comparación a la aplicada en casos, al menos, tan aberrantes como el que involucra a Precht. Valga aplicar la comparación al caso del sacerdote Karadima y la evidencia de un trato muy diferente por la justicia canónica. Se podrá argumentar la diferencia de contextos al momento de aplicar condena. Como en otros casos tan aberrantes. Consideraciones negadas, en absoluto, en el caso del ex vicario de la solidaridad.
Así como no se puede intentar un falso empate moral por las conductas históricas de uno u otro imputado, no parece razonable callar los comportamientos de ellos en sus respectivos roles. Tampoco observar la diligencia aplicada por la autoridad eclesiástica en los diferentes casos que marcan la aguda crisis moral de la Iglesia Católica en las últimas décadas. En el caso chileno, seguirá penando la errática conducta del Papa en el caso del obispo Barros.
Harina de otro costal es la discusión respecto del celibato que se puede asociar al origen de algunas de las conductas aberrantes de autoridades eclesiásticas. La interrogante ahora se centra en la equidad de la justicia canónica. Todo puede ser discutible. Incluso los argumentos de un experto tan polémico como el cura Raúl Hasbún, que incorpora nuevas consideraciones morales al debate en curso.
