En el negocio de las mafias italianas el término omertá designa al código de honor que -mediante pactos coercitivos de silencio-, se emplea para eludir, negar y encubrir delitos de cualquier índole. Un tema sensible que marca la relación que estos grupos de poder plasmarán con los medios de comunicación, sea para manipularlos directamente o por omisión, al inhibir la cobertura de ciertos hechos a la hora de construir sus agendas informativas.
Todo lo anterior es accionado por estos grupos valiéndose de su poder coercitivo -sea político, económico, de relaciones o redes-, en el menoscabo del ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a informar.
Se entiende que para las mafias esto sea un tema relevante en la protección de sus negocios ilícitos; pero no cuadra cuando estas prácticas se producen en las máximas esferas de la administración de un Estado democrático (salvo en regímenes autoritarios y totalitarios).
Quien nada hace, nada teme
En forma reciente detonó y se hizo público un conflicto que involucra a un canal de televisión abierta, La Red, y la Presidencia de la República. Las molestias se generaron con el cambio de la línea editorial de ese medio, llevada a cabo por su nuevo director ejecutivo, el periodista Víctor Gutiérrez, y que derivaron en transformar sus espacios de conversación, debate y entrevistas en verdaderos foros de escrutinio público al ejercicio del poder.
La renovación de las estrategias de pautas de programas como ¡Hola Chile! o Mentiras Verdaderas, más los nuevos espacios de actualidad a los que se incorporaron agudas e inquisidoras periodistas, como Mirna Schindler, Mónica González, Alejandra Matus y Paula Molina, entre otras; y al que se agrega el humorista, ingeniero comercial y conductor de radio Agricultura, Checho Hirane.
Un detonante de este conflicto fue la entrevista realizada desde la cárcel al exfrentista Mauricio Hernández Norambuena, a mediados de marzo, dando detalles del atentado que costó la vida al entonces senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán (1 de abril de 1991). Lo calificó simultáneamente como un “error político” y una “operación ética”, debido a la percepción de impunidad con que los grupos paramilitares de oposición al régimen militar vieron el inicio de la transición democrática en Chile.
La repercusión de esta entrevista, así como la creciente molestia con el nuevo estilo periodístico de La Red llevó a la jefa de gabinete de la Presidencia de la República, Magdalena Díaz, a telefonear a Estados Unidos al dueño de este medio, el empresario mexicano guatemalteco, Ángel González, residente en Miami. El objeto de la acción era plantear la queja y molestia directa del Gobierno sobre la entrevista a Norambuena, así como el estilo editorial de Gutiérrez.
Un tema complejo para el ejercicio de la libertad de expresión y que llevó al propio director ejecutivo de La Red a restarse de participar en recientes reuniones con otras instancias gubernamentales, como el Ministerio de las Culturas y las Artes, mediada por Anatel (la asociación que agrupa a los canales de tv abiertos y que preside el empresario demócrata cristiano Ernesto Corona Bozzo). El objeto era informar de nuevos fondos concursables para la industria audiovisual que entregaría el Estado. No obstante, Gutiérrez se excusó de asistir mediante un escueto y directo email: “Ernesto, agradezco tu buena intención. Pero me parece un mal chiste del Ministerio de Cultura. Ahora aparecen. ¿Buscan limpiar imagen al gobierno? Un poco tarde para eso… Intimidar y censurar con llamadas y seguimientos e intervenciones telefónicas a los periodistas y canales, no es democrático. Es dictatorial…”.
La repercusión de esta gestión telefónica levantó molestias en el Colegio de Periodistas, la Federación de Trabajadores de Canales de TV y en otras instancias vinculadas con la defensa del ejercicio de la libre expresión. Sin embargo, la práctica de reclamar a los medios volvió a repetirse en días pasados debido a nuevas molestias levantadas en La Moneda por el periodista Julio César Rodríguez, conductor de Contigo en la Mañana de Chilevisión, el matinal líder en sintonía junto a Montserrat Álvarez. Sus ironías y bromas frente al rol e imagen presidencial en el rebrote del covid-19 y el eventual tercer retiro de fondos de las AFP llevaron a que esta vez la queja la recibiera el propio Presidente Ejecutivo de WarnerMedia Chile, el abogado Jorge Carey.
Jugando con fuego
La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe 2019 constata en Chile graves situaciones que lesionan la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo, así como del derecho a informar, a propósito de las detenciones, violaciones de derechos y atropellos sufridos por profesionales en la cobertura del estallido social. Particularmente el foco se puso en las prácticas represivas y en las gestiones y reuniones del Gobierno (Presidente Sebastián Piñera y su equipo ministerial político encabezado por el titular de Interior y Jefe de Gabinete de entonces, Andrés Chadwick), para ejercer control editorial y coerción hacia los directores de los Canales de TV y sus jefes de prensa.
La reciente queja gubernamental ante el dueño de La Red lejos de amedrentar a su director Víctor Gutiérrez, motivará la presentación del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como paso previo a formalizar una denuncia ante la Corte Interamericana.
Esta organización internacional el año 2004 alertó sobre una nueva práctica que lesiona la libertad de expresión y el derecho a la información con lo que denominó “una relación casi incestuosa entre la política y los medios. Los políticos usan (y abusan de) los medios para su propia publicidad política. Hoy en día es virtualmente imposible medir el poder sin la ayuda de los medios”. Ya el año 2000 había encendido las alarmas en torno a la concentración de la propiedad de los medios en América Latina, a la que no escapa Chile como uno de los países con mayores índices de la región: “Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopolios por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho de la libertad de información de los ciudadanos. En ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación”.
De consolidarse esta iniciativa del director ejecutivo de La Red, la actual primera magistratura –a menos de un año de entregar su cargo- anotará otro punto en contra del posicionamiento de Chile en los rankings regionales sobre libertad informativa y funcionamiento de los medios de comunicación.
Un daño no solo a los medios, los periodistas y los profesionales de la comunicación en general, sino a la esencia de los regímenes democráticos si se siguen tratando de negociar pactos de silencio.
Parafraseando un dicho argentino, esta vez la mentira tiene brazos cortos.
