La Araucanía: ¿una situación que “no da para más”? Por Felipe Agüero

El gobierno de Sebastián Piñera ha dado un paso más en su intento de compensar su debilidad con un mayor involucramiento de las fuerzas armadas en asuntos internos, en particular en las regiones del sur.

El Presidente ha llamado a reuniones sin precedentes, para definir el problema y las estrategias frente a la violencia, al Comandante en Jefe del Ejército y al Jefe del Estado Mayor Conjunto; ha llamado a realizar patrullajes conjuntos entre militares y carabineros, intentando romper el límite que restringe el uso militar por estado de excepción a cuestiones relativas a la pandemia, y llevarlo a cuestiones de orden público. Ha introducido un nuevo lenguaje—fuerzas de orden y seguridad—para intentar meter a militares y carabineros en un mismo saco para normalizar una situación completamente anormal y que bordea la inconstitucionalidad. Admite una preferencia por el estado de sitio, escucha a los hermanos Kast que claman por él y por el empleo militar directo en rodear las comunidades mapuche y entrar a sustraer a “los terroristas”. Escucha y deja hablar al general director de Carabineros que dice, en un nuevo acto de deliberación, que hay que traer a las fuerzas armadas con todas sus capacidades al control del orden en La Araucanía.

En fin, con todo esto se marca un hito que deja atrás la breve “tradición” que se intentó forjar desde la transición de ir dejando a las fuerzas armadas fuera de las cuestiones de seguridad interna. Por supuesto, el gobierno ha venido rompiendo esa tradición con toda su propuesta legislativa de reforma a la inteligencia, de infraestructura crítica, de control fronterizo e inmigración, y otras áreas. Todas propuestas que no resolverían en nada la incapacidad del gobierno de entender bien el problema del conflicto del estado en sus relaciones con los pueblos indígenas del sur, y de delinear cursos de acción razonables.

Este afán de politización interna de los militares no ha sido siempre del agrado de éstos, que siempre han mostrado más cautela y hasta un mejor conocimiento de la ley y la constitución que el propio gobierno. Hace solo unos días el Jefe de la Defensa Nacional en la Araucanía respondió en Temuco, en diálogo con el dirigente Aucán Huilcamán, que su misión no está en el ámbito policial: “Nuestro ámbito es combatir el Covid, control de toque de queda, puntos de control sanitario, aduanas sanitarias y todo lo referido a combatir el Covid», que no hacen “patrullajes conjuntos” sino solo operativos especiales con los fines sanitarios señalados. Es notable que la clara separación de funciones la marque el jefe militar y no el gobierno, que prefiere mantenerla difusa, y ante la pregunta de un dirigente indígena, y no de un dirigente de la oposición.

Esta nítida aclaración, además, deja al gobierno en la posición humillante de verse limitado a las normas que están planteadas para este estado de excepción. Si quiere ir más allá debería pensar, como lo ha estado haciendo, en la posibilidad del estado de sitio, pero sabe que aquí enfrentaría enormes dificultades políticas. Con todo, sectores de la coalición gobernante verían esto como una gran solución, y muchos plantean en la prensa que otros países no se han hecho tanto problema y han recurrido resueltamente a las fuerzas armadas para hacerse cargo de situaciones de conflicto interno, como ha sido el caso, por ejemplo, de Perú y México. Es aquí donde se revela con mayor claridad la ignorancia y la irresponsabilidad frente a este tema. Toda la experiencia comparada muestra que el intento de solución militar de conflictos políticos internos solo los agrava y magnifica, reduciendo las opciones de salida, y dejando el camino regado de víctimas y derechos pisoteados, y las instituciones, tanto civiles como militares, más debilitadas y deslegitimadas aún.

En efecto, en Perú, los militares llegaron a tener el control político-militar completo en un tercio del territorio nacional en la lucha contra Sendero Luminoso. Pero, como señaló la Comisión de la Verdad y Reconciliación a que llamara el presidente Valentín Paniagua, el saldo fue de 70 mil víctimas fatales (más que en todas sus guerras externas y sus guerras civiles), de las cuales el 75 por ciento fueron indígenas. Las víctimas lo fueron de acciones tanto de Sendero Luminoso como del ejército, dejando lastimosas huellas y legados que aún se hacen sentir en la política y sociedad peruanas. Aparte de que la situación inicial no se compara con la de Chile, el modelo seguido no parece ser un buen ejemplo.

En el caso de México, el presidente Calderón llamó al ejército en 2006 para la lucha contra el crimen organizado. El saldo de su sexenio y el siguiente de Peña Nieto arroja más de 75 mil desaparecidos, según informes de Human Rights Watch, y ningún trazo de éxito en la lucha contra el crimen organizado, además de crecientes evidencias de corrupción en las instituciones. Tampoco parece ser un buen modelo.

Pero lo más grave es que la fijación cortoplacista con la solución militar–policial saca la mirada de lo que es el problema político de fondo. La persistente postergación de las demandas indígenas más elementales—solo como ejemplo, 30 años de inacción frente a la demanda de un reconocimiento constitucional—que aluden tanto a la cuestión de restitución de tierras como a las de participación en las estructuras de poder, ha venido produciendo un resultado nada sorprendente: el deterioro creciente de la situación. Las demandas fueron haciéndose más amplias y más profundas y, junto a una pérdida de confianza en los gobiernos y las elites políticas, comenzaron los actos de violencia que han venido multiplicándose, así como las organizaciones que los promueven, incluidas las de sectores propietarios y de derecha. Súmense el incremento de la delincuencia—abigeato, robo de madera, narcotráfico—para producir una situación que de súbito es referida como una que “no da para más”. Pero la verdad es que las situaciones descritas como que no dan para más, siempre terminan dando para más si no se las enfrenta con un diagnóstico acertado y con un liderazgo que es capaz de una mirada inclusiva y de largo plazo. Todo esto último es lo que falta y que es llenado, en cambio, por visiones cortoplacistas, de medidas solo efectistas, y que pueden ir dando para mucho más, para más violencia y hundirse más hondo en el fango.

El diagnóstico lo planteó el gobierno—al parecer sin advertirlo realmente y, peor aún, sin creerlo—en el programa de gobierno de Sebastián Piñera (“la complejidad de la relación del estado con los pueblos indígena tiene sus raíces en la ocupación por el estado chileno en la segunda mitad del S. XIX, que dio origen a problemas de muy difícil solución”) y que luego se reiteró en el Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en La Araucanía del ministro Moreno: “A mediados del S. XIX el estado ejerció la ocupación de tierras que pertenecía a ellos. Sigue siendo de mucho dolor y desconfianza para muchos habitantes de esta región”. No se requieren muchos dedos de frente para deducir cuál sería la solución para la situación de usurpación que describen.

Muchos dicen que hoy las cosas no están para soluciones de largo plazo, que primero hay que terminar con la violencia. La verdad es que no se puede terminar con la violencia si la solución del problema de fondo no se plantea resueltamente desde el comienzo. Por supuesto, con el deterioro que se observa hoy en la situación, debe haber medidas de corto, mediano y largo plazo, pero que no deben ir en secuencias, sino que deben ser parte de una negociación simultánea. No en una mesa de diálogo para un nuevo diagnóstico, sino para llegar a acuerdos de cómo dar los pasos necesarios. No una mesa de obispos y notables, sino una en que estén todas las partes cuyo concurso es necesario para resolver un curso de acción para el problema de fondo y el problema de la violencia. No con jefes de estado mayor conjunto sino con quienes puedan hablar a nombre de las partes interesadas y tomar decisiones de acción política y de medidas sectoriales, de las que se puedan hacer responsables. Un diálogo inclusivo para propuestas, no para diagnósticos. No dejarlo para la constituyente, cuyo nivel normativo es otro, aunque indispensable, sino para instancias de diálogo para decisiones políticas.

Nada de esto es posible sin un liderazgo fuerte y visionario de quienes tienen la primera responsabilidad en asumir la iniciativa. Usted dirá si se puede ser optimista, o más bien lo contrario. Si es lo último, entonces prepárese para que la situación siga dando para mucho más…