La sociedad democrática
Acostumbramos a pensar la democracia como una realidad que se materializa en un acto electoral y que, al ajustarse a convenciones relativamente aceptadas, provee una cierta acreditación de calidad al sistema político. Pero no nos es ajeno el hecho que la democracia es bastante más que un evento electoral. Es un sistema de administración del poder político que contempla roles para las mayorías y las minorías. Unos tienen iniciativas de gobierno y otros, herramientas de control que permiten que los actos propios de la política estén en concordancia con la letra y el espíritu de las leyes imperantes. También es propio de la democracia el que exista una ciudadanía portadora de derechos. La democracia es una práctica social de personas libres y ese atributo solo se encuentra en aquellas que gozan de derechos elementales. De este modo, la amplitud y profundidad de esos derechos disponibles permite medir la calidad real de la democracia. Lo anterior implica que la existencia de una secuencia de procesos electorales, por larga que sea, no asegura un estándar de democracia.
También es propio de la democracia el que exista una ciudadanía portadora de derechos. La democracia es una práctica social de personas libres y ese atributo solo se encuentra en aquellas que gozan de derechos elementales.
A partir de lo anterior, debemos entender que la democracia, lejos de ser una suma de condiciones que se pueden marcar en un checklist, es una construcción y una práctica social y, como tal, evoluciona hacia una sociedad plena de derechos o involuciona hasta una condición de exclusión política en que impera un poder fáctico. Pero esta evolución no está en referencia a un canon exógeno, sino a las exigencias que la propia sociedad establece y que son dinámicas. Diversos estudios de opinión miden la brecha existente entre las expectativas contingentes que las personas tienen respecto a la democracia en que viven y la realidad que observan. Según datos del Centro para el Futuro de la Democracia, resultado de un estudio realizado en 154 países, en 1980 el 33% de los ciudadanos se mostraba insatisfecho con la democracia. En 1995, ese porcentaje se elevó hasta el 47% y este año alcanza el 57%.[1]
¿Se ha deteriorado la democracia? Sí. Pero eso no es solo porque las exigencias de las personas se han incrementado, sino que, además, se han producido cambios más o menos significativos en las instituciones a través de los cuales puede ejecutar su misión y no en el sentido de mejorar el acceso a más democracia para las personas.
El deterioro
Las exigencias y expectativas crecientes de la ciudadanía se pueden explicar principalmente por dos factores. Por una parte, el progresivo empoderamiento de grupos tradicionalmente subordinados y distintas minorías que crecientemente han alcanzado mayor visibilidad ocupando un espacio social hasta situar sus reivindicaciones en la agenda pública. Esta lucha por nuevos derechos ha señalado una impronta progresiva en diferentes latitudes. En este campo abigarrado se encuentran desde corrientes animalistas hasta aquellas sensibles con los problemas ambientales y el cambio climático, sin que queden atrás las demandas de integración y reconocimiento de minorías sexuales. El mundo tiene una agenda social más progresiva, pero ello no obsta para que se mantengan bolsones de resistencia, a veces bastante amplios y fuertes. La instalación de gobiernos con un sello populista de derecha o abiertamente neofascistas, como es el caso de los EE.UU. de Donald Trump (que a estas horas parece vivir su ocaso), el Brasil de Jair Bolsonaro, la Hungría de Viktor Orban o la Polonia de Andrzej Duda, son una muestra de esto.
El mundo tiene una agenda social más progresiva, pero ello no obsta para que se mantengan bolsones de resistencia, a veces bastante amplios y fuertes.
Por otra parte, tenemos el impacto de la crisis sistémica iniciada el año 2008. Lejos de ser una crisis financiera más del capitalismo, la llamada crisis subprime arrastró no solo valores e instrumentos financieros. Puso en cuestión el modelo de globalización impuesto desde los años noventa y también la hegemonía del pensamiento único en la ciencia económica. Sin embargo, las estructuras del capitalismo resistieron el embate y la respuesta frente a la crisis fue, en general, más mercado y una redistribución de la riqueza, desde los más pobres hacia los sectores más acomodados, mediante las políticas de austeridad en el gasto social, aplicadas especialmente en Europa. Estos factores, entre otros, han desplazado a la sociedad hacia posturas que demandan mayores derechos.
Junto a lo anterior, y contribuyendo al deterioro progresivo de la democracia, se registran los cambios que a nivel institucional ella resiste. Nos referimos principalmente al sufragio universal, los mecanismos de control de los actos del Gobierno, el funcionamiento de los partidos políticos y el sistema de justicia. En todos los casos, la respuesta social frente a estas instituciones que son consustanciales a la democracia es de rechazo o desafección.
En todos los casos, la respuesta social frente a estas instituciones que son consustanciales a la democracia es de rechazo o desafección.
Si observamos los procesos y resultados electorales en diferentes latitudes, se pueden apreciar dos constantes: desafección, traducida en abstención electoral,[2] e inclinación por opciones populistas, generalmente de derecha y que reniegan de la propia política.
Esto se extiende, ciertamente, a los partidos políticos, que se encuentran en los escalones más bajos de la valoración ciudadana.
Distintas expresiones de corrupción han emergido en los últimos años, imperando la sensación en la sociedad de que, más que orientarse a dar respuesta a las necesidades de la población, los gobiernos buscan satisfacer sus propios intereses, sin que exista un control eficaz de la ciudadanía. Esto se extiende, ciertamente, a los partidos políticos, que se encuentran en los escalones más bajos de la valoración ciudadana.
Sin embargo, lo más preocupante, con distancia, es la sistemática pérdida de legitimidad de los sistemas de justicia y la carencia creciente de su principal atributo: la imparcialidad. Cuando la sociedad desconfía de la justicia, desconfía del corazón de la democracia.
El caso de la justicia en España
La Revolución francesa supuso un invaluable aporte al desarrollo de la humanidad, abriendo paso al fin del absolutismo como forma de gobierno. El ideario revolucionario se nutre de los principios del enciclopedismo; de los seres humanos iguales en derechos y, por tanto, esencialmente libres, y de la separación de poderes como fundamento de la democracia.[3] Los enciclopedistas pensaban un mundo libre de las cadenas de la servidumbre, de la ignorancia, de la religión y de todo aquello que coartaba la libertad humana. Su discurso daba cuerpo a la Ilustración y la confianza en el ser humano para gestionar su destino.
Sin embargo, la superación de la sociedad estamental, arquetipo de la desigualdad, no dio lugar al reino de la fraternidad, sino a una sociedad de clases. La idea de Montesquieu de que “…todo hombre que tiene poder se inclina a abusar del mismo” y, por tanto, “…hace falta que el poder detenga al poder”, se expresaba en la forma de la separación de esos poderes. Así, la democracia es un sistema de contrapesos en que distintos poderes independientes se controlan mutuamente. Pero esto se convierte en una falacia cuando la administración de los poderes del Estado se encuentra en manos de la misma clase que controla la economía de la sociedad y que usa al Estado para cautelar sus intereses.
Sin embargo, la superación de la sociedad estamental, arquetipo de la desigualdad, no dio lugar al reino de la fraternidad, sino a una sociedad de clases.
En el caso de España ocurre una situación singular. El artículo 127 de la Constitución española de 1978 establece que quienes pertenecen a la judicatura no pueden participar de partidos políticos ni sindicatos, lo que a todas luces resulta claro si hablamos de preservar, no solo la independencia de juicio del magistrado, sino, principalmente, la imparcialidad. Sin embargo, el mismo artículo alude a que pueden formar y pertenecer a asociaciones profesionales de jueces, magistrados y fiscales. Ciertamente no constituyen un partido político ni forman parte de la estructura de alguno de ellos, pero manifiestan claras posiciones ideológicas y de manera explícita.
Actualmente, la judicatura cuenta con siete asociaciones profesionales, y forman parte de alguna de ellas el 55% de los jueces. Entre estas asociaciones, prevalecen de manera abrumadora las de carácter conservador, que concentran el 85% del total de afiliados, quedando el 15% restante en la denominada “Jueces y Juezas para la Democracia”, de carácter más progresista.[4]
Entre estas asociaciones, prevalecen de manera abrumadora las de carácter conservador, que concentran el 85% del total de afiliados, quedando el 15% restante en la denominada “Jueces y Juezas para la Democracia”, de carácter más progresista.
Otro elemento distintivo del sistema judicial español es que las personas que ejercen como jueces, cuentan con el derecho de pedir una licencia de sus funciones sin remuneración, una excedencia. Este hecho, que no reviste particularidad, se vuelve relevante si el juez o la jueza que lo usa, postula a través de un partido político al Parlamento o es nombrado Ministro de Estado. Esto tampoco podría resultar per se reprochable. Pero sí lo es, cuando terminado su periodo, retornan a su antiguo cargo. ¿Puede un juez o jueza ser absolutamente imparcial cuando emite juicios que atañen a su antigua bancada parlamentaria o al partido político que lo tuvo como ministro? Es improbable. Pero más importante, la ciudadanía no lo cree así.[5]
¿Puede un juez o jueza ser absolutamente imparcial cuando emite juicios que atañen a su antigua bancada parlamentaria o al partido político que lo tuvo como ministro? Es improbable. Pero más importante, la ciudadanía no lo cree así.
Un tercer elemento distintivo del sistema judicial español es la existencia de un tribunal especial que posee una jurisdicción amplia para tratar delitos de gran connotación (definida esta por el mismo tribunal), en particular los definidos como terroristas. Se trata de la Audiencia Nacional. Fue creada en 1977 y vino a reemplazar al Tribunal de Orden Público, creado a su vez en 1963 y que ocupó el espacio del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo de 1940, recién concluida la Guerra civil e iniciada la dictadura franquista. Por su origen y características, corresponde a un tribunal de excepción, alejado de las estructuras normales de otros países de Europa. Este concentra la mayor parte de los procesos de connotación política, ofreciendo garantías procesales más bien limitadas a los encausados.
El sistema político español fue experimentando una dinámica de paulatina concentración durante las últimas décadas, lo que acabó con la formación de un duopolio en la política nacional. Por una parte, el Partido Popular (PP) se convirtió en el referente del conservadurismo y, por la otra, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que concentró un difuso progresismo mientras las últimas expresiones del viejo PCE se volvían residuales. En la práctica, un sistema electoral proporcional daba un resultado similar al de un sistema binominal, bien conocido en Chile. En los últimos años, han surgido en ambos sectores nuevas organizaciones (Ciudadanos y Podemos respectivamente), pero no han logrado reemplazar el liderazgo de los viejos partidos.
Según avanzaba la consolidación de este duopolio, aumentaba el nivel de politización de la justicia. Crecientemente los jueces y juezas circulaban entre los distintos poderes del Estado, lo que a la postre simplificó y facilitó la interlocución informal entre la esfera política y la esfera judicial. El resultado es que la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, cargos que tienen una duración de cinco años, y que es el órgano de gobierno de la judicatura, es resultado de la negociación encarnizada entre los dos partidos (PP y PSOE) en que, según la correlación de fuerzas existente, van nombrando a sus cercanos para esos puestos clave del sistema.
Según avanzaba la consolidación de este duopolio, aumentaba el nivel de politización de la justicia.
Justicia y política
Terminado el gobierno de Felipe González, se inició un periodo político fuertemente escorado hacia la derecha. Desde 1996 a la fecha, la derecha ha gobernado quince años, mientras que el PSOE lo ha hecho durante siete. El resultado es que, dada la politización de los nombramientos en los órganos de gobierno, el sistema judicial ha adquirido un marcado sello conservador.
El resultado es que, dada la politización de los nombramientos en los órganos de gobierno, el sistema judicial ha adquirido un marcado sello conservador.
En condiciones normales, es decir, en ausencia de un conflicto político e ideológico agudo, podría resultar inadvertida esta tendencia ideológica del sistema judicial español. Sin embargo, este no es el caso. La sociedad española se encuentra inmersa en una polarización ideológica, como no se había observado desde la Guerra civil. En los últimos años la brecha se ha profundizado a partir de situaciones específicas: el apoyo del gobierno de Aznar a la invasión de Iraq encabezada por Estados Unidos el año 2003; el atentado de la estación de Atocha en Madrid el año siguiente, como represalia; las políticas frente a la crisis mundial del año 2008; y, particularmente, la crisis institucional derivada del impulso independentista de Catalunya. En relación inversa con el aumento de la conflictividad, el pragmatismo que permitía a los dos sectores establecer consensos, iba paulatinamente desapareciendo.
La sociedad española se encuentra inmersa en una polarización ideológica, como no se había observado desde la Guerra civil.
En relación inversa con el aumento de la conflictividad, el pragmatismo que permitía a los dos sectores establecer consensos, iba paulatinamente desapareciendo.
En ausencia de la posibilidad efectiva de alcanzar acuerdos, en un escenario de mayorías precarias, la derecha ha echado mano de su influencia en el sistema judicial, buscando alcanzar objetivos que no logra en el Parlamento, mediante los tribunales.
El resultado es que, en pleno siglo XXI, en un país de la UE, existen decenas de personas que cumplen condenas o están procesadas y encarceladas por hechos de motivación política, a pesar de la insistencia de organismos internacionales (Comisión de DD.HH. de la ONU, HRW, Amnistía Internacional, etc.) y de la sociedad civil, que reclaman su puesta en libertad.
Descontando los casos de corrupción que investiga el sistema judicial español, que no son pocos, existe un amplio número de procesos de carácter absolutamente político, en tanto tratan transgresiones al ordenamiento vigente motivadas en cuestionamientos al mismo, o acciones con fines estrictamente políticos. El resultado es que, en pleno siglo XXI, en un país de la UE, existen decenas de personas que cumplen condenas o están procesadas y encarceladas por hechos de motivación política, a pesar de la insistencia de organismos internacionales (Comisión de DD.HH. de la ONU, HRW, Amnistía Internacional, etc.) y de la sociedad civil, que reclaman su puesta en libertad.
Este hecho, de por sí complejo para un país que presume de la calidad de su democracia y sistema judicial, enfrenta hoy un nuevo desafío. A la ya tradicional hegemonía de la derecha PP en el poder judicial, le ha surgido una fuerte competencia desde la ultraderecha de VOX, que paso a paso ha penetrado en las altas esferas de la magistratura. Indicativo de esta disputa es la disposición del sistema para perseguir toda disidencia, buscando configurar delitos que llegan al delirio. La última operación judicial en contra del independentismo catalán indaga una presunta conspiración con Rusia para conseguir la Independencia, a lo que Vladimir Putin habría accedido, comprometiendo la presencia en Catalunya de diez mil soldados rusos (¡¡¡sic!!!).
A la ya tradicional hegemonía de la derecha PP en el poder judicial, le ha surgido una fuerte competencia desde la ultraderecha de VOX, que paso a paso ha penetrado en las altas esferas de la magistratura.
La judicatura no está llamada a intervenir en las definiciones políticas de la sociedad y, cuando lo hace, no solo son la política y la propia justicia las que ven decaer su calidad, sino la propia democracia como sistema de gobierno. Cuando la opinión de una parte de la ciudadanía debe enfrentar no solo la opinión de otra parte, sino que, además, al poder del Estado unido a esta última, se produce una sensación de indefensión. Si la democracia ya no cautela nuestro derecho a una justicia imparcial, ¿de qué sirve?
La judicatura no está llamada a intervenir en las definiciones políticas de la sociedad y, cuando lo hace, no solo son la política y la propia justicia las que ven decaer su calidad, sino la propia democracia como sistema de gobierno.
[1] https://cadenaser.com/ser/2020/01/29/ciencia/1580277609_498589.html
[2] En las elecciones europeas https://europarl.europa.eu/election-results-2019/es/participacion/ la participación electoral muestra una caída del 62% al 50,6% entre los años 1979 y 2019. En el caso de Chile, https://www.researchgate.net/figure/Figura-4-Niveles-de-participacion-electoral-en-el-mundo-en-elecciones-parlamentarias_fig2_319392153 la caída es del 86% en 1989 al 46,7& en 2017.
[3] Montesquieu. “El espíritu de las leyes” Págs 98, 226 y 227. http://fama2.us.es/fde/ocr/2006/espirituDeLasLeyesT1.pdf
[4] http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Estructura-judicial-y-recursos-humanos–en-la-administracion-de-justicia/Asociaciones-Profesionales-Judiciales/
[5] El 72,1% de los ciudadanos españoles duda del funcionamiento de la administración de justicia en España, al tiempo que solo el 34,1% tiene bastante o mucha confianza en los jueces. http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/3240_3259/3257/es3257mar.pdf
