Tradicionalmente el Canciller y la Ministra de la Mujer, son los integrantes del gabinete mejor evaluados en las encuestas. Eso no sucede con Roberto Ampuero. Autor de “novelitas policiales” como lo calificara, con evidente desprecio, el escritor Jorge Edwards, suma pocos afectos.
Ciertamente incide en aquello, su calidad de converso. Tras disfrutar de la temprana acogida en Cuba y la ex República Democrática Alemana después del golpe de Estado, giró bruscamente a la derecha, transformándose en uno de los incondicionales cercanos a Sebastián Piñera. Titular de Cultura en su primer mandato, esta vez sorprendió con su designación a la cabeza de Relaciones Exteriores.
Sería un despropósito asumir que Ampuero define o conduce la política exterior del país. Ciertamente intenta ejecutarla siguiendo las instrucciones del mandatario. Sin duda Roberto Ampuero no es el responsable que, a más de diez meses de gobierno, permanezcan acéfalas embajadas tan relevantes o estratégicas para el país como la de EE.UU., Francia y otras.
Tampoco fue Ampuero el que resolvió no adherir al pacto migratorio de Naciones Unidas – habiendo sido él mismo un exiliado – o al pacto medio ambiental. Sin lugar a dudas no fue él quien designó a la joven egresada Fernanda Bachelet, hija de un íntimo ex socio de Piñera, como agregada comercial en Nueva York, subiéndole el sueldo, para luego terminar con su bochornosa renuncia.
Tampoco fue Ampuero el que resolvió no adherir al pacto migratorio de Naciones Unidas – habiendo sido él mismo un exiliado – o al pacto medio ambiental. Sin lugar a dudas no fue él quien designó a la joven egresada Fernanda Bachelet, hija de un íntimo ex socio de Piñera, como agregada comercial en Nueva York, subiéndole el sueldo, para luego terminar con su bochornosa renuncia.
El retorno a los bloques ideológicos en la Región
Pero hay que reconocerle al canciller que ha asumido con particular entusiasmo la verdadera cruzada del llamado grupo de Lima en contra del desacreditado gobierno de Nicolás Maduro, cuya muy cuestionada reelección no ha sido reconocida por el conjunto de países que lo integran, con la excepción de México. Su nuevo mandatario, Andrés Manuel López Obrador, se restó en base a la tradicional política de no injerencia en asuntos de otros países, acorde con el principio definido por Benito Juárez en el siglo XlX: “el respeto al derecho ajeno es la paz”, que ha guiado la política exterior de su país.
Los trece cancilleres reunidos en Lima formalizaron la decisión de no reconocer la reelección de Maduro, instándolo a no asumir y entregar el poder a la Asamblea Nacional (con mayoría opositora), a la cual el régimen chavista ha despojado de todas sus facultades y funciones legislativas, abriendo una crisis no tan sólo respecto de Venezuela sino al interior de la OEA y la propia UNASUR, que ya había sido desahuciada por varios de los países que integran el grupo de Lima, en lo que bien puede marcar un retorno a la política de bloques ideológicos en la región.
La mayoría de los países de la región, cual más, cual menos, enfrenta el flagelo de la corrupción, la violencia, el narcotráfico, el debilitamiento de las instituciones, enormes desigualdades, pobreza y miseria, que han precipitado olas migratorias que impactan a los países vecinos.
Aprovechando la cita de Lima, que tenía en agenda el tema de Venezuela, el canciller Ampuero invitó a un desayuno a sus colegas concurrentes, para analizar la compleja situación que hoy se vive en Nicaragua con el desacreditado gobierno presidido por Daniel Ortega y su esposa, en la idea de implementar iniciativas a favor del retorno de la democracia y el respeto a los derechos humanos.
Imbuidos en este espíritu, reforzado por la asunción de Jair Bolsonaro en Brasil, así como el entusiasta respaldo del Departamento de Estado norteamericano, el llamado grupo de Lima, con la excepción de México, promete transformase en un bloque de inspiración neo liberal, que apunte en contra de gobiernos no democráticos, especialmente izquierdistas, que no respeten los derechos humanos en la región.
Una política internacional no exenta de riesgos y conflictos, por más que los derechos humanos constituyan una causa que no admite fronteras y que la famosa “clausula democrática” -que no operó en los llamados “golpes blancos o institucionales”, que destituyeron a mandatarios como Fernando Lugo, Manuel Zelaya o Dilma Rousseff- fuera aprobada por la mayoría de los países que integran la Organización de Estados Americanos (OEA).
¿Cuáles pueden ser sus alcances y medios para restablecer la democracia y el pleno respeto por los derechos humanos en la región? ¿Incluyen a Cuba que hoy celebra 60 años de su revolución? ¿O Bolivia, luego que su Tribunal Supremo habilitara al Presidente Evo Morales a presentarse a una cuarta reelección consecutiva y que la oposición cuestiona como una ruptura del sistema democrático?
Sin lugar a dudas, la democracia no goza de muy buena salud en la región. Gobiernos con legitimidad de origen, la han ido perdiendo por un uso abusivo y concentración del poder, graves violaciones a los derechos humanos, corrupción y violencia institucional, además de esfuerzos por eternizarse en el poder, en abierta violación de expresas normas constitucionales al respecto.
¿En qué situaciones es legítima la intervención internacional y por qué medios? ¿Es imaginable justificar una intervención armada? ¿Son suficientes o conducentes las sanciones económicas como las que ha vivido Cuba durante los últimos 50 años? ¿Contribuyen a la causa democrática y el pleno respeto a los derechos humanos, las presiones diplomáticas o el aislamiento internacional como el que hoy en día se amenaza a Venezuela?
Es más que evidente que Cuba no es una democracia, en el sentido estricto del término. Como tampoco lo es Venezuela y crecientemente Nicaragua. Pero no es demasiado evidente que Haití sea un país democrático sino más bien un estado fallido. O Guatemala, que acaba de expulsar a una misión internacional que investigaba la corrupción en el Estado. O Salvador u Honduras, dominado por las Maras.
La mayoría de los países de la región, cual más, cual menos, enfrenta el flagelo de la corrupción, la violencia, el narcotráfico, el debilitamiento de las instituciones, enormes desigualdades, pobreza y miseria, que han precipitado olas migratorias que impactan a los países vecinos.
¿En qué situaciones es legítima la intervención internacional y por qué medios? ¿Es imaginable justificar una intervención armada? ¿Son suficientes o conducentes las sanciones económicas como las que ha vivido Cuba durante los últimos 50 años? ¿Contribuyen a la causa democrática y el pleno respeto a los derechos humanos, las presiones diplomáticas o el aislamiento internacional como el que hoy en día se amenaza a Venezuela?
No son preguntas fáciles de responder Los alineamientos ideológicos inevitablemente conducen a una confrontación que tan sólo puede dividir aún más el fragmentado continente. Lejos de constituirse en un espacio de diálogo y cooperación, la OEA puede convertirse en un foro de disputas, profundizando su inacción, UNASUR, al igual que la CELAC y otras muchas iniciativas pensadas para avanzar en la integración regional, un largo sueño, vegetarán y languidecerán en el sinsentido.
Las relaciones diplomáticos son entre los estados, independientes de los regímenes de gobierno o su orientación política o ideológica, sin perjuicio de mantener una política de principios en materia de derechos humanos y protección de las democracias, como ha sido la tradición de nuestro país, con el largo paréntesis del período de dictadura.
¿Cuáles son las prioridades del actual gobierno?
Las relaciones vecinales no están fáciles pese a las indudables afinidades e intereses compartidos con el gobierno argentino, presidido por Mauricio Macri, que debe enfrentar una aguda crisis económica y unas complejas elecciones presidenciales en donde el mandatario busca su reelección.
En Perú existe otro gobierno ideológicamente afín, el de Martín Vizcarra, que sucedió a Pedro Pablo Kuczynski, obligado a dimitir. Pero es un gobierno que aún intenta consolidarse y conquistar una mayoría parlamentaria que le permita gobernar, en medio de una crisis política que tiene procesados a sus últimos cuatro presidentes y a la líder de la oposición, Keiko Fujimori.
También es conocido el interés de Bolsonaro y su equipo de gobierno por recorrer la senda impuesta por los chicago boys en nuestro país en tiempos de dictadura. Para muchos de sus partidarios habría sido la clave del supuesto “milagro económico chileno”.
Queda Bolivia, con un gobierno izquierdista y su agresivo mandatario Evo Morales que, pese al fallo adverso del Tribunal de La Haya, mantiene en pié su reivindicación marítima. Todo indica que pese a las objeciones a su nueva postulación, Morales alcanzará un cuarto mandato consecutivo, frente a una oposición fuertemente dividida. Y aún Chile no resuelve como enfrentar esta compleja relación vecinal en donde el tema marítimo seguirá penando.
Y como no. Está el gigante Brasil, con el flamante e inquietante nuevo gobierno de Jair Bolsonaro, que ha marcado algunas tensiones y acomodos al interior del oficialismo. Está en el mejor interés de Chile mantener las mejores relaciones posibles con el país más relevante de la región. También es conocido el interés de Bolsonaro y su equipo de gobierno por recorrer la senda impuesta por los chicago boys en nuestro país en tiempos de dictadura. Para muchos de sus partidarios habría sido la clave del supuesto “milagro económico chileno”.
Pero ello supone más de un riesgo. Desde luego el efecto de contagio. Luego de relaciones demasiados carnales que impidan la diferenciación. Y las propias tensiones al interior de su propia coalición en el poder.
Probablemente su baja en las encuestas haya alentado el reciente punto de prensa para aconsejar a los chilenos que viajan fuera del país en vacaciones de verano. Mientras, aún quedan embajadas vacantes.
Queda la Alianza del Pacífico, un acuerdo de cooperación económica entre Perú, Colombia, México y Chile, con su dinamismo y beneficio mutuo para los países que lo integran, que aún debe pasar el test de su proyección y proceso de convergencia con Mercosur, como ha sido su propósito declarado, tras el cambio de gobierno en México y Brasil.
Con todo, no pareciera ser que la política exterior constituya una gran prioridad para el gobierno de Sebastián Piñera, o que haya logrado definir sus grandes orientaciones, como no sea un esfuerzo por regular los flujos migratorios, alentar el retorno de inmigrantes haitianos, incrementar la presión hacia Venezuela, mostrar los dientes a Nicaragua y restarse de aprobar tratados internacionales en materia de medio ambiente y migraciones.
El Canciller se ha abstenido de asumir el protagonismo e incluso la vocería en aquellos escasos temas internacionales que se han asomado en la agenda nacional. Probablemente su baja en las encuestas haya alentado el reciente punto de prensa para aconsejar a los chilenos que viajan fuera del país en vacaciones de verano.
Y aún quedan embajadas vacantes.
