Mauricio Macri se encuentra en Nueva York en un desesperado esfuerzo por reconstruir las confianzas en la vapuleada economía argentina, descartando de plano cualquier posibilidad de un nuevo default, como el que enfrentara el gobierno de Néstor Kirchner y buscando nuevos apoyos de parte del Fondo Monetario Internacional, tan desacreditados en su país.
Al mismo tiempo su gobierno enfrenta el cuarto paro general decretado por la Central General de Trabajadores (CGT), cuyo éxito, al menos en la capital, estaba más que asegurado por el poderoso gremio del transporte, que impide acudir a las fuentes de trabajo, además del auxilio de los famosos “piqueteros”, que impiden los desplazamientos y agreden a quienes no adhieren al paro. Pero el éxito del paro no es equivalente a su eficacia.
Lo verdaderamente preocupante para el gobierno trasandino es que ha ido perdiendo la confianza de la ciudadanía en que pueda resolver la persistente crisis económica que vive el país, con una severa depreciación de la moneda, un alza desmedida del dólar, una inflación desbocada y el fracaso del gradualismo para enderezar la economía.
Y no es del todo evidente que se pueda reemplazar la estrategia gradualista por una política de shock, que supone nuevos ajustes y mayor austeridad fiscal en un país que tradicionalmente ha gastado más de lo que produce y que busca en el dólar su seguridad. Que asume los generosos subsidios estatales al gas, la bencina o la electricidad como parte de sus ingresos y que se esfuerza por no perder su poder adquisitivo de la mano de la inflación.
Y si bien la política de shock pudiera ser la receta más recomendable en la teoría económica liberal y la “sugerida” (o impuesta) por las organismos financieros internacionales, es del todo riesgosa, sino inviable, desde el punto de vista político. Sobre todo para un mandatario que entra en la segunda mitad de su mandato y que recientemente ha explicitado su decisión de presentarse a la reelección.
El equipo económico de Macri ha fracasado en un diseño consistente para enfrentar la crisis heredada, e incluso ha mostrado numerosas fisuras y diferencias en materias tan sensibles como el ajuste fiscal, la baja de impuestos al agro, la política cambiaria y la atracción de la inversión extranjera.
La reciente renuncia de Luis Caputo , una figura muy cercana a Macri, a la presidencia del Banco Central, en medio de la “gira de la reconstrucción de las confianzas” que llevó al mandatario argentino a EE.UU., es una evidencia más de estos desencuentros y diferencias del equipo económico, que acrecientan las desconfianzas no tan sólo de los inversionistas sino de la mayoría de la población, cuya paciencia parece estar agotándose en la misma medida en que se profundiza la crisis.
Sigue siendo evidente que las posibilidades de Macri para alcanzar la reelección están directamente asociadas a la capacidad de su gobierno de superar la actual crisis económica que vive el país y la sola colaboración del FMI no alcanza sino existe un diseño claro y consistente para enfrentarla.
Guido Sandleris es la persona designada para reemplazar a Luis Caputo en la presidencia del Banco Central. Una designación que el FMI respaldó, afirmando que continuará prestando su estrecha y constructiva colaboración, con la perspectiva de una nueva renegociación del acuerdo solicitada por el gobierno argentino. Pero se requiere mucho más para enderezar la economía y el gobierno no parece encontrar aún la fórmula.
Guido Sandleris es la persona designada para reemplazar a Luis Caputo en la presidencia del Banco Central. Una designación que el FMI respaldó, afirmando que continuará prestando su estrecha y constructiva colaboración, con la perspectiva de una nueva renegociación del acuerdo solicitada por el gobierno argentino. Pero se requiere mucho más para enderezar la economía y el gobierno no parece encontrar aún la fórmula.
Cristina acorralada
Pero no sólo Macri y su gobierno enfrentan dificultades. Cristina Fernández y el Kirchnerismo aparecen acorralados por la justica, que investiga numerosas acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito no tan sólo de la ex mandataria y su entorno familiar, también de un grupo de empresarios y altos funcionarios del anterior gobierno, que , en su gran mayoría, han decidido acogerse a la delación compensada o eficaz, para inculpar a la ex mandataria como cabeza de la trama de corrupción que hoy investiga la justicia.
Incluso un ex alto funcionario kirchnerista acusó al fallecido ex mandatario Néstor Kirchner de asociación ilícita con Hugo Chávez para defraudar al Estado argentino con tráfico de divisas, que habrían generado utilidades por 100 millones de dólares que se habrían repartido por mitades.
No es seguro que el Senado, con mayoría justicialista, apruebe el desafuero de Cristina Fernández, posibilitando su entrada a prisión. Pero sí que la justicia continuará adelante con sus investigaciones y, con toda probabilidad, culminará con nuevas acusaciones en contra de la ex mandataria y el núcleo duro del kirchnerismo.
Pese a estos explícitos testimonios y numerosas evidencias, como los cuadernos que documentaban la ruta del dinero K, los bolsos repleto de divisas que un ex subsecretario intentaba ocultar en un convento de monjas, y contundentes pruebas de enriquecimiento ilícito que involucran a la familia Kirchner y altos funcionarios de su gobierno, la estrategia de Cristina Fernández ha sido una persistente negativa de su participación en estos ilícitos y la desacreditación del Juez Bonadio, atribuyendo todas esas denuncias a un intento por desacreditarla e impedirle presentarse a las próximas elecciones presidencial.
Y si bien esa estrategia parece funcionar para sus incondicionales partidarios que, con la “fe del carbonero”, están dispuestos a tragarse ruedas de carreta manteniendo su fe en “el proyecto”, continúa chocando con el poder judicial.
La decisión del juez Bonadio de acusar a Cristina Fernández de ser la cabeza de la trama de corrupción que investiga, solicitando su desafuero y prisión preventiva, por representar un riesgo para la sociedad, fue objetada por los fiscales que investigan los hechos, que no dudaron en sumar nuevas evidencias que comprometerían a la ex mandataria en más de 900 delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito.
No es seguro que el Senado, con mayoría justicialista, apruebe el desafuero de Cristina Fernández, posibilitando su entrada a prisión. Pero sí que la justicia continuará adelante con sus investigaciones y, con toda probabilidad, culminará con nuevas acusaciones en contra de la ex mandataria y el núcleo duro del kirchnerismo.
Otra cosa muy distinta es lo que pudiera suceder con el justicialismo, que mira con idéntico interés las dificultades que hoy enfrentan Mauricio Macri por un lado y Cristina Fernández con el núcleo duro del kirchnerismo, por otro.
No por nada esa subcultura representada por el peronismo, en donde conviven sectores de derecha, centro e izquierda, ha sobrevivido tan largo tiempo en el poder, que tan solo abandonan de manera transitoria para volver, incluso sin que los presidentes no peronistas culminen sus mandatos. Algo con lo cual especulan algunos de los opositores al complicado Macri.
