“Valoro que un gobierno de derecha esté haciendo esto que, como centro izquierda, no fuimos capaces de hacer”. Lapidarias declaraciones del ex ministro, ex Intendente y actual senador por la Araucanía, Francisco Huenchumillla, que traducen una fuerte crítica (autocrítica) a los gobiernos de Aylwin, Lagos, Frei y Bachelet
Aquellas administraciones, pese a sus reiterados diagnósticos y propuestas, no lo tradujeron en una política integral, que junto con atender las condiciones de pobreza extrema en que viven muchas de las comunidades indígenas, concretara reivindicaciones históricas, como el reconocimiento institucional de los pueblos originarios, garantizando su participación política, reconociendo su cosmovisión y cultura. Acogiendo sus reivindicaciones territoriales, incluidos los derechos establecidos por convenios internacionales suscritos por nuestro país.
No termina de sorprender que la documentada propuesta entregada por el ex Intendente Huenchumilla, que le costó su salida del cargo, no haya encontrado acogida política en la pasada administración. Ciertamente, la derecha fue siempre refractaria a las demandas de los pueblos originarios, eludiendo temas como su reconocimiento constitucional y reduciendo toda la problemática a un asunto de pobreza y orden público.
El plan Araucanía, liderado por el ministro de Desarrollo Social en estrecho contacto con algunas comunidades y dirigentes indígenas – anunciado por el Presidente Sebastián Piñera esta semana – en áreas sensibles como el reconocimiento institucional de los pueblos originarios, sus culturas y protocolos, consideración de las autoridades indígenas y creación de un ministerio, representa un avance para saldar parte de la deuda histórica pendiente.
Es más que evidente que este plan Araucanía no parte de cero ni tampoco recoge aspectos sustantivos de las reivindicaciones de los pueblos originarios. En lo referente a la demanda histórica de devolución de las tierras, apuesta a una fórmula que provoca severas resistencias y reservas de las comunidades.
No termina de sorprender que la documentada propuesta entregada por el ex Intendente Huenchumilla, que le costó su salida del cargo, no haya encontrado acogida política en la pasada administración. Ciertamente, la derecha fue siempre refractaria a las demandas de los pueblos originarios, eludiendo temas como su reconocimiento constitucional y reduciendo toda la problemática a un asunto de pobreza y orden público.
Ciertamente, la anunciada política no detendrá, por sí misma, el clima de violencia que hoy se vive en la región, que siendo alentada por sectores minoritarios, tiene origen en la desplegada históricamente por el Estado de Chile para lograr la “asimilación” de los pueblos originarios, desde la llamada “guerra de pacificación”, usurpación de sus territorios, la negación de sus culturas, autonomía y participación política. Sin dejar de considerar la creciente militarización de las fuerzas policiales en la Región, acentuada por la actual administración, en el contexto de montajes destinados a justificar la propia acción represiva.
El Estado chileno tiene un enorme camino que transitar para cancelar esa inmensa deuda y gravosa histórica que mantiene con sus pueblos originarios. Es innegable que la propuesta del gobierno representa un paso adelante pero queda por ver como se materializarán las diversas iniciativas y propuestas.
Cómo beneficiará a las comunidades indígenas la inversión de cerca de mil millones de dólares anuales que anuncia el Estado y como se implementará la inversión privada que se anuncia (el doble de la inversión fiscal). Son interrogantes más que válidas, asumiendo los intereses económicos de grandes empresas forestales, entre otras de la región. Cómo esta inversión contempla el proceso de consulta establecido en el convenio 169 de la OIT, suscrito por nuestro país, y cómo se traducirá la incorporación a las comunidades como socios obligados en estos proyectos de inversión, que deberían contar con el acuerdo y participación de ellas.
En el reconocido retraso del país en la materia, los anuncios oficiales abren expectativas para un sendero que continuará siendo pedregoso y marcado por conflictos sociales. Si el bien trabajado y publicitado programa conducido por el ministro Moreno mostrará resultados en materia de integración social y desarrollo económico en la retrasada región parece un desafío para corto y mediano plazo, asumiendo el período de la actual administración.
No se han demorado en surgir interrogantes acerca de la propuesta de ley de cuotas propuesta por el gobierno, que deja en duda una efectiva participación política de los pueblos originarios, o debería reemplazarse por cupos reservados. Si el Consejo Indígena tendrá una efectiva incidencia en el diseño de la política del anunciado ministerio indígena.
En el reconocido retraso del país en la materia, los anuncios oficiales abren expectativas para un sendero que continuará siendo pedregoso y marcado por conflictos sociales. Si el bien trabajado y publicitado programa conducido por el ministro Moreno mostrará resultados en materia de integración social y desarrollo económico en la retrasada región parece un desafío para corto y mediano plazo, asumiendo el período de la actual administración.
Pero tan importante como lo anterior es que no tan sólo el gobierno sino que el conjunto del país entienda que este plan anunciado recientemente por el gobierno es apenas un primer paso para el diseño de una política integral que no tan sólo el desarrollo económico de la región asegura la paz y reconciliación entre el Estado de Chile y sus pueblos originarios y que se deben dar nuevos pasos para asumir las legitimas demandas y reivindicaciones de estos pueblos, incorporando a nuevos interlocutores al proceso de diálogo iniciado por el pretencioso ministro de Desarrollo Social.
El gobierno tiene el deber de asegurar el orden público en la región. Pero siempre de acuerdo al Estado de derecho y respetando los derechos humanos de todos los ciudadanos. Ciertamente existen deudas pendientes en la materia. Ellas involucran al gobierno, el parlamento y los diversos sectores políticos para acrecentar las instancias de diálogo y participación. En especial con quienes piensan distinto y mantienen posturas hasta ahora irreductibles.
Ciertamente, la anunciada política no detendrá, por sí misma, el clima de violencia que hoy se vive en la región, que siendo alentada por sectores minoritarios, tiene origen en la desplegada históricamente por el Estado de Chile para lograr la “asimilación” de los pueblos originarios, desde la llamada “guerra de pacificación”, usurpación de sus territorios, la negación de sus culturas, autonomía y participación política. Sin dejar de considerar la creciente militarización de las fuerzas policiales en la Región, acentuada por la actual administración, en el contexto de montajes destinados a justificar la propia acción represiva.
No tan sólo, ni principalmente, debe repararse e indemnizarse a las víctimas de atentados sino muy prioritariamente a los pueblos originarios que no tan sólo han sido objeto de persistente represión institucional, usurpación de sus tierras ancestrales, también de su propia identidad, cultura y lenguaje.
Chile es un país plurinacional y multicultural. Y aunque sus etnias originarias constituyan hoy en día una minoría, continúan siendo significativas en su expansión por el conjunto del territorio nacional, tienen el legítimo derecho a preservar su identidad, cultura, lenguaje, cosmovisiones y derechos, como parte constitutiva del país. Y al Estado le corresponde asegurar estos derechos.
