Por Álvaro Gallegos
El sistema de capitalización individual ha fracasado rotundamente en la provisión de pensiones que permitan a los adultos mayores satisfacer los gastos propios de la vejez y llevar una vida digna.
Quienes pudieron cotizar entre 30 y 35 años, esa mediana sube a $ 248.000, pero sigue siendo inferior al salario mínimo.
En efecto, sus resultados en términos del nivel de las pensiones que entrega son insuficientes tanto en términos absolutos como relativos, pues las tasas de reemplazo promedio están en el entorno de 40% para el caso de hombres y de 20% para el de las mujeres. Las pensiones obtenidas por quienes se retiraron en el año 2018 tienen una mediana de $ 48.000, monto que apenas representa el 16% del salario mínimo. Quienes pudieron cotizar entre 30 y 35 años, esa mediana sube a $ 248.000, pero sigue siendo inferior al salario mínimo.
Drama aparte es el de las mujeres, puesto que el sistema reproduce las inequidades de género propios del mercado laboral, donde la brecha salarial y la menor densidad de cotización reduce su capacidad de ahorro. Como si no fuera suficiente, las reglas del sistema discriminan a la mujer por su mayor expectativa de vida. El resultado es que. Para las poco más de 71.000 mujeres que se pensionaron en 2018, la mediana alcanza a miserables $ 24.000, un 8% del salario mínimo.
Como si no fuera suficiente, las reglas del sistema discriminan a la mujer por su mayor expectativa de vida.
Por cierto, el Pilar Solidario alivia en algún grado esta situación, aunque solo para quienes pueden demostrar que pertenecen al 60% más pobre. En el caso de una mujer que se haya retirado a los 60 años con una pensión de $ 50.000 deberá esperar 5 años más para recibir el subsidio, pues es exigible solo a partir de los 65. Mientras tanto, ¿cómo sobrevive es mujer con esa pensión de miseria? Si se va a vivir a la casa de un familiar, es probable que no califique dentro del 60% más vulnerable, caso en el cual no recibirá el subsidio del Pilar Solidario.
Ante resultados tan magros, no es de extrañar que todas las candidaturas que lograron mayor caudal de votos en la última elección presidencial de 2017 plantearan una reforma al sistema de pensiones. El extenso desencanto social se expresaba en las calles en nutridas movilizaciones así lo reclamaba.
La ley corta y la obstinación del gobierno por su proyecto
Las soluciones que ofrece el gobierno, en lo principal, apuntan a aumentar los beneficios del Pilar Solidario con financiamiento fiscal y a exigir un nuevo aporte patronal que se destine a las cuentas individuales.
En cuanto al Pilar Solidario, la ley corta establece un aumento escalonado por 3 años y en 3 tramos de edad para la Pensión Básica Solidaria, de modo que los pensionados de 80 años o más recibirán un aumento de 50%, los de 75 a 79 años uno de 30% y los de 65 a 74 un alza de 25%. Este aumento tiene un costo fiscal estimado en el primer año del orden de US$ 300 millones. Al final del tercer año, todas las PBS, independiente de la edad del beneficiario, serán 50% superiores a la actual, esto es, de $ 165.302. Hay que recordar que la PBS es un subsidio para las personas nunca han cotizado y pertenecen al 60% más vulnerable de la población.
En cuanto al Pilar Solidario, la ley corta establece un aumento escalonado por 3 años y en 3 tramos de edad para la Pensión Básica Solidaria, de modo que los pensionados de 80 años o más recibirán un aumento de 50%, los de 75 a 79 años uno de 30% y los de 65 a 74 un alza de 25%.
Para quienes, perteneciendo a ese segmento socioeconómico, sí han podido cotizar, el Pilar Solidario les entrega un subsidio decreciente en función de su ahorro denominado Aporte Previsional Solidario, hasta ahora en $ 325.646. El límite superior para acceder a este beneficio, la Pensión Máxima con Aporte Previsional (PMAS), también será incrementado anualmente hasta alcanzar un 50% de aumento en 2022, es decir, $ 488.469.
Considerando el escalonamiento de los años 2021 y 2022, el gasto fiscal en régimen sería de poco más de US$ 500 millones. En el caso del incremento del APS, dado que se recurrirá en primer término al ahorro individual y solo cuando éste se haya agotado entrará a financiar la diferencia el Fisco, no hay un gasto fiscal relevante en los primeros 3 años.
Esta ley corta, como se aprecia, aumenta el subsidio aliviando la situación de los adultos mayores del 60% más vulnerable, lo que sin duda debe valorarse, pero no toca la esencia del actual sistema ni resuelven el problema de fondo del sistema de capitalización individual.
Esta ley corta, como se aprecia, aumenta el subsidio aliviando la situación de los adultos mayores del 60% más vulnerable, lo que sin duda debe valorarse, pero no toca la esencia del actual sistema ni resuelven el problema de fondo del sistema de capitalización individual.
Hasta ahora, el gobierno no ha mostrado disposición a modificar las ideas matrices de su proyecto original, que busca compensar parcialmente insuficiencias en materia de equidad de género y de riesgo de longevidad, pero que mantiene su enfoque de preservación del sistema actual.
La única variante ha sido la de destinar un 0,2% de cargo fiscal para financiar un seguro de dependencia a un fondo solidario para atender las necesidades de los adultos mayores en situación de dependencia funcional severa.
Algunas pocas declaraciones han abierto la posibilidad que el futuro aporte del empleador, inicialmente en 4%, sea elevado a 5% y destinar hasta 2% para financiar un fondo solidario y el otro 3% a las cuentas individuales.
En síntesis, salvo esas excepciones, el gobierno insiste en hacer más de lo mismo esperando resultados diferentes. Hace oídos sordos a las recomendaciones de expertos internacionales que expresamente señalaron que la crisis chilena de las pensiones no se resuelve dentro de los límites del sistema de capitalización individual.
En síntesis, salvo esas excepciones, el gobierno insiste en hacer más de lo mismo esperando resultados diferentes.
Algunas voces tardías reflotan la idea de una AFP estatal, pero es la propia Asociación de AFP la que afirma que una entidad como ésa no mueve la aguja de las pensiones.
Las opciones de reforma de la oposición
Las propuestas de grupos, movimientos y partidos de oposición aún no cristalizan en una postura común, sin perjuicio que existen equipos técnicos que han trabajado antes y trabajan ahora intensamente en buscar los consensos básicos.
coinciden esas propuestas en la necesidad de un órgano público independiente que vele por la sustentabilidad financiera de largo plazo del sistema como un todo, revisando periódicamente los parámetros del sistema, y que administre un fondo solidario a cargo de suplir las insuficiencias más evidentes.
En sectores menos críticos del sistema de capitalización, persisten propuestas que no ven gran inconveniente en orientar mayoritariamente los futuros aportes de los empleadores a las cuentas individuales, apostando al rendimiento financiero. Sin perjuicio de ello, coinciden esas propuestas en la necesidad de un órgano público independiente que vele por la sustentabilidad financiera de largo plazo del sistema como un todo, revisando periódicamente los parámetros del sistema, y que administre un fondo solidario a cargo de suplir las insuficiencias más evidentes.
Desde otra vereda, se postula el paso a un esquema de reparto sobre la base del excedente de flujos que genera el actual sistema por la diferencia entre las pensiones que paga y las cotizaciones que recauda. Tal excedente, sin considerar el rendimiento del fondo, podría destinarse a financiar un diseño de beneficios definidos que de certezas a los trabajadores respecto de sus derechos de pensión. Dependiendo de la generosidad de tal diseño de beneficios, el excedente permitiría crear una reserva técnica para respaldar la sustentabilidad financiera de largo plazo.
En la dinámica del debate político técnico que se está dando en torno a las reformas necesarias al sistema de capitalización, se ha ido avanzando en una visión compartida respecto de algunos principios claves que deben orientar el camino de reforma.
Ha ido ganando creciente consenso la idea de retirar la lógica de mercado del sistema de pensiones y caminar hacia un sistema de seguridad social tripartito de trabajadores, empleadores y Fisco. Las bases de tal sistema estarán afirmadas en esquemas colectivos de ahorro que permitan mutualizar los riesgos por la vía de la solidaridad intra e intergeneracional.
Ha ido ganando creciente consenso la idea de retirar la lógica de mercado del sistema de pensiones y caminar hacia un sistema de seguridad social tripartito de trabajadores, empleadores y Fisco.
Esta convergencia gana fuerza en torno al propósito esencial de un sistema de pensiones, cual es la entrega de certezas a los trabajadores respecto de sus derechos, de forma que las pensiones individuales no dependan de las volatilidades financieras, de las precariedades del mercado laboral, de las inequidades de género, del riesgo de longevidad ni de cualquier factor que esté fuera del control de los futuros pensionados.
Un cambio radical de paradigma respecto del actual sistema de capitalización, donde todos los riesgos caen sobre los hombros del trabajador.
Un cambio radical de paradigma respecto del actual sistema de capitalización, donde todos los riesgos caen sobre los hombros del trabajador.
El camino a recorrer por delante
Hay claridad en cuanto a que el avance hacia un nuevo sistema, sin perjuicio de tener un norte meridianamente definido, deberá considerar la gradualidad que sea prudente aplicar y, en tal transición, ocuparse urgentemente de las insuficiencias actuales.
Algunos elementos centrales de este camino es el abandono de la condicionalidad de los subsidios del Pilar Solidario, pues la angustia de los pensionados no se limita al 60% más vulnerable, sino que permea prácticamente todos los deciles socio económicos.
Algunos elementos centrales de este camino es el abandono de la condicionalidad de los subsidios del Pilar Solidario, pues la angustia de los pensionados no se limita al 60% más vulnerable, sino que permea prácticamente todos los deciles socio económicos.
Por ello será necesario instituir una Pensión Básica Universal, no contributiva y financiada con recursos públicos, que beneficie a todos los pensionados sin importar su género, su condición socioeconómica ni el ahorro que hayan acumulado en su cuenta individual. En otras palabras, corresponderá a un derecho ciudadano, tal como ocurre en Holanda y otros países de la OECD, y se constituirá en un piso mínimo de subsistencia para el adulto mayor que le permita vivir por sobre la línea de la pobreza.
En esa línea, se plantea la conformación de un fondo solidario constituido con los aportes de los empleadores, que tendría un doble objetivo. Primero, financiar un esquema de beneficios definidos que compense de manera real y efectiva las inequidades inherentes al sistema de capitalización que ya han sido mencionadas y, segundo, contribuir a la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social.
se estima razonable plantearse un aporte patronal inicial de 6 puntos adicionales de cotización al fondo solidario en un calendario en torno a 6 años.
Considerando la evolución de la fuerza de trabajo y las necesidades de financiamiento de los beneficios de pensión, se estima razonable plantearse un aporte patronal inicial de 6 puntos adicionales de cotización al fondo solidario en un calendario en torno a 6 años.
Atendida la baja capacidad de ahorro de los afiliados al sistema actual, que no permite financiar pensiones razonables, en particular a los segmentos de ingresos medios, la pensión mínima garantizada por el Estado debería aumentar su monto a un nivel cercano al salario mínimo. Tal pensión se financiaría primordialmente con el ahorro individual y se complementaría con recursos fiscales.
Un elemento esencial y de consenso es la creación de un organismo público a cargo de velar por la sostenibilidad financiera del nuevo sistema. La función de tal organismo sería revisar periódicamente los parámetros claves tales como tasa de cotización de los trabajadores, tasa de aporte de empleadores, diseño de los beneficios de pensión, algoritmos de cálculo y tablas de expectativas de vida y mortalidad, entre los más destacados. También le correspondería determinar la gradualidad y la meta final del aporte de los empleadores, a la luz de las recomendaciones de la OIT y de la experiencia de los países OECD.
Un elemento esencial y de consenso es la creación de un organismo público a cargo de velar por la sostenibilidad financiera del nuevo sistema.
La complejidad de un sistema de pensiones o de seguridad social deja muchos aspectos de mayor detalle fuera del alcance de una columna como ésta y, por cierto, del debate político técnico que puede razonablemente conducirse en la actual coyuntura.
una reforma que resuelva la angustiante situación de los actuales pensionados, la incertidumbre que agobia a los trabajadores activos que ven con miedo el momento del retiro y que tenga coherencia con los principios de la seguridad social.
Teniendo claridad que esos detalles pueden hacer la diferencia entre un sistema justo y uno injusto, uno sustentable y uno frágil, habrá que continuar impulsando el análisis desde las perspectivas que sean necesarias para contribuir a una reforma que resuelva la angustiante situación de los actuales pensionados, la incertidumbre que agobia a los trabajadores activos que ven con miedo el momento del retiro y que tenga coherencia con los principios de la seguridad social.
