La educación no es un proceso over nigth, es un proceso que abarca todas las vidas.
Me llamó la atención que un sostenedor de establecimientos educacionales, en un medio de circulación nacional, evaluara la Reforma Educacional impulsada por la presidenta Bachelet en su segundo mandato a partir de los resultados de la PGU: “las desigualdades que nuevamente se aprecian entre la calidad de la educación… empezaría a demostrar lo deficiente que fue la gran reforma educacional” de la presidenta. Afirma que “ella se hizo prometiendo que reduciría en poco tiempo las desigualdades”.
Independiente de la evaluación que se tenga del proceso de dicha reforma, ninguna persona que entienda de educación puede sostener que en períodos breves se pueden provocar cambios profundos, especialmente en materia de desigualdades. Por eso es muy importante hacerse eco del llamado del presidente electo en orden a que sea su prioridad atender la situación desmejorada de los estudiantes afectado por la pandemia.
El proceso educacional es lento. De acuerdo a la normativa que nos hemos dado, un niño vive 14 años en el sistema escolar, desde los 4 años a los 18, y en algunos establecimientos particulares con algún sistema de pago aún desde antes. Ya al ingreso del sistema escolar hay niños que provienen de jardines infantiles lo que agrega años de educación previos al de escolarización. Suponer que en breves períodos se verán cambios es suponer que la educación se comporta como el sistema financiero, cuyos resultados son casi inmediatos.
Pero yendo al tema central del comentario – la persistencia de las desigualdades a pesar de la reforma – cabe señalar algunos antecedentes importantes adicionales a la necesaria comprensión de la temporalidad del proceso educativo.
Los resultados de la PTU revelan la persistencia de las diferencias en la calidad de la educación entre los distintos subsistemas escolares, confirmando que el 9% de los estudiantes que estudia en establecimientos particulares financiados íntegramente por los apoderados tiene superiores resultados al resto. Cabe señalar que un efecto no deseado de la reforma fue el aumento de 8% a 9% de los estudiantes en establecimientos totalmente pagados, ya que hubo sostenedores subvencionados que optaron por continuar como entidades comerciales que seleccionan a los estudiantes antes que transformarse en corporaciones o fundaciones sin fines de lucro que no seleccionan.
Hoy, en la práctica, existen seis subsistemas educacionales: los particulares pagados que cubren el 9% de la matrícula; los particulares subvencionados con financiamiento compartido (copago) que cubren otro 17%; los particulares subvencionados gratuitos con un 37%; los establecimientos de Administración Delegada con el 1%; los municipales el 31% y los administrados por Servicios Locales de Educación Pública con el 5% de la matrícula.
Evaluar el resultado de la reforma por el de la PTU resulta inconsistente. Por lo ya señalado respecto a los plazos de los cambios en la educación y también porque la reforma impactó de diferente manera a cada uno de los subsistemas.
En efecto, el subsistema particular pagado no se vio afectado en ningún aspecto por la reforma, lo que demuestra que ella fue solo parcial. Los establecimientos particulares subvencionados con copago se vieron limitadamente afectados, ya que al mantener el copago mantienen un proceso selectivo en función de los ingresos. Este monto es bastante bajo para un 9% de la matrícula (aproximadamente $13.000 en promedio, equivalente a media Unidad de Subvención Educacional), pero igualmente sirve para seleccionar.
Por su parte, los subsistemas gratuitos se vieron favorecidos por el incremento de recursos, pero la reforma no modificó sus proyectos educativos salvo en terminar con cualquier forma de selección de los alumnos, lo que, en los establecimientos cuya calidad dependía de la selección de los estudiantes y no de su proyecto educativo, afectaría negativamente sus resultados académicos, siempre y cuando no modificaran sus procesos pedagógicos para adecuarse a la realidad sin selección.
Debe recordarse que una de las características más negativas de nuestro sistema escolar es la segregación (el más segregado de la OECD), que se produce por la selección por ingresos, pero también por otros elementos como características socio culturales y estructura familiar, y que ha terminado en los subsistemas gratuitos para los estudiantes que se incorporan a estos establecimientos. Por ello es relevante señalar que, aún si los que antes seleccionaban ahora han adecuado sus prácticas pedagógicas y han podido obtener las ganancias en rendimiento académico asociadas a la integración y los mayores recursos disponibles, son muy pocos los establecimientos que ya han modificado su proceso pedagógico para toda una generación.
Los incrementos de recursos rigen desde el año 2016, pero el fin de la selección rige desde el año 2017 para la región de Magallanes, 2018 para Tarapacá, Coquimbo, O’Higgins y Los Lagos, y 2019 para el resto del país, con excepción de la Región Metropolitana de Santiago que lo hace desde el 2020. Dada esta calendarización, el impacto de la reforma en la PTU solo podría evaluarse en los establecimientos que solo imparten enseñanza media en las cinco regiones en que se comenzó a implementar en plenitud la reforma, y correspondería hacerlo comparando los resultados de la cohorte de alumnos graduados el 2020 y 2021 según el año de inicio de la selección en la región. Es evidente que es un número muy menor de establecimientos y de estudiantes.
Los otros elementos que hay que considerar tampoco permiten evaluar la reforma educacional por el resultado de la PTU. La mejora en las remuneraciones de los docentes y las exigencias de calidad en la formación docente, la gratuidad en el acceso a la educación superior y la expansión de las salas cuna y jardines infantiles tienen, como hay que reiterarlo, impactos en plazos muy superiores a los que hoy se consideran.
No obstante lo expuesto es posible sostener que la reforma educacional es una reforma inconclusa, y eso se debe a que los cambios sociales, y en la sociedad del conocimiento en particular, han dejado atrás métodos pedagógicos y diseños curriculares.
Hoy en día se sostiene que el conocimiento humano se dobla en promedio cada 13 meses, lo que según IBM cambiaría a 11 horas con el internet de las casas. Esto tiene un notable impacto en el sistema educacional, como es evidente y ha quedado demostrado en la brecha generada por la pandemia entre quienes tienen acceso a tecnologías avanzadas y los que no pueden hacerlo.
Los avances pedagógicos promueven separar el proceso de búsqueda de información y conocimiento del trabajo en aula. En 2014 el BID estimaba que al año 2025 el método de enseñanza sería la “clase al revés”, donde los estudiantes ven videos en casa y en el aula realizan tareas en grupo. Transformar el espacio físico de las aulas para facilitar esos trabajos de intercambio es la forma que se promueve en diversos lugares del planeta.
En este tiempo de pandemia, incertidumbres y violencia es necesario que el sistema escolar sea un espacio de encuentro y socialización, que se ha ido perdiendo. Para facilitarlo es necesario ese cambio pedagógico, pero debe complementarse con otro de igual importancia, especialmente en la enseñanza primaria, la escuela debe dar certezas y seguridades. Por eso es necesario retomar la continuidad de lo presencial. Esta se reforzaría si el profesor o profesora jefe recibe todos los días a sus estudiantes y comparte con ellos la primera hora.
Estos cambios no son caros, y son socialmente muy rentables.
Hay que dar pasos para concluir el proceso de la reforma, tanto en lo financiero como en lo pedagógico, pero asumiendo que los efectos no se alcanzan en el corto plazo.
