El pasado 2 de abril las bancadas parlamentarias de ocho partidos de oposición (incluyendo a la Democracia Cristiana) suscribían un documento en donde se comprometían a construir una posición común en torno a la reforma del sistema de pensiones, impidiendo que en materia tributaria se lleven adelante modificaciones que reduzcan los recursos indispensables del Estado para abordar necesidades sociales crecientes y que se retroceda en materia de progresividad como en la lucha en contra de la elusión.
Se agregaba la voluntad de no aceptar ningún retroceso a la ley de inclusión escolar, construir acuerdos mínimos frente a la agenda laboral, abrir espacios de diálogo con los pueblos originarios, responder al populismo y la demagogia legislativa del gobierno con la promoción de un debate político riguroso sobre el control de identidad a menores de edad propuesto por el ejecutivo, legislar a favor del combate de la delincuencia y apoyar aquellas iniciativas que busquen una verdadera descentralización.
Ocho compromisos que resumían los mínimos comunes que buscaban una mejor coordinación de las fuerzas opositoras frente a la iniciativa legislativa del gobierno. Sin embargo, no pasaron dos semanas de la suscripción del citado documento cuando la directiva de la Democracia Cristiana anunció al país que había resuelto votar a favor de la idea de legislar el proyecto de “modernización” o simplificación tributaria propuesto por el ejecutivo.
Ocho compromisos que resumían los mínimos comunes que buscaban una mejor coordinación de las fuerzas opositoras frente a la iniciativa legislativa del gobierno. Sin embargo, no pasaron dos semanas de la suscripción del citado documento cuando la directiva de la Democracia Cristiana anunció al país que había resuelto votar a favor de la idea de legislar el proyecto de “modernización” o simplificación tributaria propuesto por el ejecutivo.
El argumento esgrimido para romper el acuerdo suscrito fue que el gobierno habría recogido buena parte de sus propuestas para favorecer a las PYMES, las regiones y la tercera edad, pese a que, tal como lo han sostenido los propios técnicos de la DC y el equipo de oposición que trabajó buscando acercar posiciones, la propuesta final del ejecutivo no establece compensaciones suficientes para la menor recaudación que generaría la reintegración tributaria, no está asegurado mantener la progresividad alcanzada en la anterior reforma tributaria y se debilitan las facultades del SII para combatir la elusión y evasión tributaria.
El argumento esgrimido para romper el acuerdo suscrito fue que el gobierno habría recogido buena parte de sus propuestas para favorecer a las PYMES, las regiones y la tercera edad, pese a que, tal como lo han sostenido los propios técnicos de la DC y el equipo de oposición que trabajó buscando acercar posiciones, la propuesta final del ejecutivo no establece compensaciones suficientes para la menor recaudación que generaría la reintegración tributaria, no está asegurado mantener la progresividad alcanzada en la anterior reforma tributaria y se debilitan las facultades del SII para combatir la elusión y evasión tributaria.
Es difícil imaginar que tan sólo la ingenuidad le permite pensar a los parlamentarios demócratas cristianos que pueden aprobar las partes del proyecto de reforma tributaria que favorecen a las PYMES, la regiones y la tercera edad y rechazar, como han insinuado los diputados falangistas que integran la comisión de Hacienda de la Cámara, los aspectos más polémicos y controvertidos, referidos a la reintegración o “simplificación” tributaria, que mayoritariamente favorecen a los sectores de mayores ingresos, y que, tal como lo han reconocido las autoridades económicas, constituyen “el corazón del proyecto de reforma tributaria”.
Ya el gobierno había rechazado la propuesta opositora para separar el proyecto de reforma tributaria y es completamente imposible que se decida promulgar un proyecto que rechace estos aspectos fundamentales para los sectores empresariales. Siempre el Ejecutivo tiene la opción de vetar el proyecto. Y tampoco el gobierno tiene mucho margen para incrementar las compensaciones y mantener la progresividad del sistema.
Ya el gobierno había rechazado la propuesta opositora para separar el proyecto de reforma tributaria y es completamente imposible que se decida promulgar un proyecto que rechace estos aspectos fundamentales para los sectores empresariales. Siempre el Ejecutivo tiene la opción de vetar el proyecto. Y tampoco el gobierno tiene mucho margen para incrementar las compensaciones y mantener la progresividad del sistema.
Quién puede lo más (aprobar la idea de legislar) puede lo menos (aprobar la reintegración o “simplificación tributaria”) y nadie sabe muy bien (incluso al interior de la propia DC), los términos de las negociaciones entre la actual directiva de ese partido y las autoridades de gobierno, que bien pudieran incluir nuevas concesiones (no tan sólo en materias tributarias), a cambio de la aprobación de la controvertida reintegración propuesta por el gobierno.
La decisión de la directiva DC, respaldada por la mayoría de su Consejo Nacional, de aprobar la idea de legislar, sin que se cumplan ninguno de los requisitos fundamentales acordados por las bancadas parlamentarias de la oposición en torno a este proyecto, constituye una muy mala señal para la oposición en su conjunto.
Los mínimos comunes bajo la lupa
Una señal que no puede menos que poner en duda la voluntad de ese partido de avanzar hacia una mejor coordinación de la oposición en materias tan sensibles como la propia reforma tributaria, la reforma del sistema de pensiones, la anunciada reforma laboral, el proyecto sobre Admisión justa propuesto por el gobierno que busca modificar la ley de inclusión escolar o el control de identidad de menores de edad. Así como en cada uno de los ocho acápites contenidos en el documento sobre mínimos comunes suscritos por la oposición.
Quién puede lo más (aprobar la idea de legislar) puede lo menos (aprobar la reintegración o “simplificación tributaria”) y nadie sabe muy bien (incluso al interior de la propia DC), los términos de las negociaciones entre la actual directiva de ese partido y las autoridades de gobierno, que bien pudieran incluir nuevas concesiones (no tan sólo en materias tributarias), a cambio de la aprobación de la controvertida reintegración propuesta por el gobierno.
No tan sólo la Democracia Cristiana (no sin tensiones y diferencias internas) ha manifestado su disposición al diálogo y la búsqueda de acuerdos con el gobierno. La propia directiva del Partido Radical ha emitido pronunciamientos similares sobre un tema, por demás artificioso, que tan sólo apunta a dividir a la oposición en una vertiente colaborativa y otra “obstruccionista”, como ha señalado el oficialismo (patriotas y antipatriotas, como ha reiterado el Presidente).
El conjunto de la oposición, desde la DC hasta el Frente Amplio, ha venido dialogando con el gobierno, desde hace varios meses, en torno al proyecto de reforma tributaria, buscando acercar posiciones y construir las bases de un acuerdo que posibilite la aprobación de la idea de legislar. Incluso se conformó una comisión bipartita entre técnicos de oposición y funcionarios de gobierno, que trabajaron durante el verano intentado construir consensos fundamentales que finalmente no prosperaron, fundamentalmente por la oposición de sectores empresariales y las propias resistencias del oficialismo.
No tan sólo la Democracia Cristiana (no sin tensiones y diferencias internas) ha manifestado su disposición al diálogo y la búsqueda de acuerdos con el gobierno. La propia directiva del Partido Radical ha emitido pronunciamientos similares sobre un tema, por demás artificioso, que tan sólo apunta a dividir a la oposición en una vertiente colaborativa y otra “obstruccionista”, como ha señalado el oficialismo (patriotas y antipatriotas, como ha reiterado el Presidente).
Ningún sector de la oposición está cerrado al diálogo, por más que algunos estimen que el espacio natural para desarrollarlo, es el parlamento. El verdadero problema apunta a los contenidos de ese diálogo y una real disposición de los actores para acoger los diversos puntos de vista y buscar un acuerdo que logre conciliarlos. Y en eso, el gobierno ha mostrado una escasa flexibilidad.
Ningún sector de la oposición está cerrado al diálogo, por más que algunos estimen que el espacio natural para desarrollarlo, es el parlamento. El verdadero problema apunta a los contenidos de ese diálogo y una real disposición de los actores para acoger los diversos puntos de vista y buscar un acuerdo que logre conciliarlos. Y en eso, el gobierno ha mostrado una escasa flexibilidad.
La oposición (es) no tiene mayorías. Debe construirlas (al igual que el gobierno)
Estas diferencias que se aprecian al interior de la oposición no son menores y evidentemente no pueden sino llevar a revisar el tipo de relaciones internas. Las discrepancias no solo dejaron al desnudo la precariedad de los aludidos “mínimos comunes”, se proyectan también diferencias programáticas en torno a la controvertida agenda oficial y discrepancias políticas para enfrentarla.
Un ex ministro de la Concertación, que desde hace un buen tiempo ha tomado distancias con la centro izquierda para acercarse a la derecha (no es el único) sostenía que los parlamentarios no podían rechazar la idea de legislar, por más diferencias que mantuvieran con los proyectos del gobierno, sin un grave abandono de sus funciones. Sin llegar a tanto, sectores de la DC y del PR, parecen pensar parecido, asumiendo que deben estar permanentemente abiertos al diálogo y la búsqueda de acuerdos con el gobierno, aún en el caso que no se acojan sus propuestas esenciales.
Todo esto inevitablemente se proyecta al terreno propiamente electoral, en donde el oficialismo busca refrendar su mayoría en las próximas elecciones municipales, de CORES y Gobernadores Regionales, con la mirada puesta en su proyección futura, en tanto que la dividida y fragmentada oposición asume crecientes dificultades para suscribir pactos o acuerdos que potencien su representación y menos aún, para levantar una alternativa unitaria de futuro.
El tema plantea no tan sólo una seria interrogante acerca de la manera como la(s) oposición (es) enfrentará (n) la nutrida agenda oficialista con la que Sebastián Piñera y su coalición intentan cumplir su controvertido programa de gobierno, que apunta esencialmente a “retrotraer las reformas estructurales aprobadas durante la pasada administración para poner nuevamente al país en la senda del crecimiento”, argumentando que la clara victoria en segunda vuelta (55 % de los sufragios ) le otorga la legitimidad para implementarlo, sin asumir que con esa misma legitimidad la oposición, que tiene mayoría en el parlamento, puede ejercer sus prerrogativas, que incluyen el rechazo a la idea de legislar.
Aunque después de estos desencuentros y obvias diferencias al interior de la oposición, habría que asumir que ni el gobierno ni la oposición, en su amplia diversidad, cuentan con mayorías sólidas y estables. Que los mínimos comunes suscritos por las bancadas opositoras no pasan de ser una declaración de intenciones y que tanto el gobierno como los diversos sectores de la oposición deben esforzarse por construir mayorías circunstanciales para aprobar, modificar o rechazar, las propuestas del Ejecutivo, o proponer sus propias iniciativas y proyectos.
Evidentemente no son buenos tiempos para la oposición, que bien pudiera enfrentar una larga travesía por el desierto antes de poder levantar alternativas verdaderamente competitivas frente a una derecha que no puede menos que congratularse de la disgregación y dispersión opositora, pensando que han llegado al poder para quedarse durante un largo ciclo.
Obviamente ello no asegura una mejor coordinación o unidad de la oposición para enfrentar la agenda oficial y constituye todo un desafío, también para el ejecutivo, buscar los acuerdos más amplios para construir mayorías, asumiendo que el centro político se ha transformado en un terreno en disputa entre ambos sectores.
Todo esto inevitablemente se proyecta al terreno propiamente electoral, en donde el oficialismo busca refrendar su mayoría en las próximas elecciones municipales, de CORES y Gobernadores Regionales, con la mirada puesta en su proyección futura, en tanto que la dividida y fragmentada oposición asume crecientes dificultades para suscribir pactos o acuerdos que potencien su representación y menos aún, para levantar una alternativa unitaria de futuro.
Evidentemente no son buenos tiempos para la oposición, que bien pudiera enfrentar una larga travesía por el desierto antes de poder levantar alternativas verdaderamente competitivas frente a una derecha que no puede menos que congratularse de la disgregación y dispersión opositora, pensando que han llegado al poder para quedarse durante un largo ciclo.
Una sensación no exenta de riesgos, atendiendo no tan sólo a la sostenida baja en las encuestas del actual gobierno, explicada en buena medida por la frustración de las expectativas, sino también a sus propias diferencias, la fratricida disputa por la hegemonía y los liderazgos en su interior, así como la amenaza de una nueva derecha ultraconservadora, representada por José Antonio Kast.
No son pocos en la derecha quienes critican el ánimo francamente re fundacional que parece animar al actual gobierno, con sus múltiples proyectos de reformas que bien pudieran empantanar su gestión, en vez de concentrarse en mejorar la administración del Estado y reimpulsar el crecimiento económico, que es la verdadera razón que explica la victoria de Piñera en segunda vuelta, luego de alcanzar un modesto 37 % de los votos en primera vuelta y no alcanzar una mayoría parlamentaria.
No son pocos en la derecha quienes critican el ánimo francamente re fundacional que parece animar al actual gobierno, con sus múltiples proyectos de reformas que bien pudieran empantanar su gestión, en vez de concentrarse en mejorar la administración del Estado y reimpulsar el crecimiento económico, que es la verdadera razón que explica la victoria de Piñera en segunda vuelta, luego de alcanzar un modesto 37 % de los votos en primera vuelta y no alcanzar una mayoría parlamentaria.
Esa será la verdadera medida del éxito o fracaso del actual gobierno. El futuro no está escrito o determinado y mucho depende de lo que el gobierno y la oposición hagan o dejen de hacer. Por ahora, el gobierno puede aprovechar de pescar en el revuelto río que presenta la oposición. Pero la política es muy dinámica. Y los desafíos no son menores.
