“Retrotraer las reformas del gobierno anterior para volver a poner a Chile en la senda del crecimiento”
Esa fue la principal pieza de la campaña presidencial de Sebastián Piñera. La anunció tempranamente ante los empresarios reunidos en la ENADE, que lo aplaudieron de pié, con los ojos humedecidos por la emoción.
La tarea principal de su futuro gobierno sería “retrotraer las reformas para volver a poner al país en la senda del crecimiento”.
Luego de hacer un verdadero panegírico de los últimos treinta años (incluyendo los últimos cinco de la dictadura y los cuatro años de su primer mandato), en donde el país habría dado un gran salto hacia el desarrollo, más que triplicando el ingreso per cápita para liderar la región, disminuyendo drásticamente la pobreza y mejorando todos y cada uno de sus indicadores sociales, el país se habría descarrilado por un extremo ideologismo (la retroexcavadora), un ánimo refundacional, reformas mal diseñadas y peor implementadas, con excesivo protagonismo de los movimientos sociales (la voz de la calle).
La tarea principal de su futuro gobierno sería “retrotraer las reformas para volver a poner al país en la senda del crecimiento”. Primero la reforma tributaria, por engorrosa y no favorecer la inversión ni el crecimiento económico. Luego la reforma laboral, porque no favorecería su ansiada flexibilidad laboral y entregaba demasiadas atribuciones y prerrogativas a los sindicatos. También la reforma educacional, incluyendo el sistema de selección e inclusión escolar, el financiamiento de la educación superior y la gratuidad. Sumaba el sistema de pensiones, que buscaba fortalecer el pilar solidario, abrir mayor competencia en la administración de los fondos y limitar el rol de las administradoras privadas. Y prometía simplificar la aprobación medio ambiental de los proyectos de inversión, desplegando una potente agenda pro crecimiento.
OBLIGADO A NEGOCIAR CON LA OPOSICIÓN
La reforma tributaria
Se ha demorado más de la cuenta. Sectores empresariales y dirigentes de su propia coalición imputan al gobierno haber tomado demasiado tiempo en su instalación y nombramiento de autoridades, dilapidando buena parte del llamado período de gracia, privilegiando temas de una agenda heredada que poco o nada tenía que ver con el programa prometido.
Primero la reforma tributaria, por engorrosa y no favorecer la inversión ni el crecimiento económico. Luego la reforma laboral, porque no favorecería su ansiada flexibilidad laboral y entregaba demasiadas atribuciones y prerrogativas a los sindicatos. También la reforma educacional, incluyendo el sistema de selección e inclusión escolar, el financiamiento de la educación superior y la gratuidad.
Asumiendo estas críticas, finalmente el gobierno empezó a desplegar esa agenda que busca viabilizar durante el presente año- el último sin elecciones durante su mandato- pese a las enormes dificultades que representa en un parlamento en donde no tiene mayoría y las explícitas distancias que ha marcado la oposición en materias como la reforma tributaria, defendiendo la progresividad, que implica que los sectores de mayores ingresos contribuyan más, como los mayores recursos que aseguraba la reforma.
Durante las últimas semanas las autoridades de Hacienda han desarrollado un intenso lobby con algunos parlamentarios de oposición para acercar posiciones y al menos lograr el acuerdo para legislar. “Todos han flexibilizado sus posturas, no tan sólo un sector” sostuvo el ministro de Hacienda, para referirse a las dos condiciones centrales que instalado la oposición para aprobar la idea de legislar. La reforma o “simplificación tributaria”, como la denomina el Ejecutivo, no puede implicar una rebaja de la carga tributaria ni una disminución de la recaudación fiscal y debe mantener su carácter progresivo.
La reforma o “simplificación tributaria”, como la denomina el Ejecutivo, no puede implicar una rebaja de la carga tributaria ni una disminución de la recaudación fiscal y debe mantener su carácter progresivo.
No es del todo evidente que este acercamiento de posiciones satisfaga las expectativas del sector empresarial, que aspiraba a una rebaja de la carga tributaria de al menos un 2 %, además de la reducción que supone la llamada simplificación o reintegración tributaria, que les permite descontar impuestos personales de la tributación de sus empresas.
El otro tema en debate es el de las compensaciones que aseguren que no disminuirá la recaudación. Las estimaciones de ingresos por la implementación de la boleta electrónica propuesta en el proyecto, aparecen claramente sobre estimadas, según los técnicos de la oposición y ex altos funcionarios de Impuestos Internos, que recuerdan lo sucedido con las facturas electrónicas, que no tuvieron un impacto fiscal significativo en materia de recaudación.
No es del todo evidente que este acercamiento de posiciones satisfaga las expectativas del sector empresarial, que aspiraba a una rebaja de la carga tributaria de al menos un 2 %, además de la reducción que supone la llamada simplificación o reintegración tributaria, que les permite descontar impuestos personales de la tributación de sus empresas.
Sin lugar este será uno de los temas más sensibles de la agenda legislativa que se inicia a partir de marzo próximo. Luego de intensas negociaciones se acordaron reuniones entre grupos técnicos del gobierno con sectores de oposición para seguir avanzando en la materia pero aún el proyecto de simplificación tributaria tiene un pronóstico reservado.
Reforma previsional
También futuro incierto tiene el proyecto de reforma del sistema previsional presentado por el gobierno, atendiendo que no asegura una mayor competencia en el sistema de administración de los fondos de pensiones, tiende a fortalecer el sistema de AFP y tan sólo insinúa un aumento de las pensiones de manera muy gradual e insuficiente, con el agravante que el Ejecutivo se ha negado a separar el proyecto de reforma del sistema previsional, del reajuste de las pensiones mínimas, que contaría con amplio respaldo.
Reforma a la ley de inclusión
El proyecto de reforma a la ley de inclusión aprobada durante la anterior administración, peca de no poco ideologismo y mucho voluntarismo por parte del gobierno, como lo reflejaron las palabras del mandatario sosteniendo que “el proyecto da más libertad a quienes están en la industria de la educación”. Aunque obligado a dar explicaciones, reflejan su visión de la educación como un bien de consumo (solo lo repitió) y busca que los establecimientos educacionales puedan seleccionar en base al “mérito” y no al derecho que tienen todas las familias y escolares a escoger sus escuelas, sin discriminaciones por mérito, estatus o relaciones. “La educación no es un premio sino un derecho” ha sostenido la agrupación 2020.
El proyecto de reforma a la ley de inclusión aprobada durante la anterior administración, peca de no poco ideologismo y mucho voluntarismo por parte del gobierno, como lo reflejaron las palabras del mandatario sosteniendo que “el proyecto da más libertad a quienes están en la industria de la educación”.
Dos visiones de país
No son las ya mencionadas las únicas reformas que el gobierno pretende “retrotraer” o paralizar. En materia educacional hay un amplio espectro de temas que dividen las opiniones entre el gobierno y la oposición. Como la gratuidad y el rechazo al copago, o el desafío de fortalecer la educación pública.
Ciertamente existe un debate no resuelto acerca de la manera de impulsar el crecimiento y sus incentivos, el propio rol del Estado como agente económico, y el modelo de desarrollo que desafía el futuro del país.
Hasta ahora el gobierno no ha dicho palabra sobre el proceso constituyente iniciado en la anterior administración y el parlamento debiera definir un nuevo itinerario.
Al gobierno le cabe la principal responsabilidad para buscar acuerdos que le permitan viabilizar su agenda legislativa y la oposición no puede menos que allanarse al diálogo, definiendo con precisión los márgenes de flexibilidad tolerables.
En la pretensión de “retrotraer las reformas de la anterior administración” se manifiestan opciones ideológicas, que marcan los cuestionamientos a sus efectos.
El gobierno ha sostenido que tiene toda la legitimidad del mundo para materializar su programa luego de haber ganado en segunda vuelta con una sólida mayoría, olvidando que la oposición puede reclamar algo similar por su mayoría parlamentaria, obtenida cuando Sebastián Piñera consiguió un 36.64 % de las preferencias en primera vuelta.
En democracia las diferencias se zanjan en base al diálogo y deliberación, intentando acercar posiciones y construir acuerdos. En aquellos temas en donde no se alcancen, las diferencias deben ser zanjadas en base a las reglas de mayorías y minorías.
Al gobierno le cabe la principal responsabilidad para buscar acuerdos que le permitan viabilizar su agenda legislativa y la oposición no puede menos que allanarse al diálogo, definiendo con precisión los márgenes de flexibilidad tolerables.
Así funcionan las democracias.
