¿Puede adjudicarse un vergonzoso fallo de la sala penal de la Corte Suprema a la jubilación del magistrado Milton Juica?
Juica dejó una huella de transparencia y rigor. Ciertamente no es el único. Es una senda que marcó, desde los tiempos más vergonzantes de la justicia chilena, con irreductible valentía, el magistrado Carlos Cerda. Así se abrió un nuevo período de la magistratura para comenzar, tardíamente, a juzgar a criminales de lesa humanidad.
En un país de memoria corta, hay quienes prefieren, pragmáticamente, quedarse con la mirada en el vaso medio lleno, resaltando las penas aplicadas a los residentes en Punta Peuco, favorecidos con privilegiadas pensiones de las instituciones armadas y de orden. Así, con recursos de todos los chilenos, se mantuvo a genocidas como Manuel Contreras y se continúa haciéndolo con decenas de ellos, calificados asesinos, al estilo Krassnoff Martchenko.
El vaso medio vacío de la historia de los criminales de lesa humanidad en Chile, desnuda la impunidad impuesta por el mayor de ellos, con beneplácito de jueces corruptos, durante décadas. Hasta que la soberbia estúpida del senador vitalicio lo condujo al episodio de Londres. De allí retornó humillado, desnudando su miseria humana y cobardía para esquivar a la justicia, refugiado en su auto declarada demencia senil.
Desde entonces, se abrió paso a largos procesos judiciales que alimentan la mirada del vaso medio lleno de la justicia tardía, para miles de víctimas de los criminales financiados por el estado chileno. Valga mencionar el caso del magnicidio de Eduardo Frei Montalva, esperando sentencia definitiva.
La historia de la justicia chilena en torno a los crímenes de lesa humanidad es larga y se continúa escribiendo con episodios contradictorios, de dulce y agraz.
El reciente supremazo, liberando a criminales de lesa humanidad – concepto, marcado por la jurisprudencia internacional, echado a la chacota por viudos de la dictadura y abogados de pacotilla – deja una huella más en la contradictoria historia de la justicia chilena.
Abundan y sobran muchas palabras. Quedan los hechos y las interrogantes respecto de la conducta del poder judicial para cumplir con su deber constitucional y los tratados internacionales en cientos de procesos en curso. El tiempo pasa y la memoria puede seguir fallando.
LO QUE QUEDA REGISTRADO
Los magistrados Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Manuel Valderrama y los abogados integrantes Ricardo Abuauad y Antonio Barra.
Resolvieron no considerar el rechazo a la liberación de los condenados, determinada por la Corte de Apelaciones. Éste se había sustentado en lo informado por la Comisión de Libertad Condicional, que determinaba que los informes psicológicos de Gendarmería indicaban que los que cumplían condena en Punta Peuco no manifestaron conciencia de los males causados, menos arrepentimiento de sus crímenes.
Para el registro histórico anótese que, entre los favorecidos, han quedado en libertad condicional: El oficial ®Manuel Antonio Pérez Santillán, condenado por el asesinato el químico de la DINA, Eugenio Berríos. El suboficial® de Carabineros Gamaliel Soto, condenado por el secuestro calificado del médico Eduardo González Galeano. Los suboficiales mayores ®, Felipe González Astorga, Hernán Portillo Aranda y José Quintanilla Fernández, condenados por la detención y torturas de Nizca Báez y la desaparición de su esposo, Alonso Lazo Rojas (valga señalar que, en este caso, el ministro Manuel Valderrama estuvo por rechazar la libertad del condenado debido a que mantiene vigente otra causa por violación de derechos humanos).
Parlamentarios de oposición han anunciado una acusación constitucional en contra de los magistrados generosos con los criminales de lesa humanidad. Desde el oficialismo: silencio de algunos incómodos en el entorno del Presidente Piñera; beneplácito gozoso de los que propician la impunidad para los “salvadores de la Patria”; palabras medidas del ministro de Justicia (el ponderado Hernán Larraín, ex habitué de Colonia Dignidad y cabeza del club de amigos del centro de exterminio) que ya se había ido de lengua, al calificar de izquierdistas a los magistrados que aplicaban sentencias en casos de derechos humanos.
Desde los incondicionales de la dictadura y sus crímenes, desatado entusiasmo. José Antonio Kast, portavoz de los uniformados en retiro durante la reciente campaña presidencial, ratifica su compromiso de mediador ante el mandatario. En la televisión pública- cuna de contradicciones y eufemismos- el abogado de los beneficiados consigue un protagonismo que limita con la indecencia. Raúl Meza, invitado al programa El Informante, llamaba a sus amigos, por facebook, para que votaran “Estoy con Meza” en un debate con el diputado Tucapel Jiménez. En su mensaje, celebraba “las libertades condicionales que concedió la Corte Suprema a 7 internos del penal de Punta Peuco, que hoy gozan de una justa libertad por haber defendido a su patria. Espero defender con mucha fuerza el restablecimiento del estado de derecho para aquellos que hipotecaron su libertad y su vida por defender a su patria”. (Claro, igual perdió en la votación del público).
Y ahora ¿qué?..
