La carta en donde Luis Inacio Lula da Silva renuncia a ser el candidato del Partido de los Trabajadores, entregada al filo del plazo fatal para designar a su reemplazante, despeja una de los muchas interrogantes que plantean las elecciones generales previstas para el próximo 7 de octubre.
En rigor, el obligado reemplazo de Lula como candidato presidencial por el ex alcalde de San Pablo, no constituía exactamente una interrogante. Semanas antes autoridades del Partido de los Trabajadores habían anunciado que si finalmente la justicia impedía que Lula, que hasta ahora mantiene un amplio liderazgo en las encuestas (39 % de las preferencias) pese a estar en prisión, sería reemplazado por su compañero de fórmula, Fernando Haddad , acompañado por la ex candidata presidencial del Partido Comunista brasileño, Manuela D Ávila, que previamente había bajado su candidatura para aliarse con el PT e integrar la fórmula presidencial en el caso más probable que se impidiera a Lula postular.
Otras son las verdaderas interrogantes que le quitan el sueño no tan sólo a los otros candidatos a la presidencia sino al heterogéneo arco de partidos que se disputan el favor del electorado en las próximas elecciones. Sino la más importante, al menos la más inmediata de los numerosas interrogantes que proyectan una fuerte incertidumbre acerca del futuro político del país es si, a estas alturas, cuando tan sólo faltan semanas para la elección, Inacio Lula da Silva logrará traspasar parte importante, sino todo, el considerable apoyo que marcaba en las encuestas de opinión a su sucesor. Haddad, pese a no ser aún oficialmente candidato a la presidencia, marcaba un respetable 9 % de las preferencias, muy cerca de Ciro Gómez, Marina Silva y Geraldo Alckmin, que aspiran a pasar a segunda vuelta para enfrentar a Jair Bolsonaro, el ultraconservador ex capitán de Ejército, que sufriera un atentado en estos últimos días y que aparece liderando las encuestas (con excepción de Lula), con un respetable 24 % de las preferencias y que parece tener asegurado su paso a segunda vuelta.
Son estas mismas encuestas las que señalan que si bien Bolsonaro lleva por ahora la delantera perdería en segunda ronda con casi todos los postulantes, con excepción de Fernando Haddad. Es verdad que estas mediciones se hicieron con anterioridad y que el escenario debiera cambiar con la oficialización de su candidatura, pero eso debiera verificarse con el transcurso del escaso tiempo que resta de campaña.
La disputa por el voto progresista y el futuro mapa político de Brasil
Tanto Haddad como el propio Lula y el Partido de los Trabajadores, libran una batalla en contra del tiempo para convencer a los fieles seguidores del ex mandatario en prisión que el candidato designado representa fielmente los ideales de Lula y que, en caso de ganar, gobernará acompañado muy de cerca por el líder del PT.
Por su parte, tanto Ciro Gómez como Marina Silva y el propio Geraldo Alckmin, esperan que la clarificación del escenario electoral luego de la oficialización del retiro de Lula, les favorezca y puedan inscribir su nombre en la papeleta de segunda vuelta, en la confianza de poder derrotar a Bolsonaro y convertirse en el nuevo Presidente (a) de Brasil. Pero aún resta verificar la capacidad de Lula de endosar su masivo respaldo en las encuestas al candidato de su partido, permitiéndole pasar a segunda ronda.
Sin embargo, tan importante como el desenlace de la accidentada carrera presidencial, que ya tiene un caído que se ha visto obligado a declinar su opción y a otro postrado en un hospital, es lo que suceda con la elección de gobernadores, alcaldes y parlamentarios, en el fragmentado y cuestionado escenario político que hoy presenta Brasil, en donde los mandatarios electos enfrentan enormes dificultades para constituir mayorías estables , siendo obligados a formar alianzas de conveniencia con sectores ideológicamente muy diversos para asegurar la gobernabilidad futura. Y es más que evidente que estas alianzas no son gratis y deben pagarse con importantes cuotas de poder que bien podrían estar a la base de la corrupción.
Es muy improbable, por no decir imposible, que las elecciones generales del próximo 7 de octubre permitan resolver la profunda crisis política, económica y social que hoy vive Brasil. No tan sólo el sistema político brasileño requiere de profundas reformas estructurales. La llamada “operación Lava Jato” develó una de las mayores tramas de corrupción no tan sólo en Brasil sino n al menos 12 países de la región, que compromete al conjunto de los partidos políticos brasileños, sus principales líderes y más de la mitad de sus parlamentarios, que obliga a una cirugía mayor para enfrentar esta corrupción sistémica e histórica en ese país. También la propia institucionalidad, incluyendo al poder judicial y el poder legislativo, además de las necesarias reformas en el terreno de la economía.
Ningún sector político por separado puede acometer estas transformaciones sin un gran acuerdo nacional que comprometa al conjunto del arco político. Un acuerdo que no se ve posible hasta el momento en el polarizado escenario político y electoral que enfrenta Brasil de cara al próximo 7 de octubre.
Sin lugar a dudas, a menos de un mes de las elecciones generales, todo depende de sus resultados. No tan sólo de quienes logren pasar a segunda vuelta (una de las mayores incertidumbres de la campaña) y si efectivamente el candidato que logre inscribir su nombre en la papeleta junto con el de Bolsonaro, logra capitalizar el fuerte rechazo que genera este ex militar de ultraderecha para convertirse en el próximo Presidente (a) de Brasil.
También depende del nuevo mapa político que dibuje la próxima elección que los numerosos partidos políticos brasileños enfrentan en medio del descrédito y desconfianza ciudadana. En especial, lo que pueda suceder con el Partido de los Trabajadores, la social democracia brasileña y el Partido Democrático Brasileño (el partido de Michel Temer) que se juegan su destino en estas elecciones generales.
