Recientemente la Corte Suprema dictó sentencia definitiva, acogiendo parcialmente el recurso de nulidad presentado por la defensa de los condenados en el homicidio del matrimonio Luchsinger-Mackay. Desechando la aplicación de la legislación antiterrorista, la Sala Penal condenó a José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel a 18 años de cárcel y a José Peralino Huinca, por 5 años, con beneficio de libertad vigilada.
La defensa de los condenados resaltó, en sus reproches al fallo de última instancia, que toda la investigación del controvertido caso se realizó al amparo de las restricciones de derechos a los imputados que permite la Ley Antiterrorista, calificación eliminada en la última instancia, “cuando ya no queda más que hacer”, adelantando que recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en atención a “groseras violaciones de los derechos judiciales” de sus representados.
El ministro del Interior, Andrés Chadwick, celebró al fallo, aunque lamentó que las condenas no fueran mayores y bajo aplicación de la legislación antiterrorista, manifestando su esperanza en que el parlamento apruebe modificaciones a dicha ley, para “hacerla más eficaz”.
Testigos anónimos, verificadas pruebas falsas, declaraciones bajo apremios ilegítimos, torturas, hacen parte de los recursos empleados bajo el amparo de la legislación especial que el Ejecutivo pretende afinar, golpeando indistintamente a los acusados de quemar camiones o propiedades de empresas forestales y a comuneros que se movilizan en tomas de terrenos, asumidos como propiedades ancestrales.
El controvertido proceso a los inculpados en el homicidio del matrimonio Luchsinger- Mackay, estuvo marcado por episodios de irregularidades que pueden calificarse como emblemáticos en la aplicación de la polémica legislación antiterrorista, focalizada en la represión de comuneros indígenas.
Amnistía Internacional ha certificado, documentadamente, las graves irregularidades en la aplicación de la citada ley en diferentes episodios en la ya militarizada región de la Araucanía. Ciertamente en el emblemático caso recientemente fallado por la Corte Suprema, con suficientes antecedentes para aplicar su anulación, como también en el seguido por la quema de iglesia en Padre Las Casas.
Testigos anónimos, verificadas pruebas falsas, declaraciones bajo apremios ilegítimos, torturas, hacen parte de los recursos empleados bajo el amparo de la legislación especial que el Ejecutivo pretende afinar, golpeando indistintamente a los acusados de quemar camiones o propiedades de empresas forestales y a comuneros que se movilizan en tomas de terrenos, asumidos como propiedades ancestrales.
En el citado contexto el tan publicitado Plan Araucanía, que alienta las expectativas de grupos empresariales para invertir en la empobrecida región, incluyendo iniciativas como la opción de arriendo de propiedades – ignorando el vínculo histórico cultural de las comunidades con el territorio – es apreciado como una provocación por las organizaciones indígenas.
En el citado contexto el tan publicitado Plan Araucanía, que alienta las expectativas de grupos empresariales para invertir en la empobrecida región, incluyendo iniciativas como la opción de arriendo de propiedades – ignorando el vínculo histórico cultural de las comunidades con el territorio – es apreciado como una provocación por las organizaciones indígenas.
El retraso de una legislación – tan anunciada, como postergada –que reconozca eficazmente aquellos derechos y la correspondiente autonomía en su ejercicio efectivo en la institucionalidad democrática del país, continuará siendo caldo de cultivo para acciones de violencia donde, lamentablemente, las instituciones del Estado chileno han llevado la delantera.
Que los grandes medios de comunicación silencien la violencia institucional, amparada en la aplicación turbia de la legislación antiterrorista y la inocultable militarización policial, no hace más que acentuar la discriminación y el caldo de cultivo para mayores costos sociales y humanos en la región.
Cómo conviven las palabras de buena crianza del gobierno hacia las comunidades con la exhibición de fuerzas represivas, entrenadas en la selva colombiana, tecnología de espionaje invasivo de primer nivel y vehículos blindados de última generación, para “combatir la violencia rural”?
Cómo conviven las palabras de buena crianza del gobierno hacia las comunidades con la exhibición de fuerzas represivas, entrenadas en la selva colombiana, tecnología de espionaje invasivo de primer nivel y vehículos blindados de última generación, para “combatir la violencia rural”?
Ello, en circunstancias que continúan procesados judicialmente funcionarios de fuerzas especiales de Carabineros de Chile – incluido el general® Gonzalo Blu, como líder de una asociación ilícita – que montaron la llamada “Operación Huracán”, inculpando, con pruebas, burdamente falsas, a comuneros mapuche, sometidos arbitrariamente al rigor de la represión antiterrorista.
Así volvemos al punto de partida – como lamentablemente han coincidido en caer, en mayor o menor grado, los distintos gobiernos en las últimas décadas- con la tentación de la fácil y discrecional calificación de “terrorismo” en la Araucanía. Terreno propicio para abusos y represión arbitraria, como en los casos ya mencionados.
Las reacciones mencionadas – incluida la indiferencia de relevantes liderazgos políticos – al reciente fallo de la Corte Suprema, no hacen más que refregar el dedo en una herida abierta de nuestra convivencia democrática.
Mal sendero para enfrentar un indesmentible conflicto histórico y social de tan larga data, bajo responsabilidad del Estado chileno.
La urgencia de reconocimiento efectivo de una sociedad plural e inclusiva, también vale para nuestras comunidades indígenas. Fácil en el discurso de la dirigencia política, continúa siendo un pendiente histórico.
Las reacciones mencionadas – incluida la indiferencia de relevantes liderazgos políticos – al reciente fallo de la Corte Suprema no hacen más que refregar el dedo en una herida abierta de nuestra convivencia democrática.
