“En dos días aprendí más de mi país que en el resto de mis 62 años de vida” fue la confesión del emblemático empresario Bernardo Matte, al final del encuentro organizado por la corporación 3xi, que reunió a representantes del mundo empresarial, autoridades de gobierno y algunos representantes de comunidades mapuche en un sorprendente diálogo el pasado fin de semana.
La interrogante es lo que puede seguir al inédito encuentro y revelador descubrimiento del empresario. Similar ha sido la impresión reconocida por el Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, también de cuna empresarial, quién llegó a manifestar la utópica ambición de dedicar todo su tiempo al conocimiento de la realidad en la conflictiva región. En definitiva, con sus singulares bemoles, se trata de una renovada y publicitada aproximación al más que complejo desafío de asumir la deuda histórica con los pueblos originarios. Algo tantas veces proclamado, como postergado y maltratado.
Son nuevas señales del anunciado plan integral que viene preparando el gobierno y que culminará con una gran puesta en escena, Presidente Piñera en primer plano, a fines de agosto en la región.
La iniciativa de la actual administración marca una prioridad que se ha hecho sentir en la zona con todas sus fortalezas y también debilidades. Algunos representativos dirigentes de comunidades participaron haciendo sentir que el prioritario tema de la devolución de las tierras no aparecía en el debido lugar de la agenda oficial, mientras otros muy relevantes se han restado con similares reservas.
En cualquier caso el Ejecutivo ha hecho sentir su capacidad de iniciativa, con reconocimiento de sectores relevantes de las comunidades y gestos como la polémica autorización para que el machi Celestino Córdova – condenado por el asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay – saliera de la cárcel para renovar su rewue, previo consentimiento del hijo de la pareja, Jorge Luchsinger, provocando público rechazo y malestar de agrupaciones de transportistas y propietarios de tierras.
Aunque con recelos, que incluyen los de parlamentarios de la Región, que se sienten marginados de protagonismo, no cabe duda que el gobierno ha aportado señales favorables para abordar uno de los cuellos de botella más complejos que arrastra el desarrollo democrático del país. Con señales también contradictorias – ya resaltadas en edición anterior – como la creciente militarización de la fuerza policial en la zona, mientras perduran ataques incendiarios y continúan resonando los ecos del burdo montaje de la Operación Huracán, que mantiene procesado judicialmente al destituido general Blu, como líder de la asociación ilícita.
Así como el problema de la Araucanía no es esencialmente un tema de pobreza y atraso (aunque contribuye), tampoco lo es de orden público, menos de terrorismo desatado, sin negar las expresiones de violencia que han cobrado víctimas civiles de comuneros y propietarios, como el ya mencionado matrimonio Luchsinger. Por lo mismo el desafío esencial no es descubrir el mejor tipo de represión policial, menos uno importado de escenarios tan diferentes como el colombiano.
Esencialmente el problema de la Araucanía (y no tan sólo allí) es un tema de negación de la diversidad étnica que conforma nuestro país, con intentos de asimilación y negación de esa diversidad, su cultura y cosmovisión. La usurpación histórica de sus tierras ancestrales, negación de sus derechos políticos y a una cierta autonomía. Y por cierto, se suman las condiciones de pobreza en que viven la mayoría de las comunidades indígenas, en contrapunto con la irrupción de inversionistas que buscan explotar los recursos naturales de la zona sin respetar ni consultar (menos integrar) a las comunidades indígenas.
El problema no es nuevo. Se arrastra desde los tiempos del descubrimiento y la conquista de Chile por los españoles. Acentuado por la llamada “pacificación de la Araucanía” y los intentos de asimilación de una etnia diversa al mestizaje que conforma mayoritariamente nuestra sociedad.
Diferentes gobiernos de signo progresista, junto con reconocer la deuda histórica que nuestro país mantiene con sus pueblos originarios, han ensayado diversas fórmulas (del todo insuficientes) para empezar a saldarla.
Intentos fallidos y abortados por no dar cuenta de lo esencial del desafío. El reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, así como de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales, distinguiendo las diferencias que ello involucra respecto del concepto de desarrollo autónomo.
En el citado contexto se pueden valorar las señales favorables ya mencionadas y el esmero de las autoridades desplegadas en la región.
Como referencia valga recordar el resultado de iniciativas anteriores, como la del entonces Intendente, hoy senador Francisco Huenchumilla, que no tuvo acogida del gobierno anterior y ni siquiera mereció un debate en el parlamento. El desafío es mayor. También el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones
