Por Antonio Ostornol, escritor.
A sesenta días del dramático 18 de octubre, irrumpe una página ciudadana de primera importancia que debiera transformarse en referencia ineludible para todos los actores sociales y políticos involucrados en la actual coyuntura. Me refiero a los resultados de la convocatoria que la Asociación de Municipalidades de Chile hizo a una consulta nacional en torno a temas constitucionales y sociales puestos en discusión a partir del arranque de las movilizaciones sociales más intensas y masivas que ha conocido el país en mucho tiempo.
La respuesta es simple: porque es un acto democrático pleno, desde su gestación hasta la participación ciudadana en el mismo.
¿Por qué creo que es tan relevante esta consulta? La respuesta es simple: porque es un acto democrático pleno, desde su gestación hasta la participación ciudadana en el mismo. Fue el fruto de una reflexión y decisión conjunta de un grupo de instituciones (las municipalidades) que están fuertemente insertas en la vida de la gente, que representan distintas sensibilidades políticas y sociales, y que integran en su seno –y son víctimas y testigos inmediatos- de las desigualdades de todo orden que estructuran nuestra sociedad (económicas, sanitarias, urbanas, de servicios, de áreas verdes, de contaminación, por mencionar algunas). Desde esta perspectiva, es un evento de indiscutible representatividad de la conformación diversa de nuestra sociedad.
¿Cuánto nos ha costado pensar en el valor de consultar a la ciudadanía acerca de aquellos temas que a las dirigencias les cuesta dirimir?
Pero además dos millones y medio de chilenos estuvieron dispuestos a votar en esta consulta, la gran mayoría de ellos (en torno al 95%) mayores de 18 años y, por lo tanto, partícipes del universo que decide respecto a la conformación de nuestro poder político. Junto con la gran marcha que movilizó a un millón doscientos mil santiaguinos y otros tantos a lo largo del país, se transforma en una señal clara para las instituciones públicas (Gobierno, Parlamento, partidos políticos, organizaciones sociales). Los mensajes de este acto son múltiples y debieran ser aquilatados. Quiero resaltar dos, tal vez los más obvios: uno, no hay mejor forma de zanjar diferencias a nivel del sistema político que a través del ejercicio del voto. ¿Cuánto nos ha costado pensar en el valor de consultar a la ciudadanía acerca de aquellos temas que a las dirigencias les cuesta dirimir? Es obvio, pienso en temas como el divorcio, el aborto, las AFP, las Isapres, el cambio constitucional, los derechos de las minorías, el reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, por mencionar algunos, cuyas modificaciones, cuando se lograron, tomaron años y muchas veces llegaron a destiempo. Segundo, en una sociedad como la nuestra, que acumula tensiones sociales y cuyo sistema político no tiene mecanismos institucionales para descomprimir porque está distorsionado (sistema electoral binominal, quórums especiales, desafectación en la participación ciudadana, sistema de partidos políticos en crisis, corrupción, por mencionar algunos aspectos), apelar al buen juicio de la ciudadanía es una herramienta inmejorable para el progreso. Esto ya se había probado durante el segundo gobierno de Bachelet y el proceso participativo para elaborar una nueva Constitución: el resultado de los Cabildos (que poco se conoce y difunde) fue completamente razonable y nadie habría podido catalogarlo como incendiario o fascista, temores que sin duda perturban a los extremos de nuestro espectro político.
El resultado de los Cabildos (que poco se conoce y difunde) fue completamente razonable y nadie habría podido catalogarlo como incendiario o fascista, temores que sin duda perturban a los extremos de nuestro espectro político.
En términos de los resultados, esta consulta municipal, que representa a dos tercios de las comunas de Chile (aunque tiene algunos sesgos: su voluntariedad, la falta de información, no disponer del Servel para su configuración, no estar en todo Chile, etc.) es a pesar de todo la encuesta más confiable y contundente respecto de cuál es la opinión de la ciudadanía hoy. Todos quienes se arrogan su representatividad, debieran escuchar esta especie de “mega encuesta” y poner atención a sus resultados que son bastante categóricos: uno, los ciudadanos mayoritariamente quieren una nueva Constitución (más del 90%) y que esta sea elaborada por la Convención constituyente (75%). Estas preguntas son las mismas que estarán en el Plebiscito de abril 2020 y que son producto del acuerdo político para abrir un proceso constituyente que genere una nueva Constitución con legitimidad plenamente democrática. Lo último que escuché hoy (18 diciembre) es que en el Congreso no había consenso en tres temas: la paridad de género, la representación indígena y la participación de los independientes. A mí me parecen consideraciones absolutamente relevantes para garantizar que el proceso se legitime en términos de representatividad, ya que estos tres segmentos están claramente menoscabados en el actual sistema político social de nuestro país. Pero admito que puede haber opiniones diversas y que, en estos momentos, pueda ser difícil llegar a un acuerdo político. Entonces, ¿Por qué no se pregunta en el plebiscito de abril? Así, cada sector tendrá oportunidad de argumentar su posición y será entonces la ciudadanía, a través de este mecanismo notable que es el voto, quien decida.
Entonces, ¿cuáles son los temores? A mí me parece que esta pregunta debe responderla la derecha más resistente al cambio, debe explicitarla y defender su posición.
A mí me parece obvio. Entonces, ¿cuáles son los temores? A mí me parece que esta pregunta debe responderla la derecha más resistente al cambio, debe explicitarla y defender su posición. Yo creo que intenta por todos los medios sostener la esencia del modelo de desarrollo económico y político que instalaron en la dictadura, resguardando a cualquier precio su derecho a veto. Pero me parece que los tiempos se han agotado y basta ver con atención los resultados detallados de la consulta municipal, donde se marcan las principales demandas sociales y estas son muy claras: mejorar pensiones (22%), lo que las AFP no han podido alcanzar y, muy posiblemente, no lo podrán hacer; mejorar la calidad de la salud pública y su financiamiento (22%), o sea, una atención de calidad que cueste menos al bolsillo de los ciudadanos, lo que no es compatible con el sistema actual de Isapres; y la tercera prioridad, es tener acceso a una educación pública de calidad (15%), lo que implica más inversión del estado y no de los ciudadanos. ¿Qué se lee de estos resultados? Un cuestionamiento básico a una sociedad basada en el individualismo y la competencia, como ejes estructuradores del vínculo entre el sujeto y la sociedad, noción que sustenta en cierto sentido el modelo neoliberal contemporáneo.
Un cuestionamiento básico a una sociedad basada en el individualismo y la competencia, como ejes estructuradores del vínculo entre el sujeto y la sociedad, noción que sustenta en cierto sentido el modelo neoliberal contemporáneo.
No creo que esta constatación implique una defensa de viejos modelos socioeconómicos estatistas. El fracaso histórico de ciertas formas alternativas al capitalismo (modelo soviético, por ejemplo), nada tiene que ver con aspirar a tener sociedades construidas en base a la solidaridad y la equidad, con estados capaces de ser un contrapeso a los grandes capitales. ¿Una revolución en ciernes? No la veo y, si alguien lo difunde por ahí, creo que se inventa el miedo. La única revolución que hoy imagino es la profundización democrática, en lo político y en lo económico. En lo político, una nueva constitución con amplia participación ciudadana, representación amplia y validación a través del voto. En lo económico, una ciudadanía que, a través del estado, regula la cancha en que deben jugar los diferentes actores económicos, poniendo término al imperio sin límites de los grandes capitales.
Ojalá se abra el camino y rápido. De lo contrario, los riesgos de una evolución hacia formas que nada tienen que ver con el ejercicio democrático se asoman en el horizonte. De los tres íconos contemporáneos del neoliberalismo –el Chile de Pinochet, el Reino Unido de Thatcher y los Estados Unidos de Reagan- dos de ellos están gobernados por populistas y nacionalistas, y Chile en medio de una profunda crisis. En los tres países, los problemas sociales son similares: crisis de la salud, de las pensiones, de la equidad. Johnson responsabilizó a su inserción en Europa de la crisis; Trump le asigna la culpa a los chinos y la inmigración; ¿y nosotros a quién vamos a culpar? Es el modelo, estúpido, diríamos parafraseando un enunciado famoso. Y este debe cambiarse.
Johnson responsabilizó a su inserción en Europa de la crisis; Trump le asigna la culpa a los chinos y la inmigración; ¿y nosotros a quién vamos a culpar? Es el modelo, estúpido, diríamos parafraseando un enunciado famoso. Y este debe cambiarse.