Uno de los mayores aportes de Gabriel García Márquez a la literatura universal ha sido como padre del llamado “realismo mágico”. Aunque crecen los que sostienen que, en rigor, el citado Premio Nobel de Literatura no inventó el género, limitándose, como talentoso cronista, a proyectar una sorprendente realidad que se ha vivido y vive en buena parte de los países de nuestra región.
La situación actual de Perú contribuye a reforzar aquella especulación. Martín Vizcarra, el presidente que sucedió a Pedro Pablo Kuczynski luego que este debiera renunciar por acusaciones de corrupción, decidió cerrar el Congreso tras ser rechazada su moción de confianza, convocando a nuevas elecciones. El Congreso, con fuerte mayoría opositora no reconoció haber vacado en sus cargos, “suspendió” (una figura no contemplada en la Constitución) de sus funciones al actual mandatario y juramentó a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como nueva presidenta. La misma que en días pasados aseveró que tan sólo asumiría el cargo en la eventualidad que Martín Vizcarra decidiera renunciar y en ningún casi si fuera destituido (menos “suspendido”).
Así, durante un día Perú tuvo dos presidente(a)s, hasta que las FFAA, con masivo respaldo popular – el que ha sostenido la gestión de Vizcarra – entregaron suficientes señales para convencer a la entusiasmada Mercedes que mejor era abandonar su aspiración, dejando a la mayoría parlamentaria en calidad de interdicto.
Así, durante un día Perú tuvo dos presidente(a)s, hasta que las FFAA, con masivo respaldo popular – el que ha sostenido la gestión de Vizcarra – entregaron suficientes señales para convencer a la entusiasmada Mercedes que mejor era abandonar su aspiración, dejando a la mayoría parlamentaria en calidad de interdicto.
¿Qué pasará en Perú en el futuro próximo? ¿Habrá nuevas elecciones generales, como ha propuesto Vizcarra? Al menos éste lleva hoy la delantera.
Pedro Pablo Kuczynski ganó la pasada elección presidencial en una ajustada segunda vuelta, gracias a la unidad de un variopinto arco de fuerzas políticas – desde la derecha hasta la izquierda-, sin muchas afinidades entre sí, con el único propósito de impedir que Keiko Fujimori, la heredera política de Alberto Fujimori, ganara la presidencia, Pero aquello no impidió que su partido, Fuerza Popular, conquistara una amplia mayoría del congreso unicameral.
Esa mayoría le hizo la vida imposible al ex Presidente Kuczynski, intentando sacarlo del poder por todos los medios, obligándolo a dimitir antes que la mayoría opositora lo vacara del cargo.
No le ha ido mucho mejor a Martín Vizcarra. Sobre todo, luego que la justicia decidiera encauzar a la lideresa de la mayoría opositora, Keiko Fujimori, imputada de graves delitos de corrupción, decretando su prisión preventiva por tres años, que actualmente cumple pese al esfuerzo desplegado por sus partidarios para liberarla. Incluso recurriendo al Tribunal Constitucional.
Por esa y otras muchas razones, el fujimorismo, aliado con otras fuerzas de oposición, entre otras el APRA, ejerció una implacable oposición en contra del débil gobierno de Vizcarra, que cuenta con el apoyo de una esmirriada bancada parlamentaria de cinco diputados del Partido por el Kambio (PPK). Una parte de la bancada oficialista optó por renunciar al partido, por serias diferencias con el gobierno, profundizando el aislamiento del actual mandatario.
La cruzada de Vizcarra en contra de la corrupción y a favor de reformas institucionales.
Martín Vizcarra ha intentado liderar una abierta cruzada en contra de la corrupción sistémica que sufre Perú. Una que ha involucrado a los cinco últimos ex presidentes (el propio Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, prófugo de la justicia, que enfrenta un proceso de extradición desde EE.UU., Alán García, que optó por suicidarse antes de ser detenido, Ollanta Humala, en prisión preventiva junto con su esposa y el ya citado Kuczynski, que enfrenta la acción de la justicia).
Son numerosos los ex ministros, parlamentarios y altos funcionarios que enfrentan cargos similares. Muchos de ellos vinculados a la trama de corrupción montada por la constructora brasileña Odebrecht que, según las propias confesiones de algunos de sus ex directivos (bajo la fórmula de delación compensada), aportó cerca de 40 millones de dólares en sobornos para adjudicarse numerosas obras públicas en el país.
Incluso la corrupción alcanza al poder judicial, algunos de cuyos integrantes están acusados de traficar con sentencias que habrían beneficiado a narco traficantes.
Tras los recientes acontecimientos, serían varios los dirigentes políticos que prepararían viaje, prevenidos de nuevos trascendidos del caso Lava Jato y la turbia trama de Odebrecht.
Tras los recientes acontecimientos, serían varios los dirigentes políticos que prepararían viaje, prevenidos de nuevos trascendidos del caso Lava Jato y la turbia trama de Odebrecht.
Día a día se conocen nuevos antecedentes que vinculan a personalidades de diferentes administraciones, además a parlamentarios y autoridades locales en la trama de la corrupción. Incluyendo a Keiko Fujimori y dirigentes de su Partido en este tipo de delitos.
La mayoría de estas reformas fueron desnaturalizadas durante su tramitación parlamentaria o simplemente desechadas, generando una verdadera crisis institucional, que enfrentó a la mayoría parlamentaria con el gobierno y sus efectos actuales.
El actual mandatario, que asumió luego de la renuncia de Kuczynski, buscó impulsar reformas institucionales para incrementar la transparencia en la función pública y la actividad política, así como incentivar una mayor participación de las mujeres en la vida pública y retornar al sistema bicameral. Claro está, hasta hoy, sin demasiado éxito. La mayoría de estas reformas fueron desnaturalizadas durante su tramitación parlamentaria o simplemente desechadas, generando una verdadera crisis institucional, que enfrentó a la mayoría parlamentaria con el gobierno y sus efectos actuales.
Se trata de una crisis institucional que se extiende al conjunto de poderes supuestamente autónomos, como el judicial, la Fiscalía Nacional y el propio Tribunal Constitucional. El mismo que la mayoría fujimorista buscaba renovar con personas de su confianza política, con la pretensión de liberar a Keiko Fujimori y asegurar su impunidad ante nuevas acusaciones de corrupción que puedan afectarla.
Todo ello llevó a Martín Vizcarra a proponer una reforma constitucional para adelantar las elecciones generales, inicialmente previstas para el 2021, a mediados del año próximo. Una propuesta que cuenta con un amplio respaldo ciudadano (más del 78 %, según las encuestas) y que sin embargo la mayoría opositora ni siquiera estuvo dispuesta a someterla a debate, archivándola y agudizando así la crisis institucional que hoy vive Perú.
Todo ello llevó a Martín Vizcarra a proponer una reforma constitucional para adelantar las elecciones generales, inicialmente previstas para el 2021, a mediados del año próximo. Una propuesta que cuenta con un amplio respaldo ciudadano (más del 78 %, según las encuestas) y que sin embargo la mayoría opositora ni siquiera estuvo dispuesta a someterla a debate, archivándola y agudizando así la crisis institucional que hoy vive Perú.
Pero Martín Vizcarra es una persona tozuda, de convicciones fuertes, muy poco aferrada a un poder que no buscó. Ni siquiera cuando Pedro Pablo Kuczynski decidiera dimitir. Según lo declara el propio Vizcarra, le preguntó a Kuczynski que prefería. Que asumiera él en su calidad de vicepresidente, o el presidente del Congreso, a quién le correspondería en la eventualidad que Vizcarra declinara asumir el cargo.
Pero Martín Vizcarra es una persona tozuda, de convicciones fuertes, muy poco aferrada a un poder que no buscó.
Sin dudarlo, anunció que procedería a cerrar el congreso y convocar a nuevas elecciones en la eventualidad que se rechazara una moción de confianza, solicitando que se aplazara la elección de los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional por graves reparos al proceso de designación de candidatos (algunos con causas pendientes por actos de corrupción) y poca transparencia en el proceso de selección.
En una acalorada sesión, se debatió un tema procedimental de gran trascendencia política e institucional. Si procedía debatir la moción de confianza presentada por el Jefe de gabinete en nombre del gobierno como cuestión previa, o si, por el contrario correspondía elegir a los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional, cuyos candidatos habían sido seleccionados de modo “exprés” (en el plazo de cinco días, en circunstancias que en anteriores ocasiones el proceso duró entre 60 y 180 días), en base a opacos procedimientos con los cuales el fujimorismo busca asumir el control de esa instancia.
Frente al rechazo de la moción de confianza, el mandatario decidió, en base a sus atribuciones constitucionales, disolver el congreso y convocar a nuevas elecciones en el plazo de cuatro meses.
Frente al rechazo de la moción de confianza, el mandatario decidió, en base a sus atribuciones constitucionales, disolver el congreso y convocar a nuevas elecciones en el plazo de cuatro meses. Una decisión desconocida y resistida por el parlamento, que decidió seguir sesionando, acordando “suspenderlo “ de su cargo y tomar juramento a la vicepresidente Mercedes Aráoz, que mantenía serias diferencias con el mandatario.
Que se vayan todos
La crisis institucional se desató, con el intento del golpe parlamentario, prontamente frustrado, y las masivas manifestaciones ciudadanas, bajo la consigna “Que se vayan todos”.
La crisis institucional se desató, con el intento del golpe parlamentario, prontamente frustrado, y las masivas manifestaciones ciudadanas, bajo la consigna “Que se vayan todos”.
En verdad, nadie sabe que podría pasar en unas elecciones anticipadas en donde ni Viscarra ni los actuales parlamentarios pueden postularse. Kenji Fujimori, el parlamentario más votado en las elecciones de 2011, que disputa el liderazgo con su hermana Keiko, cumple prisión preventiva, el fujimorismo está en crisis, con la disidencia de Kenji y buena parte de su dirigencia política investigada por delitos de corrupción. Al igual que muchos otros partidos de oposición, sumidos en severas crisis internas.
Lo indiscutible es que Perú vive una larga crisis no tan sólo institucional, sino también política y social, con una grave pérdida de legitimidad y confianza de la ciudadanía en los actores políticos.
No es claro que el remedio pueda ser mejor que la enfermedad. Pero la inmensa mayoría ciudadana parece apostar porque se vayan todos. Sin certezas respecto de lo que venga. Así de malo consideran a los diablos conocidos.
Paradojalmente sería en el Tribunal
Constitucional (TC), él órgano detonante de esta última crisis política e
institucional, donde debería resolverse la misma.
El TC, como máximo órgano de interpretación de la Constitución peruana, tendría
que dirimir si Vizcarra actuó correctamenteal disolver el
Congreso.
Como los hechos indican, a García Márquez le sobraría material de inspiración. ¿Realismo Mágico?
En estos instantes, el TC cuenta con el nuevo miembro escogido durante la tormentosa sesión parlamentaria del lunes reciente, pero precisamente falta por ver si esa elección es válida.
Como los hechos indican, a García Márquez le sobraría material de inspiración. ¿Realismo Mágico?
