Por Marcelo Contreras N.
Las declaraciones de la vocera del gobierno, por expresas instrucciones del Presidente de la República, como ha quedado acreditado con el aval y respaldo del mandatario, acusando al Partido Socialista (en la globalidad que implica) de mantener relaciones con el narcotráfico, son ciertamente injustas y destempladas.
También constituyen un grueso error político (que se suma a otros tantos), que contribuye a la polarización, entrabando el diálogo y búsqueda de acuerdos que el mismo gobierno dice perseguir, degradando la figura presidencial, de sus ministros y la propia actividad pública, que el mandatario proclama respetar y propiciar.
Nada puede justificar estas destempladas declaraciones. ¿O el gobierno lo hace como respuesta a una posible acusación constitucional contra la ministra de Educación, por notable abandono de sus deberes, incumpliendo adecuada y diligentemente la legislación vigente en la materia, pese a no compartirla? Aún dicha acusación no se ha materializado y no es posible analizar sus antecedentes, pero no existe ninguna duda que este es un mecanismo consagrado en la Constitución, corresponde a una atribución exclusiva de la Cámara de Diputados, que el Senado deberá resolver como jurado, en base a sus propios méritos. Así funciona el régimen democrático.
Contribuye a la polarización, entrabando el diálogo y búsqueda de acuerdos que el mismo gobierno dice perseguir, degradando la figura presidencial, de sus ministros y la propia actividad pública, que el mandatario proclama respetar y propiciar.
Así resulta incomprensible que el gobierno entre en este pedregoso terreno de las descalificaciones y degradación del debate político, justo en los momentos en que busca apresurar el despacho de una controvertida agenda, con un marcado sello neoliberal, para la cual no cuenta con mayoría parlamentaria.
Una estrategia que ha mostrado hasta la saciedad sus límites.
Tal pareciera que la opción asumida por el Ejecutivo es tensionar y polarizar aún más el escenario político, intentando dividir al país entre patriotas y antipatriotas; colaboracionistas y obstruccionistas; partidarios del dialogo y refractarios a él; buscando construir mayorías circunstanciales para aprobar su controvertida agenda. Una estrategia que ha mostrado hasta la saciedad sus límites.
Es más que dudoso que esta estrategia confrontacional puede tener los resultados que espera el gobierno. Más bien pudiera suceder lo contrario y le salga el tiro por la culata. Las primeras reacciones de la oposición frente a las destempladas declaraciones de la vocera (avaladas por el propio mandatario) han sido de franco repudio y respaldo a un partido de larga y limpia trayectoria democrática, que ha enfrentado un condenado incidente en la comuna de San Ramón, en donde su municipio había contratado a un narcotraficante, que mantenía vínculos con algunos funcionarios municipales.
Más bien pudiera suceder lo contrario y le salga el tiro por la culata.
Nadie puede sostener que el Partido Socialista no haya reaccionado con rapidez y firmeza frente al condenado hecho. Procedió a la expulsión de dichos militantes de sus filas (incluido el alcalde Miguel Ángel Aguilera), puso los antecedentes en manos de la justicia y demandó una exhaustiva investigación de las denuncias.
Sin lugar a dudas, aún falta un largo camino por recorrer para elevar los estándares en materia de transparencia, perfeccionar la democracia interna en los partidos, y terminar con el clientelismo. En ello estaría trabajando una comisión ad-hoc, integrada por los ex presidentes y secretarios generales del PS, como han informado sus autoridades.
Algo frontalmente distinto es sostener que algunos de los partidos- en este caso, el PS- esté infiltrado por el narco tráfico. Ello representa una injuria, que no tan sólo ofende gratuita e infundadamente al Partido de Salvador Allende, Carlos Lorca, Exequiel Ponce, Ricardo Lagos Salina o Clodomiro Almeyda- incluidos sus dirigentes y militantes- sino degrada el debate político y menoscaba a quienes recurren a estos expedientes.
Sebastián Piñera, en cuanto Jefe de Estado y de gobierno, debe no sólo una disculpa al Partido Socialista, sino una explicación al país por esta injustificable conducta, más propia de las recordadas diatribas dictatoriales que del debate político exigido en un sistema democrático.
Sebastián Piñera, en cuanto Jefe de Estado y de gobierno, debe no sólo una disculpa al Partido Socialista, sino una explicación al país por esta injustificable conducta, más propia de las recordadas diatribas dictatoriales que del debate político exigido en un sistema democrático.
